No debemos normalizar ni ignorar las amenazas, de cualquier tipo, en contra de quienes trabajan para la defensa de los derechos humanos en Guatemala.
La semana pasada, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), publicó un comunicado en el que informó sobre las acciones de la defensa de Leyli Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego de que el Ministerio Público (MP) allanara la casa de sus padres y anunciara otra orden de captura en su contra. Además, solicitó al juez a cargo del caso, Giessler Pérez resolver el memorial que presentó la defensa de Santizo, y que «la sala de apelaciones asigne a la brevedad un juez para la causa que origina la nueva orden de captura y que se cierre la persecución ilegal en contra de la defensora de derechos humanos.»
A pocas horas de la publicación de este comunicado, la gente de la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror) publicó en la red social Twitter amenazas y comentarios ofensivos en contra de Udefegua, una práctica común y característica de este grupo de ultra derecha y corte fascista pro militar. Normalmente este tipo de amenazas y comentarios en una red social no serían causa de preocupación. Sin embargo, lamentablemente en la Guatemala de hoy, este no es el caso.
Primero, porque la persecución penal espuria y acoso en contra de Leyli Santizo, se originan en denuncias interpuestas por esta Fundaterror. Segundo, y lo que es peor, es que, pese a su carácter espurio, vengativo y antitécnico, las autoridades actuales del MP encabezadas por la nefasta Consuelo Porras, en vez de rechazarlas, les dan trámite y prioridad. Y tercero, y posiblemente aún peor, jueces carentes de integridad y sobre quienes pesan acusaciones serias por corrupción, conozcan estos casos, abran causas judiciales y dicten medidas cautelares en contra de las perseguidas.
Muchos de los casos actuales de persecución penal espuria y de fabricación de causas judiciales ficticias en contra de operadores de justicia que han perseguido la corrupción y de quienes defienden los derechos humanos, han empezado con un tweet de la Fundaterror. Así que la preocupación por la posibilidad de que el MP de Porras y algún juez corrupto conozca e inicie otro caso espurio no es despreciable.
La atención que el MP de Porras y ciertos jueces de dudosa honorabilidad le dedican a la Fundaterror no ha pasado desapercibida, nacional e internacionalmente. La muestra más notable es la inclusión de sus tres rostros más visibles en la denominada lista Engel, precisamente por retrasar, obstruir procesos judiciales, además de cometer actos de violencia, acoso o intimidación en contra de operadores de justicia e integrantes de organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos. Así que, acá en Guatemala y en todo el mundo se sabe quiénes son y qué clase de acciones les caracterizan.
Sin embargo, exponerles públicamente como ya se ha hecho, claramente no es suficiente para detener el daño que hacen. Es imperativo exponer públicamente a los empresarios que los financian, y que también pagan los sobornos en el MP y en los juzgados para que sus denuncias se transformen en la persecución penal espuria que hoy vemos con tanta frecuencia.
Por sí sola, la Fundaterror no es más que un grupito de bufones fascistas. Lo que hoy logran es porque alguien está pagando cantidades enormes de dinero, que no solo está engordando los bolsillos de los fundaterrores, sino también de jueces y fiscales. La debacle actual no parará hasta que el nombre y los rostros de esos malos empresarios se exponga públicamente.
Más de este autor