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Sin Agua bajo el Volcán
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Sin Agua bajo el Volcán

La exposición de sus problemas pasa por el penoso relato de filas nocturnas, esperas eternas y conflictos constantes. Cada mujer ha colocado un pequeño recipiente de plástico con su nombre y número atado a una cuerda. La hilera, que rodea varias veces la pileta, va avanzando hasta llegar al chorro.
“Todo el mundo espera que venga alguien de fuera y nos de dinero. Pero el problema real de este pueblo es que no paga impuestos. Aquí la SAT (Superintendencia de Administración tributaria) ni siquiera se atreve a entrar".
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El sábado pasado varios miles de personas se reunieron en Santa María de Jesús para subir el Volcán de Agua. Su objetivo: Romper el ciclo de la violencia. El inicio de la caminata fue en Santa María de Jesús, en las faldas del volcán, un pueblo sin agua corriente, con un centenar de trabajadores que llevan 18 meses sin cobrar, una deuda de Q32 millones en un lugar donde no se pagan impuestos y un aporte estatal, embargado, que se va directamente a un banco. En el país quedan muchos ciclos por romper.

El “vital líquido” y las deudas de una municipalidad.

A primera hora de la mañana del sábado 21 y a más de 2000 metros de altura, en la ladera del Volcán de Agua, a nueve kilómetros de Antigua, hace bastante frío. Para esquivarlo, decenas de mujeres y niños protegidos se protegen con mantas sobre los hombros mientras cargan con tambos y tinajas de agua a la espalda y en la cabeza. Desde diciembre de 2011 los habitantes de Santa María de Jesús, un municipio en el que viven 30.000 vecinos, en su mayoría kakchiqueles, y que ha sido, paradójicamente, arrasado en varias ocasiones por los brutales desbordamientos de agua del volcán, no tienen agua corriente en sus casas y deben conseguirlo en las pilas públicas.

La imagen de las mujeres haciendo filas y cargando con lo que aquí llaman “el vital líquido” se repite calle a calle. Al igual que su enojo. La exposición de sus problemas pasa por el penoso relato de filas nocturnas, esperas eternas y conflictos constantes. Cada mujer ha colocado un pequeño recipiente de plástico con su nombre y número atado a una cuerda. La hilera, que rodea varias veces la pileta, va avanzando hasta llegar al chorro. Cuando llega el turno, y sin desperdiciar ni una gota, cada mujer le paga un quetzal al encargado de la pila y llena sus 25 galones de agua por día. Tras el aparente orden, la escasez. María Toribia habla por sus vecinas: “A veces no nos llega ni para el día si tenemos que lavar, beber y cocinar o si perdemos el turno porque no podemos estar aquí toda la noche esperando”. Entonces, como en cada escasez provocada por la ausencia de servicios públicos, el negocio que se beneficia de la necesidad de los pobres, empobreciéndolos aún más. Si el agua de la pila no es suficiente, toca comprarla. A 12 quetzales el tonel que algunos camiones traen desde Antigua.

Cuando a los ciudadanos de Santa María de Jesús se les cortó definitivamente el servicio, a principios de diciembre, hacía ya dos años que sólo lo recibían un par de veces por semana y con interrupciones constantes.

Si uno les pregunta el porqué del corte del suministro de agua corriente a las vecinas la respuesta caerá, casi siempre por la explicación de la deuda eléctrica.

Según muchos vecinos, el alcalde anterior, Sotero Chunuc, no pagó las facturas de electricidad y por eso las bombas de agua no pueden funcionar. El saber popular no se equivoca pero está poco actualizado. Eso sucedió hace ya dos años. Desde entonces, la situación no ha cesado de empeorar. Sin electricidad, el bombeo de agua pasó a funcionar gracias a motores diesel. Electricidad o diesel, la municipalidad no puede hacer frente al coste necesario para garantizar el suministro de agua.

Pero esas no son las únicas deudas de la municipalidad. Alrededor de 100 empleados municipales tampoco cobran su salario desde hace al menos 18 meses y vagan frente a la municipalidad o pasan el tiempo en la precaria sede del sindicato que algunos han creado para tratar de luchar por sus derechos.

Por estas deudas, al alcalde anterior, Sotero Chunuc, lo vapuleó un grupo de unos 500 vecinos el pasado 4 de enero, tras prenderle fuego a su vehículo. Los rumores que las mujeres manejan mientras hacen fila en las pilas dicen que lo iban a crucificar en el cementerio y la policía lo salvó. No es cierto. Pero cuando suceden estos remedos de Fuenteovejuna, en los que participan cientos de vecinos, no sólo nadie puede contarlo porque nadie estaba allí sino que nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió realmente más allá de lo innegable. Del rastro de vidrios rotos a pintura borrada por un fuego, que varios hombres con camisetas y pintura patrocinadas por un banco se esmeran por ocultar subidos a un andamio.

La multitud quemó también la estación de policía, a la que han expulsado del pueblo, y el gran picop del alcalde que yace, destruido y apartado entre la puerta de la Municipalidad y la de la Escuela, como mensaje a los niños que, antes de entrar a estudiar, normalizan así los métodos que sus padres utilizan para la resolución de controversias.

Hoy, en la puerta de la municipalidad, además de pintura nueva para reparar el incendio, lo que hay son colas de hombres que vienen a pedirle favores a un alcalde entrante que no dispone de instrumentos para solucionar los problemas financieros de la localidad. “Dicen que es el padre del pueblo y tiene que escucharnos. Cada uno viene a pedirle lo que necesita, dame agua, dame luz o dame adoquín”, explica uno de ellos. “Ayer hubo una asamblea de pobladores y apareció un bolo que venía de ver el partido Madrid-Barça. Le gritó al alcalde que fuera a la capital a pedirle dinero a las embajadas”, añade.

El alcalde entrante

El nuevo alcalde, Mario Pérez, del Partido Patriota, los recibe detrás de su mesa. Es hombre de pocas palabras. “Ya hemos localizado deuda municipal por valor de Q24 millones y ayer encontramos Q8 millones más”. En total son Q32 millones. Si la deuda se repartiese, cada habitante de Santa María de Jesús debería Q1,000, tres meses de trabajo para muchos. Sabe, por supuesto, que la solución de llamar a las puertas de las embajadas que sugieren los vecinos no es la que resolverá sus problemas financieros. Se queja de que la mentalidad de los ciudadanos sea esa.

Para hablar de cuestiones económicas llama a su director financiero, Rómulo Seguí. “El problema es que se gastó más de lo que se ingresaba. Respecto al agua, por ejemplo, 2,500 viviendas debían pagar Q15 al mes por el agua. Así sólo podían recaudarse Q35,000 al mes. Faltaban Q140,000 que subvencionaba la municipalidad”. Y ahora nos encontramos con que el aporte constitucional de Q670.000 al mes que recibe la municipalidad del Estado no se recibe, se va directamente a Banrural para pagar los créditos. La municipalidad está embargada”. Con la basura sucedió lo mismo. “Nadie pagaba el boleto de ornato y la municipalidad lo asumía hasta que dejó de hacerlo y el piloto y sus ayudantes renunciaron”, cuenta el alcalde.

Efectivamente, cuando se regresa a la Antigua desde Santa María de Jesús, la camioneta se detiene en medio de la carretera. Con total normalidad, el ayudante del piloto trepa hasta el techo y lanza bolsas de basura sobre la ladera, convertida en un basural clandestino.

- ¿Y qué van a hacer?

El alcalde sale de su silencio y responde “concientizar de que no hay plata y no se pueden pagar esas deudas. Ayer propuse que cada casa pague Q50 al mes por el agua. Así podríamos restablecer el servicio. Ya pedí la cotización a varias empresas y podrían financiarnos con préstamos. Pero la población no acepta”.

- ¿Y respecto a la deuda de los trabajadores?

- No la vamos a pagar. Tenemos que suspender a los trabajadores. No tenemos otra opción. La gente pide que se vayan porque no trabajan.

- ¿Y ahora que el gobierno en la capital es de su mismo partido no esperan algo de ayuda por su parte?

-Todavía no hemos tenido ninguna comunicación directa con el gobierno, esperamos que se dé más adelante, pero sé que si el pueblo no realiza aportaciones tributarias y no paga impuestos, el Estado tampoco puede hacer nada.

El agua no es el único “vital líquido” que necesita la comunidad. Los ingresos tributarios corren a la par en necesidad. “Pero si el pueblo no paga impuestos, no podemos hacer nada”, dice el alcalde. Esa es toda la creatividad financiera de la que se dispone en estos momentos en el ayuntamiento. 

Un sindicato

A las puertas de la municipalidad se encuentran también a varios de los trabajadores que llevan un año y medio sin recibir un centavo. Dos de ellos, plomeros, no quieren dar sus nombres, por miedo a que los despidan. Pero sí aceptan hablar. Cifran la deuda que reclaman en Q50,000 por persona. “Nosotros ya no quisiéramos venir, pero nadie nos garantiza que se nos va a dar nuestro dinero si nos vamos”.

El motivo por el que han sido convocados sorprende. Se disponen a dar una vuelta por el pueblo para enseñarles a los nuevos plomeros de la municipalidad los drenajes y las fuentes de agua.

El alcalde no puede pagar la deuda de los trabajadores contratados por el anterior alcalde y por eso anuncia que suspenderá a todos los trabajadores anteriores, pero al mismo tiempo contrata a nuevos trabajadores. A sus trabajadores.

De entre los 100 trabajadores que no han cobrado su salario desde hace 18 meses, 27 decidieron fundar un sindicato. A los plomeros que realizan el traspaso de mando esa vía no les convence. “Nosotros no nos hemos metido en el sindicato porque eso le ensucia la papelería a uno para siempre”, responden mientras caminan por el pueblo realizando el traslado de mando. 

En la parte de atrás de la municipalidad, a pocos metros del despacho del Alcalde, Eliodoro Colí, arropado por los 27 miembros de Sindicato de trabajadores de Santa María de Jesús (Sintrasamaj), no tiene miedo de hablar, en tanto Secretario General de la organización. “También a nosotros nos dijeron que no nos metiéramos en un sindicato porque si lo hacíamos ya nunca conseguiríamos trabajo, pero quienes dicen eso están equivocados”, dice. Colí califica el miedo como “producto de las intimidaciones de los patrones” y añade que efectivamente “anteriormente fue así, pero la cosa cambió. Algunos sobrevivieron al pasado y siguen vivos aunque el alcalde nos dijese que a los sindicalistas los mataban”.

En todo caso, sí que hubo represalias a los primeros que dieron la cara. “En 2010 varios compañeros llamaron a la prensa para denunciar los impagos de salarios y por eso los despidieron. Por eso formamos el Sindicato, porque a todos no nos podían despedir. Hoy somos 500 personas si incluimos a nuestras familias y el problema es mucho mayor”, sostiene Colí antes de negar categóricamente que cualquiera de los miembros del sindicato participase en el bochinche que expulsó al anterior alcalde y a la policía del pueblo tal y como les acusa el alcalde electo.

Tanto el alcalde como los nuevos trabajadores de la municipalidad claman por el despido de quienes por falta de sueldo e insumos para el trabajo, llevan parados más de un año y medio.

Pero para el secretario general del Sindicato eso es “enfrentar a vecinos con vecinos”. La base del conflicto es clara “¿si no hay dinero para pagar salarios ni materiales para trabajar por qué nos han puesto reemplazo, por qué han contratado a los suyos?”, pregunta Colí, que se responde a sí mismo: “Nos está discriminando porque no somos del Partido Patriota”. Mientras habla de todo esto, está recogiendo Q10 por persona para poder pagar una consulta con un abogado en Antigua con la que decidir qué pasos dar en el futuro. “En la Procuraduría de los Derechos Humanos de Antigua no nos escuchan. Hemos ido a presentar nuestro caso pero no hubo respuesta”.

Su situación es penosa. “Psicológicamente ya nos han matado”, describe Colí. “No nos fían en las tiendas, nos endedudamos con intereses muy altos, nos señalan y en el banco ya no nos reciben”. Se sienten impotentes, lo peor es que no saben a qué o quien recurrir y avisa, para despedirse: “no queremos tener que recurrir a la violencia”.

En las precarias instalaciones de la municipalidad se masca la tensión que trasluce el conflicto entre funcionarios cesantes y funcionarios entrantes. El secretario municipal acompaña a una joven hasta la puerta del Departamento de Planificación. “Mire, don Herbert, esta es la compañera nueva, dice el alcalde que le vayan enseñando el trabajo”. La joven, cohibida, ni siquiera levanta la cabeza ni saluda y espera tras la puerta. Las caras de todos reflejan incomodidad.

Herbert Dávila es el director de planificación municipal y trata de contextualizar el problema.”El deterioro comienza cuando, en 2008, se castiga a la Municipalidad con la rebaja del aporte constitucional que se recibe del Estado en represalia por no apoyar al partido del gobierno y se reducen los ingresos por esa partida”. La culpa, del Estado.

Su visión coincide en cierta manera con la del alcalde actual. “Todo el mundo espera que venga alguien de fuera y nos de dinero. Pero el problema real de este pueblo es que no paga impuestos. Aquí la SAT (Superintendencia de Administración tributaria) ni siquiera se atreve a entrar, piense que ya son dos las veces que se expulsa a la policía de este pueblo”, mientras saca los datos en los que se apoya. “Tenemos 4,600 viviendas registradas. Apenas 125 pagan el IUSI. De 1,125 negocios, dan factura 25. Y soy optimista con las cifras”.

Más allá de la ausencia de ingresos señala una problemática cultural. “Los habitantes se niegan a entender que los servicios tienen un coste y a eso se le suma un problema de mala administración. Disminuyen los ingresos y se genera una deuda inasumible”. Desde su punto de vista, cada vez que alguien ha tratado de solucionarlo “se ha encontrado con una negativa categórica” y pone como ejemplo que no se ha querido asistir a “cursos de adiestramiento en la gestión” y se han paralizado todas las inicitivas de desarrollo emprendidas.

“Desde la instalación de energía eólica hasta el teleférico pasando por una recicladora de basura”. La mentalidad con la que identifica la actitud de la ciudadanía “es la de poner la mano para recibir sin dar nada a cambio y satanizar cualquier posibilidad de desarrollo manejando la cuestión de la pobreza indígena con un enfoque político”. El resto de problemas de fondo en el pueblo, como la satanización de los trabajadores que reclaman sus derechos, es obviada.

El director de planificación municipal, como el resto de trabajadores de la municipalidad, tampoco ha cobrado su salario. Él recurrió al juzgado, donde ha puesto una denuncia por impago. “Pero desde ese momento he sufrido intimidaciones”.

- ¿Tiene miedo?

- La gente no nos quiere ver aquí. Tengo temor.

Las cuentas, fiscalizadas

Cuando los responsables de la municipalidad culpan a la ausencia de ingresos como responsable de la quiebra económica municipal, no transmiten la fotografía completa de la situación. La Contraloría General de Cuentas publicó a principios de 2011 el último de sus informes sobre la situación de las cuentas de la Municipalidad de Santa María.

En dicho documento se señala que durante el año 2010 las nóminas de los trabajadores no cuentan con la firma de recibido ni con la firma de la Tesorería Municipal que autoriza su salida. Esto es, que sin detallar cuantías, se producen salidas de dinero en concepto de salarios que no han llegado a manos de sus legítimos receptores. Los mismos que aseguran no haber cobrado sus salarios desde mediados de ese año 2010.

Tampoco se presentan los recibos de pago al IGSS (Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social) ni a la SAT ni al Plan de prestaciones del empleado municipal.

También se denuncia que casi Q6 millones de la aportación constitucional nunca fueron ingresadas en la caja de la municipalidad, desconociéndose su destino. Tampoco se utilizaba el sistema Guatecompras establecido por la ley para realizar las licitaciones municipales ni se cumplieron todas las recomendaciones de informes de años anteriores, que señalan que los fondos salen sin justificación de la municipalidad el mismo día que ingresan.

Una de las cuestiones señaladas por los informes de Contraloría es la que se refiere al salario del Alcalde. Q20,500 mensuales más Q9,000 al mes en concepto de dietas. Q30,000 al mes. Un salario autoimpuesto sin aprobación por parte del Consejo Municipal y que “no se adecúa a la realidad económica del municipio”, según el informe. 

Al alcalde saliente, Sotero Chunuc, y a Leopoldo Pamal, su director financiero, se les impusieron multas por mala gestión en 2008, 2009 y 2010 que ascienden a casi Q100.000 en cada caso.  A varios de sus concejales, con importes menores, también.

Meses antes de las elecciones sólo era necesario acudir a internet para comprender lo que estaba sucediendo con los salarios impagados de 100 trabajadores municipales. Nadie actuó políticamente pese a existir constancia oficial del desvío de fondos.

Después, con un pueblo entero sin suministro de agua y más de 100 personas que no cobran su salario desde hace 18 meses, llegaron el bochinche, la paliza al alcalde y el fuego, consecuencias de una municipalidad quebrada y unos informes de Contraloría que, por lo visto, nadie leyó. Santa María de Jesús, en las faldas del Volcán de Agua, es una municipalidad saqueada con luz y taquígrafos, en otro de los círculos intactos de Guatemala. 

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