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Plaza (Plaza Pública en papel) Lo que no sabías que querías saber, pero ahora te es urgente preguntarlo

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Plaza?

Plaza es el periodismo de Plaza Pública en papel. ¿Un libro? ¿Una revista? Plaza es un objeto hermoso para leer y coleccionar. Una revista de gran formato –tamaño carta, de aproximadamente 200 páginas cada número-, con el cuidado diseño de Workaholic People, que se publicará tres veces al año. Cada edición tendrá su propia personalidad: podrán ser números monográficos o ecléctico, se reproducirán temas publicados en la plataforma digital, y se buscará lanzar temas aún inéditos en la web que aporten nuevas miradas sobre las líneas temáticas de PzP. En Plaza se busca rescatar textos que por su calidad narrativa merecen ser leídos apaciblemente, o que por su impacto y trascendencia es importante que encuentren la permanencia del papel. Plaza busca satisfacer al sibarita de la lectura pausada, alejada del ruido del internet, brindar la satisfacción al coleccionista –de fotos, de textos, de libros-, saciar al que se interesa por tener explicaciones profundas sobre Guatemala. Plaza es una coquetería para la mesa del café y una bella compañía para las tardes de sillón o de hamaca.

¿Qué es Plaza Pública?

Plaza Pública (PzP) es un medio en internet de periodismo de profundidad, análisis, investigaciones y debates, radicado en la capital de Guatemala. Fue fundado el 22 de febrero de 2011 por la Universidad Rafael Landívar y reivindica los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la búsqueda de la verdad. Se enfoca en las causas y efectos de la desigualdad, la inequidad y las dinámicas que atentan contra la dignidad de las personas. Es un medio sin ánimo de lucro, nos financiamos principalmente con presupuesto de la universidad, y somos apoyados por organizaciones (como Open Society Foundation e Hivos) Apostamos por la innovación, por el periodismo narrativo, y creemos en el papel de la comunidad de lectores como garantes de la independencia y la calidad del medio.

¿Por qué Plaza Pública comete la locura de hacer el salto mortal al papel?

La misma naturaleza digital nos hace continuar en la busca de nuevas formas para llegar a los lectores, y hacer que los temas que interesan al medio y que consideramos esenciales para el debate nacional, lleguen a más ciudadanos y que desaparezcan de las agendas de los líderes de opinión y permanezcan en el debate público. Buscamos todos los medios y plataformas para trasladar nuestro periodismo. En ese sentido, no somos ortodoxos del Internet, y creemos que el papel tiene un aún enorme potencial, especialmente para los temas de profundidad, textos con la narrativa que es ya un sello de PzP, y con imágenes que van retratando el país, estén presentes, físicamente, como objeto cercano a los lectores, para la lectura pausada. Además, claro, adoramos los libros y el papel, somos unos nostálgicos, y qué gozo el olor del libro nuevo, el fetiche, y qué delicia leer en papel.

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Plaza nace el 28 de abril de 2016 y a partir de allí la podrás encontrar cada cuatro meses en diversos puntos de distribución (recuerda los meses clave: abril, agosto, diciembre).

La puedes encontrar en:

Librería Sophos, Watson Books & Coffee, La Casa del Libro en La Casa de Cervantes.

En estos tiempos en que es cada vez más complicado sostener las iniciativas en papel. ¿Cómo se sostendrá Plaza?

El plan es que Plaza sea autosostenible. La Asociación de Amigos de Plaza Pública respalda y gestiona el proyecto, y ha buscado diversas maneras de que pueda subsistir:

1) La apuesta más importante es confiar en los lectores, en quienes creen en el periodismo de Plaza Pública y quienes disfrutan la lectura y aman el papel. Entonces, la confianza máxima es creer que una buena base de suscriptores amigos nos permitirá la estabilidad, y la distribución en librerías, centros culturales, cafés, etc. nos permita seguir imprimiendo.

2) El patrocinio: de empresas, organizaciones, instituciones que confíen en nuestro trabajo, que apuesten por la necesidad de una ciudadanía informada, que crean en la cultura y que quieran aliar su marca con Plaza. Los patrocinios nos dan un margen de respiro y si en algún momento hubiese excedentes en los ingresos, éstos servirán para que la Asociación de Amigos de Plaza Pública apoyen investigaciones y proyectos de Plaza Pública para seguir trabajando.

Papel, la edición #1 de Plaza: es patrocinada por Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna), L’Aperó, Sophos, Watson Books & Coffee. ¡Gracias totales por la confianza y el apoyo!

3) El financiamiento: un espaldarazo considerable. Una institución, organización o empresa, apoya con una donación para la impresión de más ejemplares, que serán distribuidos en bibliotecas públicas, escuelas y organizaciones.

¿Y si quiero ser patrocinador o financista de Plaza?

¡Fantástico! Escribe a amigosdelaplazapzp@gmail.com y te contactaremos.

¿Quiénes son los Amigos de Plaza?

La Asociación de Amigos de Plaza Pública (LAP), es una asociación civil, sin ánimo de lucro, conformada por lectores, amigos, ciudadanos, y equipo de Plaza Pública para apoyar los proyectos e iniciativas del medio. Entre sus objetivos, además de constituirse en apoyo para proteger y defender el derecho a la información y a la libre expresión, está el de generar fondos y gestionar proyectos directamente relacionados con el medio. Desde su conformación, una de las iniciativas propuestas y apoyadas por sus miembros fue el de la publicación en papel de material de Plaza Pública.

La Asociación administrará y velará por generar los fondos que permitan la sostenibilidad y continuidad del proyecto. Para esto, considera indispensable la alianza con instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos que compartan el interés por el periodismo de profundidad y calidad que produce Plaza Pública.

Para más información: amigosdelaplazapzp@gmail.com

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Un cortocircuito en lo rural

Han sido ocho meses de intentar consenso en el interior del Congreso. Y luego nada. Poco más de cuatro años de reuniones, audiencias públicas, de conatos por hacer caminar una política agraria –con acuerdo gubernativo vigente–, de crear discusión, análisis, enmiendas… y luego nada. La iniciativa de ley 4084, la misma que hace dos semanas el Congreso no quiso conocer, tampoco quisieron reconocerla los terratenientes. La impulsaron sectores campesinos, y sorpresivamente, también el gobierno.

Después de ella, dicen unos, se institucionalizarán los programas para enfrentar los problemas del área rural. También que traerá atraso, dicen otros, o además que es discriminatoria, inconstitucional. De ella –de su aprobación– depende que se cree un gabinete, un consejo y un nuevo ministerio, el de desarrollo rural, pero sobre todo, a ojos del gobierno y de las organizaciones campesinas, que el desarrollo rural sea una política de Estado, que no cambie o que los próximos gobiernos puedan desechar con facilidad.

Entre el agua y el aceite

Fue el comisionado de Desarrollo Rural, Adrián Zapata, como coordinador de una propuesta de la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar, el primero que propuso cómo armonizar dos modelos de desarrollo rural que históricamente habían parecido incompatibles. El modelo empresarial y el modelo de economía campesina.

Cada uno fue expuesto así: 1) La tierra es conceptualizada como un bien económico, privado, y base de la competitividad. El desarrollo rural integral debe desagrarizarse: la agricultura lo aletarga (empresarial). 2) La tierra, dada la realidad multicultural existente, es considerada no sólo como un medio de producción; es, además, un bien cultural, sagrado y fundamental para el desarrollo. El objetivo es la soberanía alimentaria y el equilibrio ecológico (campesino).

Antes de catalogar los dos modelos como “el agua y el aceite”, la propuesta argumentaba que “este tema no es de por sí un problema. Más bien debe ser considerado como la manifestación legítima de una sociedad democrática que puede expresar sus desavenencias en un marco de diálogo y debate”.

Era octubre de 2011. Un año de elecciones. Y lo recién citado también se citaba en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) de ese año. Fueron además ideas que las universidades enviaron a cada uno de los candidatos a la presidencia.

Juventino Gálvez, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), explicó en su momento que algunas de estas intersecciones eran “la competitividad impulsada de manera sistémica, no de manera selectiva: una competitividad nacional, no una competitividad empresarial”.

Luego, en una columna de ese mes, Gálvez describió la necesidad de un Estado, primero, “promotor de la economía campesina de subsistencia a fin de impulsarla hacia niveles excedentarios”, segundo, “subsidiario para los productores excedentarios” y, tercero, “facilitador y regulador para grandes productores”.

El “agua” y el “aceite” debían dialogar. Era, en sí, la base de la propuesta.

El centro de este intento de compatibilidad, “se trata de hacer un cortocircuito, un bypass, en el ciclo de la pobreza que se da ante un Estado sin capacidad de respuesta hacia el campo”, dice Elmer López, uno de los signatarios de la propuesta académica, y hoy Secretario de Asuntos Agrarios (SAA). López agrega que, con esto, “se plantea una ruta de escape para que el campesinado produzca no únicamente alimentos para su seguridad alimentaria, sino que pueda llegar a producir excedentes para el mercado local y nacional”.

Es decir, el cortocircuito que intentaba generar la propuesta académica en ese entonces, consistía en que los campesinos pudieran producir para comer y producir un poco más para vender. Y obtener ganancias.

Heredar políticas y leyes

A inicios de enero de 2012, Otto Pérez Molina, ya electo, heredó la propuesta de la academia. También una política agraria impulsada por el ex presidente Álvaro Colom, que tiene, aún hoy, acuerdo gubernativo vigente, además del antecedente de haber sido consensuada durante casi una década más que nada, con los sectores campesinos.

Se llamaba Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y se trataba de un manual de procedimientos para el Estado sobre cómo actuar o abordar o reaccionar ante situaciones específicas o generales en el área rural.

El paquete que recibió el nuevo gobierno incluía también una iniciativa de ley. La ley que dispone aprobar el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, con dictamen favorable en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Legislativo. La identifica el número 4084.

Sin embargo, como dice Byron Garoz, dirigente del colectivo de estudios rurales Ixim, “ni la una ni la otra fue primero. La política y la ley fueron elaboradas en paralelo. Pensadas como complementos”.

“La ley no se explica sola sin la política. La política es el marco, las predisposiciones del Estado. Una gran parte de la política está incluida en la ley, en sus artículos, casi como transcripciones”, señala Juan Carlos Us, antropólogo jurídico e investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la Coordinación de ONG y Cooperativas, Congcoop.

“Si se lee la ley, sin dar lectura a la política, las piezas para explicarlo todo no están completas”, indica Elmer López. Por eso, antes hay que armar un rompecabezas, unir varias piezas, entender la PNDRI, su contexto, y luego el contexto de la iniciativa 4084.

Una estrategia de dos puertas

Cuando el gobierno cambió el pasado enero, no cambió la política agraria PNDRI como algunos esperaban. De hecho, Adrián Zapata y Elmer López, ambos académicos detrás de la propuesta universitaria de la USAC y la URL, fueron convocados para formar parte del gobierno: Uno en la comisión de Desarrollo Rural y otro en la Secretaría de Asuntos Agrarios.

López indica que junto a la Política de Desarrollo Rural Integral, en efecto, incluyeron dos nuevas políticas de gobierno: un Marco General de política para la promoción de la inversión privada en territorios rurales y un Plan para activar y adecuar la política nacional de desarrollo rural integral.

En otras palabras, a la iniciativa de ley, a la política agraria vigente, se sumaban los modelos empresariales y el de economía campesina.

Antes de llegar a la pugna por la iniciativa de ley 4084 en el Congreso, antes de lo ocurrido hace dos semanas, dice López, “hay que definir estas dos nuevas políticas como la estrategia gubernamental para el impulso del desarrollo rural integral”.

A estos dos nuevos agregados se le ha llamado “la estrategia de las dos puertas”.

El reto, por lo tanto, ha sido buscar las intersecciones entre los modelos. La propuesta del Ejecutivo parte de algunas nociones, pero no indica del todo cómo, de qué manera, se concretarán las compatibilidades: Habla de “inserción a la economía mundial vía competitividad”. O de “la economía campesina, como sujeto priorizado”, también de “la inversión privada en la PNDRI”, o simplemente lo vuelve muy técnico: “Un modelo hipotético de agroexportación (competitivo globalmente) basado en agricultura intensiva de condiciones controladas, incentivando a las familias que aun poseen más de dos manzanas de tierra nos permitiría pasar de un 4% de familias que actualmente poseen condiciones para la producción excedentaria a un 20%, al agregar al 15.5% de familias con tierras cuya extensión es entre 2 y 10 manzanas…”.

En tal condición, la apuesta se dará en la experimentación, la espera, la respuesta del sector campesino en un proceso que, como indica un documento de Adrián Zapata, “lleva mínimo tres años y luego la adopción y la reproducción autónoma pueden ser tan variadas como de 3 a 10 años o más”.

Garoz, aunque no está convencido todavía de la compatibilidad entre los dos modelos económicos, explica, no obstante, que hay una necesidad de definir qué es inversión privada, nacional y extranjera, y lo que significan para el desarrollo de los territorios rurales. “Se debe establecer un marco para las diferentes actividades productivas que se quieran impulsar, ya sea energía, infraestructura, minería, monocultivos, maquilas…”, indica.

En este sentido, la puerta de Inversión privada en territorios rurales, según López, contempla “el estado de derecho, sostenibilidad ambiental, equidad en la distribución de la riqueza que produce la inversión, empleo decente, ingresos fiscales tributarios, beneficio directo a comunidades aledañas, considera, además, la participación del Estado en la explotación de recursos del subsuelo, respeta también la multiculturalidad en el espíritu del Convenio 169, y no afecta la competitividad”.

Como complemento, la otra puerta tiene como base la PNDRI y al sujeto priorizado de esta política de 2009: la economía campesina. Elmer López define la economía campesina en el marco del trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. “La economía campesina es poli-activa”, dice el secretario, “y sus expresiones varían de región en región. Es una economía dinámica en las relaciones con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades”.

El objetivo de esta intervención, según un documento de Adrián Zapata, es “jalar la economía campesina de la infra y subsistencia a ser excedentarias, y empujarlas para que puedan aprovechar los mecanismos de mercado pertinentes”. López recalca que es en esta política que se da el cortocircuito para parar el círculo de la pobreza extrema. “La ruta de escape para que el campesino encuentre una estabilidad, que produzca el alimento para su casa y algo extra para integrarse al mercado, cuestión primordial para luego hablar de Desarrollo Rural Integral”.

En este contexto, en la actualidad, indica Garoz, lo que se busca es la adecuación y la activación de la PNDRI, “primero reconociendo el acuerdo gubernativo 196-2009, luego la compatibilidad entre los dos modelos económicos”. López, por su parte, establece que “la institucionalidad de estas políticas, todo a lo que operatividad se refiere, está asentado en la aprobación de la iniciativa de ley 4084”.

Algo que todavía no ha sucedido.

Pero si se aprueba, el siguiente paso será activar otras dos “puertas” adicionales: Un programa familiar para el fortalecimiento de economía campesina y luego implementar una nueva política agraria.

Esta última “puerta”, de momento, sólo es un borrador.

Un Congreso y su voluntad

El 15 abril, los jefes de bloque en el Congreso se reunieron para discutir si se debía poner la iniciativa de ley 4084 en el orden del día. Eso permitió tomar el pulso en relación al desarrollo rural.

Las bancadas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Winaq, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Lider) y Encuentro por Guatemala (EG) votaban, por ejemplo, a favor para que el Congreso conociera la ley que daría institucionalidad a la política agraria y que marcaría el inicio para activar y adecuar el PNDRI.

Dos semanas antes, el 27 de marzo, una marcha indígena campesina había llegado al Congreso para pedir que la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral fuera aprobada de urgencia nacional. Eran los mismos campesinos, las mismas organizaciones sociales que durante diez años, habían sido parte de los diálogos, los consensos, las discusiones para crear la PNDRI, también la iniciativa de ley 4084.

Se esperó una respuesta quince días más tarde, pero no sucedió. No hubo consenso. No fue aprobada.

La respuesta del Congreso fue instalar una mesa de diálogo para discutir la iniciativa. La instancia se implementó el 4 de junio y fue presidida por Oliverio García Rodas, el oficialista que encabeza la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“No se trata de una ley de reforma agraria, sino de un instrumento de desarrollo del campo, con enfoque global, integral y sostenible, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de las actividades agrícolas, y que, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo económico del país”, advertía el comisionado presidencial para el diálogo nacional, Miguel Ángel Balcárcel, como uno de los moderadores de la mesa de diálogo.

Luego de 80 audiencias, seis meses más tarde, 25 organizaciones se pronunciaron. Siete únicamente habían encontrado inconstitucionalidades o vicios legales o desigualdad o argumentaban que no atraería inversión. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la Cámara de Industria de Guatemala, la Gremial Forestal, la Asociación de generadores de energía renovable, la Asociación nacional de generadores, El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –Cien- y la fundación Guatemala 2020 eran las organizaciones que se mostraban en contra de la iniciativa de ley.

Lo siguiente fue plantear las enmiendas. Evitar inconstitucionalidades. Corregir el anteproyecto para que el Congreso lo conociera. Oliverio García fue el diputado encargado. Hizo 32 enmiendas a los 42 artículos de la iniciativa 4084.  “No fueron cambios de fondo sino de forma. Fue curioso revisar que la ley no había salido tan lastimada”, dice Juan Carlos Us, de Congecoop.

La iniciativa aún se centraba en tres puntos: la creación de un Gabinete de Desarrollo Rural Integral, un Ministerio de Desarrollo Rural Integral y el Consejo de Participación y Auditoría Social. Lo necesario para poner en marcha la política agraria de 2009.

Estaba lista para presentarla en el Legislativo.

Sin embargo, dice Us, “el artículo tres había cambiado y los sujetos priorizados de la ley ya no era únicamente los sectores vulnerables”. Luego de las enmiendas “los priorizados de la iniciativa eran todos, todos los del área rural, los terratenientes, los que siempre han tenido tierra. Eso se cambió y se tuvo que especificar que el sujeto de esta ley, como lo explica la política PNDRI, es la población rural pobre y en extrema pobreza y los que no tienen tierra”.

Francisco Escobedo Grotewold, de la Gremial Forestal, sostiene que el sector privado es el motor que mueve la economía nacional y que, a través de los impuestos que paga, contribuye y contribuirá para que el Desarrollo Rural sea una realidad. “En la propuesta”, explica, “el sector privado ha sido virtualmente excluido. La iniciativa es discriminatoria”.

La propiedad, el acceso, la participación

En la primera iniciativa de ley de 2009, antes de las enmiendas de 2012, el Consejo de Participación y Auditoria Social, estaba 10 a 1 con mayoría de organizaciones campesinas en relación al empresariado. Luego de las enmiendas, el empresariado representado por la Cámara del Agro, desapareció del Consejo. La cuenta quedó 10 a cero a favor de los campesinos. “Es sencillo entender este cambio”, argumenta Omar Jerónimo de Plataforma Agraria, “ellos no son los sujetos priorizados de la ley”.

Elmer López tiene una postura similar, pero agrega que “normativas, elementos jurídicos aprobados para los empresarios hay suficientes. Normativas para los sujetos de esta ley, gente sin tierra, pobre, en extrema pobreza, sin acceso a créditos para adquirir tierra, muy pocas”.

Us hace hincapié en el artículo 10. Uno de los más polémicos para el empresariado. “Quedó casi como una copia de la Constitución”, dice, aunque lamenta que haya sido “anulado el punto que democratizaba la propiedad”. “Pero su punto central no era ese, sino radica en que intenta poner una regla clara en cuanto a desincentivar la concentración de propiedades”.

José Cabrera Alonso, de la Cámara de Industria, en contraste, expone que “la propuesta es de una ley represiva y confiscatoria, debe crearse una ley que incentive el uso de la tierra en consideración a los índices de demanda alimentaria y a la cobertura vegetal y uso de la misma, para alcanzar una real competitividad”.

La iniciativa, aun con estos debates, con muchas posturas encontradas, fue impulsada para ser conocida por el Congreso a finales de noviembre. El presidente, Otto Pérez Molina, anunció lo que para algunos columnistas fue una sorpresa. Pedía que la iniciativa 4084 fuera discutida y aprobada en el Legislativo. Pedía mucho, desde luego.

“De no ser porque el Patriota no es un partido real sino la suma de muchos intereses voraces, esa ley pudo haber sido aprobada la semana última”, opinaba Juan Luis Font, director de elPeriódico.

La ley necesitaba la presencia de dos tercios -105 como mínimo- de los diputados en el Congreso para ser aprobada de urgencia nacional. El quórum en el pleno, sin embargo, nunca llegó al centenar. La iniciativa de ley no se aprobó.

“En las coyunturas son traslucidas las escisiones. El gasto de capital político empieza a verse reflejado en las bases del Partido Patriota”, comentaba Carlos Barreda, diputado de la UNE.

“La lectura política que se le puede dar”, interviene Us, “es la pugna que se está comenzando a dar entre los patrocinadores de campaña y el partido político. En medio estamos nosotros, el sector campesino, la orden de aprobar la iniciativa de ley 4084, y todo lo que vimos en el Congreso”.

En medio, pero también bajo los reflectores.

Ante la posibilidad de que se aprobara, representantes empresariales visitaron el Congreso. Ricardo Villanueva, vicepresidente de la Cámara del Agro, llegó airado, molesto. Fue emblemático ver a los líderes campesinos frente a frente con los empresarios. Dina Fernández describió cómo quedaba en evidencia lo absurdo y lo viciado de un sistema político en el que las discusiones pertinentes se dan no dentro, sino fuera del Parlamento, que está dominado por mercaderes de leyes y presupuestos.

Ocho meses después de haber impulsado la marcha indígena campesina para que la iniciativa se conociera de urgencia nacional, Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC),  repetía sus palabras de aquel 27 de marzo: “Es una muestra de que los diputados están sujetos al poder económico al que le interesa mantener a mucha gente en condiciones de pobreza para seguir ejerciendo el control sobre los medios de producción”.

Las bancada del partido Lider estuvo ausente para que la iniciativa no fuera discutida. La misma actitud  tomó la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO). Y aunque estaban presentes 60 de los 63 diputados del Partido Patriota, entre sus aliados (VIVA, UCN, GANA), no fue posible tener el número de diputados suficientes para la aprobación de la iniciativa. Se hablaba de reuniones entre bancadas, de concesiones entre ellas. Fue extraño ver al líder y presidenciable de la bancada Todos, Roberto Alejos entrar al pleno, hablar con algunos diputados de la Junta Directiva, y diez minutos después de su llegada, se abría la votación para suspender la sesión permanente. Más de 80 diputados pedían interrumpir la plenaria.

Lider presentaría una nueva iniciativa, número 4626, pero sin respaldo, sin consenso y sin una política agraria que le diera viabilidad.

Otros comentaristas fueron más críticos con la ley, sin ver todas las piezas del rompecabezas detrás de la iniciativa de ley: la política agraria o las otras dos políticas que incluyen las economías antagónicas. Philip Chicola, director de gestión pública del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), argumentaba: “en la Agenda del Cambio la aspiración es facilitar la migración campesina de la producción de subsistencia a una excedentaria. La 4084 no menciona, ni de paso, dicho objetivo”.

Aunque cuestionaba la institucionalidad que se generaba a partir de una posible aprobación de la iniciativa de ley: “¿Para qué otro Ministerio? Mejor empezar por reformar la institucionalidad existente. Hay que rescatar de las garras de la corrupción al sistema de Consejos de Desarrollo; es necesario coordinar a los Ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo, además del Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios para eliminar la duplicidad de funciones y el desperdicio de recursos”.

Cuando todo empiece a funcionar

–¿Cómo se debe entender la institucionalidad que se crea a partir de la iniciativa 4084?

–La primera propuesta consistía en transformar el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en uno de Desarrollo Rural y Agricultura. Pero luego de consensos, en el ministerio, los sindicatos no estaban de acuerdo con el cambio, y los campesinos querían un nuevo ministerio porque consideraban corrupta la institucionalidad existente –responde el secretario de la SAA, Elmer López.

–¿De qué modo funcionaría el Gabinete y el Consejo que estipula la iniciativa?

–Gabinete, Consejo y Ministerio tendrían dos competencias: coordinar la implementación de la política agraria y ejecutar las políticas que se vayan añadiendo.

Es casi lo último del proceso. “La institucionalidad es instrumental, no un fin en sí misma”, señala el Comisionado presidencial para el Desarrollo Rural Integral, Adrián Zapata.

“Ya con el marco del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, la logística sería terminar de impulsar el programa familiar para el fortalecimiento de economía campesina. Luego reformar la política agraria. Tendríamos ley, institucionalidad, la compatibilidad entre las dinámicas económicas de empresarios y campesinos, nuevos mercados, lo rural como una política de Estado”, indica López.

La nueva política agraria es de momento un borrador que paró, en el mes de mayo, el pelo a los directivos del Cacif.

Es apenas una de las once políticas públicas que se deben desprender de la política nacional de desarrollo rural, pero quizá la que más polémica generará entre campesinos y terratenientes, y entre quienes se identifican con una u otra postura. Habla, por ejemplo, de acceso a la tierra, de gratuidad, de eliminar parcialmente las instituciones actuales de regularizar la tenencia de propiedad, de los créditos, de lo opaco que queda el Fondo de Tierras en este proceso. De bancos de tierras, de tribunales agrarios. También de transformar los sistemas de producción de colonato a economía campesina. “El colonato es un sistema de producción de carácter pre capitalista y anacrónico, en el que los campesinos mantienen una relación semifeudal de servidumbre en una unidad productiva (la finca)”.

Modificará el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para "incentivar el dinamismo y la transparencia del mercado de tierras y con el propósito de modernizar el agro en beneficio del desarrollo rural integral". Es decir, ajustar el impuesto a las capacidades productivas de las fincas.

“De momento eso parece una utopía", evalúa Us. “Será algo que a los empresarios no les gustará. Cambia lo rural de fondo”. 

Nota de edición: 
“Si se lee la ley, sin dar lectura a la política, las piezas para explicarlo todo no están completas”, indica Elmer López.
Pero si se aprueba, el siguiente paso será activar otras dos “puertas” adicionales: Un programa familiar para el fortalecimiento de economía campesina y luego implementar una nueva política agraria.