Bajo investigaciones impecables que conduce la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), trabajando coordinadamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), en 34 días han sido desmanteladas dos líneas de corrupción. La primera, enquistada en el sistema aduanero y de administración tributaria, que llegó hasta el despacho vicepresidencial y dio lugar a la salida de la titular de este, Roxana Baldetti Elías. La segunda, que puede llegar, incluso, al mismísimo despacho presidencial, enquistada en la estructura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Esta segunda era comandada por el militar defenestrado por golpista Juan de Dios Rodríguez, impuesto al estilo cuartelazo por el mandatario Otto Pérez Molina. La banda, capturada el miércoles, está sindicada de haber otorgado un contrato anómalo a una empresa a la cual se le pagó, con los recursos del IGSS, por la atención a enfermos crónicos renales. La corrupta acción de la empresa y de la institución del seguro social significó la muerte de varios pacientes usuarios del servicio. Es decir, a los delitos por los cuales ya se les capturó habría que consignar estos homicidios derivados de su acción criminal y comparsa para el robo.
Pero no es lo único atribuible a Rodríguez. En septiembre, la Convergencia por los Derechos Humanos denunció el uso de los recursos del seguro social para el pago de favores a las comisiones de postulación que integraron al Organismo Judicial. Sale a luz que en el negocio millonario desvelado aparece el hijo de la magistrada Blanca Stalling, presidenta de la Cámara Penal, que debe conocer los procesos por este caso.
Si bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un comunicado llamando a no litigar en los medios, es necesario resaltar que la magistrada Stalling debe abstenerse de continuar al frente de la Cámara Penal, e incluso de la CSJ, debido a su vínculo directo con uno de los sindicados.
El origen de los favores que ayudaron a elevar a quienes hoy administran justicia, así como los escándalos que envuelven al Ejecutivo y el descrédito y los escándalos previos en el Legislativo, son lo que marca el punto de quiebre en esta coyuntura. Y lo marcan porque, a diferencia de otras ocasiones, el pueblo, en su más variopinta conformación, demanda que el sistema sea depurado.
Pero esta depuración no podrá venir de los mismos implicados. Esta depuración solo podrá ser conducida por quienes hoy reclaman en las calles su derecho a la vida, al desarrollo y a la justicia. Esta depuración debe ser auditada por ese mismo pueblo cuyas esperanzas han sido robadas por quienes corrompen y son corruptos, por quienes evaden el pago de impuestos y se prestan para facilitar la evasión.
En las calles Guatemala ha dicho basta. Su voz se ha hecho escuchar, clara y contundente. De nada sirve una armadura legal ficticia si la soberanía ciudadana reclama un cambio. Sostener de manera artificial y necia un esquema cuya podredumbre apesta solo puede conducir al despeñadero. Producir el cambio bajo el paraguas del consenso real es la única alternativa que puede permitir remontar la crisis y sentar las bases para la arquitectura democrática.
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