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Totonicapán: 96 disparos sobre la carretera
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Totonicapán: 96 disparos sobre la carretera

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Seis fallecidos, catorce heridos de bala, 40 lesionados, seis mil manifestantes, dos camiones incendiados, 368 municiones faltantes, 96 casquillos recopilados, 12 fusiles confiscados y 9 militares detenidos… Por primera vez en 28 años de democracia, miembros del ejército de Guatemala podrían enfrentar un juicio por el asesinato de civiles.

En la carretera, Marcos Chun Sacul dejó 22 casquillos disparados por su arma. Felipe Chub Choc, 17 casquillos. Dimas García, 9. Abner Enrique Cruz Pérez, 15. Abraham Gua Cojoc, 1. Ana Rosa Cervantes, que compartió su fusil con Manuel Lima Vásquez, 25 casquillos en la carretera. Y Edin Adolfo Agustín, dejó 7 casquillos, uno de ellos alojado en el cuerpo de Santos Nicolás Hernández.

El coronel Juan Chiroy guía a su tropa frente al estrado del juzgado A de Mayor Riesgo. Son ocho soldados los que marcan el paso detrás de él. En conjunto, se trata de un grupo que camina meditabundo, lento, serio, con grilletes en sus manos. Lo que hoy se discute en tribunales, a causa de la investigación del Ministerio Público que los responsabiliza de haber matado a seis personas y de haber herido a otras  catorce, el pasado 4 de octubre, en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, durante una manifestación convocada por los 48 cantones de Totonicapán, es si estos militares deben enfrentar o no un juicio penal en su contra. A la tropa y el coronel se les acusa de delitos graves. Para este momento, todos los soldados (menos el coronel) han admitido haber disparado su arma en varias ocasiones, “no hacia la multitud”, han declarado, sino “en defensa propia y al aire”. Aquel día –4 de octubre–, al retornar a su base, se constató que faltaban 368 municiones de las 770 en las 22 tolvas que cargaban los soldados. Sus fusiles eran de alto calibre. La fiscalía ha acusado a los agentes de seguridad del Estado de Guatemala por los delitos de Ejecución Extrajudicial y Ejecución Extrajudicial en grado de Tentativa. En consecuencia se pedirá que sean juzgados.

Por eso, antes de que se le conceda la palabra a la fiscal, Aida Granillo, y tenga tiempo de argumentar sus acusaciones en contra del coronel y su tropa, el público y la prensa llenan la sala rápidamente. Hace calor debido a la concurrencia, varios grados más de lo normal. Todos han venido a la sala con el interés de escuchar al Ministerio Público y lo que tenga que decir sobre este caso en el que se acusa, por primera vez en 28 años de democracia, a miembros del ejército de Guatemala por el asesinato de civiles. Resulta un caso paradigmático. Esta mañana de febrero la fiscal Granillo debe probar y convencer a la juez, Carol Patricia Flores, de que existe evidencia suficiente para demostrar que los nueve militares acusados, excedieron su fuerza, abusaron de su poder y dispararon arbitrariamente en contra de la población civil manifestante. Así lo ha explicado la fiscalía.

Adentro, los familiares de las víctimas, también los  catorce heridos por arma de fuego y una decena de pobladores de Totonicapán, atentos, ocupan el ala derecha de la sala. El lado izquierdo, por otra parte, es dominado por algunos coroneles, parientes de los soldados, y varios amigos de los acusados que visten de civil pero que no pueden ocultar un corte de cabello estilo militar, al rape. A simple vista es fácil intuir que en esta sala hay dos grupos de personas que han vuelto a encontrarse, luego de cuatro meses, en un lugar distinto pero bajo una misma circunstancia. Militares y heridos escucharán de nuevo la hipótesis de investigación que recrea lo sucedido y su saldo: manifestantes y elementos de seguridad civil del ejército enfrentados en una carretera: seis muertos,  catorce heridos de bala, 40 lesionados, 6 mil manifestantes, dos camiones incendiados, 70 elementos de seguridad, 96 casquillos recopilados, 12 fusiles Galil 5.56 confiscados, y 9 militares detenidos.

Muchas veces, muchos acusados ante el tribunal juegan a modificar sus apariencias. Lo importante, sean o no lo que son, radica en lucir muy bien ante el juez. Quizás exista una mínima oportunidad para persuadir una decisión con esta estrategia. Nunca se sabe. Esto ocurre ahora en la carceleta del juzgado, en la que los militares lucen radicalmente diferentes a cuando presentaron las primeras declaraciones. En tanto esperan el inicio de la audiencia, se puede notar que los nueve sindicados han abandonado el uniforme militar verde olivo, sus botas negras y sus gorras de soldado. En cambio han optado por el saco y la corbata. Sentados en las frías bancas de metal, derechos como una vara, con sus rostros largos y serios, la jerarquía militar, no obstante, prevalece. El coronel Chiroy, con su torso grueso y un gesto que parece una pequeñísima sonrisa congelada, está al frente de la tropa. A su lado, el sargento segundo, Edín Adolfo Agustín, lo acompaña. En la misma fila, el cabo de seguridad, Dimas García Pérez, con su cara algo enjuta, mira fijamente la mesa de la fiscalía. Detrás, en la segunda fila de bancas de metal, están los demás militares, todos elementos de seguridad ciudadana, de bajo rango: Abraham Gua Cojoc, Abner Enrique Cruz Pérez, Marcos Chun Sacul, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Felipe Chub Choc y Manuel Lima Vásquez. Estos seis, a diferencia del coronel, del sargento y del cabo, no han podido cambiar el traje y la corbata que han vestido desde las últimas audiencias. El peso de tanta publicidad, las oleadas de fotoperiodistas que les apuntan con sus cámaras, el propio proceso y el no saber si irán o no a juicio todavía, se delatan acaso en sus facciones algo tensas y cansadas, y en algunos ceños fruncidos que no desaparecen en todo el día.

El espíritu de un debate

Como en todo caso, poco a poco, entre todos los participantes, se va reconstruyendo y desenredando algún acontecimiento. Ha habido cuatro audiencias previas a la discusión del día de hoy, y en cada una, la fiscalía, respaldada aunque no siempre por los querellantes adhesivos, ha ido ubicando algunas piezas de un rompecabezas todavía incompleto y muy complicado. El hecho es que todavía no es simple encontrar una línea narrativa sólida, precisa. Y cuando interviene la fiscal Granillo con la acusación esto último se vuelve evidente.

Granillo tiene una voz suave, pero sobre todo dubitativa. Se le nota nerviosa. Parece una pequeña adolescente insegura de sí misma cada vez que necesita dirigirse a la juez Flores y pedir la palabra. Durante las últimas ocho horas ha sido frecuente escucharla pidiendo a la juez que le explique cómo argumentar su acusación, en qué orden le parecería mejor presentar a los acusados, los hechos, las responsabilidades y los delitos; la fiscal recalca ante toda la sala que necesita ayuda, y la pide desesperadamente.

–Haga su trabajo. Yo no le puedo decir cómo debe hacer las cosas, señora fiscal. Ese no es mi trabajo –le responde, corrige y regaña la juez Flores.

Y en el momento de iniciar su acusación en contra de los sindicados la fiscal Granillo parece descompuesta. Hundida en su silla. Perdida en su papel acusativo ante un caso tan importante.

Los querellantes adhesivos: Carlos Calderón, el abogado de 48 cantones de Totonicapán, y Pedro García, el abogado de los catorce heridos y familiares de los seis fallecidos, contemplan atónitos a la fiscal del MP. Incluso el escrito de acusación está mal redactado. La fiscal Granillo, y sus auxiliares, Juan Pablo Amezquita y Moralia Chinchilla, han olvidado presentar acusación en contra de uno de los nueve militares: Edín Adolfo Agustín. Pasarán casi tres horas y media de audiencia para que la fiscal, objetada por los querellantes, regañada una vez más por la juez, enmiende los errores. La juez dice: “El espíritu de un debate radica en el escrito de acusación. Lo que ha hecho el Ministerio Público como el ente encargado de la investigación me deja fría”. Los abogados defensores y los acusados se limitan a sonreír. Hoy, apenas una hora después de haber iniciado la lectura de la acusación corregida, la juez le cortó la palabra al Ministerio Público y acabó la sesión del día. No hubo tiempo para que la fiscalía solicitara la apertura a juicio en contra de los nueve militares. Tampoco describir aquel 4 de octubre de 2012 en la carretera interamericana.

Los casquillos de la carretera

Como en toda historia existen personajes primarios y secundarios, y en esta sala de audiencias destacan los nombres de algunos soldados más que otros. Así Juan Chiroy Sal, Edín Adolfo Agustín y Manuel Lima Vásquez son los más repetidos durante la audiencia. Son destacados no únicamente por haber sido los únicos tres acusados por los delitos de Ejecución Extrajudicial y Ejecución Extrajudicial en grado de Tentativa, sino además por sus testimonios y declaraciones, y desde luego, por las pequeñas anécdotas que se dan alrededor de cada uno de ellos durante el 4 de octubre de 2012. A los demás militares apresados, a criterio de la fiscalía, únicamente se les ha imputado el delito de Ejecución Extrajudicial en grado de Tentativa. Eso a pesar de que en el testimonio de cada uno de los soldados, como objetó el querellante de la víctimas, Pedro García, se admite que todos dispararon. En la carretera, Marcos Chun Sacul dejó 22 casquillos disparados por su arma. Felipe Chub Choc, 17 casquillos. Dimas García, 9. Abner Enrique Cruz Pérez, 15. Abraham Gua Cojoc, 1. Ana Rosa Cervantes, que compartió su fusil con Manuel Lima Vásquez, 25 casquillos en la carretera. Y Edín Adolfo Agustín, dejó 7 casquillos, uno de ellos alojado en el cuerpo de Santos Nicolás Hernández. Los otros cinco fallecidos –Rafael Batz, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordoñez, José Eusebio Puac Ordoñez y Arturo Félix Sapón Yax– también murieron a causa de los proyectiles de arma de fuego. El MP, admite, localizó solamente 96 casquillos de las 368 municiones que hacían falta en las tolvas de los soldados. La fiscal Aida Granillo no da declaraciones al respecto.

Así, citando los nombres de los soldados, el kilómetro 170, la manifestación de los 48 cantones, entre testimonios de la Policía Nacional Civil y el ejército, y los informes periciales, balísticos y forenses, han transcurrido ya más de nueve horas del tercer día de audiencia. La fiscalía y los querellantes han tardado al menos cuatro horas evaluando los medios de investigación. Y luego la defensa, con siete abogados –Mario Cano, Fernando Gutiérrez, Jaime Zamora, Edgardo Enriquez, Rodolfo Calvillo, Marco Albeño y Hugo Marroquín– ocupó otras cinco horas para intentar refutarlos. El día 4 de octubre de 2012 ha sido reconstruido como una sola realidad aunque desde dos (y a veces tres) versiones diferentes, también con algunas coincidencias.

Un convoy que debía parar

Ese día, cerca de las 9:45 a.m., un convoy de la brigada de Policía Militar, con 70 elementos de seguridad distribuidos en dos camiones y un pickup, con 12 soldados armados con fusil para resguardo de los equipos antidisturbios, salió de la Guardia de Honor de la Defensa para brindar apoyo a las operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC). Todo el contingente, esa mañana, estaba a cargo del coronel Juan Chiroy Sal. Él iba en el pickup, al frente de los dos camiones. Según los querellantes adhesivos, la orden era llegar a la comisaría 72, en Sololá, y coordinar la operación con el subcomisario de la PNC, Hugo Catalán, 30 kilómetros antes del punto de manifestación. La fiscalía señala que el principal problema fue omitir esta orden. La defensa, no obstante, argumenta que en todo caso la falta de comunicación por parte de la PNC con el convoy fue la que estropeó el cumplimiento de toda la misión. Esta confusión, ese momento en que el convoy no consigue coordinar con la PNC y avanza, según todas las declaraciones, es el punto de inflexión para que ocurra el enfrentamiento entre los soldados y los manifestantes.

Pero, para entonces, cuando el convoy ya ha obviado el cruce hacia Sololá, surge otro testimonio. Esta vez es de un sub comisario de las Fuerza Especial de la Policía (FEP), Joel Cardona Chávez. El testigo ha dicho que tres kilómetros antes del lugar de manifestación, se intentó, inútilmente, detener al contingente del ejército. El pickup, los dos camiones, 70 antimotines y los doce soldados armados, continuaron su marcha. En ese momento faltaban apenas 15 minutos para que se detonaran las armas de los soldados. Y pasaba poco más de media hora desde que el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, había dado por cancelada la solicitud de apoyo del ejército.

Para desacreditar al oficial Cardona, el abogado de Juan Chiroy Sal, Mario Cano, y el abogado de Dimas García, Jaime Zamora, han elaborado un intrincado mapa de llamadas, en orden cronológico, acompañado de planimetrías y fotografías, con lo que se intenta ubicar, minuto a minuto, el convoy de los militares, al coronel Juan Chiroy Sal y sus intentos para coordinarse, esta vez segundo a segundo, con los agentes de la PNC. Sus argumentos, finalmente, consisten en que el sub comisario Hugo Catalán nunca respondió su teléfono celular. “Estaba almorzando”, dicen los abogados. “No había con quién coordinar antes de llegar al lugar de la manifestación”.

Y entonces llegaron.

Todos los acusados han declarado que la orden,  en el momento de detenerse, fue “desembarcar”. Juan Chiroy tomó esa decisión. La fiscalía ha dividido toda la escena en cinco cuadrantes. El cuadrante A es la zona de “desembarque”. Unos 32 casquillos de fusil fueron encontrados, unos cinco indicios de sangre fueron recopilados. Aquí inició la balacera. ¿Cómo comenzó? La fiscalía, la defensa, cada uno, tiene una versión distinta de la historia. ¿Quién lo provocó? Todos discrepan.

En este punto, la juez Flores ha escuchado las dos posibilidades.

Mueren seis, hieren a  catorce

La primera, según la fiscalía, se basa en la provocación de la presencia militar y las bombas lacrimógenas. Los líderes indígenas de los 48 cantones se acercaban para dialogar con los miembros de las fuerzas de seguridad cuando fueron atacadas. Y ante el ataque, una suma considerable de manifestantes empezó a defenderse. Los soldados reaccionaron disparando…

La segunda, según la defensa, también se basa en la provocación, pero también en el miedo, en el miedo invencible y en la defensa propia. Para los abogados defensores, las piedras, los palos, los golpes, empezaron a caer primero sobre los soldados. “Los soldados únicamente se defendieron”, indica la defensa.

Aunque no dice si disparando…

El público se mantiene atento. Se siente la tensión en una sala repleta de los heridos, de los militares, de las familias de las víctimas, de los protagonistas que fueron parte de aquel enfrentamiento. La versión de los soldados acusados, es simple, repetitiva, ensayada. Los nueve comparten el mismo argumento: Llegar, bajarse de los vehículos, ser dilapidados, verse acorralados, tener miedo, disparar al aire, buscar refugio en el fondo de una hondonada y huir.

De los hechos, los querellantes, tienen una cuarta versión. Y es esta: El ejército llega, el pick up se queda detrás de los camiones: los líderes de la manifestación intentan acercarse para dialogar con ellos. La gente, los manifestantes, quieren ser testigos del diálogo, y su movimiento en dirección a los camiones se intuye como una amenaza. Se escuchan las primeras bombas lacrimógenas. Los camiones intentan regresar. Pero es ya demasiado tarde para uno de ellos. Estamos en el cuadrante B que ha trazado el Ministerio Público. Allí queda una mancha de sangre en el asfalto, y ocho cartuchos de bombas lacrimógenas. La gente, dicen los querellantes, ha sido provocada. Se defienden. Tienen palos, algunas piedras. Y entonces se escuchan los disparos. Mueren seis, hieren a  catorce.

Pedir un juicio de debate oral implica desde luego una estrategia. Los abogados lo saben. Dan algo, al menos lo suficiente, pero nunca ofrecen todo por completo. Lo básico nada más para convencer al juez. Sucede igual en este momento, o debería suceder, se tienen las pruebas pero no se discuten a fondo. Se guarda lo importante para el final, para la fecha del debate. La juez Flores ahora debe decidir. Resolver, primero la apertura o no a juicio en contra de los militares. También, si le parece pertinente, tipificar los delitos de acusación. La defensa ha pedido el sobreseimiento para algunos, el delito de lesiones culposas para otros. O para el coronel Chiroy Sal, se ha pedido una reforma del delito, convertirlo en incumplimiento de deberes. Se ha pedido también que los querellantes adhesivos se abstengan de seguir participando en el proceso. Las alcaldías indígenas, en este caso los 48 cantones de Totonicapán, carecen de personería jurídica. La fiscalía mantiene la imputación por delitos de Ejecución Extrajudicial y Ejecución en grado de Tentativa. Y se ha dado una solicitud para que el Estado, por medio del Procurador General de la Nación, se haga responsable de todo lo sucedido. La juez, por lo complejo de todo el asunto, por la mala redacción del escrito de acusación, ante más de 368 medios de investigación, para resolver ha pedido un tiempo prudencial. El panorama no es claro todavía. Y la audiencia se ha vuelto interminable para Marcos Chun Sacul, Felipe Chub Choc, Dimas García, Abner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes, Manuel Lima Vásquez, Edin Adolfo Agustín y Juan Chiroy Sal. Deberán esperar un poco más.

Texto
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La fiscal Granillo, y sus auxiliares, Juan Pablo Amezquita y Moralia Chinchilla, han olvidado presentar acusación en contra de uno de los nueve militares: Edín Adolfo Agustín. Pasarán casi tres horas y media de audiencia para que la fiscal, objetada por los querellantes, regañada una vez más por la juez, enmiende los errores. La juez dice: “El espíritu de un debate radica en el escrito de acusación. Lo que ha hecho el Ministerio Público como el ente encargado de la investigación me deja fría”.
Las viudas de las víctimas asistieron a la audiencia.
La narración de los hechos provocó el llanto entre las viudas de las víctimas.
Los acusados llegaron vestidos con traje y corbata.
Las evidencias fotográficas de la defensa.
A la audiencia asistieron los soldados heridos en la manifestación.
La sala se llenó y muchos escucharon desde afuera.
El coronel Juan Chiroy.
Manuel Lima es quien aparece en la fotografía que recorrió el mundo.
Los acusados escuchan al Ministerio Público.
Abraham Gua Cojoc.
Los asistentes a la audiencia. Uno de ellos con una Biblia en sus manos.
Un miembro de los 48 cantones junto a su vara.
Las evidencias: Foto de Totonicapán protesta.
La jueza escucha a la fiscal del Ministerio Público.
La fiscal del MP, Aida Granillo, lee el escrito de acusación.
La fiscal titubea al plantear sus argumentos.
Aida Granillo trata de corregir el expediente.
La juez Flores llama la atención a la fiscal del MP.
La fiscalía olvidó imputar a uno de los sindicados.
En algún momento la fiscal se vio obligada a pedir ayuda a la juez.