En la víspera del 25 de noviembre, cuando se conmemoran las luchas contra las violencias hacia las mujeres, la defensora de derechos humanos Nanci Chiriz Sinto enfrentó otra forma de violencia de Estado. La mañana del 24 fue capturada arbitrariamente junto con Juan Francisco Monroy en el marco de una jornada que realizó el Ministerio Público (MP) relacionada con el proceso por el incendio del Palacio Legislativo el 20 de noviembre de 2020. Justo en la fecha del incendio circularon imágenes y videos que evidencian la agresión brutal de la Policía Nacional Civil (PNC) contra Nanci, quien escasamente logra protegerse de los golpes. Ella fue vapuleada y arrastrada por miembros de la PNC que también agredieron a otras personas.
En esa oportunidad, la intervención de la policía, comandada por el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, significó la mutilación de un ojo en dos jóvenes manifestantes, golpes y heridas a varios periodistas y la captura ilegal de 46 personas. Por estos hechos el MP no ha procesado a una sola persona pese a que la evidencia de la responsabilidad policial es abrumadora.
Nanci Sinto, ahora criminalizada en un proceso espurio, es una voz que resuena alto contra todas las violencias, en particular contra la de género y la racista. Es activa en la defensa y el ejercicio de derechos humanos. Es una joven mujer kaqchikel que a la vivencia del racismo estructural que enfrentan los pueblos mayas, garífuna, xinca y mestizo pobre de Guatemala suma hoy esta nueva agresión del Estado.
Eriza la piel saber que una de las evidencias presuntamente extraída de la vivienda de Nanci es un corte que visten las mujeres de su pueblo. ¿Pueden imaginar a un fiscal del MP mostrando a un tribunal el corte de una de una mujer kaqchikel como prueba contra ella? ¿Qué dirán de esa prenda en particular como presunta evidencia? En todo caso, si el traje de Nanci puede dar fe de algo es de los residuos de gases lacrimógenos lanzados en exceso por la PNC, de la sangre de sus heridas por los golpes recibidos, de la memoria de los gritos de quienes escapaban de la agresión policial. A fin de cuentas, ese traje solo podrá hablar de los siglos de discriminación y racismo, de misoginia y odio de clase.
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De acuerdo con una nota de prensa publicada el lunes, la fiscal que investigaba el caso pidió un peritaje sobre la eventual responsabilidad de las fuerzas de seguridad en el incendio del edificio del Congreso. Ese requerimiento profesional le valió que la jefatura del MP, detentada por Consuelo Porras, la transfiriera de puesto. Con ello, Porras impidió continuar con una línea de investigación que permitiría esclarecer por qué dentro del Palacio Legislativo, junto a las puertas, había toneles de agua y extintores de incendios. Podría también aclarar por qué había elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (FEP) dentro del Parlamento, quienes a pesar de tener equipo antidisturbios no reaccionaron desde el inicio del incendio.
El actual MP, bajo la mano destructora de Consuelo Porras, se colude con el sistema de justicia, el sistema político y el Ejecutivo para liberar a criminales corruptos y perseguir a quienes defienden derechos humanos. Ese es el caso de Nanci y de Juan Francisco, a quienes se captura para criminalizar en un proceso espurio, armado por el simple hecho de reprimir el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y expresión.
Bien lo dice en un tuit Juan Luis Font: «Lo que le ocurre hoy a Nancy Sinto es una advertencia clara y explícita para todos: como en la Nicaragua de Daniel Ortega, como en El Salvador de Nayib Bukele, aquí solo se puede estar con el poder o padecer las consecuencias».
De esa cuenta, al Estado mafioso en que el pacto de corruptos ha convertido a Guatemala habrá que gritarle el refrán «tras que me debes, me cobras», pues, lejos de procurar justicia para las personas agredidas, las criminaliza. Pero las y los delincuentes que hoy pretenden rompernos la esperanza más temprano que tarde pagarán sus crímenes contra la sociedad.
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