Tres días que sacudieron el sistema tributario (por el momento)

Con 110 votos a favor, el Partido Patriota logró que el Legislativo aprobara de urgencia nacional la Ley de Actualización Tributaria, una normativa que reforma el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre circulación de vehículos, la ley del impuesto de timbres fiscales, y establece regulaciones nuevas para el impuesto sobre la renta, el impuesto a la primera matrícula de vehículos y la ley aduanera nacional.

El proceso no resultó sencillo y fue precisamente la premura del oficialismo la que originó más dificultades.

La iniciativa se basa en la propuesta del Grupo Promotor del Pacto Fiscal, impulsada por el ex ministro de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight. No obstante, algunas modificaciones que se le hicieron dieron lugar a resultados diferentes, no tanto en la cantidad de recursos que se le proporcionan al Estado, como en quién los proporciona.

El anteproyecto del Ejecutivo había llegado al Congreso desde el 3 de febrero. Su importancia para el Gobierno hacía que la búsqueda inmediata de su aprobación fuera el escenario más probable. Sin embargo, existieron varios factores que apresuraron aún más el proceso.

La prisa

A finales de enero, la bancada de Libertad Democrática Renovada (Lider) anunció su intención de interpelar al Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y logró que el interrogatorio se programara para hoy, 16 de febrero. La Ley Orgánica del Legislativo les impide impide a las instancias del Congreso cancelar o posponer el interrogatorio sin el beneplácito de quien haya presentado la solicitud.

Una de las lecciones aprendidas durante legislaturas anteriores es que, si el partido que interpela así lo decide, las fases de preguntas pueden durar semanas enteras y estancar la agenda legislativa.

La posibilidad de que Lider entrampara las sesiones hasta estar cerca del descanso de Semana Santa llevó al PP a buscar la manera de agilizar los procesos necesarios, pero este no fue el único motivo de una aprobación acelerada.

El primer mes de gestión tuvo el sello de las aprobaciones de decretos por urgencia nacional. El Partido Patriota había logrado constituir en las primeras semanas de su gobierno, e incluso antes, una coalición sólida, rotunda y sin astillas, que funcionaba como un ariete: con más de 105 diputados era capaz de doblegar cualquier oposición y aprobar cualquier decreto. El procedimiento de urgencia nacional le permitía eludir los tres debates obligatorios a que se debe someter cada iniciativa en distintas sesiones y aprobarlas a su gusto gracias a la mayoría calificada que le otorgaba su alianza con Unión del Cambio Nacional (UCN) –un incondicional hasta anoche–, Visión con Valores (Viva), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), sumados al apoyo de una plataforma legislativa, un grupo de 42 diputados independientes liderados por el expresidente del Congreso Roberto Alejos, que apoyaba abiertamente la causa oficialista.

Pero hace un par de semanas, el 2 de febrero, el Partido Patriota encontró la primera muestra real de oposición en el Legislativo y se comenzó a sentir la posibilidad de que la alianza empezaba a tambalearse.

Consciente del riesgo que había de regresar del descanso de Semana Santa con la plataforma desintegrada y sin la posibilidad de obtener los preciados votos, el PP logró integrar la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda –presidida por un ex integrante del Frente Republicano Guatemalteco, Iván Arévalo– con una mayoría oficialista suficiente para emitir un dictamen favorable, y un conjunto de diputados de la UNE, el PP y la UCN, ex eferregistas escogidos por Arévalo.

Las inconformidades no se hicieron esperar.

La UNE había designado a Carlos Barreda, ex viceministro de Finanzas, como su representante, pero el puesto ya estaba ocupado por Mario Rivera. Arévalo asegura que su decisión se basó en que la solicitud del ex viceministro llegó después que la del otro uneísta, pero que no hay problema si Barreda quiere incorporarse, siempre que Rivera renuncie. La comisión también recibió críticas por no contar con la presencia de todas las bancadas, pues las de Encuentro por Guatemala (EG), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Winaq quedaron excluidas.

El tiempo corría contra las intenciones del oficialismo. Mientras algunos hablaban de la posibilidad de solicitar que se ampliara el número de integrantes, la recién conformada Comisión no perdía un segundo y el pasado lunes aprovechaba su primera reunión oficial para dictaminar a favor del proyecto para la reforma fiscal. Con ello se permitía que el pleno lo evaluara.

Y así fue. Al día siguiente, durante la sesión plenaria se presentó una moción privilegiada para que se conociera el contenido de un documento de 152 páginas, con 181 artículos que la mayoría de congresistas aún no había podido siquiera revisar.

Lider intentó frenar el ritmo que llevaba la sesión y recurrió a las prácticas habituales de pedir el micrófono y extenderse en sus disertaciones, pero el presidente del Congreso, Gudy Rivera, hizo uso de otras prácticas –aún más habituales durante el último mes–: restringir el tiempo de las intervenciones y negarles el uso de la palabra.

Cuando los diputados de Lider se vieron limitados, sacaron los megáfonos.

El sonido de cuatro sirenas al mismo tiempo acallaba la voz del secretario que buscaba inútilmente proseguir con la sesión. Los ánimos se sulfuraron en la medida que los diputados de Lider se acercaban a la Junta Directiva, mientras se quejaban a través de los megáfonos.

Aunque no llegaron a los golpes con los oficialistas, sí se dieron ligeros forcejeos entre ambas partes. Pero ni los señalamientos, insultos y empujones que marcaron la sesión del 14 de febrero impidieron que se siguiera adelante.

Durante unos segundos, ningún megáfono emitió sonido alguno. Fue tiempo suficiente para que se presentara una moción para declarar sesión permanente: la misma plenaria podía continuar, sin ser levantada, los días que fuera necesario para agotar los puntos incluidos en la agenda.

Con ello el PP se aseguraba al menos un día más, antes de la interpelación.

Ese día adicional se hizo inevitable cuando se vio que los consensos no eran suficientes y el Presidente del Legislativo se vio obligado a declarar un receso hasta el día siguiente a las 9:30 horas, no sin antes invitar a las bancadas que no lo habían hecho a enviar a sus técnicos a las mesas de discusión sobre el tema.

La mesa técnica…

Una ley de la relevancia de una reforma tributaria requiere de un análisis profundo sobre todas sus repercusiones, por lo que es de esperar que surjan muchas discrepancias al discutir cada uno de sus artículos. 

A la mañana siguiente, la del 15 de febrero, el Congreso recibió la visita de Pavel Centeno, el Ministro de Finanzas, que se reunió con miembros de varios bloques para discutir los detalles técnicos. El debate se centraba principalmente en las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La eliminación de la planilla del Impuesto al Valor Agregado que presentan anualmente los asalariados era uno de los puntos en discusión. Se señalaba que era uno de los aspectos en que más se afectaba a la clase trabajadora, que ya no podría deducir con sus compras el pago anual de ISR.

Una medida ya planteada en el dictamen original era que el mínimo vital ascendiera de 36 mil a 48 mil. O sea que quienes devengaran anualmente menos de esa cantidad no quedarían sujetos al pago del ISR (del 5 por ciento), que se recaudaría solo por el excedente de esa cantidad. Barreda, designado por la UNE para esa reunión, señalaba que aún era una carga muy dura para las personas con salarios ligeramente superiores a los Q4 mil mensuales.

Otra crítica era a la pérdida en recaudación que podía provocarse por quitarles a las personas el incentivo de pedir facturas, pero este señalamiento parecía no convencer a Centeno. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), decía el ministro, podía encargarse de este control.

“La fe que usted le tiene a la SAT es impresionante”, le respondió José Alejandro Arévalo, del Partido Unionista (PU) y uno de los artífices de la institución.

Finalmente se logró un acuerdo en el que los trabajadores podrán presentar hasta Q12 mil en facturas para deducir su ISR. Este impuesto se pagará de forma integra en los ingresos que superen los Q60 mil anuales. Además, la tasa aumenta a un 7 por ciento para quienes reporten más de Q300 mil al año.

Los diputados de Lider, UNE, EG, PU y Winaq que estaban en la reunión consiguieron otra victoria frente al ministro, la de eliminar las pensiones, jubilaciones y montepíos como hechos generadores de impuestos.

Pero con la Ley del Impuesto a la Primera Matrícula (Imprima) tuvieron menos suerte. La nueva Ley prohíbe la inscripción de automotores extranjeros livianos con un modelo de más de 10 años de antigüedad. Tras la plenaria, la prohibición se extendió a los vehículos chocados con un modelo de más de siete años de antigüedad. Según se les explicó a los diputados, por motivos ambientales.

Sin embargo a Luis Pedro Álvarez, de EG, le llamó la atención que Guatemala no es un país con altos índices de contaminación, pero sí de pobreza, y eso significa coartar la posibilidad de adquirir un vehículo a un precio más accesible.

La Ley de Actualización Tributaria también eleva en un 100 por ciento el impuesto de circulación que se paga anualmente. Según Barreda, es en este aspecto en el que más se afecta a los distintos estratos de la clase media.

Para el sector empresarial, la situación es diferente. A partir de que entre en vigencia la Ley, se les impondrá el pago de un 5 por ciento de ISR por los dividendos, pero se les reduce el gravamen por utilidades de las empresas del 31 al 25 por ciento. La previsión es que lo que se recaude de este sector no será muy diferente al que existe actualmente.

Aunque la UNE y Lider presentaron una enmienda para que la carga sobre los dividendos se aumentara al 10 por ciento, no tuvo eco en el resto de bancadas.

…y la mesa política

El tiempo que tomaba discutir cada artículo controversial en la mesa técnica hacía prever que habría que esperar todavía varias horas antes de reanudar la sesión en el hemiciclo.

En la sala, Centeno abandonaba con frecuencia su conversación con los diputados para hablar por teléfono en la habitación contigua –¿con quién hablaba?–. Al final, volvió a la reunión y, sin haber terminado de discutir todos los puntos técnicos que aún estaban pendientes, se dio por concluido el debate.

Varios diputados se veían aún inconformes, contrariados por la cantidad de temas pendientes y se tuvieron que conformar con que se les imprimieran las enmiendas consensuadas.

¿Qué había pasado para que se interrumpiera la reunión en la que se estaba decidiendo la evolución de la iniciativa de reforma y sin haber solventado las dudas, los diputados regresaran al Pleno a aprobarla?

La razón era sencilla. Había otra instancia de negociación promovida por el PP, una mesa de diálogo que, a puerta cerrada, avanzaba a mayor ritmo, a marchas forzadas para aprobar la iniciativa.

Esa era, como evidenciaron los acontecimientos, la mesa decisiva.

El Bloque Independiente y de la Gran Alianza Nacional (Gana) no participaron en la mesa técnica y sus dirigentes tampoco se encontraban en el hemiciclo, lo que daba los primeros indicios de una negociación paralela.

Ovidio Monzón, del bloque de Roberto Alejos, confirmó su existencia y aseguró que en esta también se discutieron las enmiendas planteadas por las bancadas. Aunque no dejó claro por qué era necesario discutir los mismos puntos en negociaciones diferentes. Lo que sí quedó claro es que fue el resultado obtenido en la discusión privada el que permitió reanudar la sesión y dejar inconcluso el debate técnico en una oficina cercana.

Cuando los diputados volvieron al hemiciclo el uso de megáfonos fue de nuevo insuficiente para evitar que se aprobara de urgencia nacional la ley y comenzara la lectura por artículos. Las intervenciones de Lider a partir de ese momento solo sirvieron para atrasar lo inevitable.

Las versiones de las bancadas opositoras acerca del repentino consenso alcanzado por el PP no hacen referencia a los acuerdos por las enmiendas, sino a prebendas políticas entre los bloques.

Mirza Arreaga, de Lider, sostiene que hubo beneficios en contratos del Estado y hasta un pacto sobre quién será el próximo Procurador de Derechos Humanos, pero se abstuvo de dar el nombre. Se mencionó también un acuerdo para la provisión de medicinas en beneficio de Gustavo Alejos, hermano del expresidente del Congreso, pero esta versión fue negada por el Bloque Independiente.

Cuando parecía que la reforma se encaminaba a su tramo final, algunos diputados de la UCN abandonaron el hemiciclo y la sesión se suspendió de nuevo. El partido dirigido por el jalapaneco Mario Estrada rompía así por primera vez su apoyo incondicional al PP.  Según algunos opositores, sus diputados se sentían descontentos porque a otras bancadas se les había favorecido en los acuerdos mientras a ellos, aliados clave hasta el momento, se les había pedido que se conformaran con menos.  Después de casi dos horas, los diputados de la UCN volvieron a la plenaria y se prosiguió con la lectura por artículos, que concluyó pasada la media noche con las enmiendas consensuadas.

La resaca de la aprobación

El nuevo decreto entra en vigor en 2013. La previsión original era que a partir de entonces se incrementaría la recaudación en cerca de Q4 millardos. Sin embargo, el uneísta Carlos Barreda calcula que tras de las enmiendas, el monto se redujo a cerca de Q3 millardos, con lo que Guatemala tendría una recaudación cercana al 13 por ciento del Producto Interno Bruto –aún muy inferior al promedio latinoamericano de cerca del 19 por ciento–.

Mientras el incremento esperado se alcanza al final del período, el PP tendrá que recurrir a bonos y préstamos para sufragar el funcionamiento de un Estado que constantemente enfrenta la falta de recursos para su funcionamiento.

Pero además, una ley de esta magnitud, aprobada en un período tan corto, no pasa sin dejar algunas consecuencias políticas para el partido de Gobierno, originadas en el enfrentamiento con algunos grupos políticos.

Las inconformidades manifestadas por EG se orientan a que no hay medidas de transparencia necesarias en una modernización tributaria de estas características, como la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito.

Además de coincidir con EG en que el problema no está en la reforma sino en la rapidez con que se aprobó sin poder conocer en detalle todas sus implicaciones. La UNE lamenta que no se incluyera la tributación internacional, que permitiría más control sobre las financieras off shore.

Lider agrega a estos planteamientos que se hacen muchos ajustes que afectan a la mayoría de la población, pero no se modifica nada relacionado con los contratos petroleros o la explotación minera. Sobre este último punto, el Ministro de Finanzas les aseguró a los diputados que hay un proyecto que se le entregará al Congreso el mes próximo. Centeno asegura que la palabra del mandatario es la garantía para que este ofrecimiento se cumpla.

Pero esa seguridad no convence a los diputados que tienen la posibilidad de llevar la discusión a las cortes judiciales. Luis Pedro Álvarez aseguró que evaluará la posibilidad de presentar un recurso contra las ilegalidades vistas durante todo el proceso que llevó a la aprobación de la Actualización Tributaria. La UNE se adelantó a sus intenciones y ya presentó un recurso contra la permanencia de Christian Boussinot en la Junta Directiva, pues aseguran que hay una prohibición legal por no formar parte de un partido político.

Lider también optó por la batalla legal, Pues Luis Chávez, uno de sus integrantes, interpuso esta mañana un recurso de antejuicio contra Gudy Rivera por ilegalidades en la forma en que condujo la parte de la sesión correspondiente al pasado martes, además de continuar la evaluación sobre otras posibles acciones con respecto a los acontecimientos de ayer.

Los puntos de vistas de los diputados es que un resultado favorable se puede llegar al extremo de que  la aprobación del paquete fiscal de anoche quede sin efecto.

El PP tiene a su favor en este momento haber logrado una de las tareas que más dificultades le auguraban y haber cumplido con ello a un compromiso adquirido por el gobernante con la comunidad internacional y la ciudadanía. Pero aún falta conocer si la reforma fiscal será aceptada por la mayoría de la población, y cuáles serán las repercusiones de las acciones tomadas para alcanzar este resultado.