Los servicios públicos son las dotaciones que tanto el sector público como el privado ofrecen para satisfacer necesidades de orden público para la ciudadanía. Surgen de políticas públicas que se materializan para asegurar que todos tengan sus derechos constitucionales asegurados e idealmente sean provistos de manera gratuita y universal, pero en la práctica son provistos de manera mixta, no siempre mancomunada, por el sector privado y el público, por ejemplo la salud y la educación.
Puesto que hay stakeholders de dos esferas, los directos (inversionistas) y los afectados o por afectar (usuarios o consumidores) en una determinada actividad de interés público, decidí utilizar también este como equivalente de ciudadanía y de grupos de interés dentro de una comunidad política.
Creo que la vigencia del término está en que rebasa lo estrictamente económico y pasa a formar parte de la terminología de una administración pública ciudadanizada. Las inversiones públicas, relativas a los servicios públicos, deben contemplar plenamente la participación activa de los consumidores y usuarios en la calidad del producto ofrecido, así como para el fortalecimiento de la democracia ética: es decir, la mayor satisfacción para la mayor parte de la gente posible (recordando a J. Bentham).
En el sentido indicado, cabe destacar que sobre la dotación de servicios públicos en Guatemala existe una controversia de si estos deben ser provistos exclusivamente por el Gobierno (incluyendo los locales) o solo por el mercado (incluyendo los servicios concesionados o lo que se conoce como mercado mayorista).
En la práctica, como ya se dijo, se ofrecen de manera mixta, aunque más del 80 % de los servicios los ofrece el sector privado en salud, educación, comunicaciones y otros, en tanto que los servicios provistos por el sector público (entiéndase el Gobierno y las entidades públicas) suelen ser de pobre calidad y de baja cobertura. Detrás de este desbalance hay un problema de comprensión sobre el financiamiento del desarrollo.
Los servicios públicos son, en general, un mercado cautivo, de donde se comprende por qué el interés del paradigma económico dominante en privatizarlos («a problemas públicos, soluciones privadas»). Todos consumimos comunicaciones y salud, por ejemplo, y si el Estado no asume su responsabilidad constitucional o la delega al sector privado, este puede estar seguro de que el beneficio será veloz y masivo.
Y es por eso que algunos creemos que la dotación sistemática de los servicios públicos corresponde al Estado y que la ciudadanía debe prever el financiamiento, la calidad, la cobertura y la sostenibilidad de estos, así como velar por su universalidad.
Y es que, en su naturaleza, los servicios públicos son un asunto social, y no económico, si bien lo económico nunca debe eliminarse de la ecuación a la hora de impulsar políticas sociales.
Con todo, no se debe descartar a priori la participación del sector privado en todo esto, a condición de que el Estado vele por el fin social del servicio prestado. Más aún en un ambiente de asfixia fiscal, de corrupción y de falta de sistematicidad como Guatemala.
Sin embargo, sabemos de los constantes abusos en los contratos bilaterales que las empresas de todo tipo practican en la prestación de servicios, con los cuales obligan a respuestas individualizadas que no deberían serlo en tanto los servicios públicos son de interés público.
Por todo lo anterior, de lo cual abundo más en mi libro Entre lo público y lo privado: análisis de la privatización del Estado de Guatemala (Serviprensa, 2015), he previsto para fines de mes presentar una iniciativa de ley que cree una superintendencia de los servicios públicos desde una lógica de los stakeholders: ciudadanos consumidores-usuarios de los servicios públicos.
Esta superintendencia tendría dos áreas de trabajo: 1) servicios públicos estatales y 2) servicios públicos no estatales. En la primera se velaría especialmente por tres servicios: agua, luz y transporte público. Tanto el agua como el transporte, especialmente el urbano, constituyen verdaderas anomalías de lo que debe ser un servicio público eficaz, eficiente y sostenible.
Y en la segunda se velaría por alcanzar áreas como telecomunicaciones, luz, seguros médicos, servicios bancarios, aseguradoras y redes hospitalarias y escolares privadas. De hecho, se estaría absorbiendo las funciones de la actual Diaco, pero se le añadirían otras que dicha entidad no ha desempeñado.
La idea es crear una cultura de resguardo de los intereses de los beneficiarios o potenciales afectados por inversiones privadas o públicas en la dotación de estos y otros servicios como, por ejemplo, los peajes en carreteras privatizadas, lo cual, desde luego, tiene que ser una iniciativa del Estado, y en este caso del Congreso de la República.
Necesitamos apoyo a la iniciativa y socialización de sus beneficios, así como la recuperación del interés público en la dotación de los servicios.
Más de este autor