El 2 de noviembre el señor Ricardo Méndez Ruiz Valdés presentó una querella judicial contra sus pretendidos secuestradores en junio de 1982. Al revisar la lista de los supuestos 26 implicados en ese delito no pueden soslayarse hechos que resultan incoherentes. El primero de ellos es que el querellante afirma que dos organizaciones clandestinas fueron las causantes del secuestro y cautiverio que sufrió durante 50 días en aquellos momentos. Al saber los nombres de dichas organizaciones cualquiera que tenga algún conocimiento de la insurgencia guatemalteca, como estimo lo tienen los asesores de Méndez Ruiz Valdés, saben que esta alianza era sumamente improbable en aquellos días.
Ambas organizaciones tenían profundas diferencias políticas e ideológicas y la cúspide del Ejército Guerrillero de los Pobres estaba empeñada, en aquel momento, en relegar si no es que liquidar políticamente a la del Partido Guatemalteco del Trabajo. La propia constitución de la URNG en febrero de 1982 se hizo integrando a una disidencia del PGT y convirtiéndola en la representante legítima de dicho partido. Esto lo sabe cualquiera que haya estado medianamente informado de los avatares del movimiento revolucionario. Con mayor razón los exmilitares agrupados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), todos ellos avezados contrainsurgentes y por tanto conocedores de las a menudo virulentas pugnas dentro de la izquierda clandestina y revolucionaria. ¿Cómo podrían haberse aliado dos organizaciones que eran acérrimas adversarias para secuestrar a Méndez Ruiz Valdés?
Otro hecho que llama la atención es que el listado que ofrece el querellante incluye a siete personas que ya han fallecido y uno más que tiene más de 15 años de haber sido desaparecido. Por lo tanto resultan inimputables del delito cometido. En uno de los casos la demanda pone el nombre incorrecto mezclando el seudónimo que usaba dicha persona con su nombre real. En varios de los casos de los nombrados por el demandante se trata de personas que habían salido del país y se encontraban viviendo en el exilio en México y en otros países dedicados a promover la solidaridad internacional contra la dictadura militar. Me consta personalmente que este es el caso de los sindicalistas Miguel Ángel Albizúrez e Israel Márquez. Hay que agregar también que exponer que su secuestro fue “una desaparición en grado de tentativa” para que no prescriba el delito de que fue víctima Méndez Ruiz, resulta difícil de probar en tanto que según recuerdo haber leído el cometido del secuestro era la publicación de un manifiesto político.
Pareciera pues que el cometido de la demanda judicial no es que se haga justicia sino provocar un efecto político. Los nombrados en la lista de los 26, estén muertos o vivos, resultan ser sindicados de terroristas. Y eso me recuerda las listas de amenazados de muerte que se elaboraban desde los órganos represivos en los años negros de la guerra sucia en el país. El que se nombre a la hermana del presidente Colom entre los implicados tiene una clara intencionalidad política. De igual manera la inclusión de parientes de la Fiscal General de la Nación. Como lo dice el demandante: “Tengo el derecho de que se procese a los terroristas que en 1982 me secuestraron, y también vengo a emplazar a la fiscal Claudia Paz y Paz, para ver si ella es capaz de procesar a dos primas suyas y a la hermana del Presidente de la República que tuvieron que ver en mi secuestro de forma directa”. Es claro que el propósito de la demanda no es la búsqueda de justicia sino el inicio de la guerra a la que el próximo gobierno someterá a la Fiscal General.
Pero la intención de todo esto va más allá de este interés coyuntural. Está vinculado a la lucha entre la memoria y el olvido de los crímenes de lesa humanidad cometidos fundamentalmente por las agencias del Estado guatemalteco de aquellos años. Poner a las guerrillas y al Estado como dos demonios igualmente perversos, o a la contrainsurgencia como víctima, no es otra cosa que tapar el genocidio con un dedo.
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