Desafiante se mostró el director del área de Salud del departamento de Guatemala, Augusto Contreras, cuando, al presentarse a una citación de la bancada del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), admitió que por disposición suya fueron vacunados madres y padres de diputados, acción extendida al personal de Gobernación departamental. «No les tocaba a algunos, pero estaban enfermos», justificó al enmascarar el tácito tráfico de influencias como si fuera un acto humano.
Las declaraciones del funcionario podrían ser parte de un guion del humor negro que caracteriza a los aludidos cineastas estadounidenses. Sin embargo, se inscriben en el drama que protagoniza la población guatemalteca, víctima de un desorganizado plan de vacunación contra la covid-19 en el que la incompetencia de sus diseñadores se combina con la postura discriminadora de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, situación en la cual, como suele ocurrir, la ficción supera la realidad.
Y es que Contreras defendió su decisión en favor de los familiares de los parlamentarios, mas no expresó si ha hecho lo mismo con quienes no gozan del apalancamiento político. Obviamente, las y los débiles en zonas marginales, municipios recónditos y segmentos sociales desamparados no entran en la mira de una miope estrategia de vacunación, a lo cual se suma que entidades paraestatales que, en teoría, deben velar por sus referentes tampoco se han ocupado de propiciar soluciones efectivas.
Como en Guatemala la esperanza de vacunarse se traduce en una posibilidad a cuentagotas, cada vez más la gente ve que a la par, en El Salvador y en México, las puertas se abren para suministrar la dosis sin pedir pasaporte a vecinos que acuden debido al abandono sufrido en su tierra. Y qué bueno que no exigen el documento en esas fronteras, pues en este portal leímos una ilustrativa crónica sobre lo frustrado y frustrante que resulta la intención de renovar la cartilla.
[frasepzp1]
Por cierto, el argumento oficial de programar un limitado número de citas en prevención de la pandemia ofende la inteligencia. Lo anterior, porque, si la afluencia fuera mayor, igual que ahora se registrarían largas y desesperantes colas sin que el protocolo garantice que no habrá contagios entre quienes visitan el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). La única certeza es el récord mundial de tener que esperar seis meses para renovar pasaporte.
Vale apuntar que, si bien en el sudeste mexicano y en las poblaciones aledañas de El Salvador comienzan a recibir la demanda de guatemaltecos que llevan el brazo descubierto, también se incrementan los viajes de otros compatriotas que hacen el esfuerzo o disponen de recursos para desplazarse más lejos. Estados Unidos es entonces la opción, pero allá el pasaporte es indispensable para ingresar. En ese sentido, si el documento ha vencido, la idea choca con la parsimonia del servicio y el discurso falaz del IGM a menos que se pueda presionar la tecla de a usted sí.
A propósito de la burbuja conmemorativa de la efeméride independentista, es oportuno sacar a colación una de las características históricas: la exclusión. Hoy la vacunación margina y discrimina, como a lo largo del tiempo el sistema ha fomentado relaciones sociales y económicas desiguales, lo que en la misma dimensión ha ocurrido en la administración de la justicia y en el acceso al trabajo, ejemplos de que todo depende del color del cristal. En esencia, dichos ámbitos no son para los débiles, pues la fortaleza se alcanza con el respaldo de contactos influyentes.
Reglas ausentes o entendidas y ejercidas a discreción castigan a los y las débiles, que, por donde traten de incursionar, hallan puertas cerradas, mientras que quienes gozan del derecho de picaporte pasan sin tocar. Lo peor es que tal panorama no se circunscribe a las esferas públicas: se replica en las diversas instancias que mueven la dinámica diaria, incluso en las especialistas en el discurso del deber ser, donde al final de cuentas aportan a identificar la triste realidad de por qué estamos como estamos.
Más de este autor