El 7 de septiembre, el maestro y dirigente q’eqchi’ Bernardo Caal Xol escuchó de los integrantes de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, que su apelación a la sentencia impuesta en 2019 había sido denegada.
El líder comunitario apeló una condena de siete años y cuatro meses emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Cobán, que lo procesó por robo agravado y retención ilegal, supuestamente ocurridos contra empleados de la empresa de cable Netzone, S. A., la cual trabajaba en las instalaciones de la hidroeléctrica Oxec, a la que la comunidad se opone. Pese a que Caal Xol evidenció que no se encontraba en el sitio, fue ligado a proceso y condenado, de modo que la sala de Cobán confirma una sentencia espuria, a tal grado que el líder indígena ha sido declarado prisionero político por la mundialmente conocida organización Amnistía Internacional.
Cuatro días después, la defensora de derechos humanos María Cuc Choc escuchó cómo el juez Édgar Aníbal Arteaga, con base en un prejuicio sobre la familia de la defensora, resolvió abrir juicio oral en contra de ella. Cuc Choc había sido ligada a proceso acusada de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal: una denuncia planteada por la empresa Lisbal, S. A.
El viernes 12 de septiembre, el periodista independiente Sonny Figueroa fue asaltado y golpeado frente al Palacio Nacional. Sin embargo, cuando solicitó auxilio del personal de seguridad del palacio, lejos de recibir ayuda, fue capturado ilegalmente, por lo que estuvo en prisión casi un día. El juez que conoció el caso lo desestimó por la evidente intención espuria de su captura y por la sospecha de que se trata de una represalia por su trabajo periodístico. Anteriormente, Figueroa y su colega, Marvin del Cid, quienes ya habían sufrido agresiones de parte de personal de seguridad presidencial, fueron calificados por el mismo Giammattei como «el combo», lo que se consideró una forma de criminalizar su labor.
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El martes 22, en los bosques de Totonicapán, al otro lado del país, cuatro personas defensoras, tres de ellas mujeres, y personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) sufrieron un ataque. Esa tarde, las hermanas Ana Lucía, Andrea Isabel y Gabriela Ixchíu Hernández y el defensor Carlos Ernesto Cano preparaban un audiovisual sobre el bosque comunitario de El Alto de Totonicapán. En el recorrido vieron cómo un grupo de personas hacía tala ilegal en el bosque y lo notificaron al personal del Conap con el que se habían encontrado antes.
Los trabajadores de la entidad estatal detuvieron a las personas. Las llevaban para presentarlas ante las autoridades cuando fueron interceptados por un grupo que les exigió que entregaran a los detenidos. Las defensoras Ixchíu Hernández y el defensor Cano empezaron a documentar los hechos y por ello fueron atacados y golpeados por los agresores. Los golpes fueron tales que una de las víctimas resultó con varias costillas rotas.
El mismo 22, la periodista k’iche’ Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de la emisora Xolabaj Radio y del canal Xolabaj TV, fue detenida por los delitos de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado. La denuncia fue interpuesta por el alcalde de la localidad, Florencio Carrascosa, sobre quien Mejía ha publicado reportajes por presuntas acciones de corrupción. La cobertura que hizo Mejía del incendio a la municipalidad el 24 de agosto, efectuado por población descontenta con la distribución del Bono Familia, fue la base de la acusación (es decir, el ejercicio de su labor periodística). Junto con la periodista comunitaria fue capturada también la presidenta de la asociación de comerciantes del municipio, Petrona Siy Castro. Además, fueron allanadas las instalaciones de la radio que dirige Mejía.
Septiembre no concluye aún, pero existe el temor de que la ola contra el derecho a defender derechos continúe ante la mirada cómplice de autoridades de Estado que lo violentan y que toleran las acciones ilegales de empresas y grupos que saquean los recursos nacionales.
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