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Santa Rita se hunde en las arenas del tiempo

Quedan también, desde 2008, dos niños y dos hombres muertos en conflictos por las disputas sobre este proyecto, al menos otros cuatro heridos de bala… y muchas, muchas incógnitas.
De cumplirse el acuerdo en un periodo de tres años de construcción en total las 14 comunidades recibirían Q31 millones 500 mil; y durante 20 años de operación Q294 millones.
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Santa Rita se hunde en las arenas del tiempo

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El proceso de negociación que culminó el 31 de julio de este año entre representantes de comunidades y la empresa Hidroeléctrica Santa Rita es, hoy por hoy, un papel mojado. El acercamiento que comenzó con la onegé Ceder, contratada por la empresa para mediar con los pobladores, ha concluido con la intervención directa del Estado que intenta garantizar una inversión que, tras los desalojos y tres muertos, sigue en el aire.

Redes-lateral

A 43 kilómetros de la cabecera de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, y a 265 kilómetros de Ciudad de Guatemala, se ubican las fincas Xalaha Canguinic y Santa Rita, en esta última estaba prevista la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita. Para llegar al proyecto hay que desviarse de la carretera asfaltada a la altura de la comunidad de Secocpur y adentrarse por una brecha de terracería durante alrededor de 30 minutos. Los árboles, a ambos costados del camino, son interrumpidos por milpas, que luego dan paso a más árboles y arbustos entre colinas. Mientras la brecha se estrecha, y los kilómetros pasan, los guías indican la cercanía de la comunidad de Monte Olivo. Epicentro de los conflictos en la zona.

Se visita el territorio 15 días después, de realizado un desalojo en las dos fincas, y de un enfrentamiento entre pobladores y policías en la comunidad de Samacoch, alejada del conflicto, donde fueron asesinadas tres personas —según los pobladores a manos de policías y según la policía en un conflicto entre los mismos vecinos—.

A la entrada de Monte Olivo, la comunidad que ha concentrado buena parte de la conflictividad por el proyecto, un grupo de hombres hace guardia.

Es una tarde de principios de septiembre con cielos nublados,  tensión  en las miradas vigilantes y en los restos de troncos usados para cerrar el paso. Una veintena de hombres, en su mayoría jóvenes, aguardan. Autorizan el ingreso del vehículo al área, sólo piden, exigen, que se cuente su historia, que no se crea todo lo que dicen sobre ellos y su oposición a la construcción de la hidroeléctrica.

A menos de cinco kilómetros del punto de control en Monte Olivo los árboles casi cierran el paso. De pronto, como si de un animal prehistórico se tratara asoman los restos de una excavadora mecánica amarilla. La pala se deja ver como el cuello de una bestia entre enredaderas. Hemos llegado a Nueve de Febrero, el asentamiento formado en oposición al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.

La composición de Nueve Febrero, una improvisada comunidad formada por una veintena de familias de sitios vecinos, juega un papel clave, significó una presencia permanente en dos fincas, una donde se realizaría la obra y otra que daba acceso al lugar de construcción. Su ocupación de hecho conmemora el desalojo de un campamento militar instalado en ese sitio luego de que los vecinos expulsaran a trabajadores de la empresa.

¿Qué es la hidroeléctrica Santa Rita?

Santa Rita es un proyecto sin arrancar, una obra sobre la que hay informes, estudios, planos, reportes y muchos conflictos sociales, pero poco o casi ningún trabajo sobre el terreno. Hidroeléctrica Santa Rita S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de agosto de 2008 por Roberto Carlos Antonio López Roesch, de 33 años en ese momento,  y José Gregorio Presa Rodríguez, de 29 años. La empresa fue formada con apenas Q6 mil, con un tercio de las acciones a nombre de López Roesch y dos tercios de Presa Rodríguez. Pero autorizada para tener un capital de hasta Q100 mil.

La empresa fue creada con apenas Q1 mil más del mínimo para constituir una sociedad anónima (Q5 mil). Pese a estos frugales comienzos, un año después, el 31 de agosto de 2009, la compañía pidió un incremento en su capital para alcanzar los Q25 millones.

El primer registro de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto data del 27 de enero de 2009 y da cuenta del uso del río Icbolay, conocido también como Dolores, para la generación de entre 18 y 22 megavatios.  En este  se detalla que la hidroeléctrica  tiene un esquema de generación “al filo del agua”, es decir que no requeriría de una presa para almacenar el agua, sino que aprovecharía el caudal natural del río y su caída. Además  la totalidad del proyecto transcurriría dentro de la propiedad de la hidroeléctrica en la finca Santa Rita.

El esquema de producción de la hidroeléctrica incluye desviar una porción del afluente con una presa de 64 metros y una altura de 13.5 metros, ocho de ellos sumergidos en el río, lo cual conduciría el agua por un canal de 600 metros de largo con cuatro metros de profundidad y cuatro de ancho. Este canal correría paralelo al río, el cual mantendría su cauce, siempre dentro de los límites de la propiedad a ambos lados del afluente, y luego de transferir su energía mecánica en la casa de máquinas regresaría al río. En teoría, sin afectar el abastecimiento de agua de las poblaciones río abajo, ni inundar ninguna zona.

El río Icbolay, se transforma más abajo en el río Dolores y en uno de sus desvíos hacia el oeste se convierte en el Canguinic, una maraña de afluentes; corre entre las montañas de Alta Verapaz como una cinta verde abriéndose camino por quebradas. De un caudal estable durante la mayor parte del año y situado en una región de lluvias permanentes, la ubicación de la represa buscaba aprovechar el desnivel natural del río. Este tendría entre el punto de desvío y la casa de máquinas donde se generaría la energía un desnivel de 22 metros, caída suficiente para sus metas de producción. Esas eran las proyecciones, los planes abortados sucesivamente.

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Como restos de esos planes quedan cuatro máquinas abandonadas,  dos palas mecánicas y dos aplanadoras, desperdigados en el camino hacia Nueve de Febrero. Quedan también, desde 2008, dos niños y dos hombres muertos en conflictos por las disputas sobre este proyecto, al menos otros cuatro heridos de bala… y muchas, muchas incógnitas.

Una autorización, negociaciones  y vuelta a empezar

—Lo que queremos es que el proyecto deje algo a la comunidad. Primero nos opusimos, luego lo apoyamos. Hay un grupo que todavía se opone son 30 o 40, en su mayoría familiares. Otros que no se meten  —afirma uno de los dirigentes del movimiento, el cual los demás identificaran como David Chen.

—Lo que queremos es estar paz —dirá en español el hombre moreno de bigote delgado, luego de que durante más de una hora junto a otro acompañante, por medio de un intérprete q´eqchi’ den su versión de los conflictos.  Esto lo dice sin la intermediación del traductor que nos asiste en un café de Cobán, 15 días después del desalojo de agosto. Mostrará luego un carné que lo acredita como integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la comunidad y pedirá se reserve su nombre por temor a represalias.

Pocos podrían prever las consecuencias de los trabajos de exploración de 2008, al que siguió un Estudio de Impacto Ambiental en 2009 y la autorización definitiva del proyecto en 2010  por medio del acuerdo del Ministerio de Energía y Minas, 115-2010, para “el uso de bienes de dominio público”, (el río) por 50 años.

Los primeros acercamientos de la empresa con las comunidades vecinas al proyecto fueron en 2008, pero se intensificaron en 2009. El 25 de septiembre de 2008 la directora de la organización no gubernamental Centro Para el Desarrollo Rural (Ceder), Claudia Villagrán, dirige una carta al alcalde del municipio de Cobán, Leonel Arturo Chacón, para informarle del “Plan de inversión social para el desarrollo comunitario de las comunidades del municipio de Cobán, Alta Verapaz”.  La misiva fue enviada tanto a nombre de Ceder como de “Inver-Hidro S.A.”, de la cual Carlos Antonio López Roesch era presidente del consejo de administración.

Entre 2009 y 2013, según Villagrán, Ceder recibió US$200 mil anuales para invertir en proyectos de desarrollo en el área de influencia de la hidroeléctrica. Al principio en las comunidades de San Isidro, Yilquiché Canahú, Monte Olivo y Santo Domingo Cunixpur, y luego se extendió hasta alcanzar a 16 localidades aledañas.

El modelo desarrollado allí, en cualquier caso, y en eso coinciden tanto opositores al proyecto como población a favor, fue convencer a los pobladores. Entrevistaron a vecinos sobre sus necesidades y se promovió la construcción de la presa como una alternativa de trabajo temporal y de desarrollo. Ampliar el camino, vender derechos de paso para las líneas de transmisión del tendido eléctrico y, finalmente, aunque eso no dependía de la empresa sino del Programa de Electrificación Rural, se prometió llevar energía a las comunidades.

En la práctica, entre 2009 y 2011 los programas que Ceder pudo llevar a las comunidades fueron paliativos: remodelación de una escuela rural, útiles escolares para los niños, pago del salario de maestros cuando la municipalidad se atrasa, entrega de tinacos (depósitos para almacenar agua en las casas)… Con todo y eso Villagrán, asegura que era mucho más de lo que los vecinos recibían de sus autoridades.

Ceder ocupó  un espacio donde el Estado estaba ausente. Entre 2008 y 2011 no hay reportes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la ejecución de proyectos con fondos municipales en la zona del proyecto, excepto la instalación de una tubería para agua potable hace cinco años, por un costo de Q1 millón 800 mil, y la construcción de un puente colgante por Q30 mil. Eso en 2009.  Mientras que con fondos de los Consejos de Desarrollo sólo se tiene constancia de la construcción de un sistema de agua potable en Yiquiche Canahu en 2010, por Q1,202,919 con un aporte de Q527,974 de la misma comunidad, nada más.

En un acta suscrita en Monte Olivo el 21 de enero de 2009, el representante de Ceder informa a los vecinos de la adquisición de una parte de la finca Xalaha Canguinic, de la familia Ponce, la cual se convertirá en finca Santa Rita. “Hace saber también que tienen contemplado ayudar o apoyar a las comunidades circunvecinas en algunos proyectos de beneficio social. Y que son promesas que la empresa cumplirá, no como otras que ofrecen y no cumplen”, reza el acta suscrita a mano y sellada en su mayoría con huellas digitales.

Irónicamente en la misma acta la empresa ofrece un equipo de paneles solares para que la comunidad de Monte Olivo utilice el equipo de Telesecundaria que tenían pero no podían usar por falta de electricidad. Se ofrece, además, mejorar el camino que conduce al poblado, introducir el agua potable y gestionar ante el Fondo Guatemalteco de la Vivienda (Foguavi) la construcción de viviendas mínimas.

En el documento, sin embargo, se deja constancia ya de las futuras resistencias. Un representante de la  “oficina Turcios Lima (…) insta a que la misma aldea tiene que formar su propio comité para  luchar por el desarrollo personal y social y no creer en ofrecimientos de asociaciones que muchas veces solo vienen a estafar a la población”.

Nueve de febrero, más que una fecha

“Ceder vino con sus proyectos a comprar a la gente. No queremos el proyecto, no queremos que usen el agua. Vinieron con sus tinacos a convencer a la gente, pero la mayoría está en contra”, dijo uno de los líderes de la resistencia a la hidroeléctrica, un hombre de complexión fuerte y camisa gris, a la entrada de Monte Olivo, a través de un traductor q´eqchi’ al momento de visitar la comunidad a principios de septiembre. Tomará su sombrero cruzado con una banda roja y se despedirá en español luego de una media hora recalcando que se oponen a la hidroeléctrica, pero que son propietarios de sus tierras y que no dejarán que el proyecto avance en su territorio.

Invitan a pasar a Nueve de Febrero y hablar con la gente. Varios evitan dar sus nombres, afirman tener órdenes de captura en su contra. Los vecinos, los comerciantes pueden pasar, aseguran. No así las autoridades: ni policías ni agentes del Ministerio Público.

Al llegar al asentamiento no sorprende encontrar el sitio del desalojo una vez más ocupado por pobladores.  Son apenas algunas chozas dispersas entre colinas y milpas. Un par de ranchos con las paredes quemadas levantados sobre los restos que quedaron del desalojo, pero lo suficiente como para decir que Nueve de Febrero está de vuelta.

Después de Nueve de Febrero, el paso por el camino es cerrado con piedras de medio metro de alto, es necesario apartarlas del camino para pasar hasta los últimos puntos donde es posible llegar en vehículo.  

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Durante 2009 Ceder realizó sus proyectos entre el rechazo de algunos, la aceptación de otros y la indiferencia de unos cuantos, paso el año sin que de la empresa se viera nada más que mediciones en el río. Algunos proyectos y jornadas de información a menudo en la escuela remodelada en Monte Olivo. En 2010 los signos comienzan a cambiar, se organizan asambleas comunitarias, hay quienes apoyan una resistencia al proyecto. En 2011 junto con las elecciones generales, las tensiones van en aumento. Rumores sobre el desvío del río para aprovechar el agua, sobre una construcción inminente, se producen.

En enero de 2012, comienzan los trabajos de una obra que ya desde sus inicios iba atrasada. En el contrato de cotización suscrito el 3 de julio de 2010 se contemplaba dos años para iniciar la obra y otros 22 meses, casi dos años, para terminarla. Pero para enero de 2012 apenas empezaban trabajos para ampliar la única carretera al lugar y en el río sólo se colocaban pontones para instalar un puente provisional que permitiría el paso de la maquinaria a la otra rivera. Esos trabajos destaparon  el conflicto.

El 9 de febrero de 2012, el campamento de trabajadores de la hidroeléctrica es ocupado por comunitarios, algunas de las maquinas se quedan en el sitio, los trabajadores son desalojados. El resultado es la petición por parte del gobernador departamental, Ronald Ramiro Sierra López, de la instalación de un destacamento militar el 22 de febrero con una veintena de soldados. Los cuales también pronto fueron retirados por presión de los vecinos.

Para ese momento la estrategia de convencimiento de Ceder ya no fue suficiente. En 2012 retienen a algunos trabajadores de Ceder, y al menos uno denuncia penalmente a comunitarios, a estas denuncias se suman las órdenes de captura por la ocupación de los campamentos de la compañía y el desalojo del campamento.

En la espiral de confrontación el asentamiento de Nueve de Febrero, no más de una treintena de familias en ese momento, y menos de una docena dos años después, es apenas el símbolo de esta situación.  El proyecto, que inicialmente tenía un costo estimado de US$48.11 millones en 2010, luego del atraso en su ejecución alcanza ahora los US$70 millones en 2014. Según su actual gerente general Jorge Ernesto Manrique Cortéz el periodo de recuperación de la inversión variaría según el inicio de operaciones y el precio de la energía en el mercado, pero estima que a partir de los 12 años de concluido su construcción generaría ganancias. La concesión autorizada es por 50 años.

“Tal vez  el mayor error del proyecto será el tener tantos atrasos, el no aprovechar cuando se tenía el apoyo”, afirma Claudia Villagrán directora de Ceder cuando evalúa esos años. Lo cierto es que la ventana de oportunidad para sacar adelante el proyecto se acortaba.

2013, el fracaso de una estrategia, el inicio de otra

El 2013 fue el punto de quiebre. Cuando se manifestaron las divisiones internas entre los pobladores a las orillas del verde río Icbolay. Cuando iniciaron trabajos de mantenimiento para la carretera y se contrató a algunos jornaleros. Fue el año, también, donde se acrecentaron los enfrentamientos y un jornalero de la empresa asesinó a dos niños y a su vez fue linchado. En 2013 se asientan definitivamente los pobladores vecinos en Nueve de Febrero, ocupando la finca Xalaha Canguinic y Santa Rita, como se relata en  una escalada de violencia.

Es el año de la salida de Ceder, en agosto, y del aparecimiento, por fin, de autoridades gubernamentales en la mediación. En un acta del 6 de noviembre de 2013, el gobernador departamental, Ronald Sierra, junto a representantes del Sistema Nacional de Diálogo y otras instituciones inician un proceso que más que diálogo resultaba una suerte de negociación. 

A la nueva estrategia asisten Guillermo Font, nuevo representante con mandato especial por Hidroeléctrica Santa Rita, y  Luis Enrique Hernández Azmitia, exviceministro de Desarrollo Social, como mediador por parte de la empresa. El modelo de negociación es simple, el gobernador presenta el proyecto hidroeléctrico y afirma que los comunitarios han provocado “puntos de ingobernabilidad”. Establece que la Gobernación medie en el conflicto para que el proyecto inicie operaciones, y  ofrecen entregar en efectivo Q625 mil anuales para cada comunidad durante 10 años.  Acuerdo cuyo monto ampliaran después tanto en cantidad como en tiempo.

La reunión tiene lugar en la sede de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, y cuando habla un representante comunitario es evidente ya el desgaste del proceso. Dice que no puede comprometerse, que él es neutro “toda vez que los miembros de las comunidades están cansados de propuestas falsas, y pregunta si el dinero es para cada comunidad o para todas en conjunto y concretamente quiere saber qué es lo que la empresa tiene para ellos, puesto que el resto de comunitarios ya no creen en la hidroeléctrica”.

La negociación, que no diálogo, empieza viciada por desconfianzas mutuas entre pobladores, empresa y Estado, pero continúa pese a los tropiezos, en reuniones en Cobán con el apoyo del Sistema Nacional de Diálogo (SND), según el gerente de esa oficina David Arias. En cada sesión, representantes de las comunidades, Cocodes electos y con el período vigente como autoridades de su localidad, se reúnen para intentar ponerle un precio a su visto bueno.

Entre enero de 2014 y  julio del mismo año el SND es el encargado de llevar a cabo esta tarea con la asistencia de la empresa. El gerente de Hidroeléctrica Santa Rita, Jorge Manrique, da cuenta de este cambio en la gestión. “Entiendo que Ceder estuvo allí bastante tiempo, hicieron cosas buenas, hicieron cosas que generaron desconfianza, todo lo que he hecho es comenzar una relación directa con la población y con los líderes electos por la comunidad. No más regalarles cosas sino buscar un acuerdo directo”, afirma el directivo.

El proyecto millonario que encabeza Manrique, es apenas una oficina en un edificio de la zona 10 de la capital y un par de empleados en Cobán. Pasa por la tercera generación de propietarios aunque Manrique dice desconocer el monto de la adquisición del diseño. Los nuevos inversionistas son fondos de desarrollo, entre los cuales destaca ahora el Banco de Desarrollo Holandés (FMO). Y según reportes del SND incluye a bancos con fondos de desarrollo de España, Suiza, Alemania, Bélgica y Holanda.

Manrique de origen peruano, ingeniero mecánico de profesión con una especialización en economía, explica su percepción de la negociación en un café de la zona 10 capitalina. “El proceso ha sido totalmente voluntario, separado de lo que hizo Ceder, no hemos estado dando láminas, ni regalos, lo que hemos hecho es una relación directa de confianza no queremos intermediarios y ya estamos cansados de esto”, explica el directivo.

El proceso incluyó a 18 comunidades en el área, de las cuales 16 tuvieron participación activa con algunos escépticos y finalmente firmaron 14 representantes de comunidades. Manrique asegura que no todas las comunidades pudieron firmar porque sus negociadores carecían de registro. “Aunque 14 firman, los otros se incluirán cuando ellos se quieran incorporar. La idea es no excluir a nadie, pero tampoco forzar a nadie, es por eso que yo dije: ‘No, tienen que cumplir con todos los requisitos por todas las mentiras que se están tirando sobre esto’”.

El acuerdo formal, suscrito el 31 de julio de 2014, en presencia en el Palacio Nacional de la Cultura con el Presidente como testigo de honor, (DOC) incluyó este apartado: “El Convenio de Cooperación establece una primera etapa relacionada a la construcción del proyecto (de dos a tres años), con un aporte anual no reembolsable de la empresa de Q750 mil; mientras una segunda etapa correspondiente a la operación de la planta (20 años), con aporte anual de Q1 millón 50 mil. Los aportes serán exclusivamente para la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, en los ejes elegidos por las comunidades y que ellos gestionarían en: agua y saneamiento; educación; productividad; fortalecimiento de la gestión comunitaria y cultura”.

Villagrán asegura que no conoce de otro modelo en Guatemala donde se contemple la entrega de efectivo a la población para que ellos desarrollen sus propios proyectos. “Esto abre otro tipo de problemas como que un Cocode utilice el dinero con otros fines”. La directora de Ceder explica que en el proyecto hidroeléctrico de San Juan Cotzal, Quiché, se prefirió realizar un comité que decidiera el tipo de inversión, pero que ésta la ejecutará la municipalidad; y en el caso de la hidroeléctrica de Enel en Salamá, Baja Verapaz, las comunidades realizaban la solicitud pero la implementación queda a cargo de la empresa.

De cumplirse el acuerdo en un periodo de tres años de construcción en total las 14 comunidades recibirían Q31 millones 500 mil; y durante 20 años de operación Q294 millones. Pese a estos compromisos las dudas de una parte de la población persisten: más de un centenar de personas cerraron el paso a los policías que intentaron llevar a cabo una orden de desalojo contra Nueve de Febrero el 14 de agosto. Los dirigentes del movimiento de resistencia afirman tener apoyo entre los cerca de siete mil vecinos, mientras que los firmantes del convenio con la empresa aseguran que son una minoría.

Casi dos años atrás, el 19 de julio de 2012 un acta en la aldea Monte Olivo (DOC), la población suscribía el rechazo al proyecto hidroeléctrico de muchas de las comunidades, dos años después un nuevo acuerdo afirma que lo ha aceptado.

Vaivenes en la fortuna y el tiempo se ciernen sobre la quimera llamada Hidroeléctrica Santa Rita. Lo cierto es que desde los desalojos del 14 y 15 de agosto de 2014, después de la muerte de tres personas en Samacoch en un hecho vinculado, al parecer en un enfrentamiento con policías –de momento la investigación sigue en marcha y Gobernación ha decidido no pronunciarse hasta que ésta concluya–; después de al menos otras cuatro muertes entre Monte Olivo y Nueve de Febrero; el proyecto Santa Rita y los conflictos siguen allí.

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