Dejemos en claro que la guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida. Decenas de miles de muertos en años recientes tan solo en México y en Centroamérica, violencia, tráfico de armas y otros gravísimos efectos sociales demuestran que la vía para reducir las adicciones no es policial ni militar. La política pública debe orientarse a la salud y a la gubernamentalidad basada en datos comprobados. En ese marco, la despenalización de la marihuana es un acto para quitarle un negocio a los narcos y producir ingresos para el Estado en un marco regulado y con muchos retos por delante, pero en la dirección correcta.
Recordemos que en los Estados Unidos, después de décadas de combate policial de la producción, la comercialización y el consumo de drogas ilegales, está ocurriendo la despenalización del cannabis en varios estados. En México se tomó recientemente el camino correcto: despenalizar un tipo de droga cuyos efectos negativos son, en pocas palabras, mucho menores que los del alcohol y el tabaco, otras drogas que causan muerte y sufrimiento, pero que no generan persecución porque son legales.
¿Qué hay de la cocaína, la heroína, las nuevas drogas sintéticas y otros fármacos legales como los analgésicos y los narcóticos? ¿Qué hay del consumo adictivo del azúcar, que causa más muertes que todas las otras drogas combinadas? No, el escenario no es ni simple ni fácil si nos ponemos en los zapatos de la salud pública. De hecho, si se prohibieran todas las sustancias nocivas para la salud, entonces también habría que prohibir el consumo de bebidas carbonatadas, de cerveza y de tabaco. ¿Y saben qué ocurriría? Exacto, fracasaríamos en la salud otra vez y crearíamos las condiciones para que floreciera aún más el autoritarismo religioso, hipócrita, ignorante, creador de privilegios: justo lo que apoya buena parte de la oligarquía chapina cuando aplaude la integración reciente de la Corte de Constitucionalidad, el trofeo más reciente de los narcopartidos que nos gobiernan.
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La marihuana no debería ser un problema policial o militar. El problema de fondo está en que no tenemos una democracia real que oriente al Estado al bienestar de las mayorías y se atreva a tomar decisiones pragmáticas. Y la causante principal de nuestra situación es la oligarquía chapina, tan finquera e ignorante como siempre, que parece sentirse muy a gusto compartiendo el poder y quién sabe qué otros negocios con el narco. Si no fuera así, no habría silencios cómplices frente a la toma de las cortes por narcopartidos con los cuales comparten intereses. De eso estoy seguro, y el mejor ejemplo es la depredación del ambiente. ¿Qué diferencia de fondo hay entre la narcoganadería y la siembra intensiva de palma africana y de caña de azúcar, que destruyen áreas protegidas? No olvidemos que narcos y ganaderos celebraron uno de los primeros matrimonios gremiales y demostraron que prefieren la impunidad, la violencia y un Estado débil, que finge perseguirlos cuando transgreden la ley.
De hecho, cada vez que leo las siglas del Cacif, veo una letra ene atravesada como negocio aliado, como fuente de poder que nos aleja de medidas democratizantes, como algunas que se han tomado recientemente en México, que merecen un análisis separado por sus contradicciones y su complejidad. Lo que sí puedo enfatizar es que la alianza criminal que nos gobierna ya no se compone únicamente de intereses finqueros neoliberales con un discurso religioso desveladamente anticomunista. Ahora los narcos son parte del club, y no sé qué no espera en los próximos años.
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