Que él y su familia aparezcan como beneficiarios de empresas offshore inscritas en Panamá y en el paraíso fiscal de las Bahamas, relacionadas con El Shaddai, la iglesia evangélica que fundó hace 30 años, que cumple una función pública y recibe donativos de sus seguidores, es un asunto digno de escrutinio y de claro interés público.
En la investigación que publicamos sobre ese entramado internacional y opaco de empresas no juzgamos ni acusamos a Caballeros, su familia o su congregación de haber cometido un ilícito. Eso lo especifica el reportaje mismo, y es algo que, en todo caso, corresponde a las autoridades dilucidar, no a nosotros. Plaza Pública expone hechos de interés social sobre el funcionamiento de una estructura empresarial montada con instituciones no estatales pero de función pública y favorecidas con la exención de algunos impuestos. Como todo el mundo sabe, las entidades que están en este tipo de regímenes están sujetas a pesquisas más intensas del Estado, y la expectativa de que sean transparentes aumenta.
La investigación que desarrollamos con medios internacionales se funda en documentos contenidos en los llamados Papeles de Panamá, que han abierto un debate mundial necesario sobre las offshore y los paraísos fiscales. El presidente de los EEUU y otras autoridades supranacionales han abogado por la necesidad de revisar esa legislación que drena de recursos a los países y posibilita la aparición de cajas negras fiscales y criminales. No es un asunto caprichoso y ridículo. Esa información la completamos investigando en los registros públicos guatemaltecos, y la pudimos contextualizar tras haber entrevistado a expertos y a los propios interesados. Caballeros no fue nuestro único punto de interés. Así como publicamos un reportaje sobre él, de nuestro trabajo con documentos también se ha desprendido que otros políticos, funcionarios y personas vinculadas, hoy procesadas por el Ministerio Público, utilizaron la misma firma de abogados para crear constelaciones de empresas en el exterior.
Desde que Plaza Pública, El Faro y Univisión describieron la forma en que el excanciller y su familia operaron ese conjunto de empresas, la respuesta del fundador del partido Visión con Valores ha sido evasiva, confusa y amenazante. Nos ha acusado de falsear la información, de cometer imprecisiones, de ser maliciosos, ha sugerido que hemos sido sobornados como parte de una conspiración diabólica en su contra, y ha responsabilizado absurda y desmedidamente a la coautora de la investigación de lo que le pueda ocurrir a su círculo cercano.
En un mensaje transmitido por su red nacional de radios ha llegado incluso a insinuar, con lenguaje religioso y maniqueo, que somos “el arma del enemigo” y ha llamado a sus miles de seguidores a cerrar filas: a “quitarle de las manos al diablo lo que está tratando de robarnos, porque no viene sino a hurtar, a matar y destruir”.
Nos preocupa mucho que Harold Caballeros esté tratando de construir, desde la religión, un discurso de odio que pretende retratarnos no como personas, sino como demonios desprovistos de humanidad, esencialmente malvados y aniquilables. Pero entendemos que es su forma de evitar responder a la invitación que le hemos hecho desde hace días: que si hemos publicado algo falso, nos corrija. Plaza Pública le ha ofrecido de oficio el espacio para hacerlo, y estamos esperando pruebas, de la misma manera que nosotros hemos puesto las que tenemos a disposición de ustedes. Hasta ahora solo hemos recibido anatemas y jaculatorias.
Hay otra cosa que Harold Caballeros pasa por alto cada vez que emite un mensaje público sin que haya periodistas que le puedan hacer preguntas. Que el reportaje que publicamos en este medio reveló que, según su propia confesión, el excanciller, cuando era Canciller, no recordaba haber presentado ante la Contraloría General de Cuentas su declaración patrimonial. Es cierto que ese extremo deberá ser investigado por el Ministerio Público para desentrañar si se trata de un delito confeso o de una mentira repetida por Caballeros a Plaza Pública y a otros medios de comunicación. Si se confirma, también deberán ser investigadas por la fiscalía las autoridades de la Contraloría General de Cuentas de ese entonces. Se trataría de un delito grave, en especial en el contexto actual y cuando sus exjefes están en prisión acusados de todas las formas posibles de ser corruptos.
Esta posible omisión está, además, directamente relacionada con el contenido de la investigación de la que se queja Caballeros. Si el instrumento esencial que tiene el Estado para verificar que un funcionario no incurre en enriquecimiento ilícito o no viola otras leyes es su declaración de probidad, ¿cómo es posible que no la presentara? O siquiera que lo haya olvidado. ¿Y cómo no va a ser relevante conocer que la misma persona que insinúa haber violado esta ley de control y transparencia, ha creado empresas en paraísos cuyo principio es que que son opacos e incontrolables?
No es la primera vez que Caballeros pierde los estribos. En ocasiones anteriores ha llamado pendejos a sus críticos, y después ha tenido que retractarse. También declaró que las ocho personas que murieron en la primera masacre cometida por el Ejército en tiempos de paz, cuando él era Canciller, fueron un asunto menor porque más gente moría cada día. No obstante, creemos que en lugar de querer convertir en una ridícula guerra santa entre el Bien y el Mal una investigación periodística de cuyos datos no ha logrado desacreditar uno solo, bien haría el excandidato presidencial en explicarle a las autoridades por qué no presentó debidamente su declaración de bienes y en refutar, punto por punto, documento por documento, la investigación con la que damos cuenta de las estructuras offshore que él y su entorno han manejado.
En resumen, esto, por mucho que Caballeros quiera plantearlo así, no es una guerra santa. Es periodismo. Y en esos términos debería enfrentarlo el fletcheriano excanciller.