Un alfil en tribunales

Luego salta la barda y juega en la cancha del Ministerio Público, donde en ocho años pasa de ser agente fiscal, de la unidad de delitos contra bancos, aseguradoras y financieras, a dirigir la fiscalía especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En su más reciente cambio en la cadena de justicia ahora cumple la función de viceministra antinarcóticos del Ministerio de Gobernación. Mendizábal declinó cualquier entrevista para este perfil hasta saber si estaba entre los seis elegidos por la Comisión de Postulación para optar al cargo de Fiscal General. Ocurrió ayer. Así retratan ex colaboradores del pasado a la viceministra.

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Un discreto prendedor cuelga del saco de la entonces fiscal especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Eunice Mendizábal, el 31 de mayo del 2011, mientras en la Torre de Tribunales la abogada apela la absolución del ex presidente Alfonso Portillo por el supuesto robo de Q120 millones del Ministerio de Defensa.

El prendedor tiene la forma de unos grilletes.

Normalmente contenida, tan parca en sus declaraciones a la prensa como persistente en sus causas, e implacable con las mismas, colegas de Mendizábal describen su paso por el Ministerio Público como el de una fiscal inquisitiva, diestra en el interrogatorio y firme en los tribunales. Como una excepción a este estado normalmente cauto se cita su reacción ante un revés en el caso Portillo, al ordenarse la liberación de Napoleón Rojas, mayor del Ejército en situación de retiro acusado de participar en un desfalco de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional, parte del caso contra el ex mandatario. “Lástima que el sistema de justicia se manipule de esa manera”, criticó abiertamente en esa oportunidad.

Era el tiempo en que la entonces todavía todopoderosa Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) emprendía una persecución penal contra Alfonso Portillo, el expresidente del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que recientemente se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de lavado de dinero. Era, aún, un periodo en el que la CICIG vivía de éxitos anteriores como el caso Rosenberg, una época en la que sus conclusiones brindaban titulares y generaban influencia política.

Una época que representó una oportunidad para el protagonismo de Mendizábal. Quien fustigaba, audiencia tras audiencia, a los implicados en el caso. Luciendo trajes grises o azul oscuro normalmente, con el cabello corto de un tinte rojizo y con el infaltable broche en forma de grilletes, la entonces fiscal llegó a enfrentar en el caso Portillo a quien fuera uno de sus mentores en el área penal: el abogado Telésforo Guerra Kahn.

En corredores de tribunales y primeras armas

Justicia, poder y política suelen ir de la mano. La carrera de Mendizábal y la transformación del sistema de justicia guatemalteco no pueden ser entendidas por separado. El bufete de Corporación de Abogados, en donde hizo sus primeras armas la postulante al MP, creció a la sombra de las transformaciones políticas del país. Uno de sus fundadores, el propio Guerra Kahn, fue constituyente en 1985, integrante del partido conservador Unión del Centro Nacional (UCN) y compañero de Ramiro de León Carpio, quien llegaría a ser Procurador de los Derechos Humanos y Presidente de la República entre 1993 y 1996, tras el intento de autogolpe de Estado del presidente Jorge Serrano Elías. Guerra Kahn, además fue jefe del MP y PGN entre 1993 y 1994.

El Organismo Judicial en el que había comenzado Mendizábal respondía al método inquisitivo de investigación penal, un método en el que los jueces conducían la investigación y el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) eran una sola institución hasta que en 1994 se reformó el Código Procesal. Se trataba, según relatan abogados y abogadas que empezaban a litigar en esa época, una institución muy cerrada a las mujeres.

Aún mientras estudiaba Derecho en la Universidad de San Carlos, trabajó como procuradora en Corporación de Abogados, el bufete de Guerra Khan, apunta el abogado José Eugenio Garavito, quien sustituyó en el bufete de Guerra Kahn a la hoy postulante. Y la rama que elegiría desde el principio de su ejercicio sería la penal, explica.

Telésforo Guerra Kahn comenzó a encomendarle algunos casos y a designarla para viajar a los juzgados del interior en casos que llevaría el equipo de abogados de la firma. En esos años la precaria presencia de juzgados en la provincia del país era todavía mayor que en la actualidad: no se contaba con un juzgado en cada municipio y algunos tenían jurisdicción en dos o más cabecera municipales. El despacho era uno de los más importantes de Guatemala y Centroamérica y contaba entre sus clientes desde la década de los 80 a las empresas petroleras Basic Resources Bahamas Ltd, la petrolera de origen francés Elf Aquitaine, Texaco y las empresas de gas natural Tomza y Zeta Gas, para su representación en Centroamérica y el Caribe. Mendizábal era “una jovencita”, recuerda Garavito, pero poseía el temple para litigar y la plena confianza y respeto de Guerra.

En un tiempo en donde era raro encontrar mujeres que ejercieran influencia sobre los oficiales de los juzgados Mendizábal era una de las destacadas, señalan ex colegas, añadiendo el matiz de que siempre lo hacía dentro del marco de la ley.

Sabía presionar las tuercas, confirman algunos penalistas de esa época.

Gastó suelas en los juzgados de la Torre de Tribunales, rememoran otros.

Antes de que regresara, ahora desde las dependencias del Ministerio Público, a trabajar al sistema de justicia en el que al principio de su carrera se había desempeñado como oficial de juzgado y terminado como comisaria del juzgado sexto de primera instancia del ramo penal entre 1983 y 1990, su relación laboral con Guerra Kahn marcó los inicios de Mendizábal, dice Garavito.

De esa primera experiencia profesional como abogada en el expediente que le entregó a la Comisión de Postulación no queda nada: sólo un resumido “abogada litigante 1991-2004”. Ninguna mención explícita a la Corporación de Abogados.

Poder y política se mezclan, una vez más, en la carrera de Mendizábal cuando en 2004, tras el fin del gobierno del FRG deja la práctica privada, y ocupa una plaza como agente fiscal en la Unidad de delitos relacionados con bancos, aseguradoras y financiera, de la fiscalía de sección contra el Crimen Organizado y pasa posteriormente el 23 de diciembre de 2008 a la fiscalía especial para la CICIG, donde verá casos que involucran al ex presidente Alfonso Portillo o al ex ministro de Gobernación, Carlos Vielman, del partido gobernante, Gana.

Tachas a candidatura: asaltos a bancos y peleas conyugales

Es una tarde cualquiera en la cabecera municipal de Sanp Pedro Pinula, Jalapa. Cuatro hombres en dos picops, uno blanco y otro verde, se detienen cerca de la agencia de Banrural situada en el propio edificio municipal. Minutos antes se ha finalizado la entrega de una remesa en efectivo de un camión blindado en la agencia. Unos cuantos clientes hacen cola frente a la caja. Dos hombres con el rosto descubierto ingresan en la agencia, uno de ellos porta un maletín negro. Un guardia los ve indecisos y alcanza a informarles que el cajero automático no funciona justo antes de que lo arrojen al suelo y lo despojen de su escopeta. Inmovilizan también al otro guardia y se oye un grito: “¡esto es un asalto!”. Dos hombres más entran en la agencia con armas largas. Llevan el rostro descubierto. La gerente del banco logra presionar el botón de pánico antes de que la fuercen a abrir la caja.

Minutos después en los alrededores del edificio de la municipalidad, donde también se encuentra el banco, la tarde transcurre normal. Un microbús se estaciona frente a la municipalidad. Una patrulla de la policía con un agente y un oficial en la cabina doblan la esquina en recorrido ordinario. La paz se rompe con el sonido de las armas, dos hombres, uno de 1.60 y tez blanca y otro más moreno y de 1.70, disparan sus armas cortas contra la patrulla asesinando a los dos agentes. En la línea de fuego se encuentra el microbús, su conductor también muere junto con un transeúnte, y el vehículo se estrella contra la valla de la escuela a la par de la alcaldía. Desde el picop verde a un extremo de la calle armas largas se unen al tiroteo: 82 casquillos quedan en el suelo. Los dos vehículos se dan a la fuga. Cuatro personas muertas, Q249,511.26 y $1,940 robados, es el saldo. Son las 15: 20 horas.

Esos son los hechos consignados en la sentencia penal No. C-10-2009 Of. 3. Nelson Leonidas Lima Pivaral y Oscar Darío López Maldonado fueron condenados por estos asesinatos y el atraco. Este punto da origen a dos de las tachas contra Mendizábal. El expediente del caso y el éxito en la condena se apoya en el testimonio de un testigo protegido, que en esa época era menor de edad y que fue registrado con el nombre ficticio de Jorge Alberto Pinto Castillo, el reconocimiento en fotografías de otro testigo y el testimonio de la gerente de la agencia que reconoció a los condenados y declaro recibir amenazas de muerte tras el asalto.

Las dudas surgen sobre la forma de obtener el testimonio del menor, de 17 años. Meses después del hecho es tomado como testigo el ayudante del microbús baleado, que en el momento del tiroteo se encontraba bajando carga de la parrilla del vehículo. Su padre presenta una acción de exhibición personal y aduce que fue secuestrado en un vehículo del Ministerio Público. La tacha también registra que no se usó en el juicio un video de las cámaras de seguridad embalado por los investigadores.

“Mi hijo estaba siendo obligado a decir y declarar cosas falsas, por lo que se retractó y se puso del conocimiento al Fiscal General este mal procedimiento”, consigna el auto de exhibición personal No. 10-2009 presentado junto a la tacha. Además de a José Amílcar Velásquez Zárate, entonces jefe del MP, también se puso a corriente del hecho al encargado de sección de Crimen Organizado, Ronny López, desde ayer, otro de los finalistas para ocupar el último piso del edificio de Gerona. El menor fue devuelto a su familia, que a su vez lo envió a otro departamento. Su testimonio, sin embargo, fue usado en el juicio, aunque difería de la declaración de otros testigos que señalaban que uno de los supuestos agresores tenía golpes en el rostro. Según el testimonio de Mendizábal ante la comisión, el testigo sigue estando bajo protección y salió del país.

En su defensa la ahora viceministra antinarcóticos declaró que el propósito de la tacha era que se revisara la pena contra los acusados. Como pruebas de descargo presentó documentación para demostrar que a la solicitud de exhibición personal no se le asignó “ningún valor probatorio” en el juicio y constancia de que las denuncias administrativa contra ella y su auxiliar fiscal no prosperaron. Además consignó que las cámaras de seguridad “no grababan desde el 28 de julio de 2008”, casi un mes antes del asalto a la agencia, por lo que no pudieron ser usadas como prueba.

Una vez obtenidos los testimonios, según declaraciones de investigadores recogidas en el expediente, es la propia fiscal quien participa en los allanamientos en Jalapa para detener a los acusados. “Toca la puerta y notifica la orden de allanamiento”. En el registro aparece dinero en efectivo y municiones.

La tercera tacha aceptada contra Mendizábal la involucraba de manera indirecta.

Se trataba de una denuncia contra una auxiliar fiscal de la sección de crimen organizado por realizar amenazas de muerte contra su yerno. En los memoriales del caso se consigna que la hija de la auxiliar fiscal acepta que su madre amenazó a su esposo, enojada por el maltrato que le daba. En la denuncia presentada por el yerno de la auxiliar fiscal se detalla que llegó a la colonia donde él vive, en un vehículo conducido por Mendizábal y registrado a su nombre, allanó la casa y lo amenazó.

En su declaración ante la comisión, Mendizábal aseguró que sólo llegó en solidaridad con la auxiliar fiscal y su hija, y que no amenazó a nadie. Que el denunciante tiene órdenes de restricción en su contra por violencia contra la mujer y que la tacha fue presentada en medio de una disputa por la custodia de una hija.

El largo brazo de la Cicig

Del paso de Mendizábal por la CICIG quedan los casos Pavón e Infiernito, en donde sustituyó a la fiscal Verónica Ponce, y no logró concretar la extradición del ministro de Gobernación, Carlos Vielman, de España. La absolución de Alfonso Portillo en los tribunales nacionales y una extraña querella al interior de Cicig, que incluyó la acusación contra la fiscal costarricense Giselle Rivera y el guardia civil español Antonio Espigares, ex investigadores de Cicig, también forman parte de este periodo en la institución.

De su gestión en la fiscalía especial de la Cicig, fuentes del gobierno anterior aseguran que dejó impresión de diligencia pero que tuvo pocos éxitos en los casos más emblemáticos. Su designación se interpretó en el gobierno como una concesión de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) la embajada estadounidense. Una concesión que traía tras de sí la consigna de avanzar en las investigaciones contra Alfonso Portillo, especialmente.

La tensión que generó este caso se muestra en cables desclasificados de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, como el 0R191717Z, publicado en el reportaje Portillo tardó cuatro años en dar el “Sí”. Y en una serie de entrevistas con el ex presidente Portillo, entre octubre y noviembre de 2012, el político hablaba del papel que a su juicio desempeñó Mendizábal:

“¿Cómo desaparecerme? La extradición. (…) Eunice Mendizábal me hace el ofrecimiento: mire Licenciado, usted sabe que lo quieren matar. Ah sí, le dije yo, ¿quiénes? Su propia gente. ¿Qué propia gente?, le dije yo. La estructura, me dijo. Mire, licenciada, le dije, yo a usted la respeto. Yo a usted también, Licenciado. No parece, le dije, si me respeta no me trate de decir cosas que se le dicen a un niño, usted sabe que no hay ninguna estructura, la estructura que me quiere matar es la estructura que la utiliza a usted de pelele, la estructura de los Gutiérrez, es la estructura más criminal, y sus hijos y sus nietos lo van a pagar. Ellos tenían preparado el fast track: sacarme del país. Si Portillo sigue aquí puede influir en las próximas elecciones. De hecho, Arnoldo, no participé en la segunda vuelta, con ningún mensaje, porque llegué a un acuerdo con Otto, que lógicamente yo sabía que no iba a cumplir. Otto me pide de favor de que si yo no apoyo a Baldizón, él ve cómo me ayuda…”.

Según David Pineda, abogado de Alfonso Portillo, el papel de Mendizábal fue el de un alfil, una operadora de una “estructura de más alto nivel que dirigía la persecución penal”: “La licenciada Mendizábal perdió la objetividad, debió hacer uso de sus conocimientos jurídicos y no solo ser un alfil del poder económico”, aseguró Pineda, quien considera el desempeño de la candidata al MP en la Cicig su principal plataforma política.

Según Pineda la hermana de Portillo, Edna Portillo, caracterizaba a Mendizábal con una figura muy significativa: la describía como al inspector Javert, de la novela de Víctor Hugo Los Miserables. Alguien eficiente e implacable, tenaz y obsesiva con lograr una presa importante más allá de cualquier otra consideración del bien o el mal detrás de las acciones. La recuerda llevando a cabo los debates con el infaltable prendedor de grilletes en la solapa.

Un duro revés de la gestión de Mendizábal en la fiscalía fiscal de la Cicig fue la suspensión de la solicitud de extradición de Carlos Vielman a Guatemala por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad. El ex ministro de Gobernación era acusado de encabezar una estructura de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de la Gran Alianza Nacional. Un caso que según fuentes cercanas a la investigación contaba con numerosos elementos de prueba documental que señalaban directamente a Vielman.

Pese a estos reveses tanto el comisionado Carlos Castresana como Francisco Dall´Annese expresaron su reconocimiento a la labor de Mendizábal. El primero con una misiva que forma parte del expediente de la candidata en donde pide “una distinción o reconocimiento” para ella y solicita su ascenso a jefe de sección del Ministerio Público. Mientras que el segundo, siendo ya viceministra Mendizábal, se despide de ella con una carta donde agradece su apoyo “con un fuerte abrazo” escrito a mano en la misiva.

Viceministerio antinarcóticos, ¿un tigre de papel?

Con el nuevo gobierno, en 2012, del Partido Patriota le llega a Mendizábal la oportunidad de participar en otro eslabón de la cadena de justicia del país: el Ministerio de Gobernación. Una institución que tiene a su cargo coordinar la Fuerza de Tarea Tecún Umán, para el combate al narcotráfico, contrabando y trata de personas en las zonas fronterizas. Y que cuenta con 120 militares, 54 policías y siete agentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Bajo su responsabilidad también se encontraría la Fuerza de Interdicción Aérea Antinarcótica y Antiterrorista (Fiaat). Es más, en su gestión se relanzó la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA): 664 policías más a sus órdenes.

Sobre el papel, un gran andamiaje al servicio de la lucha contra el trasiego de drogas. En realidad, según fuentes del Ministerio de Gobernación, “una cabeza muy grande para un cuerpo muy pequeño”.

-¿Posee su viceministerio funciones operativas? ¿o son principalmente de inteligencia?

-Sobre todo deberían ser de coordinación de inteligencia –responde una fuente de la entidad–. El problema es que los asuntos administrativos no dependen de ese viceministerio. El subdirector de SGAIA y el director de operaciones de la PNC responden al viceministerio de Seguridad (dirigido por Eddy Juárez) y la coordinación de las fuerzas de tarea también recae en ellos. El quinto viceministerio hace más tareas de inteligencia ante la poca incautación que han tenido en trasiegos. Están más empeñados en ver estructuras delictivas y golpear jefes.

Al contrario de lo que se podría pensar, esos 664 agentes de la policía no se encuentran siempre disponibles para realizar esas tareas: solo lo están cuando se realizan operaciones. Los problemas administrativos del quinto viceministerio no se limitan a la coordinación; la misma creación de la Unidad Especial Antinarcóticos se retrasó durante 2012, lo que hizo que no tuviera una asignación presupuestaria, según reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). En 2013, en cambio, se le asignaron Q44.99 millones pero ejecutó sólo el 70.92%.

En el Ministerio de Gobernación se menciona otro problema derivado de la falta de experiencia de Mendizábal en la parte administrativa del servicio público. Buena parte del personal de su viceministerio estaba contratado en el renglón 0-29, lo cual impedía que pudieran tomar decisiones operativas, firmar documentos con disposiciones internas e incluso ser respetados por otros trabajadores del ministerio, que los veían como trabajadores temporales. Parte del equipo que originalmente llevó Mendizábal a la unidad en los primeros meses de su gestión tuvo que abandonar pronto la institución.

Pese a que todos estos asuntos están entre los que más dificultades le han causado a su paso por el ministerio, en su entrevista con la comisión de postulación para el MP, Mendizábal señaló como uno de los principales problemas de la actual administración la falta de coordinación institucional y administrativa, y uno de los ejes de su programa fue el “fortalecimiento institucional”. Es más, en su exposición, colocó como ejemplo de agilidad en los procesos administrativos la gestión de Gobernación, una cartera que ha recurrido frecuentemente a los mecanismos de excepción para llevar a cabo sus contrataciones, desde la compra de cartillas para pasaportes hasta la adquisición de armas, desde la contratación de cámaras de seguridad hasta procesos fallidos como la construcción de nuevas cárceles.

Ahora, ya como designada entre los seis candidatos para jefe del Ministerio Público y Fiscal General, será el presidente quien decida si corona con su elección una carrera de casi 30 años en el sector justicia con la dirección del ente de investigación criminal.