“Si los ciudadanos no ganan suficiente, no pueden permitirse los servicios esenciales”

Los últimos días del gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre se vieron empañados por su insistencia en la implementación de salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios del país: Estanzuela, en Zacapa; Masagua, en Escuintla; y Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso. Bajo el argumento de atraer inversión y generar empleo, Maldonado aprobó el 31 de diciembre de 2015 unos sueldos mínimos de Q1,954.95 en estas localidades. Una semana después, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso su decisión.

El 2 de febrero de 2016, 19 días después de tomar posesión, el presidente Jimmy Morales, derogó los salarios mínimos diferenciados, arguyendo que “no son acordes a los principios, derechos y garantías sociales que nuestra Constitución garantiza”. Sin embargo, el 4 de mayo pasado, el Ministerio de Trabajo convocó a organizaciones de empleadores y trabajadores de los cuatro municipios a integrar una Comisión Paritaria de Salarios Mínimos por localidad, abriendo de nuevo la puerta a la creación de unos sueldos diferenciados. Dos de estas comunas (Estanzuela y Masagua) mantuvieron sus alcaldes después de las elecciones de septiembre de 2015, mientras que las corporaciones municipales de San Agustín Acasaguastlán y de Guastatoya cambiaron en enero. El jefe edil de Guastatoya, Jose Antonio Orellana Pinto, ya se declaró en contra de la fijación de salarios mínimos.

En un comunicado emitido hace unas semanas, la cartera de Trabajo, a cargo de Aura Leticia Teleguario, aseguró que no avalará retribuciones “por debajo de los mínimos establecidos”. A pesar de esto, en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), una de las instituciones que mostró su desacuerdo por la aprobación de los sueldos diferenciados, vuelve a surgir la preocupación de que los salarios mínimos se implementen de nuevo.

Phillip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y desigualdad, se desempeñó antes como Asesor Especial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la discusión sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y jugó un papel crucial en la reforma del sistema de tratados de Naciones Unidas en la década de los 90. En febrero de 2015 se pronunció sobre los salarios diferenciados en Guatemala a través de un comunicado de la ONU, definiéndolos como una “medida regresiva” y asegurando que “la explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social”. En esta entrevista realizada vía Skype, Alston, profesor de derecho internacional y derechos humanos en la Universidad de Nueva York (NYU), hace un análisis de la situación y remarca la necesidad de respetar los derechos humanos de los ciudadanos, por encima de cualquier inversión comercial.

A inicios de este año, Jimmy Morales derogó los salarios diferenciados en cuatro municipios del país por considerarlos inconstitucionales. Pero ahora pone de nuevo sobre la mesa esta posibilidad. ¿Cuál es la opinión de Naciones Unidas sobre esto?

Desde la perspectiva del Gobierno creo que siempre es apropiado explorar caminos para atraer la inversión extranjera y promover el crecimiento (económico). Pero por supuesto también hay límites en las opciones que están disponibles. Y el principal límite viene de la obligación de proteger y adecuar estándares de vida para los ciudadanos involucrados. Si el Gobierno considera una propuesta que concluirá en que los trabajadores ganen unos salarios significativamente más bajos que el mínimo requerido para una existencia decente, esto será claramente una violación a los derechos humanos.

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¿Qué derechos humanos se estarían violando?

Existe el derecho a un nivel de vida adecuado. También se pueden observar derechos individuales, como el derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna... Si los ciudadanos no están ganando dinero suficiente, no pueden permitirse todos estos servicios esenciales. Es posible imaginarse una situación en la que los servicios que el Gobierno provee sean tan buenos, que los salarios no se consideren tan importantes. En otras palabras: si se tuviera un sistema de protección social legítimo, que asegurara una educación, salud y vivienda adecuadas a todas las personas con un empleo en estas áreas, entonces sería posible considerar un salario menor del que habría en otras condiciones. Sin embargo, según lo entiendo yo, Guatemala —y particularmente estos cuatro municipios que se están considerando aquí— no cuenta con un sistema de protección válido. Por lo tanto, los trabajadores dependen casi totalmente de sus salarios, lo cual hace todavía más importante que estos sean adecuados.

¿Es discriminatoria la idea de los salarios diferenciados?

Creo que los salarios mínimos sólo pueden fijarse en relación al costo de vida, que incluye un cálculo de la canasta básica de alimentos en Guatemala y de otras necesidades mínimas para una existencia decente. Por lo tanto, no puedo decir en definitiva que los salarios diferenciados sean necesariamente algo negativo, pero el Gobierno deberá poder justificar el monto de los mismos, proporcionando datos que unan el monto de los sueldos con el costo estimado de vida en el área.

La idea del gobierno de Morales es “favorecer la inversión y el desarrollo en los municipios”. El portavoz presidencial asegura que los cuatro alcaldes comparten la idea de que esta podría ser una salida “fácil y rápida”. ¿Podrían los salarios mínimos favorecerán la inversión?

Desafortunadamente, el gobierno puede tener razón. Si tú creas un área en la que los salarios son extraordinariamente bajos, podrías atraer inversión, porque los costos capitales van a ser muy bajos. Pero no hay límite a esa lógica. A la gente podría pagársele un dólar al mes, y esto sería un atractivo para muchos, muchos inversores. Pero lo que estarías haciendo es crear una zona que está cuidadosamente diseñada para, primero de todo, violar derechos humanos. Y la responsabilidad del gobierno en una situación así, es por supuesto, lograr balancear la inversión y el crecimiento, contra las medidas que se necesitan para asegurar la protección de los derechos humanos de los trabajadores. Una de las vías más importantes para lograr esto, es la transparencia. En otras palabras: no es suficiente asegurar que habrá grandes oportunidades y un gran crecimiento únicamente si se logra hacer esto (implementar los salarios diferenciados). El gobierno necesita proveer datos detallados de los costos que están implícitos aquí, porque normalmente hay concesiones significativas de impuestos y otros costos, en contra de los beneficios que recibirían los propios trabajadores. No se trata sólo de los beneficios que irán a la economía nacional, que normalmente no fluyen en absoluto hacia los trabajadores. Por lo tanto, debe haber transparencia y una demostración de que el gobierno está actuando balanceadamente con respecto a los dos lados de la ecuación, y no se está cargando totalmente hacia un lado, a costa de todos los trabajadores.

¿Los salarios diferenciados podrían generar más problemas que soluciones?

Creo que la Corte de Constitucionalidad juega un papel muy importante, y está mejor situada para evaluar las consecuencias de cualquier salario.

¿Naciones Unidas está preocupada de que los salarios mínimos se extiendan a otros sectores y regiones?

Uno tiene que asumir que el Gobierno es un actor lógico, o racional. Entonces, si este escenario funciona en cuatro municipios, sería natural y lógico para el Gobierno extenderlos a otras partes del país. ¿Cuál sería el punto de hacerlo, si no? Claramente creo que esto debería ser visto como un modelo que estaría aplicándose en todo el país si resulta exitoso. Pero el problema está en que el área de éxito resulte ser de un lado únicamente. En otras en otras palabras, que el éxito esté relacionado con niveles de inversión, sin dar ninguna consideración a los derechos humanos. Esto implicaría que para promover el desarrollo económico, se estarían tirando por la ventana los derechos humanos. Debe hacer límites, balance y transparencia.

¿Ve viable la implementación de estos salarios con montos más elevados?

Creo que Guatemala ya ha implementado dos sets de salarios mínimos, y creo que en principio, podría ser posible para un Gobierno defender el argumento de que en circunstancias particulares, un salario diferenciado podría ser apropiado. Pero el Gobierno necesita justificar esto, teniendo en cuenta el costo de la vida en el área afectada, tomando en consideración la protección social que vaya a proveer para compensar los salarios bajos, y otros atractivos. No creo que alguien pueda decir: “existe un monto mínimo absoluto en Guatemala para poder sobrevivir, pero vamos a definir un área en la que los salarios puedan ser mucho menores que ese mínimo”, porque, a no ser que hayan circunstancias que justifiquen eso, necesitas garantizar que en esa área los derechos humanos serán respetados.

¿Podrán las pequeñas empresas que operen en los municipios donde se implementarían los salarios diferenciados, competir con grandes compañías que entraran a invertir en la región?

Creo que las consecuencias económicas de una iniciativa como esta son complejas. Primero, tendría sentido para los empresarios que ya están localizados en otras partes de Guatemala moverse a estas áreas. Esto por supuesto representa una pérdida para otras partes del país. Supongamos que hay una inversión extranjera esperando para entrar al país, lo cual no está ocurriendo en Guatemala. Presumiblemente los negocios atraídos también recibirán otros incentivos del Gobierno, como menos impuestos. Esto por supuesto, distorsiona la economía local y los negocios existentes estarán en desventaja, ya que no recibirán ningún incentivo, mientras que los nuevos negocios sí los recibirán. Obviamente, si están compitiendo en la misma área, los negocios que reciban beneficios, van a tener más ventajas.

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Según el vocero de la Presidencia, también se buscarán otras rutas para el desarrollo de los municipios. ¿Qué otras opciones hay?

Creo que tener trabajadores cualificados y satisfechos suele ser una manera atractiva de atraer inversión, pero eso requiere inversión por parte del Gobierno en educación… Requiere una protección social mínima. Esto podría crear un contexto en el que las compañías quieran invertir. Temas como las tasas de criminalidad son igualmente importantes. Si los gobiernos no invierten suficiente dinero para asegurar seguridad en una sociedad, esto es un desincentivo para compañías que se quieran incorporar. Así que creo que hay muchos elementos en un paquete general, y va a ser un error para cualquier Gobierno el asumir que los únicos elementos para atraer la inversión extranjera deberían ser bajar los salarios. Sobre todo, si estos salarios no garantizan los estándares básicos mínimos, de acuerdo con la Corte de Constitucionalidad y con los estándares internacionales que Guatemala ha aceptado.

¿El tema desde ser abordado desde una perspectiva estructural?

Sí, claro. Este nivel de diferenciación, inevitablemente causa distorsiones significativas, como dirían los economistas. Distorsiona condiciones fuera de las zonas, así que espero que el Gobierno examine cualquier situación desde un contexto general. Si no se hace de esta forma, existe un riesgo de que una iniciativa se comprometa al beneficio de un grupo muy pequeño de inversionistas. Esto podría ser discriminatorio, y tendrá consecuencias negativas en todo el país.

¿Qué debería salir de las comisiones paritarias que se reunirán para debatir este tema?

 Este tipo de comisiones obviamente demuestran los valores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Guatemala es miembro. Puede ser un acercamiento importante para establecer salarios, pero su trabajo tiene que ser efectivo. Los trabajadores deben lograr que las comisiones expresen sus visiones mínimamente. Soy consciente de que la OIT ha expresado su considerable preocupación sobre la situación en Guatemala, con lo que considero que debe ser especialmente importante que las comisiones sean legítimas y que logren solucionar la situación de los trabajadores.

¿Qué análisis hace del combate contra la pobreza de los últimos gobiernos?

Guatemala claramente tiene las tasas más altas de pobreza y extrema pobreza, y la tendencia en los últimos años ha sido muy desafortunada. Las tasas se han expandido significativamente en los últimos ocho años, y esto indica que las políticas años han fallado a la hora de tratar el tema correctamente. Las tasas de extrema pobreza siguen creciendo. El nivel de desigualdad es extremadamente alto. Esto desafortunadamente tiene que ver con los niveles de pobreza. Espero que el gobierno de Jimmy Morales adopte políticas que representen un cambio significativo de las políticas sin éxito del pasado, y que lleve a cabo estrategias que se focalicen exclusivamente en las necesidades básicas para reducir los niveles de pobreza.