La articulación entre corrupción y financiamiento electoral ilícito no solo continúa, sino que se acelera conforme se acercan las elecciones de 2023.
Es un sistema putrefacto que se alimenta de un círculo vicioso que existe en muchos países y sistemas políticos y sociales. Cuando un empresario privado decide financiar la campaña electoral de un político, no por la calidad legítima de su oferta programática, sino por un acuerdo tácito que, en caso «su candidato» gane, una vez en el poder, le ha prometido que tomará decisiones y actuará para favorecerle con contratos amañados o sobrevaluados. De esta forma, el empresario privado recupera su «inversión», ya que las ganancias ilícitas que genera el contrato amañado, son tan grandes, que superan los gastos realizados como financiamiento electoral.
Por su parte, el político, usualmente alcaldes o diputados, una vez en el poder, no queda satisfecho con haber ganado la elección, sino que, en muchos casos desde el primer día ocupando el cargo, empezará a preparar su reelección cuatro años después. Así, este político tiene un incentivo al ofrecer contratos amañados o sobrevalorados a los empresarios que le financiaron, y si es posible, agregar a otros que quieran incrementar sus ganancias. Entonces, el político también «invierte» al correr los riesgos y asumir el desgaste de ser corrupto amañando contratos y negocios con el Estado, pero recupera esta «inversión» al amasar gran cantidad de promesas de dinero para financiar la campaña de reelección, con la cual podrá comprar votos regalando láminas, gallinas ponedoras, camisetas y gorras, y si es necesario, mandar a matar a uno que otro contrincante electoral.
Y conforme se acerca cada proceso electoral, se repite el proceso. Y siendo un negocio muy lucrativo, por ilícito e ilegítimo que es, las leyes del mercado explican que habrá más empresarios interesados en sumarse al juego, y también se sumarán más políticos. Un círculo vicioso que crece y se acelera, generando un mercado creciente y boyante.
Sin embargo, por supuesto, esta porquería no se debe analizar desde la teoría económica y las leyes del mercado. Como el caso guatemalteco demuestra de manera dramática, además de ser una actividad criminal, que este círculo vicioso crezca y se acelere genera daños económicos y sociales muy profundos. La ciudadanía es la que sufre las consecuencias al ser la que genera el dinero para que el círculo vicioso funcione. El resultado está a la vista: ser un país que no es pobre, pero que está repleto de gente que sufre la pobreza, en el que más de la mitad de la niñez sufre desnutrición crónica, con una infraestructura que se cae con las primeras lluvias del invierno de cada año, con atrasos de magnitud global en educación, salud, seguridad, justicia, más una lista demasiado larga de vergüenzas.
Hoy, este círculo vicioso, muy fortalecido, se acelera. La atención al problema del agujero en el kilómetro 15 de la carretera CA-09-Sur, ruta al Pacífico, es un nuevo escándalo de corrupción, en el que están vinculados Javier Gramajo, alcalde municipal de Villa Nueva, su hermano Jorge Luis Gramajo, gobernador de Guatemala, vinculado con la empresa comercializadora de cemento Bonanza, que al parecer está detrás del fallido vertido de concreto líquido, y Shirley Rivera, la actual presidenta del Congreso. Además, Giammattei está dirigiendo un despilfarro de más de cuatro mil millones de quetzales, canalizándolos a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y los Consejos Departamentales de Desarrollo.
Miles de millones de quetzales que ya están yendo al financiamiento de campaña electoral anticipada de los aliados de Giammattei, caudal financiero ilícito que continuará durante el proceso electoral de 2023. ¡Hasta cuando Guatemala!
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