La mayor estafa a las arcas nacionales, ocurrida durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo (2000-2004), concluyó con la condena a cinco años y tres meses de prisión en contra de dos de los más de diez funcionarios de esa administración que fueron señalados del desvío de más de Q120 millones. El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, declaró culpables de “complicidad secundaria en el delito de peculado” a Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, exasesores de seguridad del exmandatario. La sentencia también contempla la inhabilitación para optar a un cargo público y el pago de una multa de Q18, 750, más los intereses que habrían generado Q30 millones que, según se comprobó durante el juicio, ayudaron a movilizar.
Por este mismo caso, la justicia guatemalteca absolvió años atrás por “falta de pruebas” a Portillo, sus exministros de la Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos, respectivamente, así como a los militares Enrique Ríos Sosa, Pedro Catalán Muñoz, Miguel Ángel Salguero, Sergio Hugo Cárdenas, Randolfo Chacón y Luis Gómez Guillermo.
El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), acusaron a los militares de ser los coautores del traslado de Q30 millones en efectivo a las bóvedas del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Esa cifra pertenecía a los Q120 millones que formaban parte de una ampliación presupuestaria aprobada para el Ministerio de la Defensa en 2001, cuyo paradero se desconoce.
El debate oral y público contra Salán y Rojas empezó el 26 de mayo pasado. Desde su inicio, la defensa buscó la suspensión del proceso alegando que los acusados no podían ser señalados de delitos que le imputó la Fiscalía, ya que ellos no cumplían con el perfil de funcionarios públicos. Ese mismo día, Rojas se declaró inocente. Salán prefirió guardar silencio.
Rojas argumentó que no debía ser procesado debido a que Portillo, Maza Castellanos y Arévalo Lacs, habían sido absueltos en 2011 por el desvío de los Q120 millones, por lo que no habría delito que perseguir. Sin embargo, el juez Raúl Ramírez Perdomo decidió continuar con el debate, que finalizó con la condena para ambos acusados.
La ruta de los Q30 millones
Manuel Antonio Hernández Batres, perito de la Fiscalía, relató que el 28 de febrero de 2001 fue aprobada una ampliación de Q120 millones al presupuesto del Ministerio de la Defensa, mediante el Acuerdo Gubernativo 16-2001. Ese monto fue incluido en los Q658,962 millones de gastos catalogados como de “asunto militares y de seguridad nacional” en 2001 y 2002, que formaban parte del archivo secreto de dicha cartera.
El 1 y 2 de marzo de ese año, los Q120 millones fueron sustraídos del Banco de Guatemala (BANGUAT), con cheques emitidos a nombre de Juan José de León. El primer por un monto de Q72 millones y el otro por Q48 millones. Esto con la autorización de Enrique Ríos Sosa, entonces jefe del Departamento de Finanzas del Ejército.
De esta ampliación, Q30 millones en efectivo fueron llevados a la sede central del CHN, por Salán y Rojas, el 5, 6 y 9 de marzo del 2001, según la Fiscalía.
En su declaración, Salomón Molina, exgerente financiero del CHN, dijo que los acusados llegaron a depositar Q10 millones en cada uno esos días. Fue él quien los recibió, dijo, bajo las órdenes de José Armando LLort Quiteño, quien fungía como presidente de ese banco.
Molina agregó que el dinero fue transportado en dos camionetas, una negra y la otra roja.
Uno de los empleados que testificó en el debate, aseguró que escuchó “el ruido de un motor” y que por su más de 20 años de experiencia en el banco, supo que no se trataba de alguna unidad blindada, las que comúnmente ingresaban al lugar. Luego, desde una de las tres secciones de la bóveda en la que se encontraba, oyó que saludaron a alguien con el nombre de “Napo”.
Era el primer depósito de los tres, lo cual la fiscalía comprobó con boletas del CHN. Este al igual que los demás, se hicieron alrededor de las seis de la noche. De acuerdo a otro exempleado del banco, para contar el dinero se tardaban aproximadamente cuatro horas y al hacerlo siempre caían restantes de cintillos del Banguat, lo cual confirmaba la hipótesis del MP. Operación que realizaron siempre bajo la coordinación y supervisión de Molina. “Era desconfiado”, expresó el testigo.
El exempleado detalló que el dinero venía dentro de cajas con decoración infantil, “de Mickey Mouse o de Disney”. Estas, provenían de la casa de Portillo, ubicada en la zona 14, donde fueron resguardadas el 3 y 4 de marzo del 2001, debido a que era fin de semana y el CHN no laboraba esos días, según las conclusiones la Fiscalía.
El 28 de mayo, Llort Quiteño, a través de videoconferencia, relató que el entonces presidente Portillo le pidió que “guardara” Q30 millones en el bóvedas del CHN, a lo cual él accedió. El mismo que lo llevó a la dirección de la entidad por su amistad, pese a que no tenía experiencia en el área financiara, ni la preparación académica. El testigo también reconoció haber creado varias empresas “de cartón para hacer operaciones no legítimas”, en las cuales traspasó los Q30 millones.
Estas fueron Unión Intercontinental S.A., Corporación Cafetalera del Sur, Servicios y Transacciones Costa Sur S.A, Inversiones BJ, S.A., Negocios y Servicios Intercontinentales S.A., Industria de Alimentos Exclusivos, S.A., Jalcafe, S.A., Granos y Especies S.A., Corporación Financiera Americana S.A., Financiera de Negocios Corporativos S.A., todas constituidas en el CHN, de acuerdo a la Fiscalía.
Llort ya con el control del dinero, afirmó que Portillo le solicitó Q4 millones para adquirir un terreno en Zacapa y otros cheques millonarios para la compra de equipo para escuchas telefónicas. Además, Llort utilizó US$24 mil para traer edecanes del extranjero, esto también a petición del exmandatario. El restante de los Q30 millones sirvieron para pagar los sobregiros de las cuentas anteriores.
Antes del depósito de los Q30 millones, Molina narró cómo Llort le dijo con felicidad "se acabaron mis problemas, el presidente me prestó dinero”, pero que luego de depositado este, también le confesó que había sido intimidado por Salán y Rojas, para que devolviera el dinero a Portillo, fortuna que ya no existía. “Eran los brazos derechos y eran la gente más pesada del gobierno de Portillo”, dijo Llort al referirse a los acusados, en su declaración.
Los alegatos y las pruebas de la defensa
La defensa de los procesados cuestionó la idoneidad de los testigos, se refirieron al proceso abierto que Llort tiene en el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, y su participación en estos hechos; y a un proceso que tuvo Molina en 2004, el cual la fiscalía desestimó en el mismo año. Además, prestaron como prueba la absolución de Portillo, Lacs y Maza por el caso de los Q120 millones, e insistieron en que el MP no presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad de las bóvedas de los días en que se hicieron los depósitos. Sin embargo, el MP durante el proceso aseveró que nunca se les permitió el uso de estas y que fueron autorizados para solicitarlas al banco hasta el 2004. Alegatos y pruebas que fueron desestimadas por el tribunal.
“Ahora sigue la apelación de la sentencia”, anunció Mario Cuevas, abogado defensor de Rojas, tras escuchar el veredicto del tribunal.