Un compromiso real: 180 días

Entre políticos y “testigos de honor”^[1] se comprometieron a mejorar la nutrición, la calidad educativa y las oportunidades para los jóvenes. Desde entonces ha pasado de todo. La Corte de Constitucionalidad revolvió más las aguas del río Montt, adquirimos deudas millonarias, nos aprobaron reformas que quizá transparenten la cosa pública y, para rematar, se armó un circo con el caso Siekavizza. Y yo le pido ¿recordar un pacto de políticos?

Pues sí. Algunos firmantes serán poco creíbles y otros menos comprometidos, pero es como el borracho que critica el alcoholismo. No lo practicará, pero lo dicho sigue siendo cierto. Así que procuremos cumplir.

Empecemos por lo inmediato: “... garantizar que el 100% de los centros educativos cumplan [sic] con la jornada escolar y los 180 días de clase”. No importa quién lo diga, es buena meta: concreta, factible y, sobre todo, con efectos inmediatos sobre la calidad del aprendizaje. Con independencia de la pericia del maestro o la nutrición del estudiante, más tiempo en aula hace más probables los efectos de la educación. Pero ¿qué hay que hacer para conseguir 180 días de clase?

Lo primero es admitir que aquí no sirven los promedios. Si queremos que todas las escuelas cumplan, debemos asegurar que cada una cumpla. Hoy nos alegramos porque el año lectivo del MINEDUC duró 180 días. Pero eso apenas es contexto. La pregunta solo tiene sentido hecha en cada escuela, en cada aula. ¿Estuvieron en esta escuela, esta aula, disponibles toda la jornada, no menos de 180 días?

Más aún, “jornada escolar” no es una escuela sin llave. Jornada escolar sólo existe si tenemos juntos maestros y estudiantes, cinco horas, haciendo lo que toca: enseñar y aprender. ¿Aula abierta, pero sin señas del profe? No cuenta. ¿El profe charlando con su colega? No cuenta. ¿Todos en recreo por 45 minutos? No cuenta. ¿Los chicos atrás armando alboroto? No cuenta. ¿La maestra de espaldas, copiando del libro a la pizarra mientras los chicos piensan en la inmortalidad del cangrejo? Tampoco cuenta.

El problema es que ni cien días de interpelación en el Congreso conseguirán que una ministra pueda asegurar el cumplimiento en cada escuela. Hechos tan locales como estos son, para fines prácticos, invisibles a nivel central. Si el Despacho sale corriendo tras una escuela – como tantas veces piden por igual diputados y reporteros – podrá poner en aprietos al director, pero sólo en ese momento. La única forma eficaz de inducir cumplimiento es con los maestros y en la propia comunidad. Con lo que las firmas del Acuerdo comienzan a verse borrosas, a menos que los 37 magníficos apuesten por un ejército de ciudadanos comprometidos con la verificación local.

Con empeño es posible. Así que supongamos que don Toribio pasa el lunes y doña Tencha el martes, y anotan en su cuaderno: “la profesora Telma llegó y los patojos están tomando clase. El profesor Ramiro faltó hoy”. Y de allí, ¿a quién reportar? Más aún, sin garantías, poco tardará el profesor Ramiro, que charla con el alcalde, en disuadir la auditoría de don Toribio y doña Tencha. Por las buenas o por las malas. Así que no basta con endosarles ¡otra! tarea. Necesitan herramientas para verificar con eficacia e independencia.

Por ejemplo, reportar ausencias al Ministerio es volver al principio: ¿qué hará un ministro al enterarse que faltó el profesor Ramiro? Girar sus feroces órdenes sobre algo que pasó hace dos días, cuando ya no sirve de nada. El tiempo perdido hasta los santos etcétera. El reporte podrá ir al Ministerio, pero sobre todo debe ir a las autoridades locales –ésas que los propios ciudadanos eligen o rechazan si no les cumplen – y a la prensa. Que el reportero visite a la directora de la escuela, allí donde cuenta.

Y sí, el Ministerio tiene un papel también. Debe quitar las razones por las que los profesores faltan, y poner los sistemas de información y las herramientas para que los ciudadanos reporten con frecuencia, facilidad y confianza. Debe publicar inmediatamente y al detal el estado de cada escuela. Debe pasar las normas que aseguren que los maestros reconozcan la auditoría ciudadana.

En suma, una firma de encumbrado señor suena bien, pero la verificación de los 180 días de clase sólo será realidad con una máquina bien aceitada de herramientas concretas, contrapesos políticos, y participación ciudadana.