La fiscal que dirigió la Fiscalía Especial Contra lmpunidad (FECI) en Quezaltenango, Virginia Laparra, completó nueve meses privada de libertad. En el mismo período, arrancó la fase oral del juicio que le ha montado el Ministerio Público (MP), entidad en la cual desarrolló su carrera profesional. El proceso penal contra Virginia Laparra es un caso espurio, fabricado a partir de la persecución que inició el entonces juez Lester Castellanos, ahora ridículo titular de la oficina nacional contra la tortura. Para variar, la querella contra la fiscal está impulsada, por supuesto, por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y sus personeros Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle.
Laparra denunció administrativamente a Castellanos porque este reveló información de un caso bajo reserva. El ex juez cometió un ilícito y Laparra cumplió su deber al presentar la denuncia. Sin embargo, en la surreal situación que se vive en Guatemala, resulta que lejos de prosperar la investigación contra quien, probablemente por sobornos u otro beneficio rompió la confidencialidad de un caso, se ensaña contra quien protegió el estado de derecho.
La falta de sustento en el caso está puesta al desnudo en el desarrollo de las intervenciones de la fiscalía que impulsa esta denuncia espuria. De igual forma queda exhibida la mala entraña de Castellanos y de sus querellantes, al ser obvio que no tienen base para demandar. Un testimonio que pudo ser valioso para demostrar la inocencia de la fiscal debió ser cancelado pues, el testigo y ex titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, corría peligro con efectuarlo. Resulta que a Sandoval, en el exilio también por criminalización espuria del MP y la FCT, le citaron en el Consulado de Guatemala en Washington. Al tener extraterritorialidad dicha sede, Sandoval corría el riesgo de perder el asilo político concedido ante la situación que ha vivido. A la vez que empujaban el caso contra Virginia Laparra, sus verdugos también intentaron poner una trampa a Juan Francisco Sandoval.
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Hace dos semanas se confirmó la renuncia del juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien salió al exilio. Con él son más de 40 las personas operadoras de justicia en el exilio y cerca de 15 las criminalizadas en el país. Todas estas personas han cumplido su función en defensa del estado de derecho. Han investigado como fiscales o juzgado desde los tribunales a quienes han infringido la ley como grandes violadores de derechos humanos o como capos de la corrupción y la impunidad. Por hacer su trabajo, jueces y fiscales han pagado con su salida la defensa de la ley. Dirigido por bandas de delincuentes que persiguen a quienes protegen el estado de derecho, el sistema de justicia en Guatemala está muy lejos de ser independiente.
Similar situación vive la prensa, asediada por la misma estructura criminal que intenta silenciarla e impedir que la sociedad se informe. Producto de ello, este miércoles circuló por última vez la edición impresa de ElPeriódico, que cumplió más de un cuarto de siglo informando a la sociedad. La noche del martes se parararon las rotativas y el personal de un medio tan valioso para la democracia, también despidió su fuente de trabajo pues más del 80 por ciento del equipo quedó desempleado. ElPeriódico limita su circulación impresa como resultado de la acción espuria contra su fundador, el periodista José Rubén Zamora, privado de libertad desde julio.
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Los periodistas de Vox Populi, Sonny Figueroa y Marvin del Cid, denunciaron también, esta semana, que habían sido objeto de vigilancia y seguimiento. Según se conoció en redes sociales, una cuenta apócrifa difundió imágenes de cuando ambos periodistas se desplazaban por la plaza central, frente al palacio de gobierno. La periodista Michelle Mendoza se encuentra en el exilio, derivado de una campaña atroz de hostigamiento y amenazas. El periodista Juan Luis Font, también está exiliado a raíz de un proceso de criminalización espuria. El periodista Carlos Choc, la periodista Anastasia Mejía y varios medios de comunicación alternativa, son el centro de campañas de criminalización y agresiones, por el simple hecho de hacer su trabajo.
De esa cuenta, justicia independiente y prensa libre de censura son en este momento, dos sectores atacados por la banda criminal que controla el poder del Estado. Una banda que pretende acallar las voces de disidencia e impedir el rescate de la democracia.
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