La jueza presidente Yasmin Barrios dijo que la resolución unánime del Tribunal de Mayor Riesgo fue que Pedro García Arredondo planificó, ordenó y ejecutó el plan para secuestrar y desaparecer el 9 de junio de 1981 a Enrique Sáenz Calito. A Sáenz Calito, seis minutos después de que un juez lo dejara en libertad y él montara en un vehículo con su familia, le atravesaron un picop, cuatro hombres hicieron con violencia que bajara y se lo llevaron. Jamás apareció.
Barrios dijo que el delito de desaparición forzada es un delito que no termina: “se está cometiendo desaparición forzada hasta el día de hoy, mientras no aparezca la persona”.
El abogado defensor, Moisés Galindo, dijo que ningún testigo vio directamente a García Arredondo mientras estaba secuestrado Sáenz Calito. En su alegato final dijo que el 84% de la población apoyaba al ejército y “por eso el pueblo había escogido a un presidente militar”.
Al finalizar la audiencia, Ricardo Méndez-Ruiz, se acercó a Miguel Ángel Albizures (a quien acusó en una demanda de haberlo secuestrado en 1982), le dio un apretón de manos y un empujón. Intercambiaron insultos. Albizures dijo que Méndez-Ruiz y la esposa de García Arredondo le espetaron: ¡Delincuente, terrorista!
Méndez-Ruiz calificó el juicio contra García Arredondo como “un linchamiento”. Argumentó que la prueba valorada por los jueces fue “basada en supuestos” y dijo que las personas que trabajan en organizaciones de Derechos Humanos “han hecho un negocio de estos casos”.
El representante del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, actuó como querellante en el proceso. Declaró que esta sentencia es solo un paso para conocer la verdad y adelantó que presentarán una demanda contra el Estado de Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este mismo caso y que están pendientes las capturas de Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación de 1978 a 1982, y de Roderico Pineda, comandante del segundo cuerpo de la Policía en las mismas fechas.
Pedro García Arredondo aún tiene pendiente enfrentarse a la justicia por otros casos, como la quema de la Embajada de España en 1980.