El inquilino del despacho presidencial, Otto Pérez Molina, se sostiene en el cargo a fuerza del apoyo empresarial y en los hombros del embajador de Estados Unidos en Guatemala, cada vez con menos ministros de Gobierno. De hecho, varios de los que han dejado sus carteras corren riesgo de ser procesados por diversos delitos. Secretarios de Estado en igual situación y cada vez más funcionarios de alto rango están comprometidos en escándalos de corrupción de tal manera que, con tanta captura de redes corruptas en la administración pública, vamos a quedarnos sin burocracia.
En las primeras semanas de la debacle del gobierno del Partido Patriota (PP) parecía que los servicios de inteligencia estaban a la deriva y que cada instancia jalaba por su lado. Esto duró poco. Hace algunas semanas se evidenció un grupo de actores que opera con bajo perfil, pero que intenta sacar provecho de la situación. Enquistados en el sistema de seguridad, ya sea en posiciones de apoyo técnico o como asesores de alto nivel, buscan réditos políticos y económicos.
De esa suerte, una trinca integrada por un exministro de la Defensa, un eterno aspirante a fiscal general y un asesor civil del Ejército y del PP son, en estos días, los dueños de los hilos en el sistema. No funcionan en el marco de la ley que regula los servicios de seguridad e inteligencia. Operan en función de su interés económico y del interés de quien contrata sus servicios.
Fueron activos para organizar y ejecutar desalojos ilegales en La Puya y en el área ixil. Estuvieron tras la arbitraria acción de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de los manifestantes de San Juan Sacatepéquez retenidos al retorno a su comunidad el 13 de junio. Con recursos del Estado de dudosa utilidad, como las cámaras de reconocimiento biométrico, entre otros, han intentado armar redes de liderazgo social de protesta.
De hecho, uno de estos actores afirmó que habían logrado obtener las direcciones IP de quienes conformaban el movimiento #RenunciaYa. Es decir, se utilizan las instituciones y los equipos del Estado para espiar a la población. Espionaje de por sí ilegal, además de perverso y espurio. Este tipo de investigación únicamente puede realizarse por orden judicial y solamente lo puede llevar a cabo un equipo bajo la supervisión de tribunal competente. De esa manera, este grupito, fanático de las operaciones encubiertas, no es más que un trío de delincuentes a los cuales el Ministerio Público debe investigar y procesar.
Más aún cuando a los hechos ya planteados se suman las amenazas de muerte que se realizan contra quienes impulsan acciones legales contra la corrupción. Tal es el caso del diputado Amílcar Pop, que interpuso la demanda contra Otto Pérez Molina y dio lugar al proceso de antejuicio. O, peor aún, el caso de una niña, hija del director de la asociación El Refugio de la Niñez, a quien amenazaron de muerte por la vía telefónica. La amenaza, según la voz de quien la realizó, se hacía contra quien participaba en las manifestaciones frente al Palacio Nacional.
La Constitución Política de la República garantiza los derechos de asociación, reunión, manifestación, libre expresión y petición a las autoridades, todos los cuales han sido ejercidos por decenas de miles de personas que demandan juicio y castigo a los responsables de la corrupción y reclaman condiciones para poner fin a la impunidad. Las peticiones incluyen como requisitos la renuncia de Otto Pérez Molina, la reprogramación de las elecciones y la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estos derechos se ejercen legalmente y dando la cara, a diferencia de los titiriteros del terror, quienes, como durante la contrainsurgencia, se esconden en las catacumbas del sistema de inteligencia para espiar y amedrentar.
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