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San Miguel Pochuta: Seis escopetas municipales y tres asesinatos impunes
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San Miguel Pochuta: Seis escopetas municipales y tres asesinatos impunes

El alcalde llegó con hombres armados en la madrugada y, tras una confrontación en la que se escucharon varios disparos, finalmente entraron en la alcaldía. Desde entonces, alcalde y alcaldía están protegidos por tres guardaespaldas con escopetas calibre 12 semiautomáticas en mano, vestidos de civil y mirada sombría, parados día y noche frente a la puerta del municipalidad.
Benjamín Vásquez Reyes: Los miembros del comité municipal "dan a entender que yo les hago daño mandando a asesinar a estas personas. Es lo que ellos quieren hacerle creer a la población. Pero eso no es cierto. Tendrían que tener los elementos suficientes para poder demostrarlo".
Hombres armados vigilan el edificio municipal de San Miguel Pochuta. El alcalde Benjamín Vásquez Reyes indicó que es para resguardar el inmueble luego de haber sido incendiado en los disturbios de las elecciones pasadas.
José Benjamín Vázquez Reyes, el alcalde, está acusado de corrupción, de secuestrar a su hija, de maltratar a su mujer en la vía pública; acusado de sacar madera ilegalmente de un bosque, acusado de acarrear a vecinos de Nahualá y Zaragoza en las elecciones anteriores. Pero sólo son acusaciones, ninguno de estos delitos ha sido investigado.
Joaquina Alemán tenía 60 años y formaba parte del comité municipal que se oponía al alcalde. Era de las más críticas. El 13 de abril de 2015 fue asesinada de un tiro en la nuca en la finca Nueva California.
El fiscal de distrito adjunto de Santa Lucía Cotzumalguapa, Julio Celada, junto los expedientes de las investigaciones que realiza la fiscalía por los crímenes ocurridos en San Miguel Pochuta. Entre ellos el de Joaquina Alemán. Los casos no se han resuelto.
A la sub estación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel Pochuta llegarán otros elementos para reforzar la seguridad el próximo domingo 6 de septiembre por la conflictividad que hay en el municipio.
Héctor Alfaro, candidato del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y Gustavo Ramírez, representante del Partido Patriota (PP), buscan ocupar el despacho municipal del municipio. El ambiente electoral se ve en varias calles de San Miguel Pochuta pese a los conflictos.
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Tiempo aproximado de lectura: 36 mins

Esta es una historia todavía sin final. Dos asesinatos y un intento de homicidio en el transcurso de tres meses con un solo vínculo en común: Las víctimas eran opositoras a Benjamín Vásquez Reyes, el alcalde que fue expulsado a fuerza y fuego el día de las elecciones de 2011 y que irrumpió, también por la fuerza, tres años después; y que afirma no ser responsable de lo que hagan sus trabajadores en horas libres. Los vecinos tienen miedo. Pochuta es uno de los 74 municipios en conflictividad según el mapa del TSE.

El fiscal de distrito adjunto de Santa Lucía Cotzumalguapa, Julio Celada, está sentado tras un viejo escritorio repleto de carpetas de expedientes. Un aparato destartalado de aire acondicionado refresca el ambiente de esta oficina del segundo nivel del Ministerio Público, que parece no animar al fiscal, cuyas respuestas y movimientos son lentos, desanimados, acordes al sofocante calor. El caso Pochuta. Saca el expediente y comienza a leer.

El 11 de septiembre de 2011 un grupo hombres y mujeres de San Miguel Pochuta, un municipio de 11 mil habitantes ubicado al sur de Chimaltenango, reaccionó de forma violenta ante unas elecciones que consideraban fraudulentas. Una turba de vecinos, decenas, cientos, nadie da certezas, prendió fuego a la Municipalidad, quemó también una patrulla de policía y la casa del delegado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aquel día, este pequeño municipio que pocos guatemaltecos pueden ubicar en el mapa, entró en guerra.

Saúl Martínez/EFE

Toda la calle de entrada estaba tomada por jóvenes con pasamontañas. Neumáticos ardían en la carretera, tiendas con cristales rotos. Los inconformes expulsaron a todos los representantes del Estado vinculados con los comicios: al delegado del TSE, al del Registro Nacional de Personas, al juez de Paz y a la Policía Nacional Civil (PNC), y no permitieron la entrada del alcalde recién electo, impidiendo su toma posesión de su cargo. Durante tres años.

José Benjamín Vásquez Reyes, el alcalde de Pochuta, electo por segunda vez por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tardó 26 meses y seis días en volver a la municipalidad. Durante ese tiempo se mantuvo oculto, primero en una finca municipal que funcionaba como municipalidad clandestina, luego gestionando los millones del presupuesto oficial del Estado (Q13 millones en 2012, Q16 millones en 2013, Q17 en 2014, y Q14 en 2015) desde una oficina en el centro de la cabecera departamental de Chimaltenango.

Durante estos tres años, la municipalidad permaneció cerrada. Un grupo de hombres armados comenzó a sustituir a la PNC y a patrullar las calles por las noches. Los habitantes vivían al margen del Gobierno central: sin pagar IUSI (Impuesto Único Sobre Inmuebles), sin poder pagar el boleto de ornato, teniendo que desplazarse a Santa Lucía Cotzumalguapa para cualquier gestión. Con los programas sociales gestionados al margen de la municipalidad, a través del candidato del Partido Patriota, Gustavo Ramírez García.

Simone Dalmasso

Se responsabilizó de los disturbios en las elecciones al autodenominado comité municipal, liderados, según el alcalde, por Héctor Alfaro Moscoso, el candidato en aquel momento del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y a Gustavo Ramírez, aspirante por el Partido Patriota (PP). En 2012 fueron denunciadas 90 personas, se ligó a proceso a 17, se ordenó la captura de ocho de ellos por los delitos de asociación ilícita, incendio agravado e instigación a la violencia. Uno, Carlos Rank, de 21 años, estuvo nueve meses preso en la Granja Penal Canadá. Con mediación del Sistema Nacional de Diálogo los vecinos firmaron, en febrero de 2014, un pacto de buena voluntad, los llamados “acuerdos de paz”. Se desjudicializaron los casos, sacaron de la cárcel a Rank y el ambiente regresó a una calma tensa que no llegó nunca a cuajar.

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El alcalde tomó la municipalidad el 17 de septiembre de 2014. Otra vez fue un día violento. La toma de posesión, contemplada en los acuerdos de buena voluntad, no fue consensuada. El alcalde llegó con hombres armados en la madrugada y, tras una confrontación en la que se escucharon varios disparos, finalmente entraron en la alcaldía. Desde entonces, alcalde y alcaldía están protegidos por tres guardaespaldas con escopetas calibre 12 semiautomáticas  en mano — seis de las cuales fueron compradas en febrero de este año con presupuesto municipal—, vestidos de civil y mirada sombría, parados día y noche frente a la puerta del municipalidad. Además, diez agentes de la PCN resguardan desde entonces la comuna. A partir de abril de 2015, dos integrantes del comité municipal han sido asesinados, y el pasado 18 de agosto otro fue baleado y se encuentra en recuperación en el hospital.

* * *

El fiscal distrital Julio Celada sigue en silencio mirando el expediente. Con su traje marrón. Con su ritmo eterno.

—Vengo a preguntarle por el asesinato de Joaquina Alemán. —Joaquina Alemán tenía 60 años y formaba parte del comité municipal que se oponía al alcalde. Era de las más críticas. El 13 de abril de 2015 fue asesinada de un tiro en la nuca en la finca Nueva California. Los vecinos responsabilizan de la muerte Benjamín Vásquez.

—Joaquina Alemán… —Busca en el sistema en línea del MP su expediente— Joaquina Alemán González. Hay… hay… ya hay… ehhh… cómo se llama… hay una investigación en trámite ¿va? Ehhh… relacionada con la muerte de esta persona. No le puedo dar más datos, hay una investigación en curso.

—¿Tienen alguna hipótesis sobre el móvil del crimen?

 —Mire, como le digo, la… la… está dentro de la… Está dentro de investigación criminal determinar cuáles fueron las causas, ¿va? Por qué… Estaba sindicada en el hecho del tema de la municipalidad ¿va?, junto con otras personas, ¿va? Por qué se ha dado la muerte es lo que nosotros tenemos que investigar.

—El 22 de julio encontraron el cadáver de otro muchacho del pueblo: Bruno López, de 22 años, también apoyaba al comité que se oponía al alcalde. ¿Tienen el caso?

—Ahorita vamos a ver —realiza una breve llamada telefónica— Bruno López. Está dentro de la investigación. Como le dije, la gente puede decir que tiene relación (con el alcalde) pero será la investigación la que determine qué relación pueda tener. Si recuerdo es ese caso de uno que apareció putrefacto en una finca.

—Hace dos días dispararon también a Honorio López Pérez, él culpó de los hechos al alcalde. —Vuelve a mirar a la pantalla e introduce el nombre y apellido de este hombre de 46 años, quien el pasado lunes fue emboscado en inmediaciones al municipio de Chimaltenango. También López formaba parte del comité y estaba sindicado de la quema de la municipalidad.

—Honorio López no aparece. No…                  

—¿Cómo llevan la investigación de José Edilzar Acuta? —secretario de la municipalidad de San Miguel Pochuta, asesinado el 20 de marzo de 2013.

—Contra el… El secretario del señor, ehh… el secretario de la corporación municipal de Pochuta, también… había… también… Acuérdese que fueron…del otro lado… del comité. Pero esto sucedió en el municipio de Patulul. Patulul no lo conocemos nosotros (los casos) sino que los conoce la fiscalía de… Nueva Concepción (Escuintla).

—¿Aunque estén relacionados con hechos que llevan ustedes?

—Sí, porque lo que se va a investigar ahí es la muerte. Si dentro de la investigación que ellos realizan se determina que… que… tiene alguna vinculación con este hecho, tendrán que… dirigirlo para hacer la evaluación correspondiente.

—Llevan dos años de investigación, ¿cuánto tiempo más necesitarán?

— Ese es un problema de… de… la fiscalía de Nueva Concepción.Pochuta se encuentra a 50 kilómetros de distancia de la fiscalía que lleva sus casos, pero en otro departamento, a medio camino entre la costa y el altiplano, por una carretera que recorre cientos de hectáreas de caña de azúcar. Como norte, como referencia para llegar a Pochuta, el imponente volcán Atitlán. Conforme se entra en la jurisdicción del pueblo se comienzan a ver las pequeñas casas a ambos lados de la carretera donde viven los mozos colonos que trabajan en las fincas cafetaleras Nueva California, Guadalupe, Esperanza y otras que en algún momento fueron prósperas productoras cafetaleras y que ahora, ante el descenso de los precios, los costos y las plagas, se fueron desocupando y hoy son una especie de fincas fantasma.

La entrada al casco urbano de Pochuta dista mucho de este paisaje medieval de las fincas que lo rodean. Está plagada por grandes carteles de los partidos políticos, de tamaños proporcionales al gasto de campaña, un gran mupi del partido Lider, casas pintadas de verde, pequeños carteles del PAN, del FCN. Al adentrarse al casco urbano, la publicidad electoral de Lider está en cada calle, cada pocos metros, en cada poste; opaca a los demás. Los vecinos del comité, los llamados “bochincheros”, quienes expulsaron al alcalde y pareciera que aún ahora siguen sufriendo las represalias, esperan a la entrada del parque central de San Miguel Pochuta. Están nerviosos.

—Pero yo no quiero que me tome fotos, ni vaya a poner mi nombre, porque yo trabajo en las fincas, el día de ayer el señor Cancinos me amenazó a mí, y yo me mantengo sola. —Dice una mujer desde un inicio.

Nos atienden en el salón de una casa cercana al parque central. Son unos 20 hombres, mujeres y ancianos sentados en sillas en la penumbra, en un ambiente de solemnidad tenebrosa. Casi todos denuncian amenazas de los guardaespaldas del alcalde, principalmente de Luis Fernando Cancinos, un trabajador municipal. Aseguran que los quieren ir eliminando. Uno a uno. Como hicieron con Joaquina y Bruno e intentaron hace dos semanas hacer con Honorio. Explican que todo se empezó a torcer el 17 de septiembre de 2014, con la entrada a la municipalidad del alcalde de San Miguel Pochuta, José Benjamín Vásquez Reyes.

—Desde esa fecha ellos han venido confrontando con la población hasta llegar a esto que hemos llegado: amenazas, intimidación. Creando caos entre la población. El miedo de nosotros es que le toque a alguien más, morir, ¿va? —Explica un miembro del comité que prefiere mantenerse en el anonimato.

Que le toque a alguien más. Mientras estas palabras siguen pensado en el ambiente, el sonido del motor de un auto empieza a ralentizarse a su paso por la casa, y los “bochincheros” comienzan a mirar por la ventana, a murmurar. Es el carro del alcalde, “esa camionetilla”. Cierran la contraventana de madera y estrechan aún más la ranura de la puerta. En el interior el ambiente es cada vez más tenso.

—La muerte que le dieron, no me la explico. Porque no fue ni asalto. No entiendo el por qué. El único que podría haber sido es ese señor, porque ella estaba en el comité, los apoyaba. Andaba con ellos para arriba y para abajo. Pruebas, lamentablemente no hay. Yo fui a recogerla a la morgue, tenía el disparo aquí (se señala la nuca). Fue un solo disparo. —Explica una familiar cercana de Joaquina Alemán, una de las lideresas del comité, una de las principales opositoras al alcalde. Joaquina Alemán fue asesinada el 13 de abril de 2015, cuando regresaba de recoger leña de la finca California. Plaza Pública opta por no revelar su nombre para proteger su seguridad.

—¿Y usted denunció al alcalde?

—Yo fui a Santa (Lucía Cotzumalguapa). Y le dije a ese licenciado que no le podría decir nada del señor alcalde, porque yo no tenía pruebas y no yo sabía. Y yo tengo hijos y como le digo… ahí sí que… —mantiene unos segundos de silencio— le soy sincera: yo no confío en el MP. Muchas veces uno no habla por temor. Yo tengo mis hijos, mi esposo, mi familia, yo temo por mi vida.

Los murmullos nuevamente comienzan entre los presentes. Uno no habla por temor. Otro de los integrantes del comité, Lázaro de Jesús, de rasgos indígenas, como una gran parte de la población este municipio fundado a finales de siglo XIX por mozos llegados tanto de Quiché como del oriente, denuncia que supo que el alcalde quería asesinarle.

—¿Lo ha denunciado?

—Bien. Yo les dije a los de los Derechos Humanos un día que llegaron al pueblo. Ese día estaban los del MP, hasta nos dejaron una tarjetilla por si nosotros queríamos ir a Santa (Lucía), ¿va? Pero, ¿para qué vamos a ir a Santa?, si nunca hacen nada. Jueces y fiscales, como les vive amamantando. —Empiezan los murmullos, las risas.

—Les da dinero. —Explica una mujer—

Tanto el Ministerio Público como el Organismo Judicial, según la versión de los asistentes, están comprados por el alcalde.

Comienzan a hablar del asesinato de Bruno López, de 22 años, el pasado 22 de julio. Bruno era un joven de origen humilde, que apoyaba al comité y manejaba un “tuc-tuc”, hasta que el alcalde le quitó la licencia. Al momento de su asesinato, “no trabajaba pero tampoco molestaba a nadie”. Vecinos confirmaron que Bruno había sido introducido por los policías en dos ocasiones previas a la municipalidad. Encontraron su cadáver ocho días después de su desaparición, putrefacto y torturado, en el camino a la finca California, cerca de donde encontraron tres meses después el cadáver de doña Joaquina.

Cerca de donde, hace una semana, Honorio López, de 46 años, y quien regentaba una ferretería, fue víctima de un atentado armado. Sucedió el pasado 18 de agosto, también en inmediaciones de la finca California, cuando fue emboscado por un grupo de hombres cuando regresaba de cargar material. Según una persona cercana a él, que no quiso identificarse por temor a represalias, tanto Honorio como su hijo habían sido amenazados diez días antes por Luis Fernando Cancinos, quien llegó a su casa y les puso una pistola en la cabeza. Esta denuncia fue puesta en la PNC de San Miguel Pochuta, pero no había llegado hasta el momento al MP, según pudo comprobarse en esta institución. Al igual que la denuncia de su intento de homicidio. Esta persona cercana a Honorio explica que él no quiso testificar ante el MP de Santa Lucía.

Para el candidato a la oposición por el Partido Patriota, Gustavo Ramírez, no hay dudas de que Luis Fernando Cancinos, quien más tarde se puede comprobar que está contratado por la municipalidad, es el responsable de los asesinatos.

—Sabemos que él (el alcalde) está rodeado de sicarios. Las personas que están con unas grandes escopetas en la muni son personas malas, y un tipo ahí que se mantiene con un arma nueve milímetros en la cintura, que es exsoldado y que el mismo me testificó que él era asaltante antes y ahora trabaja con él. Estuvo en mi campaña pasada, y ahora él lo premió. Se llama Luis Fernando Cancinos.

Gustavo Ramírez hace una semana tuvo una nueva confrontación verbal con Benjamín Vásquez, el alcalde. Sucedió el día que se reunieron en lo que buscaban ser un pacto de no agresión convocado por el TSE. Ramírez también dice tener miedo. A su familia no le permite ir a hacer campaña a las aldeas por temor a que le suceda algo y de nuevo cuenta que descubrió ya dos planes del alcalde para asesinarle.

—Primero una señorita que tiene vinculación con él (el alcalde) le comentó a una persona en Santa Lucía que él tenía el plan de matarme a mí. Y el 15 de enero de 2012, el grupo de opositores no le dejó entrar nuevamente. Puse la denuncia en la Policía, la policía traslado el expediente al Juzgado de Paz, el Juzgado de Paz me puso una fecha para tener una audiencia con el MP de Santa Lucía, y el MP dos veces lo citaron y no se presentó. Entonces cerraron mi caso.

Los vecinos ya no quieren hablar. Ni del alcalde ni de la violencia generada en los últimos meses. Optan por el silencio. En el mercado, en las abarroterías, en las puertas de las casas. No saben nada. No han visto nada. Se les pregunta, entonces, por el día de las elecciones. ¿Cómo creen que transcurrirán?

—Sólo Dios sabe. Nosotros pensamos que votaremos tempranito y nos iremos a recoger. En la madrugada, sólo a votar y a casa. —Explica Felisa Rumpich López, de 63 años, quien tiene un puesto de verduras en el acceso del mercado central.

—Yo soy evangélico y estoy todo el día orando para que no haya problemas. Los que son del mundo solo haciendo el mal viven. —Dice un hombre de 74 años que no quiere identificarse.

—Sabe, yo diría que sí (será una jornada violenta) porque la gente no tiene paciencia. Que va a ser como en 2011. —Explica un joven de 17 años de Sololá que tampoco da su nombre.

La única que ofrece una información diferente es Silvia Mendoza, de 50 años.

¿Cómo cree que van a ir las elecciones?

—Calidad —responde esta mujer tras una venta de pollo en el parque central— Fuimos al Sistema Nacional de Diálogo y ya se arregló todo. Ahora, si las personas vuelven a quemar la municipalidad irán a la cárcel. Nosotros votaremos por el mismo alcalde.

Se le pregunta sobre las acusaciones de que el alcalde esté detrás de los asesinatos.

—Eso es falso. Lo único que quieren es perjudicarlo. Él (el alcalde) es muy preparado, tanto física como intelectualmente. Él nos ha apoyado, con medicinas, útiles, estudios regalados. Lo han confrontado por la incapacidad de los otros candidatos.

Se le pregunta por el joven Bruno López, y el hecho de que varias personas de San Miguel Pochuta hayan coincidido en la versión de que fue introducido a la municipalidad antes de desaparecer.

—Eso fue tres meses antes. Tres meses antes lo capturaron, porque estaba tomado y se les fue encima a los agentes de policía. Pero esa misma noche lo soltaron porque los mismos bochincheros (los miembros del comité) lo fueron a pedir.

El hijo de Silvia, Robin Alexander Cancinos, de 22 años, ofrece su versión del asesinato de Bruno. “Desde chiquito andaba con los mareros. Él iba a traer marihuana a Patulul, pero esta vez en vez de irla a traer les hizo una jugada y fueron los mareros de Guadalupe quienes lo asesinaron”, asegura. La madre agrega, Joaquina Alemán, según explica, tenía un prostíbulo y por eso la mataron. Y a Honorio lo mataron porque compraba café robado en la finca La Esperanza, y tenía enemigos. Más tarde, esta mujer agrega que su esposo trabaja en la municipalidad, haciendo de chofer y mecánico. Solo más tarde, a través del apellido de su hijo y de información proporcionada por el alcalde, se puede comprobar que esta mujer, quien confirma que Bruno López fue introducido, al menos en una ocasión en la municipalidad, se trata de la esposa de Luis Fernando Cancinos.

En la subestación de la PNC de San Miguel Pochuta, dos jóvenes agentes que al final de la entrevista piden no ser identificados, pues no están autorizados para dar información, explican que posiblemente el día de las elecciones sea violento. Ya pidieron 100 efectivos para completar los 25 agentes que actualmente trabajan en el municipio —11 de ellos cuidando la municipalidad.

—Esperamos muchas sorpresas de este municipio. Porque así como hace cuatro años hubo incidentes, pues ahora, esperando en Dios ¿verdad? Aquí hay muchas agresiones, porque como no quieren al alcalde, e igual se reelige... Son pocos los que están en contra y ellos hacen problema.

Se les pregunta por los dos últimos asesinatos.

—Indicios que indiquen concretamente cuál es la causa no los hay. Cuando uno trata de investigar las personas no dicen nada. Por más que tratemos de esforzarnos, los asesinatos se dan en caminos montañosos, desolados. Llegamos, hay una persona fallecida, preguntamos y nadie quiere decir nada y establecer las causas es muy difícil. 

Sobre las acusaciones de vecinos del municipio, que aseguran que Bruno López había sido retenido con anterioridad por agentes de la PNC e introducido a la municipalidad, uno de los agentes explica que los policías que resguardan al alcalde no forman parte de la subestación y que ellos no se enteran de lo que pasa en la plaza y que, en todo caso, ellos no tienen consignada ninguna retención de Bruno López. Hablan también de la alta presencia de este pequeño pueblo de la pandilla Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, de una gran cantidad de jóvenes desocupados, de las grandes fincas que rodean Pochuta que no dan apenas trabajo. Así, ante la falta de investigación, todo sigue en rumores.

Lo único cierto, según el propio registro de la PNC, es que en 2014 hubo 11 asesinatos y tres personas heridas por arma de fuego, en 2015 llevan tres asesinatos y 10 heridos por arma de fuego. Unas cifras muy superiores a los homicidios reportados por el Ministerio de Gobernación en Pochuta de la última década, que no subían de tres asesinatos al año. La cifra de muertes en 2014 —en base a los 11,695 habitantes en base a las estimaciones de INE para 2014—, supondría una media de 94 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Empíricamente se puede decir que que triplica la media guatemalteca, que en 2014 fue de 31 asesinatos por cada 100,000, según datos del Ministerio de Gobernación.

El alcalde Benjamín

José Benjamín Vázquez Reyes, el alcalde, está acusado de corrupción, de secuestrar a su hija, de maltratar a su mujer en la vía pública; acusado de sacar madera ilegalmente de un bosque, acusado de acarrear a vecinos de Nahualá y Zaragoza en las elecciones anteriores. Pero sólo son acusaciones, ninguno de estos delitos ha sido investigado. Benjamín Vásquez vuelve a presentarse, esta vez con la UNE. Mientras se mantuvo fuera del municipio siguió presente entre las personas más humildes repartiendo alimentos y víveres, esta estrategia clientelar se ha intensificado en los meses previos a la campaña. Solo este año, los gastos en alimentos y regalos –—para el día de la madre, instrumentos, útiles— ascienden a Q508,469, de un total de Q2.3 millones gastados en compras directas en estos meses.

Sandra Sebastián

A diferencia de la versión de los vecinos de que el alcalde es altanero y prepotente, de que los trata como si fuera un finquero “de indios por aquí, indios hijos de por allá”, en la entrevista con Plaza Pública mantiene la conversación en un tono pacífico, sosegado, con un tono de voz que parece fingida, respuestas que parecen estudiadas. No mentir y, en todo caso, omitir. Se le pregunta por su toma de la municipalidad en 2014, si es cierto que fue por la fuerza.

—Por la fuerza, así es. Fue un grupo de ciudadanos que tomaron acciones para poder habilitar el municipio municipal. Ese grupo le hizo entrega a la PNC y al gobernador departamental. Mis compañeros de la corporación municipal lo recibieron ya de parte de estas autoridades. —Explica este corpulento hombre, de nariz ancha, cabello negro, ojos achinados y tez blanquecina.

—En estos tres últimos meses ha habido dos asesinatos y uno fallido , y coincidentemente eran personas inconformes con usted.

—Sí, claro, así es. Nosotros no lo negamos. Es público que son de las personas inconformes. Pero eso no me puede a mi ligar a ese tipo de acciones que han cometido. Ellos (los miembros del comité municipal) dan a entender que yo les hago daño mandando a asesinar a estas personas. Es lo que ellos quieren hacerle creer a la población. Pero eso no es cierto. Tendrían que tener los elementos suficientes para poder demostrarlo. 

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—Varios vecinos del pueblo vieron como introducían a Bruno López en la municipalidad antes de desaparecer.

—¿Ah sí? —se agudiza la voz— Mire, lo más sencillo es que esas personas lo denuncien. Pero no me tienen que denunciar a mí. Porque yo no soy. Yo soy aquí el alcalde, soy un funcionario que nunca da ese tipo de instrucciones.

—Entonces a Bruno ¿nunca lo introdujeron aquí?

—Yo jamás lo he visto. Ni lo conozco. Aquí vino su hermana a pedirme ayuda para ir a buscarlo porque estaba extraviado. Le di personal municipal y a donde quiso fueron a buscarlo. Y no encontraron nada

—Joaquina Alemán también murió asesinada.

—Así es. Sabemos. Yo la conocí muy bien, aquí en el pueblo nos conocemos todos. 

—Ella lo insultaba abiertamente a usted.

—Por supuesto, sí, claro, lo sé. Pero ella nunca me lo hizo a mí personalmente. El grupo de los bochincheros, a donde usted pasa primero a oír noticias, eso dice. Fíjese que nosotros estamos en una desventaja muy grande ante los ojos del ser humano.

Entonces explica que hay tres sectores en el municipio en su contra: el de los transportistas, el del mercado, y los políticos, liderados, según su versión, por Héctor Alfaro, que en las elecciones anteriores se postulaba por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y en estas se presenta por el partido Lider. El alcalde explica entonces que el sindicato de transportistas, liderado por Alfaro, era quien daba autorizaciones para circular, hasta que él, acogiéndose al Código Municipal, asumió esta función. Vecinos del pueblo, del mercado, tiendas, mencionan también que los miembros del transporte pagan extorsiones a las pandillas.

—Hace tres días tuvo lugar una firma de pacto de no agresión entre los candidatos. Hubo una confrontación verbal entre usted y el candidato del Partido Patriota. Está grabado en un video. Usted no se ve nada tranquilo allí.

—Por supuesto, cuantas veces él y yo nos hemos puesto enfrente. Las heridas que nos han producido durante tanto tiempo ya nos duelen mucho. Políticamente hemos tenido que aceptar el pacto de buena voluntad, pero nuestra herida está. Se imagina usted que después de estas ofensas en contra de nosotros, ¿aceptemos que ellos no vayan a la cárcel?, ¿Cómo se puede sentir después de que le han atacado a usted por cuatro años diciendo que usted es corrupto, que ladrón, y que ha hecho cosas malas?

—Ustedes compraron armas con presupuesto municipal.

—Así es, por lo que hicieron todos los delincuentes que están en Pochuta, que quemaron y robaron el patrimonio municipal, las compramos para defender el patrimonio municipal.

—Luis Fernando Cancinos, ¿está contratado por la municipalidad?

—Así, es. Es un empleado. Es un contrato reciente. Él es piloto.

—Luis Fernando Cancinos estaba entre quienes quemaron la municipalidad.

—Es verdad.

—¿Y después de eso usted lo contrató?

—No… Hay un proceso. Las cosas no son tan así, se acogió al grupo de personas que se les perdonó algunas acciones. Él era parte del PP y eso es público. Hay varias personas que estuvieron dentro de los disturbios, que pertenecen al PP y PAN, que hoy es Lider, que se acogieron al pacto de buena voluntad del Sistema Nacional de Diálogo y algunos se convirtieron en allegados.

—¿La muni contrató a personas violentas?

—No, no, no, no, no, eso es otra cosa. No hemos contratado a nadie violento. Se le dio una oportunidad de empleo porque él pidió empleo, y nosotros le dimos una oportunidad como piloto municipal, no como seguridad.

—Luis Fernando Cancinos, está acusado de haber amenazado a varias personas del comité.

—Esto no lo conozco. Las personas somos individuales y cada uno debemos responder por nuestros actos. Yo le respondo por los míos y por los de él como trabajador municipal en los horarios laborales que está dentro de la institución, pero en la calle no le podría dar ninguna opinión de lo que hace en sus horas y días libres.

—¿Le da miedo terminar en la cárcel?

—Miedo a terminar en la cárcel sí me da, pero yo no he sido corrupto.

—Si, por ejemplo, reemplazaran al fiscal de Santa Lucia ¿no le daría temor que lo investiguen?

—Yo le daría gracias a Dios que remplazaran al fiscal de Santa Lucía, porque ha detenido los procesos en contra de los delincuentes que nos han hecho daño a nosotros. Mis casos no los han visto en Santa Lucía, los están viendo en la Fiscalía contra la Corrupción y todos esos asuntos en Ciudad de Guatemala. 

—Los asesinatos se están viendo en Santa Lucía.

—Sí, y tienen que verlos en el lugar que quieran. A mí no preocupa eso. Yo soy un hombre íntegro y jamás he planificado hacerle daño a nadie. Yo no soy una persona de esos hábitos. Jamás en la vida he planificado hacerle daño a nadie. Y eso es algo que voy a sostener y cualquier investigación que haya. Nunca me van a vincular a mí, porque nunca he estado yo planificando hacerle daño a nadie. 

En base a información ofrecida por el Ministerio Público, Benjamín Vásquez cuenta con 13 denuncias en su contra, desde 2009 a 2015. Dos de ellas, en investigación en la fiscalía contra la corrupción, una en 2013 por peculado y fraude y otra en 2015 estafa, abuso de autoridad, cohecho pasivo y fraude. También cuenta con una por coacción del elector en la sección distrital de Chimaltenango, aún pendiente de investigación, otra en la fiscalía distrital de Escuintla por desobediencia, también pendiente de investigación. Otras cuatro se encuentran en la fiscalía municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, una por amenazas en 2011, desestimada; otra por desobediencia en 2011, pendiente de investigación, otra por coacción del elector en investigación y otra por abuso de autoridad en 2012 también pendiente de investigación. No fue posible contactar con estas fiscalías para ampliar información sobre estos casos.

Estas denuncias, inclusive las que se encuentran en investigación en la fiscalía contra la corrupción, no impidieron que la Contraloría General de Cuentas le entregara su finiquito.

Ronaldo Robles, asesor de campaña y candidato a diputado de la UNE, fija la posición del partido respecto a los señalamientos que se hacen contra el alcalde: "Los problemas en ese municipio tienen varios años de existir y son producto de situaciones complejas y hasta de enfrentamientos por motivos familiares y comerciales. Nosotros no podemos dar por culpable a alguien, si no es escuchado y vencido en un juicio, razón precisa por la cual tienen derechos políticos y sociales vigentes".

San Miguel Pochuta, a pesar del incendio de la municipalidad en las elecciones anteriores y de estos tres asesinatos no se encuentra incluido en el mapa de conflictividad de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Mario Minera, Director Nacional de Mediación y Resolución de Conflictos de la PDH, indica que sólo se han tenido en cuenta los municipios donde hay más de 500 personas de diferencia entre las personas inscritas en el Registro Nacional de Personas y las personas inscritas en el padrón electoral. 500 personas, sin sacar una cifra proporcional al número de habitantes. San Miguel Pochuta, donde de hecho se denunció en las elecciones pasadas que habían llegado a votar personas de Zaragoza, Chimaltenango y de Nahualá, Sololá, se encontraba incluido dentro de los 50 municipios con divergencias de padrón, pero finalmente fue excluido. En Pochuta hay 5,661 personas empadronadas en RENAP y 5804 empadronados, 143 empadronados más de los registrados. Según Minera, y teniendo en cuenta que los inscritos en RENAP son de todas las edades y los empadronados deben ser mayores de 18, este número de divergencia es, efectivamente, significativa. Se le pregunta por los antecedentes de este pueblo, si no considera que son suficientes para incluirlo en un mapa de conflictividad. Este tipo de actos, responde, le corresponden al Ministerio Público. En donde está el fiscal Julio Celada.

Donde sí aparece San Miguel Pochuta es en el mapa de conflictividad del TSE, junto a otros 74 municipios categorizados como conflictivos para el día de las elecciones. Sin embargo, Óscar Sagastume, el inspector general del TSE y encargado del tema se limita a decir que no pueden ofrecer información al respecto y que todos los efectivos de policía del país estarán disponibles para cualquier evento para el día de las elecciones.

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Tres días antes, al salir del despacho del fiscal distrital Celada, tras la infructífera entrevista donde no se pudo obtener ninguna información, un auxiliar fiscal nos pide entrar en su oficina. Quiere hablar sobre el caso de San Miguel Pochuta. Julio Celada llega alterado a los pocos segundos y le ordena que no nos proporcione información. El subalterno insiste. Celada se mantiene en su postura, pero con más autoridad, con el tono de voz más alto. No se nos va a dar información. El fiscal auxiliar insiste, apelando al riesgo, la solidaridad entre profesiones. Celada estaba cada vez más nervioso. No y no. Finalmente no es posible obtener más información sobre estos asesinatos de la que desentraña la propia reacción del fiscal distrital. Son las 4 de la tarde y los trabajadores del MP comienzan a salir, uno a uno, del edificio de dos plantas, donde se amontonan las carpetas de expedientes de robos, asaltos, malos tratos, de asesinatos.

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