Semuc Champey: Peleas por el paraíso

Jalapa, Zacapa, El Progreso, Izabal. Las decenas de patrullas estaban identificadas con los nombres de los departamentos desde donde fueron desplazadas hasta Cobán la madrugada del lunes 4 de julio. Esto delata un operativo grande. Era el intento de un desalojo que  había sido programado para el 6 de mayo. Un operativo dirigido por el Ministerio Público (MP), en conjunto con la Policía y el Ejército. Un desalojo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Cobán, pero que se atrasó por la descoordinación entre instituciones y porque el juez de Paz de Lanquín, Byron Estuardo Chinchilla Izaguirre, a quien le correspondía ejecutarlo, se excusó. Su colega de Carchá, Osmar Marroquín Molina, se hizo cargo de un desalojo que, al final, no ocurrió el día fijado. 

El 4 de julio, una caravana con al menos 420 agentes y 50 miembros de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil acompañados por la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del MP, entidades estatales de derechos humanos y miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), encontró en su camino troncos y piedras para impedir el paso.

Las expectativas para este despliegue de fuerza eran ambiciosas. Cuando en Semuc apenas comenzaban los operativos, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) ya se jactaba en una conferencia de prensa en la ciudad capital: “las autoridades retomarán hoy el control de Semuc”. Sin embargo, los funcionarios madrugadores encontraron a unos 40 comunitarios en el área, y a mediodía salieron huyendo de los ataques de personas que se fueron añadiendo al grupo a lo largo de la mañana. 

Durante el día, según el auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) Carlos Guillermo Artola, la institución verificó que los policías no llevaran armas de fuego y que el Ejército se mantuviera alrededor y no entrara al área del parque. Las Fuerzas Especiales Antidisturbios esperaban a una distancia prudente, cargando gases lacrimógenos, mientras representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) explicaban en q’eqchí por qué estaban allí y pedían el retiro voluntario de las personas que ocupaban la zona. Algunos comunitarios regresaron dos horas después con un acta. “Era un acta sin voluntad que prácticamente decía que ellos eran los dueños del lugar y nadie los sacaba de allí”, explica Guillermo. Según el representante de la PDH en Alta Verapaz algunos de los vecinos creían que los desalojarían de sus casas, y ellos intentaron explicar que el desalojo se desarrollaría sólo en el parque: en las piletas, el área de administración y el parqueo.

Esto ocurrió en la talanquera de la entrada del parque, la frontera de esta disputa y de otras anteriores.

Las condiciones para un desalojo efectivo no eran las ideales. El Conap esperaba recibir el área y después irse, dejando sólo a uno de sus guardias a cargo. La Policía Nacional Civil (PNC) no quería dejar a sus hombres en el área, su plan era ejecutar la orden y partir. Pero la decisión final era del MP y del Conap. La fiscalía de ambiente del MP, responsable del operativo, dio la orden de efectuar el desalojo ese mismo día, en esas condiciones. Mientras el personal antidisturbios se enfilaba, inició un ataque del grupo de pobladores que ya ascendía a 200 personas. Palos, piedras y machetes eran sus armas, según cuentan funcionarios del Conap y de la PDH  que estuvieron en el desalojo. 

“Nos resguardamos en los vehículos”, cuenta Gloria Apén, asesora del Conap en temas de pueblos indígenas, quien estaba dentro del auto cuando una lluvia de piedras caía sobre ellos. “Tuvimos que salir y huir”, explica Apén. “Hubo un ataque indiscriminado de los que tomaron el área. Lanzaban a matar. Salimos huyendo. Corriendo entre la montaña”, recuerda el auxiliar Guillermo y muestra videos en los que se ven piedras en el aire y policías huyendo. 

“Ya después de mediodía se toma la decisión de utilizar gas lacrimógeno de acuerdo con el protocolo de la PNC para el desalojo de estas personas. Las condiciones se tornaron muy hostiles y el enfrentamiento era inminente”, explica Nery Ramos, director de la Policía.

La Policía reportó un herido ese lunes y difundió la fotografía de un agente con la mejilla cortada y sangrante.

Pero la historia cambia si se le pregunta a vecinos de las cuatro comunidades que rodean el parque: Santa María Semuc, Semil, Chisubin y Chicanutz.

El acta no 05–2016 de Chicanutz levantada por vecinos, autoridades ancestrales, alcaldes auxiliares y miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) dice que: las autoridades públicas traían consigo “armas, batones, palos, bombas y otros objetos”. Citan el artículo 66 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT para justificar su inconformidad con el decreto que declaró Semuc Champey área protegida. Se oponen a que los señalen como culpables de lo ocurrido porque “se desconoce a los responsables” y cuestionan el envío de un juez de Carchá al territorio de Lanquín. Redactada a las 9:30 de la mañana, el acta indica que el día pasa “sin novedad y los policías aceptan retirarse”. 

Desalojo, un segundo round

Después del desalojo fallido, el  martes no acudieron ni la Copredeh ni la PDH. “La PDH fue hasta Lanquín. No fuimos al área porque ya habíamos cumplido la orden del juez”, se excusa el auxiliar Carlos Guillermo Artola. El Conap llegó hasta que el área ya había sido recuperada por la Policía a través de una comisión evaluadora de los posibles daños ocasionados en el parque durante los meses en que estuvo gestionada por vecinos. No hay ningún testigo de otras instituciones sobre las acciones de las fuerzas de seguridad ese día.

La PNC continúo su avance en la madrugada aprovechando la ausencia de comunitarios en el parque y logró tomar  posesión, según su director. “Fuimos objeto de ataques desde lugares dominantes, con piedras, disparos con armas de fuego y tres agentes resultaron heridos”, explicó.

El oficial Israel Barrios de León fue herido con arma de fuego en el brazo izquierdo y los agentes Jacinto Pérez y Walter Cuc Tut tienen heridas en el glúteo izquierdo y la mano izquierda, respectivamente. Los tres fueron atendidos en el Hospital Nacional de Alta Verapaz.

Ut’z Che, una organización con presencia en el área y que trabaja para la conservación de los bosques a través del manejo comunitario  difundió unas fotos que fueron enviadas por comunitarios que viven alrededor de Semuc Champey, las cuales muestran municiones junto a dos jóvenes con heridas en el pecho. Según los comunitarios de Chisubin, las fotos fueron tomadas el lunes por la tarde, y los heridos son de Chicanutz y  de Santa María Semuc.

Cuando se cuestionó al director de la PNC por las municiones que aparecieron en varias fotos, indicó que, en su mayoría, es material que los antidisturbios utilizan y los cartuchos propulsores que se necesitan para lanzar gas lacrimógeno.

La génesis del descontento

Las pozas de Semuc Champey se ordenan como escamas gigantes e irregulares sobre el río Cahabón. El parque cubre 919 hectáreas alrededor de ese cauce y de las que el 62% son parte de la zona primitiva -la cual busca conservarse-  y el restante 38% a la zona de uso múltiple, en la que se permiten actividades económicas alternativas. Su atractivo turístico llevó a que se declarara área protegida en el  decreto 25-2005, el cual también establece que a los cuatro poblados que las rodean les corresponde el 30% de lo que el Conap reciba por ingresos al área.

Desde que el Conap se hizo cargo de la administración del parque nacional en 2013  no ha pagado a las comunidades, ni ha realizado ningún  proyecto amigable con el medio ambiente, como lo establece el decreto. Ese es el origen de la toma del parque, según los comunitarios que se oponen a la administración estatal del área.

El resto de los ingresos por admisión a Semuc Champey se reparten así: 10% para la municipalidad de Lanquín, y 60% para que el Consejo dé mantenimiento al área y la gestione, según lo establece la ley. El parque tiene un tarifario establecido con cobros de Q50 por la visita de un extranjero, y Q30 por la de un guatemalteco. No fue posible conocer la cifra de visitantes al área, debido a que por causa de los enfrentamientos de 2015, según los encargados, el libro de registro de visitas se extravió.

La comunidad de Santa María Semuc se encuentra en el área protegida, mientras que Chicanutz, Semil y Chisubin son aledañas a la zona primitiva de este espacio. Plaza Pública constató que la comunidad de Chicanutz tiene títulos de 202 parcelas que les corresponden, con un título provisional de patrimonio extendido por el Instituto de Transformación Agraria durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1990), que el siguiente gobierno fue confirmado y  en manera definitiva por el Fondo de Tierras (2003) con el diseño de las parcelas. La declaración del área protegida incluye en el artículo 14 un llamado a la Secretaría Ejecutiva del Conap a identificar las fincas propiedad del Estado y registrarlas.

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Crisantos Asig es una autoridad ancestral de la comunidad de Chisubin, un poblado alto que debe atravesarse para llegar a Semuc Champey. Él y otros  vecinos del área, sentados alrededor en el salón parroquial, cuentan que el martes 5 de julio, temprano, la Policía ingresó al área disparando armas calibre 12. Muestran restos de los cartuchos que pudieron recolectar, los que la Policía asegura que sólo son propulsores.

Asig no estuvo en el enfrentamiento, mantiene la distancia porque tiene un proceso penal en la Fiscalía por los delitos de usurpación de áreas protegidas, coacción y hurto agravado en agravio al Estado y al Conap. Lo capturaron el 4 de marzo, estuvo en prisión cinco días y salió luego de pagar una multa de Q20 mil, según cuenta. Por los mismos señalamientos también fueron arrestados Ramiro Asig Choc y Víctor Manuel Pop Oc. Durante el desalojo del martes, Asig asegura que vecinos de otras comunidades le han contado que las fuerzas de seguridad pasaron a las casas alrededor del parque Semuc Champey: “Robaron una tienda a la orilla de la carretera de Chicanutz… Tiraron gas lacrimógeno a las viviendas cercanas al área”. Hasta el momento no hay ninguna denuncia en el MP o en la Policía sobre estas acusaciones.

Los vecinos de las cuatro comunidades que rodean el río Cahabón y las pozas de Semuc Champey no son un grupo homogéneo. No hay acuerdos en cuanto a la toma del parque. Existen, al menos, dos grupos evidentes y distantes entre sí. 

Por un lado, están los habitantes del área que lograron entrar como representantes, titulares y suplentes, de las cuatro comunidades ante el Consejo Directivo, el órgano que gestiona el área protegida según el decreto que declaró Semuc Champey como parque nacional. Ellos están a favor de que el Conap gestione el área. 

Por el otro están las autoridades comunitarias ancestrales y algunos miembros de Consejos de Desarrollo, relacionados con la resistencia en el lugar y la toma de la administración del centro turístico. Éstos se quejan de “las mentiras del Conap y su incumplimiento luego de ofrecer el 30% en proyectos para nosotros”, explica Asig. Apoyan que sean los vecinos quienes administren el parque. Esta gestión fue coordinada por un representante de cada poblado y para ello se contrataron a 11 trabajadores de cada comunidad, 16 de Chicanutz, la aldea más grande.

El día del desalojo, según Crisantos Asig y un acta firmada por pobladores de Chisubin, la Policía iba acompañada de algunos de los extrabajadores del Conap que conocen el área y que se retiraron del parque hace un año cuando fue tomado por los comunitarios. Se reunieron en el hotel Portal de Lanquín, en las afueras del parque. Los que apoyan al Conap entraron como particulares y salieron uniformados como policías, según Asig. Entraban con los agentes a señalar personas que se oponían al desalojo. “Derechos Humanos tenía que estar allí, es su responsabilidad, pero ni vinieron”, se lamenta Asig.

 

Un territorio en pulso desde hace doce años

Semuc Champey fue declarado parque nacional en 2005, por un decreto aprobado por el Congreso, luego de la iniciativa del entonces diputado Job Ramiro García y García del partido Unionista y representante de Alta Verapaz. Las comunidades no fueron consultadas y así, desde el Legislativo, desde la ciudad de Guatemala, se decidió el destino de un área remota y su administración le fue asignada al Conap.

Esta decisión desencadenó una disputa entre la municipalidad de Lanquín, que administraba y recibía el 100% de los cobros por ingresos al área, y el administrador recién designado, el Conap. La contienda se llevó a la Corte de Constitucionalidad, que en 2013 —ocho años después de que se diera vida al decreto— resolvió que era facultad del Conap hacerse cargo del área.

El descontento en la municipalidad era grande. El alcalde, Francisco Pop (quien fue jefe edil por 16 años consecutivos hasta 2015) no reclamó el 10% que le correspondía como señal de protesta. Según el Conap, la municipalidad no indicó a qué cuenta debía hacer llegar el monto que le pertenecía a Lanquín. En el  mismo año el entonces alcalde fue acusado por los delitos de malversación, desobediencia, usurpación de funciones y abuso de autoridad por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Alta Verapaz. En 2014, representantes del Cocode lo denunciaron por el mal manejo de Q14 millones ocurrido dos años antes.

En noviembre, a dos meses del cambio de autoridades, la municipalidad de Lanquín le indicó al Conap a qué cuenta debían depositarle el 10% que le correspondía de los ingresos al área protegida. La comuna recibió Q325,613 ese mes, y el monto total, casi el doble, a finales de 2015.

Que el Conap pagara a la municipalidad con facilidad y que a los comunitarios no les paguen lo que les corresponde según la ley, es el principal motivo de rechazo de los comunitarios a la gestión de tres años que el Conap tuvo en Semuc Champey. El 9 de febrero de 2016  vecinos de los cuatro poblados enviaron al Consejo de Áreas Protegidas una carta en la que señalan el pago a la municipalidad “a sabiendas de que se iba hacer mal uso de ese dinero ya que se avecinaba el cambio de autoridades”. El Conap justifica la falta de pagos a problemas con los trámites burocráticos.

Cristantos Asig Pop explica los cambios de voluntad del Consejo de Áreas Protegidas. Llama “mentiras” a lo que alguna vez llamó proyectos. Al principio, la alternativa era que las comunidades se asociaran y que el Conap les transfiriera el dinero correspondiente a dicha entidad. Pero en 2015 se dio una reforma a las leyes de Contrataciones y Presupuesto en las que se prohibió el manejo de dinero por esta vía. La ruta trazada se bloqueó como un año después se bloquearía el camino para llegar al parque nacional.

Luego, entre el Consejo y los comunitarios vieron otra opción: el Conap financiaría proyectos que la comunidad acordara, como la construcción de un salón comunal, escuelas  e infraestructura. Las comunidades se pusieron de acuerdo, pero luego el Conap desistió porque como autoridad de manejo ambiental, no tiene la facultad para hacer construcciones de ese tipo y financiarlas.

El otro intento iba alineado con lo que el decreto del área protegida menciona: proyectos amigables con el medio ambiente. Las comunidades optaron por la compra de paneles solares y gallinas ponedoras. El portal de compras del Estado evidencia que se iniciaron los trámites para hacer estas adquisiciones en octubre del 2015, cuando ya estaba tomado Semuc Champey. Pero los concursos no se completaron y el Conap no hizo las compras.

Eulalia Camposeco, subdirectora del departamento jurídico del Conap explica que los proyectos se cancelaron por varias razones. Primero, el Consejo Nacional rechazó las tres ofertas para paneles por no presentar su documentación bajo los requisitos. Segundo, que entre los requisitos se indicaba que los proveedores inspeccionaran el área protegida, pero dichas visitas no se realizaron debido a la toma del lugar. Y tercero, que el Conap deshabilitó los concursos para las compras de gallinas ante una orden del Ejecutivo, ya bajo el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, que indicaba que en el periodo de transición de gobierno no debían quedar deudas. Los compras por licitación y concurso toman su tiempo y como no se iban a poder terminar en dicho ejercicio fiscal, se cancelaron.

La toma del parque nacional provocó que en 2016 ni siquiera se intentaran hacer los pagos y trámites correspondientes para dar a las comunidades los beneficios que reclaman.

Cómo los comunitarios llegaron a administrar el parque

A la sede verapacense del Conap llegó un oficio firmado por las cuatro comunidades en julio de 2015, en el que definían una fecha para elegir a sus representantes, pero luego la cambiaron para el 16 de septiembre. Antes, a la sede de la Gobernación departamental llegó una notificación de otro hecho que ocurriría esos días, una manifestación pacífica en Semuc Champey, del 14 al 16 de septiembre. En ambos documentos se repetían las firmas de algunos representantes comunitarios. Esta manifestación se transformó en la toma del lugar.

Un trabajador del Conap, Byron Bin Quej fue retenido en el área el 16 de septiembre y liberado al día siguiente. A partir de ese hecho el Conap y la PDH realizaron consultas e iniciaron nuevos procesos de diálogo que los opositores abandonaron. Con el cambio de gobierno en noviembre, llegaron al Conap nuevas autoridades que negociaron la contratación de 12 guardabosques más para el área. Se fijó el 3 y 4 de noviembre para la devolución al Conap, pero ese día, cuando los funcionarios del Conap se retiraban, unos opositores bajaron la talanquera de la salida del parqueo y se dio otra vez una riña. Decenas de personas se formaron alrededor de los trabajadores del Conap y les decían que no se podían ir. La talanquera fue amarrada al suelo.

—El gobernador negoció allí aspectos con los que no estuvimos de acuerdo —dice la exsecretaria ejecutiva del Conap, Enma Díaz, quien también estuvo allí—. Querían que se les dejara la administración financiera del sitio, que ellos decidieran a quiénes se contrataba, que todos tuvieran oportunidad de trabajar y los puestos se rotaran entre pobladores de diferentes comunidades. Negociamos y logramos salir. En aras de apoyar a las comunidades, uno empieza a ceder y hay cuestiones que se pasan de la competencia del Conap, defiende.

Entre las concesiones que hizo el Conap se permitió que los empleados fueran seleccionados por los vecinos y el mismo Consejo  les contrató por tres meses —octubre, un mes ya terminado, noviembre y diciembre— a través del renglón 035 que corresponde a pagos en función de una cantidad determinada de trabajo, explica la encargada de mediar con sociedad civil y los pueblos indígenas del Conap. El regreso del Conap al área duró solo 15 días. Luego, otra vez fue tomada por vecinos inconformes.

—Existe un interés claro: la administración del área— dice Gloria Apén, semanas antes de que ocurriera el desalojo.

Durante el tiempo que el Conap estuvo a cargo del área protegida los ingresos totales fueron Q6 millones 84 mil. En 2015 cancelaron los pagos pendientes a la municipalidad (Q608,485 le correspondían). Sin embargo aún quedan pendientes Q1,915,197 quetzales que el Conap señala tiene reservado para proyectos en las comunidades. El quid de la disputa es el control sobre el ingreso que turistas locales y extranjeros representan para un área desatendida por el Estado.

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Dos días después del desalojo, el 6 de julio, en la talanquera que ha sido escenario de desacuerdos más concurridos, el ambiente era hostil y no había quien rindiera cuentas o explicara las operaciones que ocurrían en el lugar. Una docena de policías descansa alrededor de la entrada y cuatro militares hacen rondas alrededor.

­La zona protegida forma parte del territorio en jurisdicción de la Sexta Brigada del Ejército, en Playa Grande Ixcán. Los soldados presentes en el área, también decían que eran de esa delegación. A pesar de los intentos de Plaza Pública por conocer sobre el operativo del Ejército, en el mismo lugar de los hechos y a través de la oficina de relaciones civiles de la sexta brigada, el Ejército se negó a proveer más información. En el lugar también se encontraban empleados del Conap que al principio se negaron a reconocer que  eran funcionarios y se negaron a brindar cualquier información sobre el operativo.

La subestación de la Policía en Alta Verapaz continuaba con los patrullajes una semana después del desalojo, a pesar de que disminuyó la presencia de agentes en el área.

Irlanda Pop, la alcaldesa de Lanquín se niega a dar declaraciones. Se le buscó en el edificio municipal y por teléfono, pero no quiso pronunciarse. Su secretario, Gonzalo Estrada explica que ella maneja la situación con hermetismo. En marzo, el sobrino de la alcaldesa fue atacado a balazos. Se presume que el atentado, mientras él conducía el auto de la alcaldesa,  iba dirigido contra ella. Al menos dos empleados de la dirección regional del Conap han recibido amenazas en el último año, las denuncias fueron presentadas ante el MP. El líder ancestral de Chisubin, Crisantos Asig cuenta que en varias ocasiones lo han retenido y amenazado, el 20 de julio último intentaron apresarlo de nuevo, pero logró salir luego de probar que su proceso está en orden a la espera de un juicio. En resumen, en ambos bandos, los involucrados en la disputa por el manejo de Semuc Champey han sufrido algún tipo de violencia o amenaza.

La ruta por la que el Conap no quiso pasar

Con el cambio de gobierno en enero de 2016, la nueva administración del Conap no dio seguimiento al proceso de diálogo. “El gran responsable es el Conap”,  indica Carlos Guillermo, representante de la PDH en el territorio y explica los muchos episodios incómodos entre el Conap y las comunidades, la sensación de incumplimiento y burla de los comunitarios, el legalismo y  burocracia de las autoridades.

El Conap había preparado una estrategia diferente que no contemplaba el desalojo sino una transformación del conflicto, por etapas. El 8 de marzo el Consejo instruyó que se implementara este Plan de Acción que se basaba en asambleas comunitarias y no en mesas de diálogo para que  participaran más pobladores y no solo algunos representantes. Pero éste plan fue ignorado por las comunidades.

 

Luego de recuperar el área a través del desalojo, el Conap difundió fotografías que evidencian deterioro del área protegida: bolsas de basura desperdigadas, retretes desmontados y construcciones de madera. También indicaron que se había construido un servicio sanitario con fosa séptica que no cumple con los estándares de conservación y que no se encontraba equipo inventariado para bombear agua.

El Conap continúa apostándole a la conformación del Consejo Directivo del Área Protegida para la gestión de Semuc Champey. Desde el día del desalojo difundió un aviso en el que llamaba a las comunidades a elegir a sus representantes para que se gestionen los proyectos. Y el 8 de julio difundió los horarios para las asambleas de elección: Semil, Chisubin, Chicanutz y Santa María Semuc votarían el 16 y 17 de junio.

Tres de cuatro comunidades respondieron al llamado. Los nuevos representantes se adhirieron al Consejo directivo que tuvo su primera reunión el 21 de julio pasado, en donde se decidió permitir las visitas al parque nacional a partir del día siguiente.

La aldea que no respondió fue Chisubin. La primera en el camino, en la que vive el líder ancestral Crisantos Asig. Según el Conap, no hubo ni apertura ni interés de parte de los pobladores que no estarán representados en un Consejo que igual se conformará por el criterio de mayoría.

Semuc Champey, el parque que no solo produce rentas millonarias a los que lo gestionan sino también soporta toda una estructura de economía basada en el turismo en sus alrededores­. El primer fin de semana que el parque volvió a abrir, entraron 339 turistas extranjeros, 437 adultos guatemaltecos y 77 niños que representan ingresos de Q30,380.

A un mes del desalojo, el parque funciona con aparente normalidad. Mientras, los turistas se zambullen en las aguas cristalinas e ignoran que en el paraíso hubo problemas, y que éstos siguen latentes.