Sala Primera de Apelaciones

A finales de octubre pasado, la Corte de Constitucionalidad  ordenó a la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,  fundamentar la decisión por la cual se negó al general Efraín Ríos Montt la aplicación del Decreto-Ley 8-86, promulgado  el 10 de enero de 1986, que concede una amnistía general para los delitos políticos y comunes conexos, cometidos durante el período del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986.  

La conformación de la Sala mencionada enfrentó varias dificultades, dado que los magistrados titulares, e inclusive alguno de los suplentes, se excusaron de conocer el tema. Finalmente, la Sala  conformada por los magistrados Frank Martínez, Juan Ramón González Pineda y Axel Romero Gerardi  recibió el expediente el pasado 27 de noviembre, fecha desde la cual empezó a correr el  plazo de cinco días – que ya han transcurrido− para emitir una resolución.

Como el lector seguramente podrá recordar, un medio de comunicación dio a conocer esta resolución de la CC antes de que fuera comunicada a las partes procesales. Desde ese momento, la cobertura mediática se ha encargado de ofrecer pistas  sobre las excusas de magistrados titulares y suplentes, así como del traslado del expediente desde la CC hacia la Sala. Luego del 27 de noviembre y hasta el momento de redactar estas líneas, nada más se ha dicho. Y este silencio resulta preocupante, especialmente cuando coincide con las festividades de fin de año.

En la discusión de fondo, la Sala Primera debe considerar que el Decreto-Ley 8-86, fue derogado por la Ley de Reconciliación Nacional −Decreto 145-96− que fue promulgada el 27 de diciembre de 1996. Esta ley excluye expresamente de la extinción de responsabilidad penal a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.  

Una muy particular interpretación de ultra-actividad de la ley 8-86 –esto es, que  esta norma, al ser más favorable al acusado,  es aplicable a los hechos pese a haber sido derogada por una posterior−  sería contraria a los compromisos internacionales de Guatemala, especialmente en el marco de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que disponen que el Genocidio no puede ser considerado como un delito político y es imprescriptible. En este caso, la ultra actividad de la ley es contraria a la necesidad de juzgar crímenes que por su especial  gravedad no deben quedar en la impunidad.

Los magistrados de la Sala Primera, se encuentran frente a la disyuntiva de cómo quieren ser recordados por la historia…