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Supervisión de la CIDH: “La pena de muerte desde los jueces no tiene posibilidad”
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Supervisión de la CIDH: “La pena de muerte desde los jueces no tiene posibilidad”

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a Guatemala para evaluar la situación de la pena de muerte en el país. A partir de una sentencia emitida en 2008, el Estado entró en un examen, riguroso, en el que la tendencia abolicionista de la pena capital es comandada por el Organismo Judicial. Jueces y magistrados –los encargados de emitir las sentencias– han sido los responsables de invalidar la pena de muerte en Guatemala.

Cada vez que Guatemala es convocada a un espacio internacional de Derechos Humanos para argumentar sobre la pena de muerte –la no aplicación, los compromisos asumidos– siempre hace falta algo: cuestiones que continúan sin respuestas, explicaciones incompletas, detalles contradictorios y, claro, una que otra institución que ha fallado al no hacer bien la tarea. El llamado de atención, el regaño, proviene ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En diversas oportunidades, los jueces de la CIDH han encomendado distintas tareas a los tres poderes que integran el Estado, encargos que a través de varias sentencias o resoluciones estipulan lo que el Ejecutivo, el Organismo Judicial, y el Congreso de la República deben plantear en sus agendas sobre la pena de muerte: que sea discutida, analizada, que existan reformas estructurales para que nadie más sea condenado a la pena capital.

Guatemala es  un país cada vez más solitario al mantener vigente la pena de muerte dentro de su marco legal a nivel de Latinoamérica. En el Caribe ya sólo lo acompañan Bahamas, Trinidad y Tobago, Cuba, Guyana y Jamaica. “La tendencia es abolir la pena de muerte para la región de América Latina. Da vergüenza que todavía Guatemala tenga vigente la pena de muerte”, indica Nidia Arévalo de Corzantes, abogada y directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Hoy, los corredores de la muerte en Guatemala están vacíos. Nadie espera cumplir una condena capital desde 2008, tras la sentencia de la CIDH.

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De tal cuenta, el Estado de Guatemala fue convocado este martes 3 de mayo por la CIDH para discutir logros y fracasos en torno a la pena de muerte. Un examen para Guatemala que inicia con la sentencia en contra del Estado de Guatemala a partir del caso Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, secuestrador, condenado a la pena de muerte el 14 de mayo de 1999, que en 2002 el abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Ovidio Girón, solicitó a la CIDH la revisión de su pena, y que el 9 de mayo de 2008 un tribunal de la CIDH determinó que el Estado de Guatemala había violado los derechos de Raxcacó Reyes, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Guatemala desde marzo de 1987.

“La consecuencia de esta sentencia para el Estado de Guatemala fue asumir compromisos impuestos por la CIDH que resultan importantes. Uno de ellos, por ejemplo, fue la repetición del debate de Raxcacó Pérez, cuya pena fue conmutada a un castigo de 40 años de prisión, vivo. La CIDH también dejó tareas a los tres poderes del Estado”, dice Arévalo, que llevó este caso cuando era coordinadora de la Unidad de Impugnaciones del IDPP.

La justicia contra los demás

A partir de la sentencia Raxcacó Vs. Guatemala de 2008, los engranajes de toda la institucionalidad del Estado se han mantenido en movimiento, sobre todo uno, “y quizás el más importante”, dice la abogada Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil): “Desde las cortes es muy posible que no existan más sentencias a favor de la pena de muerte”, anuncia.

De hecho, la legislación de Guatemala todavía tiene prevista la pena de muerte, desde la Constitución de la República. Pero en la práctica, como expuso CEJIL (parte interesada en el caso Raxcacó) durante la audiencia de supervisión de sentencia ante la CIDH este martes, 3 de mayo, los jueces y magistrados no la han aplicado en más de un década. “Han aplicado correctamente el control de convencionalidad y en la práctica han invalidado la pena de muerte. Hay, de facto, una moratoria”, explica Aguiluz.

La sentencia Raxcacó Vs. Guatemala indica además que la pena de muerte no puede aplicarse “mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados”. El expresidente Alfonso Portillo, y la bancada del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), derogaron el Decreto Ley 159 conocido como “Ley de Indultos”, por lo que Guatemala carece de este recurso desde junio de 2000.

Para Arévalo el impasse en que se encuentra el indulto es parte de la renovada discusión de algunos sectores de los últimos meses, pero que desde una perspectiva de pesos y contrapesos, si el Ejecutivo o el Legislativo se rezagan en cuanto a las exigencias de la CIDH, es el Sistema de Justicia  el que ha intentado que el Estado acate las regulaciones. “Como la reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad que eliminó la pena de muerte por asesinato”, dice la directora del IDPP.

La paradoja es que algunos abogados, que no ejercen pero que son diputados del Órgano Legislativo, insisten en reactivar el recurso del indulto en Guatemala con el propósito de que existan sentencias a penas de muerte. “Esta es una estrategia populista”, explicó ante la CIDH la abogada Aguiluz: “Los jueces ya han entendido la importancia de las convenciones ratificadas en Derechos Humanos. Aunque se reactive el indulto, las sentencias no sucederán”.

En tanto el Organismo Judicial presenta avances, el Ejecutivo y el Legislativo no han cumplido del todo con la sentencia de la CIDH. Dos temas complican los objetivos desde la Presidencia: la mejoría de las cárceles del Sistema Penitenciario y la atención médica y sicológica para el reo Ernesto Rexcacó luego de haber sido condenado a la pena de muerte. Víctor Godoy, Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh), indicó a los jueces de la CIDH que reconoce las deficiencias existentes por parte del Estado guatemalteco, pero reconoció los esfuerzos del sector justicia en este tipo de temas. “Estamos dispuestos a escuchar los argumentos que dicte la CIDH sobre estos procesos”, dijo Godoy.

La deuda más grande es para el Legislativo guatemalteco. La sentencia del caso Raxcacó obliga dentro de un plazo razonable, modificar el artículo 201 del Código Penal vigente, de manera que se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, con el fin de evitar penas de muerte. “El Congreso, por su parte, tiene otros temas que marcan su agenda. La pena de muerte es política para los diputados y no una prioridad de convenios ratificados”, lamenta Arévalo.

Será en los próximos días en que la CIDH presentará sus recomendaciones para el Estado de Guatemala en relación a la pena de muerte. “Los avances han sido significativos sólo desde uno de los tres poderes del Estado, que ya ha cumplido con todo. Pensamos que tras las recomendaciones de la CIDH se pueda dar un paso más hacia la abolición total de la pena de muerte en Guatemala”, dice Aguiluz.

Mientras tanto, la excandidata presidencial, Zury Ríos, y la exdiputada Lucrecia Marroquín de Palomo, encabezan un movimiento político para exigir al Congreso que normalice la vigencia de la pena capital.

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