Por la manera de alcanzar su objetivo y los respaldos inusuales que tuvo para ello, el Ministro ya perdió credibilidad y legitimidad. ¿Qué autoridad podrá imponer para sanear y ordenar el Ministerio, que debería ser su principal tarea en esta administración?
Si bien todos los procesos de adquisición en el Estado están sujetos a corrupción y abuso, lo que exacerba su gravedad en este ministerio es que cuando falta un medicamento, un insumo o suministro, ya sea por sobrevaloración, desaparición o agotamiento, literalmente, se pierden vidas humanas. La causa de muerte: corrupción y tráfico de influencias.
Los servicios públicos de salud debieran ser garantes de un activo crucial para la gobernabilidad: La certidumbre. Independientemente de la condición social o económica, el ciudadano debiera poder confiar que allí está el servicio de salud preparado para responderle cuando lo llegue a necesitar. El goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano que debe otorgarse sin discriminación alguna. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y coordinación a fin de garantizarlo, señala nuestra Constitución.
Esto no sucede en el país, pero, además, la tecnocracia nacional e internacional que introdujo en el sector salud las reformas neoliberales de los noventa, y quienes les siguieron, no apostaron por el fortalecimiento del Ministerio de Salud. Quince años más tarde, tenemos una institucionalidad debilitada para entregar servicios, controlar sus procesos e insumos, y desarrollar una red de infraestructura sanitaria de calidad se mira como algo imposible, dada la magnitud del déficit. Señala un estudio reciente del ICEFI/UNICEF que solo puestos de salud (unidad mínima de prestación de servicios en los territorios) necesitaríamos construir como ¡ocho mil!
La incrustación dentro del sistema de grupos que usufructúan estas carencias a la par de la poca importancia política que ha tenido la salud a lo largo de varias administraciones de gobierno, ha debilitado las posibilidades de que ministros con perfil más técnico, y con mayor legitimidad pública, puedan hacer algo respecto a esta situación. Repito, menos aún lo podrá hacer uno que perdió a priori su credibilidad.
La depredación del Ministerio debe ser atajada frontalmente, empleando mecanismos más propios de la lucha contra la corrupción, en las que un salubrista difícilmente está entrenado. Por eso, debiera ordenarse una intervención del Ministerio, instalar un equipo de profesionales competentes para la desarticulación de las cadenas de corrupción y tráfico de influencias. Solo así, posteriormente, un equipo técnico de la salud podría llegar a liderar el trabajo de reconstrucción institucional que con tanta urgencia se requiere.
Cuando en la década de los treinta el gobierno de Estados Unidos se vio desbordado para enfrentar las mafias con los procedimientos ordinarios, decidió crear una fuerza tarea específica combatiendo con otro tipo de métodos la corrupción y el trasiego de alcohol.
Me parece que necesitamos eso ahora. Una especie de Elliot Ness y su grupo de "intocables" para sanear nuestras instituciones públicas. Si en la presente administración se han instituido fuerzas de tarea para otro tipo de delitos, ¿por qué Gobernación no designa una para desmantelar la opacidad y corrupción interna? Este esfuerzo sí debiera ser acuerpado por la Presidencia, el Ministerio Público, el sector privado, la CICIG, sociedad civil y toda la comunidad internacional. Todos, con una sola voz. Lo que ahora se va en sobre-valoraciones y pérdidas, se podría emplear para expandir legalmente la capacidad de compra del Ministerio e impulsar la industria y comercio nacional de medicamentos e insumos de salud. Todos –ciudadanos y proveedores– saldríamos beneficiados. Y podría ser otro gran paso para sanear el conjunto del Estado.
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