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Sayaxché, ambigüedad y medias verdades

Ahora resulta que el problema real, del que nadie ha querido hablar donde había que hablar es la extensión de la palma africana y no sólo eso sino que algunos de los propietarios de esas fincas no son pobres campesinos muertos de hambre sino diputados. ¿Y el nombre? No lo recuerdan.
Y nadie quiere profundizar más ni detallar mejor las presiones, incluso violentas, a las que los campesinos habrían sido sometidos para vender sus tierras pese a la insistencia con la que se les piden pormenores o casos concretos a los que dirigirse. Pruebas, datos, testimonios. No los dan.
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Sayaxché, ambigüedad y medias verdades

Tiempo aproximado de lectura: 28 mins
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Miedo, ambigüedad, silencio y medias verdades, en un territorio atrapado por una relación cada vez más conflictiva entre comunidades ya desplazadas o próximas al desplazamiento, empresas poderosas, fuerzas de seguridad del Estado y políticos acomodaticios que cambian de discurso en función de la correlación de fuerzas de cada momento. Plaza Pública estuvo en Sayaxché en enero de este año, se ha intentado corroborar las denuncias de los pobladores y escuchar las respuestas de las empresas. A finales de abril se iniciaron una serie de manifestaciones y un bloqueo de carreteras que fueron resueltos. Permanece la ambigüedad y las medias verdades.

Redes-lateral

(I) Condiciones laborales bajo examen.

En las afueras de Sayaxché, en Petén hay viviendas en ruinas arrastradas por buldóceres y el armazón de lo que un día fue la escuela de Arroyo Santa María, una comunidad en la que 35 familias q’eqchís desplazadas desde Alta Verapaz durante el conflicto armado interno trataron de reconstruir sus vidas. Una comunidad que ya no existe. Poco a poco, todos vendieron su tierra a una empresa productora de palma africana y abandonaron el lugar. Nadie derribó la escuela. Le servirá como bodega a la empresa que la compró.

De entre un montón de libros de texto comidos por la humedad, se rescatan los restos del prólogo de una Guía Educativa del Programa “Escuela Rural Activa” firmado por la Ministra de Educación en diciembre de 2006. A duras penas se lee: “Niños y niñas, quiero pedirles que sueñen en grande para alcanzar sus metas y un día todo lo que se propongan se hará realidad”.

A pocos kilómetros de las ruinas de la comunidad y en terrenos propiedad de la empresa NAISA, una docena de trabajadores de la palma africana espera la llegada del autobús que les llevará de vuelta a casa tras su jornada de trabajo. Inmediatamente se acercan y explican, protestando, que acaban de cobrar la quincena. “Todos hemos trabajado lo mismo y cada uno recibe un salario diferente”. Aportan tres cifras: Q1,046, Q1,022 y Q946. Rayan el salario mínimo, quetzal abajo, quetzal arriba. No tienen tiempo de detallar nada más porque ante la llegada del supervisor en motocicleta, se quedan callados y disuelven inmediatamente. No se les permite hablar con extraños.

A principios del año 2011, la ONG internacional ActionAid elaboró un informe que describía las condiciones de “explotación laboral” en las empresas de palma de Sayaxché.

Se redactó y publicó el informe, se realizaron algunas manifestaciones y cortes de ruta con el objetivo de presionar a las empresas en marzo de 2011 e incluso el pasado diciembre se presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo contra tres de las compañías que operan en el municipio: REPSA, Tikindustrias y NAISA. Empresas que, según las denuncias, no cumplen con el derecho laboral.

La denuncia iba firmada por los representantes de las 18 comunidades que forman la microrregión La Ceiba, en Sayaxché. Son varias páginas de huellas dactilares y sellos. Las firmas de trabajadores como los que nos encontramos caminando por las fincas. Es una reivindicación laboral apoyada por cientos de personas que Plaza Pública sólo pudo comprobar parcialmente.

Se solicitó a la oficina de Información de Pública, del Ministerio de Trabajo, una copia de la denuncia presentada por las comunidades contra estas empresas, sin embargo, en mayo, un mes después de ingresada la solicitud no habían dado respuesta. En cambio, entregaron un documento que indica que se realizaron una serie de inspecciones a las empresas: Palma Ixcán, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA), Tikindustrias S.A. y Entidad Nacional Agroforestal, S.A. (NAISA). En el documento proporcionado por el Mintrab se indica que Palma Ixcán y Tikindustrias, S.A. “no cumple previsiones”.

Un funcionario de la delegación departamental de Petén, que pidió no ser identificado por temor a represalias, explicó que “no cumplir previsiones” implica que los empleados no tienen contrato, y la empresa no lleva un libro de planillas para verificar los salarios. No entró en detalles sobre cada una de las inspecciones. Sin embargo, expuso que la empresa Palma Ixcán no permitió el ingreso a las instalaciones, por lo que se les levantó un “acta de obstrucción”. Nuevamente se hizo solicitud de información pública para conocer los detalles de ésta, y al cierre de esta nota el despacho de información pública del Mintrab no ha dado respuesta a la solicitud. Se intentó localizar telefónicamente a Tikindustrias, NAISA y REPSA, pero nunca se logró comunicación directa con la gerencia, ni se obtuvo respuesta de la solcitud de entrevista; en el caso de Palma Ixcán no se logró comunicación.

En las fincas en Petén, las puertas están cerradas, hay guardias de seguridad y nunca pasan más de 10 minutos entre que comienza el diálogo con los trabajadores y aparece algún supervisor en moto, ante cuya presencia es difícil mantener cualquier conversación. Pero, entrar a estos territorios constituye la única manera de constatar sobre el terreno si las denuncias sobre explotación laboral que surgen de los activistas e incluso llegan al Ministerio son ciertas o no.

Las fincas son inmensas. Cuesta encontrar a los trabajadores. Es posible circular en picop hasta 45 minutos seguidos por el interior de una de ellas sin que –de entre la inmensidad y el silencio de la palma– aparezcan más de dos docenas de hombres que cortan, cargan, limpian o aplican plaguicidas.

Felipe J. tiene 24 años y vive en la comunidad de Canaleño. Trabaja desde hace más de dos años en la finca El Mirador, propiedad de la empresa Reforestadora de Palmas del Petén S.A. (REPSA). Hoy hace de plaguero. Lanza un químico llamado Klerat alrededor de las plantas. Nos explica su jornada laboral: “Salimos a las 4.30 de la mañana de casa. Entre las 5 y las 6 se nos adjudica el trabajo del día y sobre las 3 de las tarde paramos”. Así seis días por semana. “Los feriados de almanaque aquí no existen, los domingos, a veces tampoco”.

Felipe nunca ha visto un contrato ni ha tenido un carnet del Instituto de Seguridad Social (IGSS). “Si nos ponemos enfermos, la empresa nos da una medicina, pero nos la cobra”. Explica también que de cada cinco días de suspensión médica “sólo nos pagan uno”. Todos los trabajadores consultados afirman sistemáticamente no disponer de carnets del IGSS pese a que se les descuenta dinero por ello. Mientras la Gremial de Empresas de Palma (Grepalma) afirma proporcionar 10 mil empleos directos en Guatemala, se solicitó al Mintrab una actualización de la cifra de contrataciones, pero explicaron que no llevan un registro de contrataciones del sector de la palma africana.

Felipe trabaja a destajo. Cobra 40 centavos por cada planta que “plaguea”. “No es fácil sacar la tarea, depende de que el guamil (vegetación que rodea a la planta) esté más o menos crecido”. Cuando se le pregunta cuantas plantas calcula para hoy dice que “unas 80”. Así se llevaría a su casa alrededor de Q35 diarios. “Depende del día, a veces saco Q80, pero a veces Q30. Nunca hay dos días iguales y casi nunca llego a los Q63 diarios del salario mínimo”. No se queja sólo de eso. Pese a lanzar 15 quintales de fertilizante por día nunca ha visto unos guantes ni una máscara. Protesta por el olor y los picores en los ojos y en la piel.

De hecho, el Klerat es conocido por ser un poderoso anticoagulante para los roedores –enemigo de la palma que come los racimos de ésta-. Según la evaluación de Consortium for International Crop Protection realizado para USAID “Evaluación ambiental para uso de plaguicidas de USAID”, es imposible predecir cuáles son los efectos resultantes de la exposición a largo plazo a cualquier pesticida. La forma más común de exposición, explica la evaluación, ocurre durante las operaciones de mezclar, cargar y aplicar los pesticidas; la manipulación es el momento de más peligro. Aunque en los estudios no se define cuán nociva puede ser la utilización del Klerat a largo plazo, Usaid, en su normativa ambiental, tiene prohibido su uso en los proyectos agrícolas en que participa y lo clasifica como peligroso.

Alfredo B. de 47 años, camina entre el lodo con una vara de madera. Su trabajo consiste en doblarse, recoger e introducir en un saco, una a una, las pepitas de palma que se caen de los racimos. Aquí no se desperdicia nada. No quiere quejarse demasiado. Tras un rato de conversación reconoce “que nunca se le ha pagado una hora extra”. El mismo funcionario del Mintrab de Petén que prefiere no ser citado, explica que se sospecha que las empresas palmeras no pagan horas extras, o hacen cálculos dudosos. Él culpa al sistema. Debería exigirse un libro de entradas y salidas para que los trabajadores puedan demostrar cuantas horas laboraron.

Otros trabajadores cortan en pareja los racimos de palma. Utilizan una barra metálica de fabricación brasileña que pesa varios kilos. Dos golpes certeros y el racimo se desprende hacia el suelo, un golpe más y lo clavan en la barra para levantarlo sobre los hombros y cargarlo hasta el camino, desde donde otra persona la introducirá en una carreta tirada por bueyes. El trabajo es físico, duro y complicado. Esquivando ramas afiladas que cortan la piel, bajo un calor aplastante y con la obligación de ser rápidos y producir. Se paga por tarea realizada y no por día trabajado.

Martín R., de 24 años, vive en la finca mientras dura la temporada y explica que muchas veces trabaja tres semanas seguidas sin descanso para poder irse a su casa un par de días. Dice que consigue cortar unos 240 racimos por día. A 40 centavos por racimo hablamos de 130 quetzales diarios.

La cifra de 240 racimos diarios difícilmente puede ser cierta. Eso supondría que durante ocho horas de trabajo cortara un racimo cada dos minutos. Después de verle trabajar durante un cuarto de hora, resulta evidente que es imposible introducirse en la plantación desde el camino, cortar un racimo, levantarlo y llevarlo hasta el lugar donde los bueyes lo recogerán en dos minutos. Más aún mantener esa frecuencia durante ocho horas seguidas.

Los hombres que nos encontramos sobre el terreno afirman trabajar por tarea –y cobrar según productividad– y por día, pese a las continuas promesas de incorporación a la empresa y verse obligados a realizar grandes esfuerzos si quieren alcanzar el salario mínimo. Está claro que depende de la fijación de la tarea a alcanzar, según los cupos planteados por la empresa, el ingreso a recibir. Es preciso llegar aquí y verles trabajar para comprender hasta qué punto se exprimen sus cuerpos una vez inmersos en este sistema. La queja implica no volver a ser llamados por los intermediarios –coyotes, los llaman aquí– que les llevan a trabajar y toman nota de los “díscolos”.

Es muy difícil hablar con ellos. Su idioma es el q’eqchí’, pocos manejan el castellano. Las preguntas concretas sobre salario y condiciones laborales no son fáciles de responder. No quieren hablar.

Si el informe publicado por ActionAid señalaba que muchos trabajadores se ven obligados a conformarse con salarios por debajo del mínimo marcado por la ley, las pocas conversaciones que logramos mantener en un contexto de clandestinidad aparente y probable riesgo de represalia contra quienes se quejen, los testimonios de los activistas permiten sospecharlo pero no ratificarlo de manera inequívoca. Es decir, sí que rozan el salario mínimo, quetzales más, quetzales menos.

Lo que parece evidente es que las vidas de aquellos niños de Arroyo Santa María, ya adultos, y probablemente convertidos en trabajadores, no han mejorado. La Ministra no se equivocaba formalmente: En los cinco años que van desde aquel curso académico en el que se les invitaba a soñar hasta hoy, en Petén está sucediendo algo grande.

Según el Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009 del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA), una tendencia inusual de incremento de palma africana y caña de azúcar está ocurriendo en el Valle del Polochic. El informe cita a Alonzo y Dürr (2008) quienes indican “que para el año 2008 ya existían en esa región 5,000 hectáreas de cada uno de estos cultivos. Aunque esta ampliación no siempre implique la eliminación de cobertura forestal, los mismos autores indican que su presencia ha provocado el aumento de presión sobre la frontera agrícola en la Sierra de Las Minas, al disminuir la disponibilidad de tierras para la producción de los cultivos tradicionales de los campesinos”.

Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el 16 por ciento de la tierra del Municipio le pertenece a las empresas de palma.

En este contexto, y desde las últimas elecciones, los líderes actuales de la municipalidad de Sayaxché y la Microrregión La Ceiba en la que se encuentra el Municipio, no son otros que los líderes de comunidades rurales devoradas por la palma como Arroyo Santa María. Antiguos desplazados, personas que encabezaron la lucha por la tierra y que hoy, una vez alcanzado el poder local en las últimas elecciones, basculan entre las propuestas que les llevaron al poder, como la defensa de los derechos de los trabajadores y las tierras que ya han perdido, y la necesaria supervivencia personal.

(II) Negociaciones sobre invasiones de áreas protegidas en el cuartel

Para llegar hasta la base de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Norte “El Subín”, del Ministerio de Defensa, es necesario cruzar en ferry el Río La Pasión. Dos kaibiles, miembros de la élite del ejército que patrullan por el lugar, se retiran discretamente de la zona cuando ven aparecer a los extraños.

En el contexto de la gran expansión de los cultivos de palma en la región, la base militar de El Subín acoge una reunión que trata de reconducir las posibilidades de supervivencia de la Reserva Biológica El Pozo San Román, invadida y deforestada.

De un lado, las autoridades: el alcalde de Sayaxché, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Policía Nacional Civil y el ejército. Del otro, los líderes comunitarios. Según la versión del CONAP, en boca de Rolman Hernández, su director regional, las comunidades invaden la reserva biológica, talan los bosques, venden la madera y después plantan maíz. Cuando las fuerzas de seguridad acuden a realizar aprehensiones, son retenidos por los pobladores.

Se busca el diálogo. Un representante militar afirma ser el convocante de la reunión y explica que su labor se limita a ofrecer un espacio en el que encontrarse. “Nosotros no negociamos, sólo aplicamos la ley porque tenemos las armas y no queremos vernos obligados a utilizarlas. Por eso hemos llamado a las partes implicadas”. Suena a amenaza.

El alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, en tanto máxima autoridad municipal, que también asegura ser el convocante de la reunión, refuerza la tesis oficial y se posiciona contra la tala e invasión de la reserva mientras sostiene que “las comunidades no deben capturar a más policías ni talar más bosques ni dañar la montaña porque se trata de un patrimonio de la humanidad y los uniformados se están limitando a protegerlos”.

La reunión dura varias horas. Los campesinos, que hablan monolíticamente en q’eqchí’, dependen de la traducción y buenas artes de dos hombres, que son Carlos Mucú y Domingo Choc, líderes y representantes de las 18 comunidades que conforman la Microrregión La Ceiba, impulsores de las denuncias laborales contra las empresas de palma, defensores de la tierra.

Su argumento es sencillo. Se preguntan por el repentino interés de las autoridades en el cumplimiento de la ley. “Hace 10 años que nadie protege el área de San Román y fueron los ricos quienes invadieron primero San Román para que su ganado pastara”. Y argumentan “tenemos hambre y necesitamos esas tierras para sobrevivir”. Su planteamiento para resolver la controversia pasa por “hablar con el Gobierno para que se entreguen tierras a los pobres campesinos que no tienen qué comer”.

El alcalde Pop sostiene que los campesinos no deberían haber vendido sus tierras “para no verse obligados a invadir tierras” y Rolman Hernández, de CONAP argumenta que para muchos “las áreas protegidas han sido la solución al problema de la falta de tierra en Guatemala”, pero “cuando se les han entregado tierras, muchos campesinos han salido directamente la firma de los documentos a venderlas a la vuelta de la esquina”.

Si se le piden explicaciones, en privado, es más claro aún. Hernández está cansado de victimismos. “Las comunidades que invaden tierras son utilizadas como grupos de avanzadilla de las empresas de palma y de los narcos” y termina detallándolo. “Los pobrecitos campesinos tienen sus picops, energía eléctrica, galones de diesel, maquinaria para abrir camino o insumos para levantar construcciones”.

Todo termina en tablas. Se verán las caras en una nueva reunión en la que quieren ver sentados a la mesa a diputados y al gobernador. Antes de disolverse, varias personas quieren dejar claro su enfado. A los campesinos les da miedo entrar en la sede de la Fuerza de Tarea, bajo el auspicio del ejército y protestan. “¿Por qué tenemos reunirnos en un destacamento militar? Esto nos recuerda a los años ochenta cuando se convocaba a reuniones en los destacamentos y no se aparecía nunca más”.

(III) La complejidad de la política local y el narco

Una vez terminada la reunión, los líderes que negociaban con las autoridades en nombre de las comunidades salen, con intención de almorzar, en dirección al Café Maya de Sayaxché. El alcalde se suma. Si bien durante el encuentro se encontraban en lados diferentes de la mesa y de la argumentación, esa línea –ficticia– marcada por la mesa de negociación se diluirá inmediatamente sobre el mantel.

Quienes conducen en su vehículo al jefe edil son Carlos Mucú y Domingo Choc. Los tres son amigos, portavoces, negociadores, compañeros de militancia y facilitadores necesarios de todo aquello que tenga que ver con sus vecinos. Durante el trayecto, protegidos por el ruido provocado por el viento que rodea al viaje en la palangana de un picop y antes de ser conscientes de que sus palabras son anotadas en una libreta, explican que la situación de las áreas protegidas no tiene solución y por qué es así.

Ahora resulta que el problema real, del que nadie ha querido hablar donde había que hablar es la extensión de la palma africana y no sólo eso sino que algunos de los propietarios de esas fincas no son pobres campesinos muertos de hambre sino diputados. ¿Y el nombre? No lo recuerdan.

La reunión no ha sido más que una escenificación inútil. Sentados a la mesa del restaurante hablarán –con más sinceridad– de los problemas reales del Municipio y de cómo afrontarlos.

El primer indígena elegido alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, se describe a sí mismo como “parte de los movimientos sociales”. Si la tarea que afronta es compleja, asumirla desde su origen político e ideológico, es ingente. Una cosa es conocer la problemática con la que se encuentra y otra es tener los instrumentos para encararla. De hecho él mismo es un desplazado y actúa como vocal de la Junta Directiva de la Condeg (Coordinadora Nacional de Desplazados de Guatemala). El 41 por ciento de los habitantes de Sayaxché son desplazados de Alta Verapaz.

Junto al nuevo poder local, en la mesa se sienta también Santos Chic, coordinador de la Condeg, otro desplazado de Quiché que perdió a toda su familia antes de sumarse a las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Uno de esos militantes recios y modestos que aún recorre el país en camioneta de reunión en reunión y con un morral al hombro.

Santos Chic hace memoria y contextualiza lo sucedido. “La zona de San Román fue ocupada por desplazados. En el año 1991 comenzaron los desalojos y las comunidades trataron de resistirse. Tras una movilización en la capital que duró 23 días conseguimos la adjudicación de las tierras. Pero sin proyectos de desarrollo ni capacitación técnica, comenzaron a meterle el miedo en el cuerpo a los campesinos y a ofrecerles dinero. Si el precio original de una finca para el campesino era de Q5 mil les ofrecían Q50 mil, los babosearon con dinero”.

Hoy en día, dos décadas más tarde, algunas de esas fincas han multiplicado su valor por diez. El precio de la palma en el mercado internacional no ha cesado de aumentar y consecuentemente, las exportaciones de aceite de palma refinado que sale de Guatemala se han multiplicado por tres en el último quinquenio, según datos del Banco de Guatemala.

Chic mantiene el discurso que se espera de él. “El gobierno no está interesado en facilitar la Reforma Agraria aprobada en los Acuerdos de Paz, y los campesinos siguen igual de pisados que siempre, ahora presionados por el acaparamiento de tierras de las empresas transnacionales. Las familias que no aceptaron vender ahora están encerradas en sus fincas y amenazadas por las talanqueras de las empresas y sus guardias de seguridad”.

Según él, sus líderes, Carlos Mucú y Domingo Choc, también viven amenazados. “Mejor te callás” o “aquí no queremos organización de ningún tipo, se habla de uno en uno”, son algunas de las frases sobre organización laboral que han sido escuchadas por sus amigos, que asienten en silencio, validando el relato. Santos no vive en el Municipio, quizás por eso no contemporiza y no entra en el mundo de los matices en el que sí navega el Alcalde.

- Alcalde, ¿por qué nadie ha hablado de la palma en la reunión (en el cuartel)?

- Yo soy campesino e indígena y también estoy rodeado de palma, pero a mí las empresas no me están atropellando porque no vendí. No son las únicas responsables. La tierra no se vende, se defiende.

Su explicación también remite al pasado. “Hace una década se aprobó el Plan Puebla-Panamá y comenzaron a decirles a los campesinos que se construirían presas y se inundaría su tierra, que dejaría tener valor. Los campesinos lo creyeron y comenzaron a vender. No pudimos evitarlo, la gente de aquí fue chantajeada”.

Plantea una pregunta retórica “¿Qué autoridad en Guatemala puede decirle a las empresas que no le compren más tierra a los pobres?”, antes de continuar dando detalles “comienzan a comprar fincas, meten maquinaria, abren zanjas, se quedan con el agua, la tierra se queda seca y el campesino que ya no puede producir, vende”.

Hace tiempo que se extienden no sólo rumores sino también graves acusaciones en torno la manera en la que han conseguido las tierras. Denuncias que complementarían el relato de la venta por motivos exclusivamente económicos. Según algunas voces, la compra de tierras no sería siempre voluntaria. El alcalde no sólo no lo niega sino que se aventura con una cifra: “El 30 por ciento de las fincas se han vendido bajo presión”.

- ¿Podría explicarlo?

- La estrategia es de compra selectiva. Se compra una finca, luego dos, luego tres, y así la cuarta queda aislada y encerrada por los cultivos de palma, dejando de ser útil para el campesino. Ellos eligen cómo y a quién tapar.

Y nadie quiere profundizar más ni detallar mejor las presiones, incluso violentas, a las que los campesinos habrían sido sometidos para vender sus tierras pese a la insistencia con la que se les piden pormenores o casos concretos a los que dirigirse. Pruebas, datos, testimonios. No los dan. Cuando uno lee otros trabajos periodísticos realizados por El Faro o investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales, se reseñan amenazas de muerte directas a quienes se niegan a vender su tierra por parte de coyotes que les presionan y asustan hasta forzar a las comunidades para su venta. Plaza Pública intentó comunicarse con Susana Siekavizza, directora ejecutiva de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), para cuestionarle sobre el tema, pero pidió las preguntas de la entrevista por adelantado, se le propuso entonces que respondiera directamente las preguntas por correo electrónico y finalmente Siekavizza se negó a la entrevista y no respondió el cuestionario.

De regreso a la mesa del almuerzo, el alcalde se mueve siempre con dos hombres, jóvenes, fuertes y ostensiblemente armados que son su sombra permanente, profesionales que han cubierto las posibles entradas al restaurante y le han señalado dónde sentarse. Pese a la seguridad, casi todo se cuchichea y antes de hablar, miran constantemente hacia las mesas vecinas. Esta es la tierra de la desconfianza.

- Estoy corriendo peligro aquí -dice el alcalde.

- ¿Por qué?

- Todos nosotros trabajamos rodeados por el riesgo. Hay mucha gente acostumbrada a la falta de gobierno y no les gusta que lleguemos aquí para poner orden. Mucha gente quiere seguir ganando dinero sin trabajar.

Rodrigo Pop se refiere a los empleados municipales de la administración anterior, que acaban de ser despedidos. Suena ingenuo. Está claro que no quiere avanzar en la denuncia de las presiones y amenazas contra las comunidades ni confirmar relatos que previamente sí se han hecho, desde la oposición, cuando eran activistas, cuando se desarrollaba una campaña electoral. Poco después, ante las caras de extrañeza de sus interlocutores y cuando se confronta al grupo con declaraciones realizadas meses antes, cuando no eran más que activistas sociales, realiza un gesto tan universal como significativo. Se lleva los dedos a la boca en varias ocasiones como si estuviese fumando un cigarrillo.

El alcalde y el funcionario responsable de la protección de la naturaleza no son los únicos que hablan del poder del narcotráfico en la región. Bajo el estricto compromiso de no citar su nombre, un militar con responsabilidad en la zona nos confirmaría lo que es un secreto a voces, reforzando la teoría defendida por el responsable de proteger las áreas protegidas y dándole veracidad al miedo señalado por el alcalde.

Explica que a medida que uno se adentra en las comunidades, comienza a ver motocicletas último modelo circulando continuamente, casas perfectamente pintadas, jóvenes que cada vez que ven pasar al ejército levantan inmediatamente su teléfono y relatos de pistas de aterrizaje que se construyen pagando salarios que multiplican por cinco lo que gana un campesino trabajando en la agricultura o en las fincas de palma.

Su relato va más allá. Siempre según él, cuando aterriza una avioneta, se movilizan hasta 50 personas y dos docenas de vehículos. El trabajo es profesional y limpio. Se monta un grupo electrógeno para dar luz, se limpia la zona a la perfección y la mayoría de los vehículos, nuevos y sin placas, son abandonados para tapar los caminos y evitar cualquier posibilidad de persecución. Muchas veces se registra cada movimiento, desde el ejército desde la misma puerta de la base o la policía llega antes al lugar de los hechos “por casualidad”. Para el militar queda claro que sin el conocimiento y apoyo, por acción u omisión, de las comunidades y sus líderes, y de policías que se venden y miran hacia otro lado, Petén no sería el departamento por el que circulan toneladas de droga entre Honduras, Belice, Guatemala y México.

Preguntados por cuestiones como éstas, Rodrigo Pop, Domingo Choc y Carlos Mucú aseguran no saber nada al respecto. No quieren hablar.

Rodrigo Pop ha trabajado más de 15 años por el derecho a la tierra. Se ha presentado cuatro veces a la alcaldía. Cuenta que definieron su estrategia para hacer política –utiliza el plural e integra en ella a quienes le acompañan en la mesa– cuando regresó de un curso de formación para líderes sociales al que fue invitado por una organización española: “Lo más inteligente era acumular poder institucional para terminar con la explotación del pueblo”.

Mezcla perfectamente un discurso propio de su origen con la prudencia del cargo. Este giro, institucional y quizá no falto de verdad, no concuerda con el discurso sus amigos. Que aún así, lo aceptan con realismo. Argumenta también, ante las dudas generadas por aceptar que una reunión sobre tierras en su municipio sea auspiciada por el ejército, que “al ejército no le queda la opción de actuar de otra manera, facilitando el diálogo. Como gobierno municipal tenemos que unificar a todas las instituciones para resolver problemas, todos empujando en la misma dirección”.

Su estrategia actual para el cambio social, una vez acumulado el poder institucional, pasa por la organización de las comunidades. “Conseguiremos pronunciamientos, manifestaciones a favor de la alcaldía, conformaremos una masa crítica a partir de los líderes comunitarios” dice, señalando a Carlos Mucú y a Domingo Choc, que a medida que avanza la sobremesa, emergen como auténticos punteros políticos del alcalde entre las comunidades. El apoyo a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la palma parece mostrarse como una buena manera de generar esa masa crítica de la que dependen.

(IV) ¿Existen alternativas? El dilema de la supervivencia

En las palabras del alcalde, Rodrigo Pop, hay un tanto de derrota y mucho de búsqueda de alternativas. “Los campesinos se dejaron babosear y la tierra vendida ya nunca se recuperará. Ahora lo que nos toca es educarlos, transmitir que la tierra no es la única solución posible, preparar a las personas para que sepan labrarse un futuro en otras ocupaciones, que quienes comenzaron el problema sean parte de la solución”. Se refiere, sin querer mencionarlas en ningún momento, a las empresas de palma.

La situación actual de escuelas, un servicio público fuertemente devaluado, y convertidas en bodegas de una empresa de palma o funcionando bajo mínimos inaceptables, pintan un futuro negro para la propuesta de solucionar los problemas con educación.

Pero si se le pregunta por la contribución de esas mismas empresas que poseen el 16 por ciento del Municipio a las arcas municipales, y por tanto al desarrollo futuro de la comunidad, se descubre en una contradicción importante. “La municipalidad está secuestrada a la hora de desarrollar proyectos porque durante la administración anterior no se ha dado un cobro de impuestos correcto. Vamos a realizar un censo y examinar cuanto debe pagar cada uno. Calculo que por ahora han pagado sólo el 5 por ciento de lo que les corresponde pagar. Las empresas de palma deberían ser los principales contribuyentes y no lo están siendo”.

La acusación es grave. ¿Podríamos ver los recibos de impuestos que ha pagado cada empresa? se le pregunta al alcalde.

- No es el momento. Es el momento de concientizar. A las empresas también. Si el diálogo no avanza, recurriremos a la vía judicial.

La negativa del alcalde coincide con el informe de ActionAid sobre las empresas de la palma indicaba hace ya un año que la tesorería municipal de Sayaxché no entrega información respecto al impuesto sobre propiedad de la tierra en el Municipio. Sin embargo, al contrario de lo que dice ActionAid, en el Ministerio de Finanzas sí está consignado el pago del IUSI a la municipalidad de Sayaxché, lo que podría ponerse en duda es el cálculo del pago. Se intentó localizar al alcalde Rodrigo Pop, después de obtener el informe de pagos del Minfin, pero los teléfonos registrados de la Municipalidad no contestan.

En el Minfin son claros: la responsabilidad de los cálculos y cobros del IUSI recaen en cada municipalidad. El último informe disponible, realizado en 2011 por el Instituto de Estudios Rurales (Idear) y la Coordinación de Ong y Cooperativas de Guatemala (Congecoop) en el marco de un programa financiado por la Fundación Soros, denuncia que las tres empresas objeto de la denuncia por explotación laboral de sus trabajadores (REPSA, NAISA y Tikindustrias), no pagan impuestos de propiedad sobre la tierra en el Municipio y calcula que eso supone una defraudación al fisco de casi Q3 millones por año. La cifra más alta de recaudación registrada en el Minfin es de Q.433,067.84 en 2011.

La conversación realizada en enero de 2012 avanza por la complejidad del salto desde el activismo a la política institucional y se cierra con un sensato: “Llevo 15 días en el cargo. Tengo que saber qué batallas planteo para no terminar tirado en una zanja”.

Pero en Sayaxché también existen activistas que discrepan de la línea estratégica adoptada por el alcalde y sus aliados en las comunidades. “Rodrigo Pop es alcalde por ser q’eqchí’, no porque nadie crea que puede transformar la municipalidad. Corren rumores de que las empresas de la palma ya se le han acercado”, afirma Arturo Chen, de la Asociación Maya por la Paz. “Mucha gente piensa que son pro-gobierno y pro-empresas. Como no encontraban la manera de ganar las elecciones desde hace dos años se acercaron a los trabajadores y supieron hasta dónde podían llegar apoyando las reivindicaciones que éstos planteaban, cómo podían ganar apoyos y votos entre quienes trabajan en las fincas de palma, pero confrontar las posiciones del Estado, de la policía y del ejército. Ellos tienen contacto directo y vía abierta con los empresarios”.

Probablemente se trate del mismo condicionante al que se refieren en su trato con el ejército. Es necesario negociar y mantener relaciones cordiales con el poder, con todos los poderes que interactúan en la zona.

Y regresamos a la importancia que todo el mundo le otorga a la educación. “Corre el rumor de que el alcalde está gestionando la entrega de tierras por parte de las empresas de palma para establecer una sede de la Usac en el municipio. Las empresas apoyarían una gestión directa de Rodrigo Pop, él la gestionaría y con fondos privados construiría una centro un educativo que le garantizase la reelección”, afirma Chen. “Esa es una componenda, a través de la negociación con las empresas en las que todos ellos ganan, pero serviría para no tocar el tema de los impuestos que no pagan y mantener la situación de fondo, la de la tierra y las presiones a las que se ven sometidas las comunidades, exactamente igual que ahora”, concluye Chen.

Domingo Choc, como representante de las comunidades conoce lo complejo de la política local, las luchas por la tierra, el activismo y el liderazgo comunitario, la necesidad de nadar entre dos aguas para sobrevivir, la paciencia y la estrategia. Siempre han sido parte de su vida. Fue comisionado militar durante el conflicto armado interno. “Tenía 19 años y mi labor era sacarle información a la guerrilla para dársela al ejército. Gracias a Dios conseguí quedar bien con mi comunidad, logré trabajar bien con todos. Supe lo que podía darle a cada uno”. Pone un ejemplo. “Un día la guerrilla entró en el almacén en el que trabajaba y se llevó miles de quetzales en mercadería. Tomé nota de todo, porque la guerrilla pagaba, no como el ejército que robaba todo lo que podía. Esa lista de la compra se la entregué al ejército. No le servía para nada pero con eso estaban satisfechos”.

La escuela de formación política en la que muchos de los líderes comunitarios en Petén han forjado su carácter y sus carreras políticas ha sido casi tan compleja como la realidad a la que deben adaptarse hoy en día. La convivencia de poderes, declarados y no declarados, en su zona de influencia dificulta la acción de gobierno. Nadie deja dudas al respecto. Sayaxché se ha convertido en buena muestra de la mezcolanza de acusaciones veladas, descripciones parciales, verdades no dichas, silencios elocuentes y maniobras de supervivencia que permanecen ancladas en el genoma de unos poderes locales extremadamente vulnerables que, en Guatemala, sólo dependen de sí mismos.

 

*Alberto Arce fue colaborador de Plaza Pública desde agosto de 2011 hasta enero de 2012, cuando elaboró la mayor parte de este reportaje, que fue completado por Alejandra Gutiérrez Valdizán.

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