En nuestros días, las democracias no mueren bajo el estruendo de un golpe militar o de una revolución armada. La mayoría de los países del mundo tienen elecciones regulares y siguen las formas de la democracia, de modo que les permiten a líderes autoritarios llegar al poder por medio de las urnas, como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Vladímir Putin en Rusia y, más recientemente, Juan Orlando Hernández en Honduras.
El ingenio de los tiranos modernos está precisamente en que no han necesitado romper las instituciones democráticas del todo y en que han descubierto la manera de coparlas para que actúen a su favor y antojo. Estos esfuerzos por subvertir la democracia suelen ser legales en el sentido de que pasan por la aprobación de una legislatura o son sancionados por las cortes, pero de fondo son ilegítimos en su carácter restrictivo de las libertades mínimas. También se disfrazan de esfuerzos por mejorar la democracia, por lo que el público —e incluso las fuerzas políticas opositoras— a menudo no distinguen lo que verdaderamente está pasando hasta que es demasiado tarde.
Antes del ascenso de Hitler, por ejemplo, fue el sector conservador el que permitió el ascenso de este al poder, pues creía que podría controlar al inexperimentado canciller. Pero ya sabemos cómo terminó ese trágico episodio de la historia. En Venezuela, el presidente Rafael Caldera indultó a Hugo Chávez, capturado por su intento de golpe, creyendo que este no tendría forma alguna de llegar al poder por las urnas —cuánto daño habría evitado dejándolo seguir su debido curso en la cárcel—.
Este tipo de errores de cálculo ha llevado a muchas democracias a la tumba. Y en la respuesta que el gobierno de Jimmy Morales ha dado al avance de las investigaciones contra la corrupción es importante que quienes pelean por un país libre de impunidad, pero también donde se construya futuro a partir de la verdad, la justicia y la democracia, pongan todos sus esfuerzos en preservar el ideal liberal que da vida al sistema político.
Las últimas semanas arrojan señales sumamente preocupantes.
En primer lugar, el Ministerio de Gobernación está ahora a cargo de Enrique Degenhart. Él sustituyó a Francisco Rivas luego de que Jimmy Morales se molestara porque no fue alertado de la captura de su propio exministro de la Defensa, Williams Mansilla, en el caso del sobresueldo ilegal. En vez de permitir una investigación imparcial, como tampoco ha accedido a hacer en los casos que lo vinculan, Morales destituyó a un ministro que, en vez de serle incondicional, operó en estricto cumplimiento de sus funciones.
El Ministerio Público depende en gran parte de la coordinación con Gobernación para ejecutar órdenes de captura y allanamientos. Y desde el cambio de mando no ha habido comunicación entre ambas instituciones. Si estas actividades deben canalizarse a través del cuestionado viceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, esto eleva el riesgo de fuga de información clave para la aprehensión de responsables de delitos de alto impacto.
En el Congreso, la junta directiva encabezada por Álvaro Arzú Escobar fue elegida en dos ocasiones, aun cuando entre sus integrantes se encuentran Felipe Alejos, sospechoso de intermediar una red de corrupción en el sistema de devolución del crédito fiscal de la SAT, y múltiples allegados y excompañeros de partido de los presos del Mariscal Zavala, como Estuardo Galdámez. Desde allí intentarán impulsar una agenda para descarrilar el avance de la justicia. También han prometido frenar las importantes reformas institucionales para enderezar el camino, empezando por la reforma electoral.
El pulso se encuentra ahora en la Cancillería, cuya titular acudió a Nueva York en los últimos días para pedir la remoción del comisionado Iván Velásquez al frente de la Cicig, en un contexto en el cual también se está eligiendo a la nueva fiscal general para suceder a Thelma Aldana. En su intento de remover al comisionado o de revisar el mandato de la comisión para quitarle dientes o expulsarla del todo, el Ejecutivo no tiene empacho en considerar todas las opciones disponibles.
Si bien algunas de ellas son inviables a la luz del derecho internacional, como han explicado Alfredo Ortega y Arturo Villagrán en este medio, desde la alianza entre el Congreso y la Presidencia están barajando una serie de posibilidades que atentarían contra la sostenibilidad de un mínimo de espacio democrático: retomar las reducción de penas por financiamiento electoral ilícito o criminalizar la protesta y vigilar más de cerca a la sociedad civil, por no mencionar el intento de colocar en el Ministerio Público a un fiscal afín.
Los próximos meses se verá de qué está hecho este país. Está todo en juego.
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