Sin novedades en la capacidad de respuesta del gobierno

Una buena capacidad de respuesta, frecuentemente, surge de una combinación de recursos materiales y financieros y talentos humanos con la habilidad para generar análisis oportunos, diseñar soluciones, convocar actores clave, alcanzar acuerdos y poner en marcha las iniciativas diseñadas, sustentadas en estructuras institucionales funcionales.

En el ámbito gubernamental, construir capacidades de respuesta para desencadenar dinámicas virtuosas de desarrollo, tiene como condicionante la existencia de líderes con visión, inteligencia y sobre todo, compromiso con el bien común.

Sin embargo, lo que vemos en nuestro país, es torpeza desde lo público. Sus acciones frente al caso de Santa Cruz Barillas sirven de ilustración, pero la torpeza es generalizada. Los recursos públicos, independientemente de su envergadura actual, son dilapidados, ya sea porque son mal invertidos (clientelarmente por ejemplo) o porque son sustraídos y desviados corruptamente. Las mejores capacidades humanas disponibles en este país no están en el gobierno. En algunos casos porque no tiene los incentivos suficientes para atraer profesionales exitosos, en otros porque el mismo sistema expulsa aquellos buenos cuadros técnicos que no avalan torpeza y corrupción.

Las instituciones están en bancarrota y por lo tanto ausentes donde es necesario el fomento y el arbitraje y en algunos casos están presentes más bien abanderando incentivos perversos o utilizando el poder público para corromper, reprimir y generar discordia. Los aportes de otros actores presentes en el país como las agencias de cooperación internacional o de la academia por ejemplo, no encuentran interlocutores válidos y frecuentemente sus aportes son subutilizados o plenamente desaprovechados. El ensamble efectivo de los aportes temporales y localizados de estas entidades con la institucionalidad pública no se concreta porque ésta es disfuncional. Este aspecto permanece tan acentuado como ignorado en estos momentos a tal grado que un flujo importante de recursos para el desarrollo no contribuye a generar los impactos deseados.

Haciendo caso omiso a la envergadura de las múltiples crisis nacionales y a la necesidad de concebir una nueva generación de leyes –precisas y con recursos para concretarlas– se emiten disposiciones estériles –como la Ley de Cambio Climático–, que no sirven para nada más que cumplir con la formalidad y dar salvoconductos a gobernantes demagogos.

Un escenario y dinámicas de esta naturaleza no ofrecen optimismo en el mediano y largo plazo y en el corto, sólo alimenta más la conflictividad social. Esa limitada y distorsionada capacidad de respuesta del gobierno, sólo nos hunde más en la espiral de la ingobernabilidad y consecuentemente en la imposibilidad de establecer un clima favorable para el desarrollo incluyente.

Aquella idea de usar ordenadamente algunos recursos naturales para financiar otros activos sociales tan necesarios y crecientemente demandados por las poblaciones más vulnerables, sólo es viable con capacidades y credibilidad. Este Gobierno no tiene ninguna de las dos.