Hechos indudables de la cita con las urnas: el voto antisistema capitalizado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, la aceitada maquinaria clientelar de la Unidad Nacional de la Esperanza y del Partido Unionista, la influencia del narcotráfico en comunas y en diputaciones claves para ese negocio y el fenómeno Neto Bran, que con cada actuación ridícula gana seguidores.
Sin embargo, los reflectores se concentraron en que la fiesta guatemalteca transcurrió como tantas reuniones que empiezan con besos y apapachos, pero que conforme avanzan se van caldeando los ánimos y terminan en desórdenes. En esta el malestar general fue por la cadena de desaciertos del TSE, todos inexplicables e injustificables.
Lo descrito ha causado que el ente rector atraviese la peor crisis desde su creación. Y es que esta institución se ha caracterizado por una gran propensión a meterse en problemas y por una enorme torpeza cuando intenta solucionarlos. La realidad es que ha caminado a prueba y error.
Vale apuntar que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral, que funciona como un órgano constitucional independiente de control político y que no está supeditado a ningún poder de Estado, según el decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, en el pecado lleva la penitencia: sus diez integrantes, titulares y suplentes, son elegidos por el Congreso de la República.
Tal vez cuando el TSE comenzó su andar mostró atisbos de supremo, pero, conforme han pasado calendarios y procesos electorales, ha venido a menos, hasta el punto de que distintos sectores recuerdan con nostalgia a los magistrados fundadores mientras resaltan más sombras que luces en los que se han venido trasladando la estafeta.
Alcanzar esas magistraturas es resultado de cabildeo y de entendidos con bloques parlamentarios, como ocurre con la Corte Suprema de Justicia y otras entidades públicas, lo cual deriva en la influencia de quienes deciden. A partir de esa oscuridad de origen no deberían ser altas las expectativas, aunado a que, como cada magistrado o magistrada tiene su feudo y lo administra a discreción y sin objeción, sus acciones no siempre son transparentes.
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Por ello, dada la ola de protestas surgidas del río revuelto en que casi naufraga el TSE, es importante hacer un recuento del zigzagueante transitar que hoy tiene al país pendiente de los números que surgirán de la revisión o auditoría de las actas en las 21,098 mesas receptoras distribuidas en los 2,932 centros de votación.
Uno: la contratación de digitadores sin la preparación ni la responsabilidad que una elección exige. Dos: descuidos informáticos en los niveles de mando. Tres: $39,000 (Q293,000) erogados para hospedaje y alimentación, incluidas suites presidenciales, una ofensa para la ciudadanía porque esa necesidad no implica servirse con la cuchara grande.
Cuatro: cada empleado del TSE, con los magistrados y las magistradas a la cabeza, recibe un bono electoral equivalente a un mes de salario, para lo cual se destinan $800,000 (Q6,000,000), estímulo comprensible si estuviera ligado a cumplimiento de metas y a evaluación de la gestión del desempeño, pero no es así.
Cinco: todavía están frescos los traspiés por los acuerdos que restringían garantías fundamentales, el que normaba foros y entrevistas y el que vedaba grabar el conteo de votos. ¿Cómo estaríamos si no hubiéramos tenido los celulares activos? Seis: la dedocrática designación de la jefatura en la fallida Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.
Siete: el fracaso del sufragio en el extranjero, del que Izabel Acevedo muestra un panorama en su excelente crónica. Ocho: la polémica por resoluciones arbitrarias que excluyeron del proceso unas candidaturas, pero incluyeron otras.
Nueve: pobrísima vigilancia antes y después de la convocatoria. Diez: denuncias de votantes de baja estatura para quienes los atriles quedaron muy arriba y la impresión de boletas no apropiadas en los casos de quienes padecen baja visión, en especial las de diputaciones con letras del tamaño de las de los contratos de tarjeta de crédito. En conclusión: fraude, no; ineptitud, toda.
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