Un defensor dignificado

Además, la Corte señala que ha habido una “flagrante denegación de justicia en cuanto a las amenazas sufridas por la familia”, antes y después de este crimen. Un hecho ocurrido en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en diciembre de 2004, y que en diez años no tuvo resultados en el sistema de justicia en Guatemala. 

Florentín Gudiel fue un líder comunitario, militante revolucionario que trabajó incansablemente por mejorar las condiciones de su comunidad. Dedicó su vida desde el espacio de trabajo social hasta su participación política a buscar un camino por la justicia social. Siendo desmovilizado en el marco de los Acuerdos de Paz, concentró su quehacer en el desarrollo educativo, en la búsqueda de mejores opciones para la formación de la niñez y la juventud en su localidad. 

En su participación ciudadana destacó su preocupación por el manejo transparente de los recursos y su denuncia de las acciones de corrupción. Hechos que le representaron ser considerado enemigo por quienes empleaban indebidamente los fondos comunitarios.

 Don Florentín también formaba parte del grupo de familias que inició la búsqueda de justicia en el marco del caso conocido como el del Diario Militar, ante la desaparición de su hijo José Miguel Gudiel Álvarez, detenido desaparecido en septiembre de 1983.

 Después de una serie de amenazas, que no fueron atendidas por el sistema de justicia en Guatemala, finalmente el defensor fue asesinado cuando se desplazaba en su bicicleta en uno de los caminos en la comunidad. Aunque su ejecución pudo haberse evitado, el Estado de Guatemala no accionó para identificar el origen de las amenazas, investigar a los responsables de las mismas y, sobre todo, procesarlos y desarticular a estos Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). 

Makrina Gudiel, defensora de derechos humanos e hija de don Florentín, asumió el rol de su padre en la búsqueda de justicia por José Miguel y, también, por el asesinato de su progenitor. Perseguida por años debido a su compromiso social y comunitario, Makrina no ha descansado en el esfuerzo por lograr una pequeña luz de justicia. Un camino en el cual ha sido acompañada por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA).

Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la primera resolución de esta naturaleza con respecto al asesinato de un defensor de DDHH. Hecho en el cual, el Estado de Guatemala es responsable por  incumplir su obligación constitucional de proteger la vida y la integridad de todos los habitantes del territorio. Pero también, por faltar a su compromiso internacional con respecto a la protección y garantías para las y los defensores de derechos humanos. 

Más que negar jurisdicción de la Corte o del sistema internacional en estos hechos, el Estado tiene la obligación no solo de acatar la sentencia, aunque le muerda la lengua a sus funcionarios, sino también de mejorar su actitud respecto de quienes defienden derechos humanos. Este Estado no puede continuar siendo tolerante y perpetrador –por acción o por omisión– de actos que atentan contra la integridad de defensoras y defensores de derechos humanos. 

Ninguna persona debe perder la vida por dedicar la suya a la defensa de los derechos de otras y otros. Ninguna persona debe perder la vida por consagrarse al desarrollo de su comunidad. Ninguna persona debe sentir temor por dedicarse a proteger los derechos de otras y otros. Ninguna persona ha de sentir que el Estado le abandona cuando aporta a la sociedad con su ejemplo de defensor o defensora. 

Esa y no otra ha de ser la lección que corresponde aprender al Estado de Guatemala y  a sus funcionarias y funcionarios en el ámbito de la construcción de la paz. Mantener y tolerar la estigmatización hacia las y los defensores hace al Estado responsable por los ataques. Proteger a las y los defensores, dignificar su acción y ofrecerles garantías para su quehacer es la única salida para avanzar en la consolidación democrática. Hoy Florentín Gudiel recibe un gesto de justicia por su vida y su lucha.