Sin eufemismos, se apuntó críticamente a las condiciones que han elevado de manera drástica los niveles de conflictividad alrededor de los territorios y la tierra en este país. Se nos recordó, a la luz de los casos del Valle del Polochic y la Mina Marlin en San Marcos, ciertos asuntos que en época electoral deberíamos tener más presentes que nunca:
Que la transición de un modelo de desarrollo basado en el latifundio y la explotación de mano de obra indígena, hacia el modelo de monocultivos como la palma africana, no ha transformado las condiciones de vida de las comunidades campesinas, sino las acorrala dentro de límites de vulnerabilidad vital que tienen efectos etnocidas.
- Que el acceso a las oportunidades para una vida digna no son iguales para todos: los mecanismos de acceso a la tierra y el acceso a proyectos productivos son insuficientes y nuestro marco jurídico no pone límites a la acumulación de la tierra, ni promueve mecanismos de redistribución de riqueza.
- Que aunque seamos iguales ante la ley, el Poder Judicial no responde por igual a todos los ciudadanos: los menos poderosos, los campesinos, son más vulnerables y menos influyentes ante un sistema de justicia que no actúa con imparcialidad.
- Que si alguien se siente afectado por esta situación y tiene el atrevimiento de denunciarlo y reivindicar sus derechos, es criminalizado y recibe a cambio amenazas y hostigamiento.
- Que las famosas mesas de diálogo que conocemos desde la firma de la paz son usadas como mecanismo para dar largas a soluciones urgentes. No nos olvidemos que el violento desalojo en el Polochic se llevó a cabo sin notificación previa a las comunidades y a medio camino de un proceso de diálogo en una mesa montada supuestamente para llegar a una solución pacífica…
- Que los aparatos clandestinos de seguridad campan en la impunidad, cumpliendo un papel de amedrentamiento de la población en las comunidades, que no cuenta con la protección de la policía nacional civil.
- Que la tipificación de la usurpación vulnera derechos como el debido proceso, pues la orden de desalojo puede ejecutarse sin audiencia de los afectados y no se exigen garantías de certeza sobre el título de propiedad. Que tampoco hay ponderación entre la propiedad privada y otros derechos afectados, como la alimentación y la vivienda.
- Que el gobierno sigue incumpliendo medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para garantizar la vida, integridad física, alimentación y albergue de las comunidades desalojadas.
- Que la desaparición de documentos relativos a registros de propiedades en el Valle del Polochic anteriores a 2005, apunta a corrupción en beneficio de los intereses de las grandes inversiones y la concentración de tierras.
- Que el Estado no solo no cumple las recomendaciones para el cierre de operaciones de la mina Marlin y para garantizar la vida e integridad de la población aledaña, sino ha pedido la suspensión de estas medidas.
- Que hay violación a los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de San Miguel Itxahuacán, y que según el informe de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, la empresa minera no cumplió con el Convenio 169, aportando un informe con datos falsificados, con la connivencia del Estado de Guatemala.
- Que persisten intactos los problemas generados por la presencia de la minera: división al interior de las comunidades, contaminación de las fuentes y disminución de las reservas de agua, así como daños estructurales a las viviendas a causa de las explosiones, entre otros.
Esta síntesis nos habló de lo que hemos visto recrudecer en los últimos años. Y casualmente, en la misma semana, se llevó a cabo un foro organizado por CALAS que tenía la intención de abrir un debate público sobre los planes y reflexiones que los candidatos presidenciales punteros en las encuestas (Otto Pérez Molina, del Partido Patriota; Manuel Baldizón, de Líder; Eduardo Suger, de CREO, Harold Caballeros de VIVA/Encuentro por Guatemala y Mario Estrada, de UCN) tienen frente a los conflictos territoriales suscitados por los megaproyectos sobre minería y petróleo.
Ninguno, a excepción de Caballeros, tuvo la delicadeza de presentarse. A ese nivel ha llegado el cinismo de nuestros candidatos. Se nota la posición marginal que conceden a lo importante, a lo añejo, a lo estructural. Se nota que no tienen nada que agregar, que decir, ni debatir, respecto de la negligente y mafiosa manera de abordar estos problemas por el gobierno de Álvaro Colom.
¿Por qué no llegaron al menos a expresar puntos de vista, a falta de planteamientos serios de gobierno? ¿Qué les hace morderse la lengua antes de evidenciar públicamente los intereses de los económicamente más poderosos? ¿De dónde, señores, de dónde vienen los fondos de sus campañas? ¿Por qué han acudido tan campantemente a todos los otros foros y a este, precisamente, no? ¿A quién pretenden representar con una silla vacía? ¿Son las presiones, la falta de capacidad, la falta de asesoría, la ignorancia, los financistas? ¿Es esa la clase de debate político que son capaces de proponer a la ciudadanía que aún piensa votar? ¿A eso le llaman democracia?
A lo mejor es más elocuente su silencio cínico, señores. Más elocuente que nada es esa silla vacía que tienen para ofrecer al Polochic, a San Marcos, a San Juan Sacatepéquez, a la región Ixil y a todas esas Guatemalas invisibles que nunca serán ustedes capaces de representar.
Más de este autor