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Sepur Zarco: la historia de los abusos sexuales contados en un cómic
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Sepur Zarco: la historia de los abusos sexuales contados en un cómic

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Durante el juicio, sus rostros permanecieron ocultos. Resguardaron su identidad con largos y coloridos perrajes que apenas dejaban ver sus manos y pies. Meses después de que sus abusadores fueron condenados, las mujeres de Sepur Zarco aceptaron descubrirse para ser retratadas y figurar como las protagonistas de una historieta, en la que se cuentan sus memorias.

La imagen de las mujeres con sus rostros cubiertos, pero con las manos alzadas, en señal de triunfo, circuló por el mundo. Consiguieron que se reconocieran los crímenes que sufrieron durante la guerra y que se condenara a dos militares por la esclavitud sexual de la que fueron víctimas. Pero las mujeres de Sepur Zarco le temen al olvido.

Por eso varias organizaciones que las acompañaron en el proceso judicial trabajan en la difusión de su historia. La Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (Unamg), por ejemplo, eligió publicar un cómic titulado La luz que vuelve.

El texto está dirigido a estudiantes de educación media. La primera edición, de 2 mil ejemplares fue financiada por Suecia y se presentó a mediados de septiembre con el aval del Ministerio de Educación. En 38 páginas se hace un resumen con viñetas y apuntes históricos de la lucha campesina por la tenencia de la tierra, el conflicto armado interno y la desaparición forzada de varios líderes comunitarios. Así como los abusos y la esclavitud sexual y doméstica que les causaron los soldados del destacamento militar que se ubicó en Sepur Zarco, El Estor, Izabal, en 1982.

El texto es de Pablo Sigüenza Ramírez y las ilustraciones de Daniel Morales. Tuvo un costo de Q60 mil, incluyendo los grupos focales y la impresión de los dos mil ejemplares. Unamg espera distribuirlo en institutos de la ciudad capital y del aréa de El Estor y Panzos, pero están a la espera de que el Ministerio de Educación les facilite reuniones con maestros para enseñarles cómo implementarlo en el aula. Tienen también proyectado traducirlo a idiomas mayas, aunque aún no cuentan con fondos para ello.

En toda la historieta, las mujeres quekchíes son las protagonistas. Se habla del Ejército, pero no están representados en las ilustraciones. Solo un hombre, que contribuyó con su peritaje ante el Tribunal, está retratado en uno de los recuadros.

Esa ausencia de figuras masculinas tiene una explicación. “Nuestra intención era visibilizar la valentía de las mujeres, para romper la visión machista y ponerlas como protagonistas de la historia”, detalla Ada Valenzuela, directora ejecutiva de la Unamg.

Un diálogo entre Lucía y su madre, Isabel, sobre la ausencia de la abuela que ha viajado a la capital para acudir al juicio, es el hilo conductor de todo este relato, que concluye con una reflexión sobre el abuso sexual, para que los jóvenes identifiquen si han sido víctimas o causantes de estos vejámenes.

El libro indica que la justicia ha traído luz a las vidas de las víctimas, sin embargo, en la realidad todavía hace falta que recorran un largo trecho para que puedan percibir la plenitud de la justicia.

El largo camino de la justicia

Aunque el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdéz Asig, condenados a 120 y 240 años de cárcel, están cumpliendo la condena inconmutable que les impuso en 2016 el Tribunal A de Mayor Riesgo, la sentencia del caso Sepur Zarco todavía no está firme.

La defensa de los acusados ha presentado tres apelaciones para revertir el proceso hasta la etapa inicial del juicio y que este sea conocido por otro Tribunal. Aunque ninguna ha prosperado, todavía les queda recurrir a la casación ante la Corte Suprema de Justicia, para solicitar la anulación de la sentencia.

Hasta que esa etapa se supere, las víctimas no pueden exigir la reparación individual por daños y perjuicios. A Reyes se le ordenó pagar Q500 mil a cada sobreviviente que participó en el juicio, mientras que a Valdéz se le impuso una cuota de Q250 mil para cada familia de los siete hombres que él ayudó a desaparecer en 1982.

La defensa rechazó esas cifras desde que fueron impuestas, bajo el argumento de que sus clientes no tenían capacidad de pago. Mientras esto se dilucida, la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) se ha enfocado en seguirle el paso al Estado, para que cumpla con las “medidas de reparación transformadora” que estableció el Tribunal.

Hay 16 asignaciones para el Organismo Ejecutivo, para las autoridades locales y para los querellantes del proceso. Todas, enfocadas en restituir los derechos y “corregir las condiciones de vulnerabilidad… para que las víctimas no sean devueltas a la misma situación estructural de violencia y discriminación”, se lee en la síntesis de la sentencia elaborada por MTM.

Paula Barrios, directora ejecutiva de esta agrupación, describe que desde hace poco más de un año se instalaron cuatro mesas específicas para dar seguimiento a estas obligaciones: la de acceso a la tierra, porque la población todavía no tiene propiedad sobre los terrenos en los que vive. Un histórico reclamo que terminó con la desaparición forzada de varios hombres y los abusos a las mujeres de Sepur Zarco.

La de cultura y educación, para que, entre otras cosas, mejore la infraestructura actual de los establecimientos, inicie la construcción de un instituto, se traduzca la sentencia a idiomas mayas y se elabore un documental sobre la vida de las víctimas y su búsqueda de justicia. Y por último, la de salud, para que se construya un centro de atención en la comunidad y brinden atención médica y psicológica permanente a las víctimas.

Esta es la primera vez que una sentencia emitida a nivel nacional abarca todos estos aspectos. Barrios refiere que se compara con las que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque “obliga al Estado a trabajar por las comunidades”.

Aunque según Barrios hay buena disposición de los ministerios de Educación y Salud para cumplir con las obligaciones que les han impuesto, la falta de certeza jurídica de la tierra les obliga a frenar varios proyectos.

A menos que los terrenos estén a nombre del Estado, no se puede iniciar con la construcción del centro de salud ni el instituto para diversificado. Los actuales propietarios, cuenta Barrios, se han sentado a negociar, pero “no se ha establecido un monto favorable” para la venta.

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“Esto (la regulación de la propiedad de la tierra para la comunidad) no debe verse como un negocio de empresarios, sino como un fin social, para que el desarrollo llegue a estas comunidades que han estado en el olvido”, concluye Barrios. Al final de cuentas, la disputa por el territorio fue lo que dio paso a los vejámenes en contra de esta población quekchí. Disputa en la que, hasta ahora, el Estado había estado ausente.

 

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