revista de prensa 311112

La ley de desarrollo rural no fue aprobada y no será aprobada en este año legislativo. Los partidos políticos (incluyendo al oficial) no mostraron voluntad política ya que no se logró formar quórum en el hemiciclo. Se hizo palpable la influencia del Cacif pues desde horas de la mañana (después de haber interpuesto varios amparos en contra de la ley) advirtió que la aprobación significaría “un lamentable regreso a los modelos del pasado y a una intención de mantener la conflictividad entre los guatemaltecos. Que quede claro, esta iniciativa no resuelve en modo alguno la conflictividad sino que la potencia”.
La Cicig hizo público un informe en el que se muestran evidencias de favorecer a grupos criminales en contra de 18 jueces. Entre los denunciados se encuentran los juzgadores que fallaron a favor del expresidente Alfonso Portillo, como Jerónimo Xitumul, Patricia Veras Castillo y Coralia Contreras. Se incluye a los jueces de la Niñez Mario Peralta Castañeda y Rossana Mena Guzmán, a quienes la CICIG ha señalado como colaboradores de una red dedicada a las adopciones ilegales. El magistrado Artemio Tánchez, quien preside la Sala, excluyó a la CICIG del caso que se sigue contra expersoneros del Renap, se encuentra en la lista
Ayer, el tribunal constitucional determinó cesar la vigencia del Acuerdo Gubernativo 37-2012 a pedido de Julia Maldonado diputada de Lider, con el cual se dio vida a la Secretaría de Control y Transparencia (Secyt).  la Secretaría fue creada para fiscalizar el uso que los funcionarios dan a los recursos que se les han encargado y que esas atribuciones son exclusivas de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Veronica Taracena, secretaria de la Secyt recordó que la Secyt denunció a la diputada Julia Maldonado del partido Lider, por posible fraude y lavado de dinero y otros activos, por lo que ella arremetió en contra de la institución.
En terrenos baldíos de Mataquescuintla, Jalapa, ondean tres pequeñas banderas rojas. Cada mañana expertos en explosivos del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) patrullan esos puntos con la esperanza de encontrar los explosivos que fueron sustraídos el pasado 19 de noviembre de un vehículo que los transportaba hacia la minera San Rafael. Un día después de los disturbios en Mataquescuintla la minera San Rafael reanudó sus actividades. Flohr explicó que se adoptaron medidas de precaución por el peligro que representa que los explosivos desaparecidos sean manejados por inexpertos. Rafael Maldonado, representante legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), indica que el material no ha sido recuperado en su totalidad porque “lo que las autoridades reportaron como robado fue consumido junto con el camión que fue incendiado durante los disturbios”. 
En lo que va del año se repartieron US$8 millones a las instituciones entre las que se entrega el efectivo incautado a organizaciones criminales. Además, durante el año se incautaron US$2 millones y Q2 millones que están en procesos judiciales, al igual que en otros 90 casos en los que hay pertenencias relacionadas con casos que están bajo investigación, dijo Miguel Catalán Orellana, el secretario general de Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, (Senabed). Pero, un total de 141 mil productos perecederos que se incautaron a contrabandistas están en riesgo de perderse ante la ausencia de participantes a la primera subasta que convocó la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Según Catalán, las personas no participan porque solo pueden participar empresas con cinco años de experiencia y sociedades con acciones nominativas.
OPINIÓN
Gustavo Berganza dice que el Cacif le volvió a ganar la partida al gobierno con la no aprobación de la Ley de desarrollo rural. La Iniciativa 4084 obliga al Estado a preocuparse por un segmento grande que se ha mantenido relegado, y define procesos que pueden desarrollarla de manera integral, permitiéndole pasar de la producción de subsistencia a la excedentaria. Pero los empresarios mostraron tener un mayor poder. Entonces, todo seguirá tal como los empresarios prefieren: sin cambios
OPINIÓN
José Rubén Zamora, en el día del periodista, reflexiona sobre las labores que debe hace un periodista. Porque la idea del periodismo se ha tergiversado. Se cree que más que periodistas, en los medios de comunicación quisieran propagandistas, propagadores de buenas noticias, constructores de castillos de naipes y simples servilistas. Pero la buena práctica periodística se limita a dudar, describir, expresar, revelar, descubrir, desnudar, dibujar la realidad con un énfasis crítico, y, fundamentalmente, a poner a la vista lo escondido. Asimismo, porque nuestras elites suelen poseer doble moral, lo que se traduce en que están convencidas de que sus amigos y partidarios pueden hacer lo que se les venga en gana sin restricción ni castigo alguno, mientras que a sus enemigos se les debe aplicar rigurosamente la Ley. Como decía Porfirio Díaz: a mis amigos lo que quieran; a mis enemigos la ley. 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denunció ayer en el Ministerio Público (MP) a 18 jueces del Organismo Judicial, a quienes señala de fomentar la impunidad y favorecer con sus resoluciones a grupos criminales y corruptos, por lo que pidió que se inicien procesos penales. Francisco Dall’Anese, jefe de la Cicig, le entregó el documento “Jueces de la Impunidad” a la fiscal general y jefa del MP, Claudia Paz y Paz. El comisionado precisó que las investigaciones arrojaron “evidencias de que han favorecido al poder corrupto y a las estructuras criminales, aunque aclaró que no se tienen evidencias de que los señalados formen parte de esos grupos ni a cambio de qué emitieron los fallos cuestionados”.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron ayer declarar inconstitucional la creación de la Secretaría de Control y Transparencia (Secyt), porque fue constituida por medio de un acuerdo gubernativo y no por decreto legislativo, como lo establece la Ley. “Con lugar la inconstitucionalidad (...) se expulsa del ordenamiento jurídico y queda sin vigencia el acuerdo gubernativo 37-2012”, dice el fallo del máximo tribunal. Añade: “Consecuentemente, crear una Secretaría de la Presidencia mediante acuerdo gubernativo, en el que no puede determinársele atribuciones y funciones, torna inútil y gravosa su existencia pues (...) esta no puede ejercer ninguna función si no se le ha conferido en ley”. antecedente Entre las argumentaciones de la Corte resalta que el 22 de febrero de 1996 se pronunció de igual manera en el caso del artículo 4o. del acuerdo gubernativo 543-95, que contenía las funciones de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia (SAE), el cual fue declarado inconstitucional.
Sin entrar a conocer la ley de desarrollo rural integral fue levantada ayer la sesión plenaria y permanente por el presidente del Congreso, Gudy Rivera, luego de seis horas de larga espera Durante ese tiempo, la mayoría de bancadas se culpaban entre sí por no haber logrado los consensos para aprobar la iniciativa que era exigida por organizaciones campesinas, pero rechazada por la cúpula empresarial. Durante tres días reinó la tensión en el Congreso, y algunos diputados ven el entrampamiento como un logro del sector privado, mientras que los grupos campesinos se declararon vencedores al final de la jornada. Aunque trascendió que ni la bancada oficial estaba de acuerdo con aprobar la propuesta de ley, al culminar la sesión, de nuevo el Partido Patriota (PP) convocó a conferencia de prensa, en la que Rivera dijo: “En los tres días, todos nuestros diputados estuvieron presentes. Culpamos y responsabilizamos de lo que pueda ocurrir en los próximos días a la bancada Líder (Libertad Democrática Renovada), porque no acudió a las sesiones”.
Políticas públicas a favor de los pueblos originarios de Latinoamérica reclamaron las organizaciones indígenas durante la inauguración, ayer, de la Décima Asamblea del Fondo Indígena Iberoamericano, que finalizará hoy en Guatemala. El foro internacional, que cuenta con delegados de gobiernos y de organizaciones indígenas de 22 países, fue inaugurado por el presidente Otto Pérez Molina, en el Palacio Nacional de la Cultura. Los participantes coincidieron en reclamar a los Estados mayor “atención” y les piden ser más coherentes entre el discurso y la práctica. Natalia Sarapura, delegada indígena de Argentina, exhortó a los gobiernos a adoptar medidas que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos ancestrales. Edwin Vásquez, coordinador general de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica de Sudamérica, señaló falta de voluntad política de los gobiernos para hacer cumplir sus derechos. “Hay gobiernos que han institucionalizado los derechos indígenas, pero en la práctica es todo lo contrario”, añadió Vásquez.
La posible contaminación por metales pesados del Lago de Güija y un débil estudio de Impacto Ambiental son parte de las razones que el colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala y el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), de El Salvador, exponen para pedir el cese de actividades de la mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa. Durante un foro, ambas organizaciones ambientalistas presentaron las potenciales amenazas que podría traer a largo plazo la actividad minera en las cercanías del Lago de Güija y el río Ostúa, que comparten ambos países y son afluentes del río Lempa, uno de los principales proveedores de agua entubada en El Salvador. Julio González, de Madre Selva, coincidió con Edgardo Mira, dirigente de Ceicom, en la necesidad de que ambos gobiernos revisen las licencias emitidas a la empresa Entre Mares, subsidiaria de Goldcorp, que opera el proyecto minero en Jutiapa.
OPINIÓN
Magalí Rey Rosa comenta que los cambios a la Ley de Minería que impulsa el presidente Pérez deberían despertar el interés de toda la población guatemalteca. Tras años de tensiones y conflictos creados por la imposición de proyectos mineros, propone ahora cambios a la ley —vigente desde 1997— redactada por abogados pagados por las mineras. Loable, se podría pensar. Pero, si la razón de ser del Estado de Guatemala es la protección de la persona humana y su fin supremo es el bien común —como dice la Constitución— esos cambios no sirven: no añaden los artículos indispensables para minimizar los daños sociales y ambientales que causa la explotación química de metales a cielo abierto. El tema es complicado. La hidrometalurgia —usada para explotar oro, plata y otros metales— es una tecnología sofisticada. Para entenderla se requiere de conocimientos científicos muy especializados y para regularla adecuadamente se necesita entenderla muy bien.
"Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la Ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al Derecho, violaron la Ley y favorecieron redes criminales". Así se pronuncia el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Dall'Anese, en el comunicado en el cual da a conocer la lista de 18 juzgadores: La CICIG entregó al MP el informe de los jueces de la impunidad, en el que aparecen los siguientes juzgadores: Mario Fernando Peralta Castañeda , Rossana Maribel Mena Guzmán , Julio Gerónimo Xitumul , Irma Leticia Valenzuela Dávila, Patricia Anabella Veras Castillo , Coralia Carmina Contreras Flores, Carlos Antonio Aguilar Revolorio, Silvia Coralia Morales Ascencio, Artemio Tánchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán, Byron De la Cruz, Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta De León Santos, Amílcar Enrique Colindres Hernández, Verónica del Rosario Galicia Marroquín, José Eduardo Cojulún.
Tras cinco horas de espera y tres días de esfuerzos por parte de la Bancada del Partido Patriota la Ley de Desarrollo Rural no fue conocida hoy por el Congreso y queda para el año entrante. Si la iniciativa número 4080 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, no se logró aprobar fue por la actitud de algunas bancadas, especialmente la de Libertad Democrática Renovada (Líder) afirmó esta tarde en conferencia de prensa el presidente del Congreso, Gudy Rivera, acompañado de los diputados de esa organización política.
Pese al apoyo ofrecido por los 14 jefes de bloques legislativos, el Partido Patriota (PP) no consiguió ayer reunir el quórum mínimo para entrar a conocer la ley de desarrollo rural, por lo que el debate queda para el próximo año. El presidente del Legislativo, Gudy Rivera, acompañado de diputados del partido oficial, señaló a "algunas" bancadas de oposición, especialmente a la del partido Lider, por abandonar el hemiciclo. "Los jefes de bloque asumieron un compromiso para apoyar la aprobación de la ley, pero en el camino quién sabe qué pasó", reprochó Rivera. Advirtió que, de ahora en adelante, "la ingobernabilidad" será responsabilidad de Lider.
El presidente Otto Pérez Molina informó este jueves que el Rey de España, Juan Carlos I de Borbón, lo invitó a realizar una visita oficial a su país en febrero de 2013; oportunidad que espera poder aprovechar para reprogramar su reunión con el papa Benedicto XVI. La invitación también fue girada por el mandatario de aquella nación, Mariano Rajoy. “Ellos me están invitando para una visita oficial en febrero a España, espero asistir y que coincida con mi viaje al Vaticano. Agradezco a las autoridades españolas la solicitud”, dijo el jefe del Ejecutivo.
El próximo año el Gobierno presentará al Congreso, dos paquetes de leyes. El plan de gobierno del próximo año contempla proponer un paquete de iniciativas de ley cuyo objetivo principal sea el crecimiento económico y que la población se vea beneficiada, manifestó el presidente Otto Pérez Molina. Durante el informe del primer año de gobierno (14 de enero de 2013), el mandatario guatemalteco presentará al presidente del Congreso dos paquetes de leyes para que sean conocidos por el pleno.
El presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, Hugo Mprán, presentará una iniciativa de ley para crear un fondo de emergencia para atender desastres. Se estima que los recursos alcanzara el uno por ciento del presupuesto nacional.
Alejandro León Hurtado, de 63 años guatemalteco, esta acusado por portar explosivos en su maleta cuando hizo chequeo de su vuelo en el mostrador, el empleado le hizo una pregunta de rutina sobre si tenía posesión de materiales explosivos, él a manera de broma dijo que llevaba dinamita. El estado de Florida solicita US$146 mil por las consecuencias de la broma.
La ley de Desarrollo Rural Integral que se esperaba ser aprobada ayer, quedó nuevamente aplazada luego que los diputados levantaran la sesión.
Mauro Chacón, presidente de la Corte de la Constitucional (CC) , confirmó el fallo del Pleno de magistrados, en que suspendieron la vigencia de la Secretaría de Control y Transparencia (Secyt).
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció hoy a 18 jueces que dictan resoluciones para mantener el estado de impunidad en el país y pidió a la fiscalía levantar procesos penales en su contra.