Si en Texas los fallecidos son todos mexicanos de origen o de ascendencia, en Misisipi las detenciones incluyeron a casi 400 guatemaltecos, de los cuales 176 continuaban detenidos tres días después del asalto policial a sus centros de trabajo.
El Gobierno mexicano no solo condenó la masacre y las detenciones, sino que en el primer caso se ha dispuesto a exigir que se juzgue al asesino en México por terrorismo y en el segundo ha hecho un gran esfuerzo por dar atención y apoyo a sus conciudadanos. Su canciller se ha movilizado para exigir justicia, a la vez que intenta mantener en buen nivel las relaciones con su agresivo y cada vez menos racional vecino.
Todo lo contrario ha sucedido con el Gobierno y la Cancillería de Guatemala. Puestos de rodillas y con la cabeza agachada desde la inauguración de la embajada en Jerusalén, la canciller Sandra Jovel se ha convertido en la principal enemiga de los migrantes guatemaltecos. Hasta hoy el Estado de Guatemala no ha tomado una sola medida legal para que el asesinato de Claudia Gómez, sucedido el 23 de mayo de 2018 en Laredo, Texas —es decir, hace ya 14 meses—, no quede impune.
Ni el más mínimo pronunciamiento se ha hecho por la masacre de El Paso, claro y evidente acto terrorista, con lo cual el país pasa de la total indiferencia diplomática a la casi complicidad racista con el asesino y con un gobernante que, con su verborrea racista, a diario estimula actos como este. Dicha situación llega al extremo de tener en casi total abandono a los guatemaltecos detenidos en Misisipi.
Siendo la economía guatemalteca una de las que más depende del envío de remesas, el actual gobierno simplemente las ordeña sin preocuparse por que esos trabajadores tengan mínimas condiciones laborales y protección legal. Los guatemaltecos residentes en Estados Unidos están tanto o más aterrorizados que los mexicanos, pues saben que de su Gobierno no obtendrán el más mínimo apoyo. Si el Gobierno se plegó a servir de carcelero en esto del mal llamado tercer país seguro, no fue porque le importaran las familias guatemaltecas que día a día reciben remesas, sino porque los empresarios, que ilegalmente financiaron su campaña hace cuatro años, disminuirían significativamente sus ganancias si las remesas fueran limitadas.
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Incapaces de ver hacia adelante y más allá de sus narices, se frotan las manos con el crecimiento actual de las remesas, que, según la Junta Monetaria, alcanzará 9.5 % este año, mientras que las exportaciones, según esa misma fuente, apenas lo harán en 1 %. Pero resulta que nadie se ha puesto a pensar en las razones de ese aumento significativo de las remesas cuando los flujos de migrantes que consiguen llegar a su destino y conseguir trabajo son mucho más bajos que en años anteriores, dada la persecución abiertamente racista que el gobierno de Trump ha hecho de los centroamericanos.
Una explicación posible es que, temerosos, los guatemaltecos que laboran en Estados Unidos han decidido repatriar de manera significativa el precio de su fuerza de trabajo, de manera que, si tienen que retornar al país, puedan tener un colchón económico para sobrevivir al desempleo que acá les espera.
De esa cuenta, ese flujo de dólares que a las élites no les cuesta nada obtener no será eterno y mucho menos continuará en ascenso si las políticas migratorias que promueve la campaña electoral de Trump siguen adelante. El caso de Misisipi es ejemplar: casi medio millar de guatemaltecos dejarán de enviar remesas ya este mes, y muchos otros también dejarán de hacerlo porque el empleador que los explota reducirá las contrataciones hasta que las aguas se tranquilicen.
El desconocimiento y la incapacidad de los ministros Jovel y Aguilera son tales que felices aceptaron la promesa de algunas visas para trabajadores temporales agrícolas, que dejan de lado a toda esta masa de trabajadores que, ya instalados en Estados Unidos, trabajan en distintas industrias de manera ilegal. Legalizar su instancia habría sido uno de los precios por poner al cierre de las fronteras a nuevo migrantes.
De continuar las autoridades y sus élites económicas con sus prácticas serviles y perezosas, no será de extrañar que el país entre en un período de dolorosa recesión, pues no se ve que en el corto y mediano plazo el ingreso de remesas pueda ser superado por las exportaciones, mucho menos que el mercado de trabajo pueda crecer de tal manera que a muchos guatemaltecos se les asegure la sobrevivencia al dinamizar el consumo.
De esa cuenta, los guatemaltecos continuarán huyendo del país sin importarles el riesgo de ser asesinados por un policía racista o por un terrorista, apoyados desde el silencio cómplice y criminal del Gobierno guatemalteco.
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