Sin rastro: Migrantes desaparecidos en México

“Lo peor es no saber que pasó”, dijo Juan (se omite el apellido por seguridad), hablando de su hijo desaparecido en Tamaulipas, México, desde agosto de 2010. Casi dos años después, no sabe mucho más, salvo por el cobro de un rescate que a nada llevó, y pistas falsas. Al menos dos personas le dijeron que lo habían visto en un programa de televisión sobre migrantes en Telemundo, transmitido desde Miami, pero nunca consiguió comunicarse con los productores del programa. Tampoco ha recibido ninguna llamada de su hijo desde Estados Unidos.

El hijo de Juan es uno de los 54 emigrantes guatemaltecos que continúan reportados como desaparecidos en México, según Flora Reynosa, quien dirige la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en Guatemala. La PDH teme que muchos han sido víctimas de extorsión y secuestro por bandas de crimen organizado en México, y por violación o trata de personas.

La misma Procuraduría General de la República (PGR) de México documenta que entre los secuestradores figuran miembros del Cartel del Golfo y sus ex aliados, los Zetas. También reporta que, en ocasiones, estas bandas contaron con la complicidad de policías municipales. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México también señala el involucramiento de  algunas autoridades migratorias mexicanas, en abusos físicos como en algunos casos de secuestro—un dato que también denuncian víctimas sobrevivientes.

La mayoría de las denuncias de desaparecidos guatemaltecos datan de hace cuatro años hasta la fecha, aunque la mayoría de casos son de 2010, de acuerdo con Reynosa. La funcionaria reveló  que muchas desapariciones fueron reportadas incluso meses antes del hallazgo de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de ese año.

Algunos factores de incidencia

Algunas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil en México informaron que en 2006 y 2007 aumentaron los operativos de las autoridades migratorias en ese país, para detener a migrantes indocumentados en tránsito. Sin embargo, el número de operativos se redujo drásticamente desde 2008, especialmente al sur de Veracruz, una de las rutas preferidas por los migrantes y que ahora registran altos números de secuestros, según un estudio publicado en 2011 por el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM) de México, y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES).  Este texto indica que, justo en 2008, “la delincuencia organizada tomó el control sobre esta ruta migratoria y aumentó el número de secuestros a personas migrantes”.

El citado estudio explica que los secuestros ocurren porque las autoridades gubernamentales mexicanas “no intervienen oportuna y adecuadamente, o peor aún, porque el crimen organizado está infiltrado en dichas dependencias”. También indica que las redes criminales y delictivas han proliferado “aprovechando la colusión con las autoridades nacionales, subnacionales y locales”. Entre estas enumera a autoridades migratorias, funcionarios de seguridad pública, y del sistema de administración de justicia. En 2012, como en 2011, los migrantes secuestrados han sido rescatados por fuerzas militares o de la Secretaría de Marina de México.

El hijo de Juan desapareció justo en los días en que la noticia de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, le daba la vuelta al mundo—en agosto de 2010. El joven, de 26 años, viajaba con su hermana, cuando las autoridades estadounidenses los interceptaron en la frontera. “El coyote les había dicho que si los iluminaba la luz del helicóptero, que ya ni corrieran”, relató Juan. “Mi hija se quedó quieta, pero después me dijo que mi hijo corrió de vuelta para el lado mexicano, y no volvió a verlo”. Semanas más tarde, su hija fue deportada a Guatemala. Su padre dice que desde la desaparición del hermano ella no fue la misma. “Se quedó muy deprimida”, agregó. Este caso fue reportado directamente a la PDH.

Unos meses después, Juan recibió la llamada del coyote con quien presuntamente viajaron sus hijos. El sujeto le dijo que su hijo había sido secuestrado y que debían enviar US$500 dólares si querían verlo de nuevo. “Nosotros no teníamos ese dinero, así que con esfuerzos lo reunimos y lo mandamos, pero no nos volvieron a llamar”, dijo Juan. El diputado Mauro Guzmán dijo en 2011 que los secuestradores piden que el rescate sea enviado por medio de empresas de envío electrónico de dinero.

Sólo entre abril y noviembre de 2010, la CNDH documentó al menos 214 secuestros (en muchos casos, colectivos) en los que hubo 11,333 víctimas, según relatos de las víctimas sobrevivientes y testigos. Estos datos constan en la investigación del INEDIM y el INCEDES. El documento divulga que las ganancias estimadas para los secuestradores, sólo en ese lapso, ronda los US$25 millones de dólares.

Hondureños, entre los más secuestrados

El caso del hijo de Juan pudo ser una excepción, aunque sólo en cuanto al monto que exigieron los secuestradores. El documento del INEDIM e INCEDES reporta que el monto del rescate que los criminales exigen a las familias oscila entre los US$1,500 y los US$5 mil. Además, señala que los emigrantes centroamericanos son el principal blanco de los secuestros, pues también hay víctimas mexicanas que se desplazan de un estado a otro en ruta hacia EE.UU. En 2010, las autoridades mexicanas reportaban que, después de los emigrantes mexicanos, los guatemaltecos figuraban con mayor frecuencia entre los secuestrados. Para 2011, el informe del INEDIM e INCEDES indica que entre los secuestrados centroamericanos, los hondureños componen el 70 por ciento de las víctimas.

El 29 de mayo pasado la prensa mexicana publicó que una patrulla militar mexicana rescató a seis emigrantes hondureños en Piedras Negras, Coahuila, uno de los 71 municipios, en los 16 estados más peligrosos para los migrantes (ver Mapa de Riesgo). Las víctimas dijeron haber estado cautivas desde hace un mes, y que los secuestradores les exigían dinero para liberarlos.

El pasado 5 de mayo, la Marina Mexicana también liberó en Piedras Negras a otros 18 migrantes indocumentados de diversas nacionalidades que, según información oficial, presuntamente estaban en poder de los Zetas. Mientras tanto, el pasado 27 de marzo, elementos del ejército mexicano rescataron a otros 77 migrantes centroamericanos en Reynosa, Tamaulipas, que también figuran en la lista de los municipios y estados más peligrosos para los migrantes. Para ese entonces, sumaban 150 los migrantes rescatados por fuerzas federales mexicanas. Todas las víctimas fueron entregadas a autoridades migratorias locales, para procesar su retorno a sus países de origen.

En Guatemala, difícil proceso de denuncia

La mayoría de las denuncias de desaparición y/o secuestro registradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en Guatemala fueron trasladadas a éste por la PDH, de acuerdo con Reynosa. La funcionaria asegura que son pocos casos denunciados directamente al Minex. “Muchas personas no saben que pueden ir ahí también para denuncias”, asegura.

El propósito de trasladar el caso al Minex es que, por medio de éste, el Estado de Guatemala solicite oficialmente ayuda al gobierno mexicano para encontrar a los desaparecidos. La Cancillería y la PDH han explicado que el contacto se inicia por medio de los 10 consulados  guatemaltecos en México, que -según el lugar donde la persona se comunicó por última vez con su familia— buscan al migrante en hospitales, centros de detención y albergues. Si la persona no aparece, y la desaparición se reportó desde al menos 2009 a 2010, o más recientemente, comienza el trámite con la toma de muestras de ADN a los familiares, para intentar identificar a la víctima entre los restos de posibles migrantes hallados en fosas comunes en México.

Pero el proceso no es sencillo. Elisabel Enríquez, coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional de Migraciones (MENAMIGMenamig), afirma que antes de presentar la denuncia ante el Minex, el denunciante debe presentarla ante el Ministerio Público (MP) y obtener una constancia de la denuncia. “El problema es que no saben a dónde ir”, explica la coordinadora de Menamig, que reúne a 14 organizaciones que trabajan a favor del migrante. Al final, los denunciantes—como los denunciantes de cualquier otro caso—son enviados a la Oficina de Atención a la Víctima, que luego envía los casos a distintas fiscalías. La mayoría de los casos de los migrantes desaparecidos son enviados a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, y el resto, a la Fiscalía de Crimen Organizado.

“Existe la necesidad de crear una Fiscalía Especial de Atención de Asuntos Migratorios, para centralizar los casos en una sola oficina, pero la Fiscal General [Claudia Paz] dice que se dificulta por problemas de presupuesto, aunque analizará la medida”, reveló Enríquez.

La idea es que el MP, con una fiscalía especial, podría entablar un contacto más directo con la Procuraduría General de la República (PGR ) de México, para dar continuidad a las investigaciones y las denuncias. Una de las propuestas para esta fiscalía sería la elaboración de un banco de datos y fotografías de todos los desaparecidos y sus familiares, muestras de ADN y la información sobre los lugares donde fueron vistos la última vez. Este aspecto, por ejemplo, permitiría rastrear mejor los casos y clasificarlos por municipio y estado mexicano.

Enríquez afirma que en el estado de Chiapas, en México, hay un banco de información con datos de ADN y que El Salvador está más avanzado que Guatemala en ese sentido.

En la Defensoría del Migrante, Reynosa afirma que en 2012 “se ha insistido en exigir al Estado mexicano una investigación exhaustiva de los casos”. Ella cree que hay pistas disponibles que permitirían averiguar más información sobre el paradero de las víctimas. “Este año, se identificaron a 10 personas (guatemaltecas) en fosas comunes y dos familiares de desaparecidos se acercaron a la PDH para decir ‘mi sobrino viajaba con esa persona, o mi esposo se fue con tal otra persona (de los identificados)’. También lo han reportado a Cancillería”, agregó, explicando que se desconoce qué gestiones ha hecho el Minex. “Es decir, esa lista de 10 identificados se podría hasta quintuplicar, y la verdad es que no hay una idea exacta de cuántas personas están desaparecidas en México. La cifra de 54 es un estimado con base en las denuncias”.

En agosto de 2011, la Defensoría y varios activistas, además de los familiares de migrantes desaparecidos de origen centroamericano, emprendieron una caravana hacia Veracruz, donde entregaron a Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre los abusos denunciados por los migrantes. Reynosa dice que la acción no se tradujo en ninguna mejora para la situación de los migrantes en tránsito por México. Esta fue la misma caravana (que luego siguió a la capital mexicana y la frontera con EE.UU.) durante la cual el guatemalteco Julio Cardona de 19 años fue asesinado por policías municipales en Tultitlán, Estado de México.

Actualmente, los familiares dependen de las gestiones del Minex ante el gobierno mexicano. Según Juan Carlos Rodil, representante de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate) en Guatemala, algunos consulados en México sólo cuentan con un funcionario, que apenas se da abasto para trámites de rutina, y no tiene la capacidad (por el volumen de trabajo que ya tiene) para dar seguimiento a estos casos. Este aspecto dificulta y demora las gestiones del Minex.

Este ministerio asegura que en los 10 consulados en México trabajan entre dos y cuatro personas en cada uno. Estas cifras incluyen personal administrativo y funcionarios. Cinco de sus consulados están en municipios que figuran entre los 71 más peligrosos en México para los migrantes. En tres de esos cinco consulados (Tijuana, Baja California; Acayucan, Veracruz, y Arriaga, Chiapas) sólo hay dos personas asignadas a cada uno.

Consultado sobre las dificultades que enfrenta el personal consular para seguir los casos de los desaparecidos en México, una respuesta por vía electrónica del Minex indica que “no hay problema con las autoridades correspondientes [en México]; acusan recibo de las solicitudes y en poco tiempo [se] recibe respuesta”. El ministerio reveló que lo contrario ocurre desde el Distrito Federal hasta la frontera norte. En esa zona, que concentra un número considerable de los municipios más peligrosos para el migrante, sólo hay un consulado de Guatemala, en Baja California, en el extremo noroccidente de México. Mientras tanto, hay numerosos abusos reportados en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sonora, en el nororiente del país.

“Se solicita el apoyo de las autoridades e instituciones, pero no se tiene respuesta de la mayoría de solicitudes”, explica el Minex. Además, revela que el INM de México “responde mucho tiempo después de planteada la solicitud”.

Pese a las limitaciones en los recursos, en 2011, el Minex obtuvo noticias desde México de varios casos por medio de las muestras de ADN. Aún así, se trata de pocos resultados para la cantidad de desaparecidos (quizá asesinados) que la PDH estima que hay, porque no han sido hallados todos los cuerpos de los migrantes que se presumen muertos. Enríquez reveló que en julio de 2011, durante una visita a un panteón en Arriaga, Chiapas, donde también había varios cuerpos sin identificar enterrados en fosas comunes, un empleado del lugar les dijo que se estima que de cada 10 cuerpos hallados, al menos seis son centroamericanos. Según Enríquez, este dato es justificación suficiente para investigar más.

Consultado sobre si está satisfecho con el tratamiento que México ha dado a la investigación de los casos de secuestro, abusos y/o asesinato de migrantes guatemaltecos desde 2010, el MINEX dice que espera que las autoridades mexicanas “brinden el tratamiento correcto y legal correspondiente a cada caso”.  Agrega que en casos de alto impacto como las muertes de los migrantes en Tamaulipas, desde 2010, “las autoridades realizaron acciones que demuestran la intención de que esos actos realizados por el crimen organizado en México no queden en la impunidad”—por ejemplo, ha habido numerosas capturas, incluyendo al menos cinco de policías municipales. Sin embargo, advierte que el gobierno mexicano no ha manifestado la intención de otorgar a la familia de las víctimas algún tipo de beneficio “para demostrar la intención de reparación del daño causado”.

El MINEX asegura que cada consulado le da seguimiento a las denuncias planteadas, “siempre y cuando sean ratificadas ante las autoridades, lo cual muchos migrantes prefieren no hacer por temor”.

Desconocen sus derechos en Guatemala

La convicción de que el número de migrantes guatemaltecos está sub registrado también se sustenta en que los familiares de muchos migrantes indocumentados no denuncian los casos, según Menamig y la PDH. “Una vez, en una comunidad de Huehuetenango, el familiar de un migrante desaparecido nos dijo, “[es que] como él se fue de ilegal, creí que no tiene derecho a que lo busquen”, relató Enríquez.

La coordinadora ejecutiva de Menamig afirma que no sólo hace falta que los familiares de los desaparecidos denuncien los casos. Ella asegura que también urge una campaña de concientización en todo el país para que los familiares y los migrantes sepan que su condición de indocumentados no les despoja del derecho a la vida, de no ser vejados ni abusados por el crimen organizado, ni por las autoridades. La tarea, según Enríquez, podría recaer en el Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala (Conamigua).

Sin embargo, el Consejo está en impase desde noviembre porque el Congreso suspendió la elección de la Junta Directiva (presuntamente por falta de transparencia) y pide que se repita el proceso de selección de terna de candidatos, algo a lo cual se oponen miembros de la Menamig.

Sin final feliz

Algunos familiares han tomado un papel más activo en la búsqueda de los desaparecidos, y logran encontrar a su familiar,aunque eso no les garantiza un final feliz.

La PDH conoce el caso de una mujer que desapareció cuando pretendía llegar a EE.UU. para trabajar, y reunir dinero para la operación de su hija mayor, que padece hidrocefalia. El caso fue denunciado por la madre de la migrante, abuela de la niña enferma. La desaparición se reportó en 2010, y en 2011 la hermana de la migrante viajó a México, al último lugar donde supo que estaba, y descubrió que había caído víctima de una red de trata de personas. Logró que fuera rescatada y juntas regresaron a Guatemala. “Luego supimos que [la migrante rescatada] no quiso quedarse en Guatemala y regresó a México a trabajar, pero no sabemos en qué”, dijo Reynosa. “Quiso llevarse a sus hijas, incluyendo la que está enferma, pero su mamá la convenció de que las dejara en Guatemala”. De la preocupación, la mamá desarrolló diabetes.

Las consecuencias de averiguar qué le sucedió a los migrantes desaparecidos, o de vivir en incertidumbre todos los días, durante años, le ha pasado factura a varios de los familiares. Reynosa dice que la madre de otra migrante desaparecida murió por complicaciones de diabetes esperando tener noticias de su hija.

Mientras tanto, Juan y su esposa, que viven en la capital, se quedaron a cargo de su nuera y sus dos nietos pequeños. Y la vida de toda la familia cambió para siempre.

Para julio de 2011, Juan estaba muy delgado. Su pálida camisa, sostenida sobre hombros frágiles; el cincho, casi apretado en el primer hoyuelo, para sostener el pantalón. El cabello de rizos entrecanos y los ojos tristes, semiocultos debajo de una gorra de beisbol. Aún así, todavía trabajaba en albañilería, y viajaba lejos de casa por empleo. Todavía lo hace. Su esposa no está mejor. “Están bastante deteriorados”, dice Reynosa, quien vio a la esposa de Juan bajar de una camioneta hace pocos días. Aún tienen comunicación esporádica con la PDH. Es en esos contactos que se hace evidente que el duelo sin cierre, por el hijo perdido, los ha desgastado.