De distinto modo, los países de América Latina se encuentran cada vez más comprometidos en la geopolítica del narcotráfico. Sea por la violencia descontrolada que ocasionan los intentos de control fundados en una represión indiscriminada o sea por la profusión de casos de corrupción institucional relacionados a la política o el ejercicio del poder. O tal vez sea por la simple ineficiencia de las agencias encargadas de atacar el crimen organizado, los patrimonios ilícitos o las redes que abastecen a los traficantes de insumos químicos o armas, en la segunda década del siglo 21 vislumbramos una mayor presencia del narcotráfico en la vida de los latinoamericanos.
UNA ESTRATEGIA FRACASADA
Identifiquemos un conjunto de paradojas que surgen de la experiencia de los últimos 30 años. Un simple ejercicio hecho a partir de las cifras oficiales del último World Drug Report (UNODC) de 2012, nos permite demostrar los problemas estructurales que tienen las acciones concertadas para supuestamente, “terminar con el narcotráfico” en nuestros países, lo que no ha sucedido. Las estrategias no han tenido el impacto deseado. Hoy en día el narcotráfico es una industria ilegal que funciona aprovechándose del libre comercio, de la modernidad y de la tecnología. La asimetría de condiciones y precios impide resolver el problema y las políticas aplicadas hasta ahora han reproducido los problemas y los efectos no deseados: corrupción, violencia, ilegalidad.
Ante el fracaso es urgente producir cambios visibles y evidentes en las políticas públicas del futuro. Entre 1998 y 2008, la comunidad internacional agrupada en el sistema ONU (UNODC, Organización Mundial de la Salud, Comisión de Estupefacientes), inició un largo período de evaluación de las políticas multilaterales de lucha contra el narcotráfico. Esas jornadas reafirmaron el sistema de tratados existente, pero muy pronto se vio la necesidad de iniciar un periodo similar para el 2016. Los próximos intentos de exploración de reformas y de evaluación en ese período no pueden obviar lo urgente de los cambios.
LO QUE SE PRODUCE
Y LO QUE SE INCAUTA
Según los estándares de productividad generalmente aceptados, en las selvas de los países de la región andina amazónica se producen anualmente aproximadamente 1 mil 60 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína (al 60% de pureza) (año 2010). Y las Policías y Fuerzas Armadas del mundo en conjunto, con toda la tecnología y recursos disponibles, incautan aproximadamente 694 toneladas de cocaína anualmente (año 2010), lo que, sin duda, puede ser considerado un resultado de bastante eficacia. Esto significa que a los mercados finales llegan solamente 300 toneladas de cocaína al año. En esos mercados radican los 16-19 millones de personas que de acuerdo al World Drug Report, suelen comprar cocaína para su consumo, en sus distintas variantes: la OMS estima que existe un uso ocasional, un uso recreativo y un uso problemático de la cocaína y de cualquier otra sustancia ilícita.
Al analizar los resultados producción—incautación en términos empresariales, debemos saber que los traficantes que se encargan de la distribución y venta final de la droga en los puntos de consumo, realizan el denominado “corte” de la droga en dos o en tres partes, mezclándola con sucedáneos. Y así, esas 300 toneladas las pueden convertir en 600-900 toneladas de cocaína que se venden en calles, bares y barrios de las ciudades de los países del Norte y del Sur.
LA PARADOJA
DE LAS INCAUTACIONES
Con los “cortes”, a pesar de los 25 mil millones de dólares anuales que gasta Estados Unidos, país “ejemplar” en el compromiso de la guerra contra las drogas, no le hace ningún rasguño a la industria del narcotráfico, que con un simple manejo del contenido y pureza de la droga -que no repercute en los niveles de compra y de consumo- reemplaza la droga incautada con diversos sucedáneos: fenacetina, cafeína, levamisol, lidocaína y otros.
Así de frustrante puede ser el fracaso de un prohibicionismo fundamentado en la funcionalidad de sus tentáculos y que permite diversos modos de intervencionismo político, policial y/o militar en distintas partes del mundo. Esta cruel paradoja de la “guerra contra el narcotráfico” no es objeto de reflexión por los partidos políticos ni por los medios de comunicación oficiales, que como los del Grupo de Diarios de las Américas -que agrupa a 11 de los principales diarios del hemisferio, bajo una misma o similar política editorial en el tratamiento de temas complejos- alimenta sus titulares presentando con espectacularidad las operaciones de captura y decomisos.
LA PARADOJA DEL LIBRE COMERCIO
Cada vez más, el delito asociado a las actividades comerciales ilícitas crece en cantidad y calidad, precisamente cuando se cumple el 50 aniversario de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y cuando se han cumplido cien años de la Convención del Opio de 1912. Ahora, los traficantes dedican mayores esfuerzos a actividades que les permiten aprovechar los difíciles caminos y rutas que conectan la oferta y la demanda de drogas, armas, personas y capitales. Ante esto, las Policías han tenido que aumentar su trabajo para impedir estas ilícitas expresiones del comercio internacional.
Es, por decir lo menos, un contrasentido que esto coincida con las economías modernas del siglo 21, que multiplican los tratados de libre comercio y rompen las barreras arancelarias. Muchas veces las redes de traficantes de drogas o de productos ilícitos se ven beneficiadas por los instrumentos y mecanismos que liberalizan el comercio de bienes y servicios.
Ésta es otra de las paradojas visibles en la guerra contra las drogas que se libra en todo el hemisferio occidental conducida por los estrategas del Pentágono y del Comando Sur, con la complicidad de la Junta Interamericana de Defensa, y la antigua Escuela de las Américas, hoy denominadaWestern Hemisphere Institute for Security Cooperation.
LA PARADOJA DE CADA VEZ
MÁS MILES DE PERSONAS INVOLUCRADAS
Gracias a los mayores controles diseñados el narcotráfico ha mutado en sus formas de proceder para poder evadirlos. Y así ha sucedido en todas las fases del proceso: hay mutaciones en la producción, el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, los grandes traslados y la distribución final. Hoy en día, las grandes estructuras empresariales de traficantes han permitido la “tercerización” de cada uno de estos eslabones, trasladando a terceros los riesgos mayores en las distintas fases de producción de la cocaína.
Si cae un pequeño transportista no tiene por qué hacer caer al empresario encargado de la exportación de la droga. Lo mismo ocurre con miles de “mulas”, “burriers”, “paqueteros”, “raspachines”, “traqueteros”, “cargachos” y un sinfín de personas, migrantes, jóvenes , desempleados, que terminan llenando las cárceles latinoamericanas. Se trata de sujetos absolutamente reemplazables en el mercado de lo ilícito. Como afirma Xavier Andrade: La satani¬zación de las drogas en el plano del discurso político y de las relaciones internacionales ha tenido entre sus principales efectos el privilegiar las acciones represivas sobre determinados actores constitutivos del narcotráfico”.
Por cada uno que cae en manos de la Policía se encontrarán cuatro o cinco dispuestos a tomar el relevo para obtener el pequeño beneficio de su participación. Es ésta la tercera gran paradoja: el narcotráfico es un negocio que expone a miles de actores sociales, pobres y económicamente reemplazables, que llenan las estaciones de Policía, los tribunales, los centros terapeúticos y las cárceles.
Lo mismo podemos señalar del fenómeno de lavado de activos, toda vez que las transacciones en billetes o monedas de pequeña denominación requiere de novedosos mecanismos para obtener estándares de legalidad financiera. Originalmente, los lavadores de dinero usaron el sistema financiero y los paraísos fiscales. Ahora hacen uso de todo tipo de mecanismos. El Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2008 decía que el lavado de activos como consecuencia de todo tipo de transacciones ilegales, oscilaba anualmente entre el 3 y el 5% del PIB mundial, lo que representa un monto de 2.1 a 3.6 trillones de dólares.
Por todo esto es muy importante volver a dibujar los marcos teóricos y fácticos que determinan la actual composición del fenómeno del tráfico de drogas para que puedan alimentar adecuadamente las políticas públicas del futuro. En circunstancias en que la comunidad internacional en todos sus niveles parece estar emprendiendo la tarea de explorar alternativas a las actuales políticas prohibicionistas es necesario reconsiderar esta cuestión: ¿Qué es posible proponer hoy, modesta y oportunamente, en materia de regulación de los mercados de cocaína?
POBREZA RURAL Y DROGAS:
UNA TENDENCIA CRECIENTE
Son muchos los componentes que comprenden este circuito económico ilegal, como es variada la comunidad de actores que participan en él o en su represión. La panorámica del tráfico de cocaína desde América del Sur es cada vez más compleja. En esta segunda década del siglo 21 podemos identificar algunas tendencias que van delineando los nuevos elementos que configuran este fenómeno global en México, Centroamérica, el Caribe, la región andina y el Cono Sur.
Las sociedades rurales del Tercer Mundo han encontrado la manera de adecuarse a los nuevos tiempos de la globalización integrándose al circuito del libre mercado con su incorporación a economías agrarias ilegales. Éste es el caso de no menos de 300 mil campesinos de los Andes sudamericanos que participan como proveedores de materia prima: coca (200 mil hectáreas), amapola (1,500 hectáreas) y marihuana (no menos de 1 mil hectáreas). Proveen los mercados regionales internacionales. Cada vez más, la hoya amazónica se verá confrontada con una progresiva y desordenada colonización incentivada por las economías ilícitas, lo que va a ocasionar, no sólo su rápida destrucción, sino el involucramiento progresivo de sus sociedades rurales ancestrales en esta vorágine asociada a la criminalidad.
Después de 25 años de discusión y debate, las relaciones entre pobreza, marginación, conflicto y narcotráfico son más que evidentes. A guisa de ejemplo, y a pesar del Plan Colombia (2000-2005) y de los severos golpes propinados a las FARC por sucesivos gobiernos colombianos, el no haber abordado los problemas de concentración de la tierra y la existencia de mafias locales, ha impedido resolver los problemas estructurales que permiten y facilitan la existencia de las FARC como alternativa para el campesinado. En el caso colombiano esto ha producido una agudización del conflicto y el involucramiento de nuevos actores locales y regionales -es el caso de Ecuador, Venezuela o Perú- a través de la “securitización” y militarización de los más de 6 mil kilómetros de fronteras que tiene Colombia con países vecinos.
Algo similar ocurre en el Perú. En 1980 surgió el grupo terrorista Sendero Luminoso y tras veinte años de una cruenta guerra interna, su líder, Abimael Guzmán, cayó prisionero. Dieciocho años más tarde, el Perú pasa por un período de crecimiento económico sostenido y de estabilidad financiera que se deja sentir particularmente en la angosta franja de la costa peruana (Lima, Trujillo, Arequipa y Piura), mientras que las comunidades indígenas y nativas de la Sierra andina y la Selva Alta conservan niveles muy inferiores en términos de desarrollo humano.
¿ES EXITOSA LA ERRADICACIÓN COMPULSIVA?
Curiosamente, en los dos principales valles de producción de coca asociada al narcotráfico sobreviven las dos vertientes de Sendero Luminoso que mantienen su enfrentamiento con el Estado neoliberal representados por las administraciones de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2012-...). Esta guerra persiste encapsulada, mientras que las condiciones sociales y económicas que la originaron se mantienen intactas, incluso más polarizadas por la concentración de la tierra, la llegada de capitales extranjeros y la presencia de monocultivos y biocombustibles, en desmedro de las pequeñas producciones campesinas.
Mientras no se aborden los problemas estructurales de la pobreza rural, las políticas basadas en la erradicación compulsiva de los cultivos ilícitos de coca son inútiles y nefastas. Durante nuestra experiencia como Presidente Ejecutivo de DEVIDA, promovimos por primera vez en la historia peruana una suspensión unilateral de erradicación de cultivos (5 de agosto 2010), que fue duramente atacada por la prensa y por seudoanalistas locales. Cuando fundamentamos nuestra acción, que fue respaldada por el propio Presidente de la República, dijimos que confiábamos más en el concepto de reducción de cultivos, que comprendía el abandono, la sustitución, la erradicación voluntaria y la forzosa.
En el año 2000 había en Perú 30 mil hectáreas sembradas de coca. En la siguiente década, el CORAH, instancia del Ministerio del Interior dependiente de la NAS (Narcotics Affairs Section), dependencia de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, erradicó más de 100 mil hectáreas de coca. En 2012 había 62 mil hectáreas sembradas de coca. ¿Se puede calificar de éxito esta política? He ahí un enorme reto para los próximos ejercicios de evaluación que se realicen.
UN PROCESO CADA VEZ MÁS FRAGMENTADO
Y CÁRCELES CADA VEZ MÁS LLENAS
La permanente fragmentación/segmentación de cada una de las fases del proceso de producción de cocaína es una variable que caracterizará al narcotráfico en los próximos años. Desde el cultivo de plantas prohibidas hasta la exportación de sus productos finales, el proceso no sólo distrae los esfuerzos estatales de interdicción, sino que permite una creciente participación en el circuito ilícito a grupos socialmente vulnerables o que resultan excluidos del modelo económico global (jóvenes, migrantes, mujeres, provincianos). Es el caso de los miles de migrantes sudamericanos que en su periplo migratorio hacia el Norte desarrollado son objeto de chantaje o amenaza por grupos de traficantes que les exigen el trasiego de pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos.
En los próximos años el tránsito de pequeñas cantidades de drogas resultará el mecanismo más eficaz y menos costoso para el crimen organizado. Empleará ingentes cantidades de “mano de obra” y distraerá los escasos recursos del control estatal. Este flujo humano pareciera ser incontenible a pesar de los intensos esfuerzos por blindar la frontera con México con militarización y por los obstáculos a la reforma migratoria en Estados Unidos.
La incapacidad penal de los Estados en focalizar su atención en la complejidad del crimen organizado hace que se incremente, tanto el letargo judicial como el hacinamiento carcelario de los actores más vulnerables, como lo demuestra el incremento de la población carcelaria por delitos de drogas, especialmente mujeres, en una nueva expresión de la feminización de la delincuencia. Con la represión indiscriminada de las policías, la industria de las cárceles se va a ver beneficiada de un mayor gasto en la construcción de infraestructura penitenciaria. Actualmente, los países de América Latina atraviesan una oleada que impulsa la privatización de las cárceles para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles. Los propietarios de estas cárceles privadas tendrían mano de obra barata... ¿Renunciará el Estado a su deber de “rehabilitar”?
NUEVOS ESCENARIOS
DONDE CONVIVEN LO LEGAL Y LO ILEGAL
En este nuevo escenario sociológico de la economía de las drogas hay mayores áreas geográficas sin presencia del Estado ni de la modernidad, tanto en lo urbano (barrios marginales de todas las capitales y ciudades principales), como en lo rural, especialmente en áreas de frontera como es el Trapecio Amazónico por donde discurre el río Amazonas, desde las selvas del Putumayo o el Huallaga hasta Belem do Pará en las costas que miran a África Occidental.
Los grandes centros de desarrollo y modernidad urbanos del continente estarán rodeados de inmensas llanuras de pobreza, de ilegalidad y de violencia en las fronteras de la Hoya Amazónica, en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Lo mismo sucederá en las selvas tropicales del Pacífico colombiano y ecuatoriano. Se configuran así nuevos códigos donde se mezclan los principios liberales de mercado coexistiendo con reglas que ordenan y protegen las actividades ilegales, como ocurre entre las estructuras organizadas del Comando de la Capital o Comando Vermelho en Río de Janeiro, o en las BACRIM de las comunas de Medellín: “la Oficina de Envigado”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”.
El mapa actual de la ilegalidad y la criminalidad en América Latina incluye hoy a pandillas, mafias, grupos paramilitares, grupos de seguridad privada y otros de menor nivel. Todos suelen interactuar respetando sus espacios de control territorial. Es el caso de Bogotá, donde la Policía considera existen 500 “ollas” (lugares de expendio), constituyendo una compleja red de microtráfico. Emporios comerciales y de transporte como Buenaventura (Colombia), Paita (Perú) o Guayaquil (Ecuador) se convierten en espacios donde se mezcla lo legal y lo ilegal.
En lo urbano es donde estas estructuras se presentan de forma más manifiesta. Es el caso de las comunas en la ciudad de Medellín, la “favela” de Rocinha en Río de Janeiro, el Bronx en Bogotá, las villas miseria del Gran Buenos Aires, la ciudad satélite de El Alto en Bolivia -que alberga a la población obrera trabajadora de la capital política del país- o los barrios jóvenes del puerto del Callao en el Perú, donde se enfrentan intereses delincuenciales concretos, ante la escasa capacidad de policías y fuerzas armadas para establecer los estándares propios de un régimen de derecho donde funcionen sus principios generales y los Derechos Humanos en su totalidad e integralidad.
Todas estas experiencias no se encuentran tan lejanas de la idea de Estados fallidos con la que se identifica a Corea del Norte, a Afganistán, o al Irak de Sadam Hussein. Los “espacios liberados” de la autoridad estatal crecerán en América Latina con la presencia de cientos de “firmas”: pequeños carteles, pandillas y otro tipo de organizaciones criminales de tamaño reducido, asociadas al tráfico de drogas ilícitas. En Colombia se les ha dado denominado BACRIM (Bandas Criminales Emergentes) y se ha discutido incluso la idea de utilizar la fuerza militar y las reglas de la guerra para combatirlas. La interrogante es: ¿Hasta qué punto podrán convivir los dos regímenes: el formal, civilizado y jurídico, y el informal, ilegal y violento, por denominarlos de alguna manera?
EL FIN DE UN CONSENSO
¿Y EL FINAL DE UNA GUERRA SIN SENTIDO?
La disminución de la cooperación económica internacional de Europa, de Estados Unidos y de los organismos internacionales, que sustentó durante muchos años la guerra contra las drogas en sus distintas modalidades, es cada vez más notoria -salvo iniciativas puntuales como la de Mérida en México o la de Colombia, que enfatizan la interdicción y el tratamiento policial internacional-, originando la muerte por inanición de organizaciones formales como la CICAD (Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas), del sistema interamericano de la OEA, con mandato de trabajar este problema de forma multilateral, o como la UNODC, que durante décadas monopolizaron el abordaje multilateral de este problema, aunque reproduciendo sus problemas y contradicciones.
Quedan así sin posibilidades reales los esfuerzos de desarrollo alternativo que se realicen en el piedemonte amazónico. Mientras en el comercio internacional se mantengan los términos de intercambio de forma tan notoriamente diferenciados no será posible que los productos del Sur compitan con los precios de las drogas por su ilicitud. Es el caso del café, del cacao, de la palma aceitera entre otras producciones. Ésta es la gran paradoja que permite el éxito de los cultivos ilícitos frente a cualquier otro producto “de pan llevar”.
En definitiva, esta situación representa la fractura definitiva del denominado Consenso de Viena, que funcionó en el marco de los tratados internacionales antinarcóticos desde 1912 y en 1961, 1971 y 1988. Durante los últimos cien años la comunidad internacional se acostumbró a legitimar cada año ese consenso, sin discusión alguna, impidiendo cualquier tipo de reforma: ni la reducción de la oferta, ni la de la demanda, ni el tratamiento dado a los insumos químicos, ni un debate sobre los modelos de prevención primaria o secundaria, menos aún sobre los tratamientos a las adicciones.
Cada año, con su voto, los países latinoamericanos contribuyeron a mantener incólume este consenso. Sólo a partir de 2009 empezamos a ver síntomas de fractura con las posiciones de gobiernos como el de Uruguay, el de Bolivia y el de Guatemala. El mantenimiento de un consenso que se dirige obviamente al fracaso obliga a los Estados nacionales a comprometer recursos financieros más escasos o a dejar las estrategias locales supeditadas a acciones más simbólicas y menos eficientes.
En este contexto, está claro que los países de América Latina debemos revisar nuestro modelo actual de intervención, los paradigmas y estrategias disponibles, así como las políticas y leyes sobre drogas, sobre la base de lo que es posible, verificable y medible. En los últimos años hemos estado sometidos al análisis y a la información de una sola fuente y a una sola metodología (ONU/Departamento de Estado de Estados Unidos), lo que no se aviene ya a la realidad multiforme que ocurre en los valles y las calles latinoamericanas.
Debemos poner fin a una “guerra sin sentido” propagada desde el Norte para volver a nuestras raíces estructurales, a nuestros verdaderos problemas de pobreza y exclusión asociados al uso y producción de sustancias ilícitas, tanto en los campos como en los barrios de nuestras grandes ciudades. Esto pasa también por redefinir los términos de intercambio y de negociación internacional con Europa, Asia y Estados Unidos. Los actuales instrumentos de intercambio comercial han obviado incluir debidamente el tema de las drogas en su relación con los productos agrícolas que pudieran ayudar a competir con el cannabis, la coca o la amapola.
NUEVOS PATRONES DE CONSUMO
Y RUTAS CADA VEZ MÁS EXTENSAS
Los patrones de consumo de drogas son imprevisibles ante las nuevas generaciones de jóvenes, mientras que las políticas oficiales son inocuas en su capacidad preventiva y/o disuasiva, porque terminan por negar respuestas concretas a las nuevas generaciones que buscan productos que les permitan satisfacer sus necesidades de tranquilizantes o de estimulantes. Las nuevas generaciones de latinoamericanos viven dentro de un modelo que alienta el consumo exacerbado de un amplio abanico de sustancias con capacidades psicoactivas disponibles en los mercados. El precio seguirá bajando y la calidad seguirá subiendo: ésta parece ser una tendencia indiscutible.
La incoherencia institucional de los Estados ante el uso descontrolado del alcohol y del tabaco, productos de los que obtienen pingues beneficios tributarios, surte efectos en el nicho de las sustancias ilícitas, tanto las de origen natural como las de procedencia sintética. Las tendencias sobre prevalencia del consumo de alcohol y de tabaco indican que en ambos casos superan el uso de sustancias ilícitas. Tanto el alcohol como el tabaco tienen repercusiones más graves para la salud humana.
El abuso de drogas ilícitas muestra cifras crecien¬temente alarmantes en el Cono Sur y en determinadas megaciudades de América Latina. Las tendencias recientes indican que está generándose un corredor estratégico que, partiendo de la región del Valle del río Apurimac -principal región productora de coca en el Perú- cruza las selvas de las regiones de Cusco y Puno (sureste peruano), los territorios del Oriente boliviano (Beni y Pando), dirigiéndose a las grandes urbes de Sao Paulo y Río de Janeiro, con poblaciones en esta ruta que en conjunto alcanzan más de 30 millones de habitantes. A través de este inmenso corredor cruzan intermitentemente redes, convoyes de personas que, bajo distintas modalidades, son pagadas para llevar droga -más frecuentemente, pasta base de cocaína-, armas e insumos químicos, bajo distintas modalidades.
TAMBIÉN EL LAVADO DE DINERO
Con respecto al lavado de dinero, estamos en una situación en la que, tanto la expansión económica de algunas economías en desarrollo como los propios períodos de crisis, hacen posible y menos identificable la existencia de múltiples mecanismos que permiten el flujo de capitales sucios o sospechosos. Las modalidades de lavado han crecido más de lo que preveía el GAFI o el Grupo de Edmonton. Tenemos la presencia de compañías secretas, no registradas, que proveen servicios considerados secretos en espacios de secretismo en los paraísos fiscales. Actualmente, actividades lícitas como el auge de la construcción, el impulso al turismo y la industria hotelera, el incremento del sector exportador, son actividades que en América Latina son frecuentemente penetradas por el narcotráfico, haciendo aún más difícil a las autoridades el trabajo de detección y de sanción.
ES IMPERATIVO CAMBIAR
Las paradojas y las tendencias actuales perfilan las nuevas formas que adquiere el narcotráfico en los territorios de América Latina en la segunda década del siglo 21. Se trata de una guerra de baja intensidad, que debilita las democracias, que tiene varias contradicciones con el libre comercio formal y que afecta a los sectores sociales más vulnerables. Nuevas instancias, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), están obligadas a tomar en cuenta estas características al momento de discutir las nuevas estrategias y políticas para abordar nuestros complejos problemas.
Uno de los objetivos del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, creado el 4 de mayo de 2010 en el marco de la UNASUR, es contribuir a la construcción de una identidad suramericana en la materia. Si de eso se trata, qué duda cabe que ante la complejidad de los retos, dilemas y características, es imperativo cambiar de enfoque, cambiar de paradigma y cambiar también de instrumentos operativos.
* Publicado en Envío, noviembre de 2013.
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