Con el banderazo de salida para el evento electoral, la carrera arranca oficialmente. Y en la pista corren varios partidos, con altos niveles de dopaje. No se trata de un dopaje al estilo deportivo, en donde una sustancia en el cuerpo puede mejorar el rendimiento. En esta carrera electoral, el dopaje es más bien económico y de arreglos como bodas de conveniencia.
Una estrategia visible, es la de Vamos, el partido actualmente en el gobierno. Tal y como se aprecia, el oficialismo aspira a ganar cual etapas, no menos de 200 alcaldías en todo el país. Esta apuesta del partido de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez tiene como base la importancia del voto local para las alcaldías, con el respaldo a la candidatura presidencial. Al momento, varios alcaldes inyectados con la sustancia de la ventaja económica, han migrado del partido en el que fueron electos, a la cobija del partido oficial.
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De allí que como se planteó en medios de prensa, la ampliación presupuestaria y, sobre todo, las modificaciones a la ley de compras, buscan poner en la mano de dichos alcaldes, los fondos para lograrlo. La selección de los jefes ediles no ha sido dejada al azar. Se ha buscado alianza con aquellas alcaldías provenientes de municipios que tradicionalmente empujan el voto para listado nacional de diputados.
Dos alianzas más son visibles de cara al proyecto del partido en el gobierno por asegurar repetir en la presidencia o asegurar una bancada fuerte. Una es la designación de Luis Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos (USAC), que no es cosa menor. Suárez es un aliado incondicional de Walter Mazariegos, rector impuesto por fraude en la USAC y ex decano de la Facultad de Humanidades.
Dicha unidad académica tiene presencia mediante extensiones, en la totalidad de municipios del país. Ese mecanismo de despliegue ha sido vital, a lo largo de la historia, para que el conservadurismo se sostenga en la conducción de dicha facultad. De allí que en estos momentos sea un caudal disponible para Suárez y con este, para el partido de Giammattei.
El círculo de alianzas se estaría conformando con los supuestos ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Se trata de grupos ligados a estructuras paramilitares durante el conflicto armado interno, aunque en un alto número de casos, por razones de edad, buena parte de los mismos difícilmente fueron integrantes de las PAC.
Ya sea que la estrategia para repetir le funcione o no al partido oficial, es visible que le apuestan a garantizar una bancada fuerte en el Congreso. Misma que estaría buscando alianzas con más congresistas de otros partidos políticos y que en la actual legislatura han apoyado al oficialismo.
Si bien irán en partidos distintos, no buscarán colisionar en sus intenciones y se preparan para generar una especie de súper bancada del #PactoDeCorruptos. El financiamiento de capitales ilegales, como el del narco y sus estructuras, será pieza fundamental para este objetivo.
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Una parte esencial del plan trazado y que favorece no solo al oficialismo sino a sus aliados por la bancada del pacto, es la eliminación de sus oponentes. Mediante la criminalización, como las diez denuncias contra el diputado Aldo Dávila por ejemplo, se busca impedir competencia real que dispute las diputaciones. Al diputado Dávila, que ha incomodado al pacto y sus operadores, el mismo Giammattei le ha denunciado en dos ocasiones a fin de quitarle el derecho de antejuicio y, con proceso iniciado, impedir que se inscriba como candidato. Igual suerte correrían otros diputados, a quienes el oficialismo y sus aliados buscarían dejar fuera.
Y en ese interés, cuentan con la venia de un árbitro vendido como lo es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que no ha dado la mínima muestra de profesionalismo e imparcialidad. Más bien ha sido el garante de las arbitrariedades que anticipan un peligroso fraude y la instalación, al mejor estilo de Daniel Ortega, de una legislatura servil al interés de la corrupción y la impunidad.
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