¿Cuáles son las prioridades? ¿Las necesidades de la ciudadanía? O, ¿los intereses del sector privado? ¿Los del partido oficial y sus aliados?
Al parecer, la primera prioridad son dos préstamos por más de US$ 430 millones (unos Q 3,500 millones). Y es que cuando en octubre de 2012 el Congreso aprobó el presupuesto para este 2013, autorizó asignaciones de gasto financiadas con estos préstamos, pero no los préstamos. Una táctica sucia en la que el Congreso aprueba el gasto (generando compromisos y expectativas), pero no las fuentes de financiamiento, con la esperanza de presionar (si no extorsionar) al Ejecutivo por prebendas. El caso es que el gobierno tiene urgencia de estos préstamos para empezar a cubrir el agujero fiscal de cuantiosas asignaciones de gasto, a la fecha desfinanciadas.
Luego seguramente vendrá la aprobación del desmantelamiento de la Ley Aduanera Nacional, norma que ha causado problemas no por su diseño (son disposiciones centroamericanas que ya se aplican sin problemas en el resto de países de la región), sino por la falta de preparación. ¿Falta de preparación de quiénes? Primero de la propia SAT, pero también de las empresas. Y además, la negativa a adaptarse a los controles y normas que son estándar en otros países similares al nuestro. Así que en vez de mejorar, retrocederemos renegando de sanciones que ayudarían a reducir la defraudación aduanera.
Seguirá la aprobación de la iniciativa de ley número de registro 4701, presentada por el Ejecutivo la semana antepasada con la intención de modificar la Ley de Actualización Tributaria. De los 27 artículos propuestos, 15 son disposiciones técnicas necesarias que vendrían a corregir errores en la reforma tributaria. Pero los 12 restantes constituirían privilegios fiscales y otras medidas inaceptables. Incluso, en calidad de escándalo mayúsculo, el Ejecutivo propuso “legalizar” un esquema de fraude fiscal, simulación y lavado de dinero en proyectos inmobiliarios. Según reza el viejo refrán, con esta iniciativa de ley recibimos “una de cal y una de arena”.
Esta semana veremos si la Junta Monetaria actúa responsablemente negándole opinión técnica favorable a la propuesta de ampliar en Q 3,500 millones la emisión y colocación en 2013 de bonos del tesoro, con el propósito de pagar la denominada “deuda flotante” que con vehemencia y lloriqueos reclama el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¿Cuál es la prisa? En este tema, debemos exigir: primero la sanción a los funcionarios que hayan incurrido en ilegalidades; luego, que la Contraloría General de Cuentas audite uno por uno los contratos y se inspeccionen físicamente las obras; y finalmente, si la Contraloría certifica que la obra está terminada y bien hecha, uno por uno incluir los contratos en el presupuesto, y hasta entonces, pagar. Lo malo es que todo parece apuntar a que pondrán de rodillas a los integrantes de la Junta Monetaria (corresponsables, entonces), doblegándolos a los dictados de la corrupción y la impunidad, y con ello esos bonos llegarán bienvenidos con alegría y celebración para su aprobación expedita en el Congreso. Está por verse, esta misma semana.
Lamentablemente la agenda legislativa luego del bloqueo luce como todo un aquelarre de deuda pública, relajamiento de los controles para el combate a la defraudación aduanera, nuevos privilegios fiscales incluyendo la legalización de un caso de fraude fiscal y lavado de dinero, y el premio para contratos ilegales y por obras sin ningún control de calidad.
¿Será que también puedan incluir las leyes de transparencia, por lo menos para atender una sola demanda ciudadana legítima? ¿Nos vamos a quedar callados ante esto?
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