Marco Antonio, apenas un niño de 14 años, es uno de los más de cinco mil niños y niñas a quienes el régimen contrainsurgente secuestró y desapareció. Hombres en su plenitud al servicio de la muerte que regía la doctrina militar en 1981, con toda la cobardía que aún demuestran, lo secuestraron.
En mayo de 2018, luego de años de gestiones, de aporte de evidencia y de búsqueda de información, concluyó el juicio oral y público en Guatemala. El proceso nacional, al igual que el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), concluyó con sentencia condenatoria. El tribunal de Guatemala sentenció a cuatro exmilitares, de cinco procesados, por el secuestro y la desaparición de Marco Antonio, así como por detención ilegal, violencia sexual y tortura en contra de su hermana Emma Guadalupe.
La parte procesal de la justicia empezaba a estar servida en el país. Sin embargo, la parte reparadora, esa que intenta subsanar las heridas que el daño causado provocó, está muy lejos de alcanzarse. En primer lugar, porque desde antes del proceso, pero sobre todo durante este y después, la familia Molina Theissen ha estado sometida a campañas de difamación y a discurso de odio en redes y medios sociales.
En segundo lugar, porque la revictimización no esperó mucho tiempo para iniciarse de la mano de la abogada de la impunidad, que inventó la más cruel de las falacias contra la familia. Con tal de garantizar una salida, según ella legal, urdió la mentira de que precisamente durante la sentencia el mismo Marco Antonio estuvo presente, al lado de una de sus hermanas.
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Difundieron ese disparate por redes sociales y presentaron imágenes en las cuales comparaban al fallecido padre de Marco Antonio con la persona que afirmaban que era el niño, ahora mayor. No conformes con ello, iniciaron una demanda contra la familia, que llevaba más de 30 años esperando una luz de justicia en Guatemala. Debieron pasar meses para que finalmente los mismos tribunales desestimaran la acusación absurda que se había tramado.
Con la llegada de la pandemia, pese a que los condenados están en atención hospitalaria en el Centro Médico Militar, una vez más la abogada de la impunidad pretendió obtener arresto domiciliar bajo el argumento de que la salud de los sindicados está en peligro. Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas, Francisco Luis Gordillo y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas han disfrutado de todas las garantías procesales que negaron a Marco Antonio y a todas las personas que durante el ejercicio de sus cargos fueron detenidas y desaparecidas por los grupos a su cargo y, eventualmente, por ellos mismos.
La parte sustantiva de la reparación, conocer el paradero de Marco Antonio, aún no llega. Con ello la familia podrá completar el tormentoso ciclo del duelo que ha sobrellevado por casi cuatro décadas. Sin embargo, los poderosos militares que ahora se exponen como ancianos vulnerables no han tenido un gesto mínimo de humanidad para ofrecer datos certeros que permitan localizar el cuerpo de Marco Antonio.
Por eso, en la víspera de un aniversario más de su secuestro y desaparición, nuestras voces para reclamar que se diga dónde está Marco Antonio se unen a las de la familia Molina Theissen. Nuestros brazos se extienden para abrazar a doña Emma y a sus hijas con admiración, con respeto y con ternura. Se alzan junto con la voz de Emma Guadalupe para repetirles a los perpetradores: «A ustedes les devolvemos la vergüenza y la culpa porque es a ustedes, verdugos de la monstruosidad y del oprobio, a quienes corresponde cargarla». Para la familia Molina Theissen, la dignidad y la esperanza en la búsqueda incansable de justicia.
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