Con todo en contra
Cuando en febrero de este año se agudizaron las protestas en Venezuela, muchos anticiparon la salida del presidente Nicolás Maduro, pues pensaron que la crisis política, económica y social lo obligaría a renunciar. Otros vaticinaron una salida por fuera de la Constitución o un golpe militar.
Por uno u otro camino, Maduro engrosaría la lista de los 21 presidentes latinoamericanos que desde 1985 no han podido concluir sus períodos constitucionales debido a golpes de Estado, destituciones, juicios o renuncias obligadas.
Pero seis meses después Maduro sigue en el cargo, la crisis en Venezuela continúa y la protesta parece languidecer debido a su desgaste natural y a la represión que ha cobrado 42 muertos (la mayoría de ellos víctimas de los organismos del Estado y de los colectivos chavistas).
¿Por qué no se cayó Maduro en semejante escenario?, y ¿de qué manera los hechos políticos recientes afectarán su permanencia en el poder? son los dos interrogantes que suscitan esta reflexión, guiada por algunos trabajos académicos que de manera comparada han tratado de explicar la inestabilidad presidencial en América Latina.
Por qué son las protestas
Los presidentes se caen, como le ocurrió a Jamil Mahuad en Ecuador (2000) y a FernandoDe La Rúa en Argentina (2001), cuando un amplio sector de la población siente que se tomaron medidas económicas de choque que afectaron su bolsillo.
El deterioro de la economía venezolana es evidente: en 2013 el país tuvo el peor rendimiento de América Latina al alcanzar apenas un crecimiento de 0,7 por ciento, la inflación ascendió a 56 por ciento, el déficit fiscal a 11 por ciento del PIB (hecho atribuido no solo al aumento de los gastos sociales sino a una caída cercana al 4 por ciento en los precios del petróleo) y el desabastecimiento se calculó en cerca de un 30 por ciento.
Sin embargo el deterioro en los niveles de vida en Venezuela ha sido progresivo y todavía los sectores populares reciben beneficios del gobierno a través de sus políticas asistencialistas.
De hecho, las protestas de febrero resultaron de dos factores distintos del económico: la combinación de una estrategia de confrontación de algunos de los miembros de la oposición que veía que la Mesa de Unidad Democrática no era suficientemente contundente frente al gobierno, y las protestas de los estudiantes por la inseguridad.
En relación con lo último, el Observatorio Venezolano de Violencia señala que en ese país se produjeron 73 muertes por cada 100.000 habitantes en 2012, esto es, se ha cuadruplicado la cifra en los 15 años de gobiernos chavistas.
Ante la respuesta brutal a las protestas (sobre todo a partir del “Caracazo” de 1989, que se tradujo en 3.306 manifestantes detenidos y 973 heridos) la denuncia de la represión se convirtió en bandera principal de las movilizaciones ciudadanas. Esto no quiere decir que lo económico no cuente, sino que no fue el símbolo que articuló la protesta.
La situación económica
Hoy sin embargo se asiste a un deterioro mayor en la economía, que puede configurar un escenario diferente: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado que la inflación al cierre del 2014 puede ascender a 75 por ciento; el Banco Mundial calcula que la economía se contraerá en 0,5 por ciento y un estudio de Datanálisis de marzo de este año concluye que el desabastecimiento ronda un 47 por ciento.
Por eso, el ministro de Petróleo y Economía, Rafael Ramírez, anunció “nuevas medidas económicas” sin detallar su contenido, lo que ha causado mayor zozobra entre la población y ha llevado a que los medios vaticinen que se tratará de “un paquetazo” - lo cual inevitablemente evoca el “Gran Viraje” de Carlos Andrés Pérez que desencadenó el Caracazo-.
La prensa se refiere también a la presencia en Venezuela de funcionarios del FMI que estarían asesorando al gobierno. Por su parte, Nicolás Maduro ha tratado de tranquilizar a los venezolanos al repetir que decisiones sensibles como el aumento de los precios de la gasolina, serían consultadas con el pueblo.
La corrupción
Aunque desde hace varios años se habla de un aumento de la corrupción en Venezuela que ha llenado los bolsillos de la llamada “boliburguesía”, el fenómeno ha venido en aumento y ante el deterioro económico y la posibilidad de medidas de choque, el tema adquiere una importancia decisiva.
Presidentes que salieron del poder, como el propio Carlos Andrés Pérez (1993), Fernando Collor de Mello (1992) y Abdalá Bucaram (1997), afrontaron procesos judiciales cuando las políticas de ajuste económico se sumaron a los escándalos de corrupción, pues el pueblo consideró inaceptables esas medidas mientras los funcionarios del gobierno se enriquecían.
Según Transparencia Internacional, la percepción de corrupción ubica a Venezuela en 2013 en el puesto 160 entre 167 países evaluados y el 57 por ciento de los encuestados consideran que la corrupción ha empeorado en los últimos dos años.
Los escándalos de corrupción recientemente ventilados tocan temas muy sensibles para los venezolanos como son el desabastecimiento y, vinculado a eso, la disponibilidad de divisas.
En relación con lo primero, bajo el nombre del “arrozgate” se ha denunciado la venta de arroz argentino a Venezuela con sobrecostos de hasta 50 por ciento, así como de pollo y leche con porcentajes similares.
Y en relación con lo segundo, el por trece años ministro del chavismo Jorge Giordani denunció que empresas de maletín o empresas ficticias recibieron más de 25 mil millones de dólares de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) destinadas a las importaciones necesarias para el país.
Gobierno unido, oposición partida
Cuando en la historia reciente se han sumado corrupción y ajustes económicos drásticos, ha sido la conjunción entre la pérdida del apoyo político en el legislativo y la movilización ciudadana lo que han definido la suerte de los presidentes.
Pero un juicio político o un bloqueo en el legislativo que lleve a renunciar a Maduro no se produjo ni en el marco de la crisis de gobernabilidad que se desató en febrero de este año ni parece posible en cualquier situación mientras el chavismo sea mayoría en la Asamblea Nacional y permanezca unido.
Aunque la oposición conquistó el 52 por ciento de los votos en las parlamentarias de 2010, por cuenta de la Ley de procesos electorales de 2009, que le dio sobrerrepresentación a los estados menos poblados, la Mesa de Unidad Democrática alcanzó apenas 65 escaños frente a 98 del PSUV y 2 de Patria Para Todos.
Esto le ha permitido al oficialismo hacerse al control de la Asamblea Nacional y ejercer una férrea exclusión de la oposición, ejemplos de lo cual han sido la negativa sistemática a permitirles el uso de la palabra en los debates y el despojo de la investidura a Maria Corina Machado impulsado por Diosdado Cabello y avalado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Después del cierre el 31 de julio del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que designó a Maduro como presidente del partido en reconocimiento de “su liderazgo y amor al pueblo” con los que “ha demostrado ser digno hijo de Chávez”, parece que de momento las cúpulas del oficialismo están unidas.
Ellas representan las diversas fracciones que el PSUV tiene en su interior: sectores civiles partidarios del modelo cubano, entre los que se encontraría Maduro; sectores militares de tendencia nacionalista y suspicaces frente a intromisión de los cubanos, entre los que está Diosdado Cabello; sectores civiles de izquierda radical y sectores civiles más moderados y pragmáticos.
Este pacto entre las élites no necesariamente implica el apoyo de los sectores populares chavistas, quienes al parecer cada vez sienten menos afecto por el gobierno, y tal vez allí podría estar la clave para la salida de Maduro.
En las elecciones de diputados al III Congreso del PSUV votaron cerca de 1.600.000 miembros del partido, suma que representa, si se cree en las cifras del gobierno que habla de más de 7 millones de miembros, apenas el 20 por ciento. Estos inconformes podrían engrosar las filas de la oposición y de los que han participado en las 6.369 protestas registradas durante el primer semestre de este año, a razón de 35 protestas diarias.
De estas protestas, un 72 por ciento son de rechazo al presidente y a la represión. Pero para que la movilización pueda llevar a una salida política de carácter constitucional, que es lo deseable, se necesita que las luchas se articulen en torno a un mismo objetivo.
Para ello es fundamental que la oposición logre salvar sus diferencias, lo que de momento parece dificil, pues la misma semana en la que el PSUV se unió, la oposición dejó ver su fractura con la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo, el secretario ejecutivo de la MUD . Al parecer su renuncia fue producto de las peleas internas entre los tres grandes grupos en que se divide la oposición: los que quieren una constituyente, como Leopoldo López
(hoy encarcelado); el grupo de Maria Corina Machado, que no descarta esa opción pero que le apuesta a organizar una gran reunión o congreso de opositores al gobierno de Maduro; y el grupo de Henrique Capriles, que sostiene que hay que organizarse para las elecciones legislativas de 2015, lo que a los primeros les parece una estrategia a muy largo plazo y condicionada por una Ley de procesos electorales y una institucionalidad cooptada por el presidente.
*Profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. marquezm@javeriana.edu.co.
Publicado en Razón Pública, 4 de agosto de 2014.
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