Revista de prensa 29102013

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El Organismo Ejecutivo ha decidido realizar una intervención operativa en seis aduanas del país. Aproximadamente 600 elementos del Ejército y 300 agentes de la Policía Nacional Civil fueron colocados en las aduanas del Aeropuerto La Aurora, Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás de Castilla, la Aduana Central, Tecún Umán y Ciudad Pedro de Alvarado. La decisión fue tomada el pasado jueves durante una reunión entre el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministro de Gobernación y el de la Defensa.
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La contralora general, Nora Segura cuestionó las reformas a la Ley de Fideicomisos y de Probidad comprendidas en el paquete de Transparencia durante una reunión con la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Como parte de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas estuvo que quienes tengan ingresos mayores a Q20 mil, sean quienes presenten su declaración patrimonial, y no desde Q5 mil. La Contralora aclaró que no está de acuerdo con los fideicomisos.
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Los puntos propuestos para la agenda legislativa son la segunda lectura de la Ley Electoral con sus reformas y aprobar de urgencia nacional las reformas en la Ley de Aduanas, esto haciendo una pausa en la fase de debate de la interpelación al Ministro de Cultura. Si la agenda se mantiene, podría aprobarse uno de los dos préstamos pendientes de conocerse que sería de US$200 millones. Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE aseguró que ya existía una decisión sobre votar a favor del préstamo si antes se concluye con la aprobación de la Ley Electoral.
OPINIÓN
Hugo Maul expone algunos problemas que según él, siempre han existido en las aduanas como la falta de personal capacitado, la corrupción y los retrasos maliciosos. La mejor opción según el autor es terminar con las aduanas. Permitir el libre tránsito en las fronteras y los puertos, y eliminar impuestos de importación haría que la recaudación tributaria tendría menos costo. Maul asegura que más controles es sinónimo de más abusos y más corrupción.
OPINIÓN
El Partido Patriota logró que “bancadas cooptadas”, como las nombra el editorial de elPeriódico ayudaran en la aprobación de un mayor endeudamiento público. El apoyo a cambio de la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Ley de la Contraloría General de Cuentas. El aumento de diputados no convence a nadie, asegura el editorial, porque casi triplica el financiamiento público de los partidos.
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El Gobierno desistió de intervenir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y optó por una “intervención operativa”, consistente en el envío de 400 policías y 650 militares a cinco aduanas. Desde ayer a las 6 horas las fuerzas armadas incursionaron en las aduanas de Puerto Quetzal, Escuintla; Santo Tomás de Castilla, Izabal; Aduana Central, Guatemala; Pedro de Alvarado, Jutiapa, y Tecún Umán, San Marcos. El acuerdo gubernativo 427-2013, publicado ayer en el Diario de Centro América, establece que los ministerios de Gobernación y de la Defensa apoyarán durante tres meses, pero el gobernante enfatizó en que de ser necesario se hará una prórroga.
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Luego de la aprobación en el Congreso de la normativa sobre Transparencia, que incluye reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (CGC), su titular, Nora Segura, expone en una entrevista sus consideraciones en cuanto a la aprobación de estos cambios. En la entrevista la contralora critica la burocratización y los bajos montos de las sanciones y su aplicación.
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Varias agrupaciones de Derechos Humanos denunciaron ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que el gobierno de Otto Pérez Molina los acusa de terroristas y criminaliza las protestas sociales. Dos audiencias se llevaron a cabo ayer en esa instancia. La primera, sobre la criminalización de las protestas y, la segunda, sobre la situación de los activistas de derechos humanos en Guatemala. En la segunda, los activistas señalaron que las agresiones se han incrementado y que en el 2013 se han cometido 24 asesinatos.
OPINIÓN
José González Merlo comenta como a principios del mes, la compañía calificadora de riesgo Standard and Poors (S&P) confirmó la calificación del riesgo de la deuda externa guatemalteca. Estas calificaciones de riesgo no son más que una opinión respecto de la voluntad y la capacidad de los gobiernos para cumplir con los compromisos de la deuda pública. Guatemala no tiene “grado de inversión” y por ello su deuda paga una tasa de interés más alta comparada con los países mejor calificados. González advierte que “como ciudadanos no debemos quitar la presión de preservar esa estabilidad macroeconómica”.
OPINIÓN
Franco Martínez Mont comenta el saqueo de piezas arqueológicas, flora y fauna nativa y endémica, delito prohibido en nuestro país. Velar por el cumplimiento de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación implica varios retos: 1) Cuantificar el tesoro arqueológico y sus movimientos. 2 )Rigurizar la legislación nacional y redefinir los criterios para la exportación. 3)Empoderar al Estado para combatir el tráfico ilegal de patrimonio al reconocerlos como bienes públicos.
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La “intervención operativa” anunciada por el presidente Otto Pérez Molina y dispuesta con un acuerdo gubernativo, empezó a partir de ayer bajo la vigilancia militar. El secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, informó que el plan para intervenir administrativamente la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y cinco aduanas dio marcha atrás. Tanto el Ministerio de Gobernación y como el Ministerio de la Defensa desarrollarán operaciones conjuntas coordinadas con la SAT, para lograr el efectivo cumplimiento de la ley.
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De enero al 25 de septiembre de 2013, la Policía Nacional Civil investiga 195 denuncias de trata de personas. Las cifras no cambian tanto al compararlas con las de la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP que ha recibido, de enero al 24 de octubre, un total de 111 denuncias; 76 por explotación sexual, 22 por venta de personas y adopciones, además de 13 por explotación laboral. Siendo una de las principales causas de este crimen los anuncios clasificados, ferias de empleo y radios locales.
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Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones, responsabilizó a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y al propietario de la residencia ubicada en la cima de una colina, por el derrumbe en el Kilómetro 10.5 ruta a El Salvador. “Se autorizó la licencia de construcción en un lugar que tiene características complicadas para que se construya una vivienda. Segundo, esa licencia no contempló medidas como pilotes para sostener el muro de contención. Y tercero, no se hizo la canalización del agua como corresponde”, dijo el titular de esa cartera.
OPINIÓN
Para Jorge Mario Andrino el general Efraín Ríos Montt, “aunque logre mediante influencias políticas y judiciales, detener el proceso en su contra, existen hechos ineludibles que han sido demostrados sucedieron durante su gestión como Jefe de Estado, lo que sin duda alguna pone de manifiesto una responsabilidad grave sobre su persona, tanto moral como públicamente”, además dice que aunque los hechos se quieran minimizar, no pueden esconderse las graves atrocidades cometidas en la guerra, tanto de la guerrilla como del Ejército.
OPINIÓN
Fernando Mollinedo dice en su columna que vivimos en una sociedad desordenada, en la cual la anarquía impera de manera “grosera e impune”, donde las personas cerramos los ojos para evitar ver la realidad; es inaguantable la impunidad de la delincuencia organizada, común y gubernamental. Para Mollinedo el Estado no está Fallido. Los fallidos “somos todos aquellos que viendo la forma en que se hace gobierno” no hemos tenido el valor para exigir por medio de mecanismos legales y la lucha popular, el respeto hacia la población.