Modificar la Ley de Servicio Civil para dar pie a modernas carreras especializadas en cada área del servicio público es posiblemente lo que rompería de tajo con el clientelismo y el tráfico de influencias, siendo por ello lo que más preocupa a la burocracia sindical progubernamental y, curiosamente, donde menos presión ha hecho la sociedad civil. Igual con la Ley de Compras y un poco más con la reforma judicial, donde el corporativismo de los distintos grupos de bufetes entrampan lo poco que se puede avanzar dentro de este modelo clientelista autoritario.
La gran mayoría de los interesados por reformar de algún modo el actual estado de cosas se lanzaron a promover reformas en el sistema electoral, posiblemente imaginando que es el punto de partida y lo que en la actualidad está más en cuestión. Pero no quisieron caminar juntos. Todos querían la foto y, aunque no confían en el Congreso y ponen a todos en el mismo canasto, llenaron la formalidad de presentar atentamente su propuesta cuidándose, insistimos, de ir cada quien por su lado para que los otros no les redujeran espacio en las lentes de las cámaras.
Primero fue el TSE en solitario. Luego, la USAC con relativo acompañamiento social. Propusieron casi lo mismo, pero querían fotos por separado. No quisieron trabajar en conjunto con el grupo de diputados que, rebeldes en su casa, luchaban por responder a la exigencia social con esmero porque, ¡chis!, qué va a decir la prensa. Esto, a pesar de que contaban con la asesoría de quienes por años han ido acompañando seriamente todos los intentos reformadores de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y son los que más saben del asunto.
Con sus intereses de por medio han facilitado el entrampamiento del proceso dentro del Legislativo, pues hay tres propuestas que deberán contar con su propia lectura e ir a parar, quiérase o no, a una comisión legislativa para unificarlas. Los cooperantes quieren que se haga rápido, pero ellos también llegaron separados para que en sus países y bancos sus jefes valoraran sus esfuerzos. Curiosamente, todas las propuestas enviadas se parecen enormemente, lo que justifica aún más nuestro reproche a la incapacidad de no buscar construir una propuesta común y a dejar la unificación en manos de una junta directiva y de una mayoría del Congreso marcadas por la corrupción y el clientelismo. Si desde la sociedad civil, la USAC y el TSE no se pudo organizar un diálogo con los trabajos de los diputados que proponen casi lo mismo, ¿por qué confiar en que lo hará un Congreso más que fracturado, particularmente en temas que por demás lo afectan, como la no reelección y el transfuguismo?
Con relación a que los comités cívicos puedan presentar candidatos a diputados, idea que unifica las tres propuestas, la mesa está servida para multiplicar casi exponencialmente el clientelismo y la corrupción, pues los gobernantes tendrán que negociar, para la aprobación de cada ley, con caciques locales que no necesitarán mantener disciplina partidaria y pondrán cada uno su propio precio. Ingenuidad y voluntarismo marcan esta propuesta, que solo en apariencia es de oro.
Con lo del voto nulo, la tela que cortar es también mucha, aunque tiene que ver más con estabilidad y desarrollo democrático que con corrupción. La propuesta del TSE dice textualmente, en su artículo 63, que propone modificar el párrafo segundo y adicionar un último párrafo al artículo 237 del decreto 185 de la Asamblea Constituyente que diga: «El voto nulo tiene validez jurídica a efecto de determinar la repetición de la elección». Líneas antes se había definido que «[...] será nulo todo voto que no esté marcado claramente con una X [equis], un círculo u otro signo adecuado; cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención del voto; o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras ajenas al proceso». Anteriormente, en el artículo 50 de su iniciativa de ley, donde proponen adicionar el artículo 203 bis a la LEPP, se establece que, «si en los sistemas de votación los votos nulos sumados en alguno de dichos sistemas fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponda y se repetirán estas, por única vez, debiendo los partidos políticos, y en su caso los comité cívicos electorales, postular otros candidatos a los cargos públicos correspondientes».
Tenemos, pues, que votos anulados en rechazo a los candidatos o por equivocación se meterán en un mismo saco, pero solo serán válidos si alcanzan la mayoría absoluta, siendo despreciables e inocuos si eso no sucede. Dejemos de lado lo utópico que resulta imaginar que, alcanzada la mayoría absoluta de nulos, los nuevos candidatos serán de mejores calidades que los rechazados cuando partidos y comités continúan siendo los mismos. Gudy Rivera en lugar de Mario David García, Villate en sustitución de Baldizón y Alejos en sustitución de Sosa son algunos reales ejemplos. Si en el primer turno presidencial esos nulos suman 49% del total de votos emitidos, de todos modos pasarán al segundo turno los candidatos que aún con muchos menos votos quedasen en el primer lugar y en el segundo. El fraude democrático estaría consumado, pues, aunque los nulos sean altamente expresivos, lo único que habrán hecho será favorecer a las opciones supuestamente rechazadas. La norma propuesta reproduce lo que hace algunos años fue aprobado en Colombia, donde se ha demostrado que aumentaron los nulos, pero no al extremo de invalidar una elección, lo que ha fortalecido a los partidos tradicionales.
Peor aún es el escenario si consideramos la elección de diputados de lista nacional, pues los votos nulos, si no son mayoría, solo vendrán a potenciar los pocos votos recibidos por otros. Los nulos no favorecen a un representante en particular, por lo que, al no ser mayoría absoluta, se quedarán sin voz en el Congreso. Y los escenarios pueden ser muchos más. Y como es de suponer que en los tres grupos de debates se discutieron seriamente estos asuntos, es de esperar que al menos en esta Plaza Pública podamos leer las argumentaciones teóricas y prácticas en favor de esta propuesta, que parece unificar a los expertos e interesados.
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