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Sepur Zarco: la vida después de una sentencia que se incumple
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Sepur Zarco: la vida después de una sentencia que se incumple

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Once mujeres de la comunidad de Sepur Zarco denunciaron la esclavitud sexual a la que fueron sometidas por el Ejército, y sus victimarios fueron condenados el año pasado. A finales de los años setenta reclamaron a los soldados por la desaparición de sus esposos, que exigían la propiedad de sus tierras. En respuesta fueron violadas y forzadas a trabajar para los soldados. Cuarenta años después la piedra de Sísifo sigue subiendo: la tierra sigue sin pertenecerles, siguen viviendo la marginación y el olvido estatal, y una niña de 13 años fue violada y embarazada. Una sentencia judicial las respalda, pero aún no logran que el Estado cumpla con entregarles la propiedad.

Sepur Zarco no existe en el mapa. Como muchas comunidades del país, es invisible, incluso en la cartilla geográfica oficial. La aldea está ubicada a casi 400 kilómetros de la capital, en el municipio de El Estor, Izabal. Decimos aldea, aunque oficialmente no está registrada como tal, porque es una finca privada que en papeles le pertenece a ocho personas. Sin embargo, está habitada desde hace más de medio siglo por indígenas quekchíes que la consideran su heredad.

Sin embargo, en 2016 once mujeres de la comunidad lograron llamar la atención, no solo de Guatemala, también a nivel internacional.  Las mujeres consiquieron una sentencia condenatoria contra un teniente coronel y a un excomisionado militar, por los abusos sexuales y delitos contra la humanidad que sufrieron en 1982, la desaparición forzada de siete hombres y el asesinato de una madre y sus dos hijas. Todos estos crímenes fueron cometidos por soldados con el conocimiento y la colaboración de los sentenciados. Además de la condena a 240 y 120 años de prisión para cada uno, emitida en febrero del año pasado, el Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó al Estado cumplir con la “reparación digna” a las víctimas y a la comunidad. Esto significa que las instituciones gubernamentales deben organizarse para llevar atención médica, oportunidades educativas y, entre otras cosas, resolver el reclamo de tierras que originó la muerte y desolación en el pueblo. Todo indicaba que las autoridades por fin se ocuparían de sus necesidades. 

Ese mandato judicial es la única oportunidad que tiene Sepur Zarco para transformar su realidad. Pero lograr que se cumpla, es otra batalla que deben enfrentar. 

La ruta hacia Sepur Zarco es una tragedia

Lo primero que hay que saber de esta comunidad es que es un lugar lejano, aislado y en consecuencia, de difícil acceso. Sus habitantes pagan, literalmente, el precio de su lejanía. Para llegar al centro del municipio, en El Estor, deben hacer un trayecto de casi 80 kilómetros. Empiezan en un picop, pasan por una balsa sobre el río Polochic, en jurisdicción de Panzos, Alta Verapaz, y terminan, con suerte, amontonados en un microbús que los lleva hasta El Estor. Para llegar a la capital harían falta otros 320 kilómetros en la carretera Jacobo Árbenz Guzmán.

La mayor parte del camino es de una terracería que, según el estado del tiempo, se convierte en un lodazal o en una polvareda amarillenta con zanjas y montículos imposibles de evadir. El transporte no abunda. Es común ver que los picops van sobrecargados con gente, animales y mercadería. Y que los microbuses llevan pasajeros en los techos y colgados de las puertas.

Lo dificultoso del trayecto es un hecho aceptado con resignación. El problema es que la mayoría de los pobladores no puede darse el lujo de viajar con frecuencia. Para ir y volver de El Estor hay que tener Q80 por persona solo para el transporte. A la gente le resulta más barato (Q30) y menos complicado ir y volver de Panzos.

En ambos casos las tarifas son casi imposibles de cubrir, porque la mayoría de la población percibe ingresos que no superan los Q50 diarios por persona. El dato surge de una encuesta realizada en 2016 por Mujeres Transformando el Mundo (MTM), una de las organizaciones que apoya a las víctimas en su búsqueda de justicia.

Lo grave de esta situación es cuando ocurren las emergencias. En una comunidad cercana hay una ambulancia del Ministerio de Salud, pero el enfermero, que a la vez es el conductor responsable del carro, no puede hacer los viajes gratis. El gobierno no le surte de gasolina, ni llantas o lubricantes. En una ocasión la desesperación lo llevó a cruzar la ambulancia sobre un puente, para obstaculizar el paso de los camiones cargados con la semilla de la palma de una finca cercana. Lo que buscaba era que le ayudaran a comprar llantas nuevas para el vehículo y lo logró. En menos de 24 horas la empresa Naturaceites le entregó cuatro neumáticos y un estetoscopio.

Para evitar los bloqueos que perjudican su negocio, la empresa de aceite de palma acepta fungir algunos deberes que corresponden al Estado. Por ejemplo, ofrece asistencia prenatal a mujeres embarazadas, paga el servicio de energía de algunas viviendas y ha colaborado con materiales para que se construya un salón comunal.

Lo que no atiende son las emergencias que necesitan un traslado hacia el hospital de Santa Catalina La Tinta, otro municipio de Alta Verapaz que está a 30 kilómetros de Panzos o 17 kilómetros de Telemán, una aldea de este municipio verapacense. En esos casos, el enfermero que labora para el sistema de salud pública, acepta hacer los viajes a cualquier hora del día o la noche, siempre y cuando los necesitados tengan los Q200 para el combustible de la ambulancia. Los padres de los niños por nacer cubren ese gasto con la venta de un cerdo que crían a lo largo de la gestación.

La falta de caminos en buen estado también afecta el desarrollo comercial del área y el progreso educativo de sus habitantes. Es difícil que un cartón de huevos sobreviva el recorrido, o que los jóvenes tengan los recursos suficientes para salir todos los días a estudiar el diversificado. En Sepur Zarco solo se imparte el ciclo básico.

El 3 de octubre Plaza Pública realizó la travesía hacia la comunidad. El trayecto se hizo en dos horas y media, desde El Estor. En esa ocasión el desbordamiento del Polochic había creado una laguna profunda que impedía que los vehículos pudieran llegar hasta la balsa, en jurisdicción de Panzos. Dos lancheros de la comunidad La Playa, de ese municipio, cobraban Q10 por trasladar personas y Q15 por llevar motocicletas de un lado a otro lado de la inundación. Moscas voluptuosas, del tamaño de una moneda de 10 centavos pululaban sobre las aguas, la maleza y las personas sudorientas. En esa zona la temperatura promedio es superior a los 30 grados centígrados.

“No queremos bolsas de agua, queremos un puente”, dijo uno de los balseros cuando notó que una cámara grababa su actividad. “Nos han ofrecido el puente, pero no han hecho nada” reclamaba.

Como los carros no podían pasar, la alternativa era llegar a Teleman y cruzar el río Tinajas, en jurisdicción de El Estor. Pero el puente había colapsado y no había señas de que alguna institución llegara a repararlo. Los aguaceros habían provocado que el afluente aumentara, sin embargo, la necesidad de cruzar obligaba a motoristas y conductores de picops a enfrentar la corriente.

Mientras los foráneos dudaban al ver el caudal, los conductores habituales asumían con naturalidad la desgracia. Colocaban la doble tracción y se sumergían sin miedo con pasajeros y carga. Casi la mitad del carro quedaba bajo el agua. A paso lento, 100 metros se cruzaban en una curva irregular para evadir lo más profundo. Eran 40 segundos de tensión hasta emerger. Al salir nadie se detenía a analizar los daños. Desde ahí seguía el trayecto, unos minutos más hasta encontrar el pueblo o salir de él.

Tierra, salud, educación

En Sepur Zarco viven 1,419 personas. Ese es el registro más actualizado que existe, a partir del censo que elaboró MTM.

Lo primero que se nota al llegar a la comunidad es la soledad de las calles. El silencio es tan marcado que parece un pueblo fantasma. Las casas son todas de madera con techo de paja o lámina y muchas están incrustadas entre la maleza o en pequeñas cordilleras. Los habitantes no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, sanitarios o desagües. Por eso no extraña que las diarreas y vómitos sean los males que aquejan a la mayoría. En casi todas las casas hay una radio, pero están lejos del uso de internet. En el pueblo solo funciona la red de telefonía Tigo.

Desde la sentencia las mujeres de Sepur Zarco aguardan a que las condiciones de su pueblo cambien. El Tribunal ordenó 15 medidas de “reparación digna” en beneficio de las víctimas y la comunidad.

El ministerio de Salud debe construir un centro de salud, y el Ministerio de Educación (Mineduc), reparar las instalaciones de las escuelas de primaria, facilitar becas de estudios para jóvenes, instalar un instituto bilingüe para bachillerato e incluir en sus cursos de estudio la historia de lo que sucedió en la comunidad. Ni el centro de salud ni el instituto se pueden construir en este momento, porque las tierras son propiedad privada y el Estado solo puede edificar en terrenos públicos.

El Mineduc no ofreció detalles del cumplimiento de los otros compromisos que le asignaron. Lo único que se sabe es que la entidad autorizó a la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (Unamg) la publicación e impresión de dos mil ejemplares del cómic “La luz que vuelve”. Un texto que, en 38 páginas, resume con viñetas y apuntes históricos la lucha campesina por la tenencia de la tierra, el conflicto armado interno y la desaparición forzada de varios líderes comunitarios. El texto será distribuido entre estudiantes del nivel básico de Sepur Zarco y comunidades aledañas.

Mientras tanto, el proceso de legalización de las tierras está de nuevo en pausa. María Luisa Rivera Castellanos, Alma América Morales Valladares viuda de Botran, Venancio Botran Lancho, Carmen Ana Botran Lancho de Alejos, Aurora Inocencia Valdizan Botran de Herrera, Ana Margarita Valdizan Botran de Gutiérrez, Olga Valdizan Botran de Gutiérrez y María del Carmen Valdizan Botran, que figuran como los dueños legales de Sepur Zarco, le aseguraron a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), que tienen disposición de vender. Pero no han dicho a qué precio.

La SAA informó que al recibir la propuesta económica realizarán su propio avalúo y después elevarán la información al Organismo Ejecutivo, porque no se sabe cómo o de qué entidad saldrán los fondos para hacer la compra. Si no se puede comprar a través del Fondo de Tierras, podría hacerse a través del Ministerio de Desarrollo Social, del Programa Nacional de Resarcimiento o del Fondo Indígena. Sepur Zarco es un terreno de 29 caballerías, 46 manzanas y 2,939 varas cuadradas.

Cronología del reclamo de tierras

La finca donde se ubica Sepur Zarco pertenece a ocho personas. Es un terreno privado que el Estado debe adquirir para entregar en propiedad a las familias, de acuerdo con la sentencia. Los líderes comunitarios informaron que en 1964, aproximadamente, ocuparon la finca Sepur Zarco, ubicada en El Estor Izabal. Afirmaron que eran hijos de mozos colonos que habían trabajado para los propietarios de la finca. Por nacer en el lugar, adujeron el derecho sobre el inmueble.

  • 2007 se abrió el caso en la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)
  • 2009 La SAA realizó un análisis jurídico y un estudio técnico, en el que se confirmó que había traslapes con las fincas San José Panorama, China Migro y San Miguel Cotoxja. Se estableció que había otros conflictos con las fincas China Pancala y Manguito II. A través de un acta, entre todas las comunidades que residen en esas fincas, se logró un consenso para resolver los traslapes.
  • 2014 la SAA logró comunicación con María Luisa Rivera Castellanos, identificada como representante de los propietarios de la finca. Ella aseguró que están anuentes a vender.
  • 2016 una sentencia en favor de las mujeres que denunciaron abusos sexuales y esclavitud doméstica, contempla que el Estado debe garantizarles el derecho a la tierra, entre otros.
  • 2016 se identificó que existía un usufructo vitalicio sobre una de las copropietarias y un embargo precautorio sobre la finca, los cuales ya fueron resueltos en el Registro General de la Propiedad.
  • 2017 Los copropietarios tienen pendiente trasladar la “carta de oferta” con la cifra que han establecido para la venta de la finca Sepur Zarco al Estado. 

 

La lucha de las mujeres

En julio de 1982 el Ejército instaló un destacamento de recreo para los soldados en Sepur Zarco. Según los testimonios recogidos por MTM, los pobladores que no huyeron fueron obligados a construir la nueva sede militar con los materiales de sus casas, las iglesias y la cooperativa.

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El 25 de agosto de ese año, durante la fiesta patronal de Panzos, desaparecieron varios hombres. Las mujeres de la comunidad y poblados próximos al destacamento pedían información de sus esposos, pero a cambio sufrieron violaciones sexuales y fueron obligadas a cumplir turnos de trabajos domésticos durante varios meses. 

Rosario Xo, de 57 años, una de las mujeres que denunció los abusos sexuales y la desaparición de su esposo, sueña con el momento en que le asignen un lugar dónde vivir. Actualmente está como huésped de su hermana en la comunidad San Marcos. “No hemos visto nada desde que ganamos el juicio”, se queja. “Queremos el centro de salud, que todo sea más accesible. Necesitamos verlo ahora que estamos vivas”, expresa a través de un traductor.

La mayoría de mujeres son ancianas. Las más jóvenes tienen 57 años, y están aquejadas por diversas enfermedades. Su condición económica es precaria, como la del resto de la población.

MTM no las ha dejado solas. Su directora ejecutiva, Paula Barrios, está preocupada porque se cumplan las medidas de reparación que, acentúa, son “transformadoras” en beneficio de la niñez y juventud, porque en las condiciones actuales “no tienen oportunidad de hacer un proyecto de vida”.

En la actualidad, los jóvenes solo pueden aspirar a un trabajo en los campos de palma de Naturaceites, que están a un par de kilómetros de la comunidad. Incluso si se gradúa del diversificado, un joven no puede conseguir empleo con facilidad.

Eliseo, por ejemplo, a sus 21 años tuvo que regresar a vivir al pueblo después de cuatro años de trabajar en la capital. Su último empleo fue como vendedor ambulante de pollos. Recapacitó, dice, y resolvió que eso no era lo que quería hacer el resto de su vida. Ahora, asegura, “tengo una meta que cumplir”. Quiere graduarse de bachiller para aplicar a una plaza como policía. Este año concluirá tercero básico en el instituto vespertino de Sepur Zarco.

Al terminar sus estudios volverá a la capital. Quizá encuentre un empleo como ayudante de almacén. Necesita un salario que le ayude a cubrir los gastos de los estudios y de un cuarto en donde pueda vivir.

Si no sale de Sepur Zarco, no podrá cumplir su meta. La situación de las mujeres jóvenes es más difícil y predecible. Casarse, tener hijos, atender el hogar.

El maestro Everardo Choc, un mil usos en el instituto, –imparte los cursos de matemáticas, ciencias naturales, artes plásticas, física y contabilidad a 166 alumnos– reconoce que entre la población todavía existe la creencia de que la educación solo puede ser aprovechada por los hombres. “Las mujeres se casan jóvenes y no llegan más allá de tercero básico”, explica.

Esa es la realidad que la sentencia de Sepur Zarco, pretende transformar.

La niña del vientre que crece

Después del juicio de las 11 mujeres que denunciaron la desaparición de sus esposos y los abusos sexuales y la servidumbre doméstica, se esperaría que no ocurran más vejámenes. Que las lecciones del pasado sirvan para construir un futuro mejor, pero la realidad es distinta a lo que se espera.

En abril de 2017 el ministerio de Salud asignó de forma provisional una clínica móvil con dos enfermeros, para que la población pudiera obtener asistencia y medicina gratuita. Gracias a esa clínica, se descubrió que una niña de 13 años estaba embarazada. La pequeña, de ojos grandes, cabello oscuro hasta los hombros, que viste andrajos, hizo la fila el 30 de agosto, cuando los doctores cubanos llegaron para realizar una jornada médica.

Los vecinos ya habían notado que su vientre crecía. Le preguntaban pero ella nunca respondía. Aura, la enfermera, convenció a la pequeña para que se subiera a la camilla, se levantara la blusa y se dejara revisar. Le midieron el vientre y calcularon que llevaba cuatro meses de gestación.

Aura empezó a escribir los datos de la paciente y le creó una ficha médica. Le entregaron un blíster de pastillas prenatales que a la semana siguiente devolvió vacío. No se sabe quién fue el abusador, pero hay varios sospechosos. La niña vive de la caridad de los vecinos del pueblo. Cuentan que su madre tiene casi una decena de hijos que atender y ella, la niña embarazada, le resulta difícil de controlar. En la clínica sospechan que tiene una enfermedad mental. No retiene información, no responde a las preguntas. Ella está presente, pero su mente está en otro lugar.

“Ella hace lo que quiere, llega sin invitación a las casas, se queda a comer y solo se devuelve a su casa a dormir”, son algunas de las quejas contra ella. La enfermera y otras mujeres sospechan que en una de esas visitas alguien se aprovechó de su inocencia y la dejó embarazada. No se sabe si la niña comprende su condición. Cuando encuentra una banca de madera, sin reservas se recuesta boca abajo.

Ramos Sub, el alcalde o presidente (así le llaman, porque es la máxima autoridad en ese lugar) dirige el Consejo Comunitario de Desarrollo. Reunió a las demás autoridades para plantear la situación de la niña. “No es justo que la mamá de la muchacha se haga cargo sola del niño”, dice. El caso es más serio de lo que piensa. La niña fue abusada sexualmente, y la ley Contra la Violencia Sexual estipula que se le debe dar acompañamiento legal, médico y protección estatal para evitar que los abusos se repitan.

Nada de eso ha sucedido. MTM ha tomado el caso y se ha topado con un Estado que no ofrece opciones para niñas abusadas, embarazadas y con discapacidad. La única solución que plantean es trasladarla a un hogar en Cobán en los próximos meses. Mientras, la pequeña de ojos grandes, cabello negro y mirada perdida camina sola por las calles. Su embarazo es de alto riesgo debido a su edad. El enfermero que maneja la única ambulancia de los alrededores, dice que no podría tener un parto natural debido a su edad y constitución física, porque eso pondría en peligro su vida. Su futuro está en riesgo.

Olvidar el pasado

Aunque las 11 mujeres ahora sonríen y tienen un semblante más animado, todavía hace falta que el Estado les provea atención médica y psicológica. Porque ¿cómo se supera una violación, o más bien las violaciones repetitivas y la desaparición de un ser querido?

A Matilde Sub, de 57 años, todavía se le humedecen lo ojos con facilidad cuando recuerda. Ese ardor que producen las lágrimas resulta contagioso.

Aunque no quisiera recordar, es inevitable. La herida no está del todo sanada, porque su esposo nunca apareció. La ausencia y el recuerdo de los meses que pasó en la montaña, del sufrimiento de los niños que no tenían qué comer, es una herida que todavía supura.

Le duele mucho más que la reparación que merecen y que se ha ordenado judicialmente sea tan tardada. Sin embargo, ahora se puede quejar sin miedo a represalias.

Mariano Mez, un líder comunitario de Sepur Zarco, cuenta que su padre y su hermano colaboraban con alimentos a la guerrilla a finales de la década de 1970. En una ocasión regresaban del campamento insurgente cuando se detuvieron a comer un pedazo de sandía en las cercanías de un río. Un grupo de soldados los vieron y dispararon sin darles oportunidad de hablar. Su hermano vivió para contar la tragedia, aunque el sonido de los disparos le provocó sordera en uno de sus oídos.

Su madre, una mujer de 90 años que fue testigo en favor de las 11 mujeres durante el juicio, porque también fue obligada a la servidumbre doméstica en otro campamento militar, obligó  a todos sus hijos a volver al pueblo. No creía que pudieran sobrevivir en la montaña, así que regresaron con la resolución de vivir o “que los soldados nos acaben”. De esos años difíciles quedan la memoria y dos fotografías pegadas en la pared de madera de la casa en donde viven. Una es de Mariano Mez Chub, asesinado el 11 de agosto de 1983 y otra de Mariano Mez, hijo, con un fusil en el regazo. Un recordatorio de su breve paso por el movimiento guerrillero.  

Aunque los hechos del pasado se están juzgando, todavía hace falta que la comunidad comprenda la importancia del juicio y las consecuencias que les traerá.

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A finales de septiembre la comunidad participó en una reunión conciliadora en donde un grupo de señoras pidió disculpas por haber desmentido, sin argumentos, el testimonio de las 11 víctimas que participaron en el juicio.

Las señoras fueron invitadas a un programa de televisión en VEA canal, en la capital, para contar “la otra versión” de los hechos. No se sabe quién las convenció para rebatir a sus compañeras, pero la intención era clara: restarle responsabilidad al teniente coronel Esteelmer Reyes y al excomisonado militar Heriberto Valdéz Asig, que fueron condenados y están obligados a pagar un resarcimiento económico a cada víctima y sus familias.

Después de las disculpas, la reunión terminó en abrazos y armonía. Las 11 mujeres aseguran que en sus testimonios dijeron la verdad. Saben que tienen que enfrentar oposición, pero no están dispuestas a retractarse.

Matilde Sub reconoce que “muchos hubieran querido participar (en el juicio), pero tuvieron miedo”. Ella, en cambio venció el temor y habló. Ahora forma parte de la colectividad Jalok U´ (rostro transformado en quekchí), en conjunto con las otras diez víctimas que denunciaron.

Ese colectivo ha sido premiado y nominado a distinciones nacionales e internacionales.

En 2016 recibieron la Orden Monseñor Juan José Gerardi Conedera, que entregó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). En octubre de 2017 fueron nominadas al Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

En Jalok U´, doña Matilde ha descubierto que su voz cuenta. Que su testimonio no fue poca cosa y que puede marcar la ruta para que otros delitos sexuales cometidos durante el conflicto armado, también sean juzgados. Incluso, el impacto de su testimonio ha logrado que dentro de su comunidad se les reconozca con voz y poder de decisión. Un legado que, se esperaría, pueda alcanzar a sus nietas.

Mientras arman los planes de emprendimiento económico junto a MTM, para que puedan cambiar su estilo de vida, doña Matilde concluye con una reflexión que aprendió en su vejez:  “Tenemos derecho a buscar o quejar por justicia. Cuando fui a reclamar por mi esposo no me dieron el derecho. Ahora en adelante ya no podemos recibir los abusos de los hombres”. 

Aunque los hechos del pasado se están juzgando, todavía hace falta que la comunidad comprenda la importancia del juicio y las consecuencias que les traerá.
El sitio en donde funcionó ese destacamento ahora está ocupado por pequeños negocios y una parte del mercado local, que solo se abre los jueves.
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