A Sergio Linares, In Memoriam

Luego de ser capturado de forma ilegal, fue torturado y finalmente ejecutado y sepultado en el destacamento militar de San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Su familia recorrió calles, hospitales, morgues y calvarios, tratando de saber qué había sucedido con el maestro y dirigente universitario. No tuvo acceso a un tribunal para dilucidar su situación de detenido. No tuvo oportunidad de contar con un abogado defensor y enfrentar a un cuerpo fiscal que documentara la acusación que se le habría hecho. No supo siquiera de qué delito se le podría haber acusado. Y no llegó a saberlo porque simplemente, a la estructura y aparato de Estado que conducía la política de seguridad engendrada en la contrainsurgencia, no le preocupaba actuar en el marco de la ley.

De hecho, violar la ley, su propia ley autoritaria, era la norma en el Estado contrainsurgente y su actor fundamental, el Ejército de Guatemala. Por lo tanto, desde la captura irregular –ni en flagrancia ni con orden judicial–, la detención ilegal, –no hay registro de que hubiera estado en un centro de reclusión del sistema oficial–, hasta su desaparición forzada –ningún ente del Estado informó tenerlo bajo custodia o responsabilidad– que duró casi tres décadas, hasta su ejecución extrajudicial, sus captores violentaron la ley de manera perversa.

Para vivir lo que le tocó vivir a Sergio, se confabuló un aparato de Estado que contó con los recursos logísticos para detenerlo, retenerlo, transportarlo, ocultarlo, torturarlo, ejecutarlo y sepultarlo, sin dejar rastro escrito de todas estas operaciones. ¿Cuántos hombres participaron en su detención? ¿A qué dependencias dieron parte? ¿Cuántos más le torturaron inicialmente y cuántos le movilizaron hacia el destacamento a casi 70 kilómetros desde donde lo capturaron? ¿Cuántos más le torturaron en San Juan Comalapa y cuántos o quienes de estos lo ejecutaron? ¿Quién cavó su tumba y lo sepultó? ¿Quién o quiénes en la sombra, diseñaron, mantuvieron y condujeron el sistema de atrocidades que permitió esta ignominia?

Por lo menos algunos nombres aparecen visibles. Son los nombres de quienes también diseñaron, ejecutaron, mantuvieron, condujeron y alentaron el genocidio en Guatemala. Son los nombres de la vergüenza para una institución, como el Ejército de Guatemala que sigue sudando sangre de víctimas del conflicto armado, sin aprender a librar la única batalla posible para romper la impunidad: aceptar la culpa y enmendar la plana.

Ejemplos de cómo hacerlo, hay. Para muestra, la decisión del comandante del Ejército de Uruguay, hace apenas unos días, luego de un hallazgo similar al del destacamento de San Juan Comalapa. Es un asunto de voluntad pero también de dignidad profesional. Si en lugar de aguantar el lastre que representa la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y su cuadro del horror, el Ejército se decidiera a erradicar la impunidad de sus filas, quizá brillarían algo sus insignias. Sin embargo, en las actuales circunstancias, esperar esto es como escribirle a Santa Claus puesto que, según los oficiales de turno, Dios existe y es kaibil.

Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, los restos de Sergio Linares, que permanecieron sin identidad por casi tres décadas, serán finalmente devueltos a su familia y amigos. Queda pendiente para el Estado, a fin de devolverle a él y todas las víctimas la dignidad arrebatada, investigar, identificar y procesar a los responsables de este crimen de lesa humanidad.