Revista de Prensa 25-4-2013

Durante una manifestación masiva, estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac) pidieron el pago de una deuda por Q358 millones, la ampliación de la asignación presupuestaria y una reforma universitaria. Según los organizadores, 30 mil personas se movilizaron a pie desde la zona 12, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Los manifestantes estaban dividos en dos grupos: el primero convocado por el Consejo Superior Universitario (CSU), y el segundo por estudiantes que dijeron estar a favor de las peticiones pero que critican al rector por “politizar la actividad”.

Una investigación del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) indica que Carlos Andrés Alvarenga Mejía, quien es requerido en extradición por Estados Unidos, utiliza a su familia para el trasiego de drogas desde su centro de operaciones, en Morales, Izabal. El trabajo de campo para determinar la función de cada uno de los integrantes de esta red tardó un año, según investigadores antidrogas. La semana recién pasada se montó un nuevo operativo para capturar a Alvarenga Mejía, el cual fue infructuoso. Agentes antinarcóticos revelan que la detención del extraditable no se concretó porque hubo fuga de información.

Según Carolina Escobar Sarti, en ninguna de las notificaciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) se ordena anular el juicio por genocidio contra Ríos Montt o Rodríguez. Considera que los defensores de los sujetos a juicio se aprovechan de la “primera interpretación de la jueza Carol Patricia Flores para generar una confusión mayor sobre un juicio que iba por buen camino”. En resúmen, la CC ha resuelto los recursos pendientes, no ordena la anulación del debate. Ordena al Juzgado de Mayor riesgo A –Carol Patricia Flores- cumplir con la resolución del 3 de abril que ordena designar a los peritos y documentos negados a Ríos Montt para el debate. El tribunal de sentencia –Jazmín Barrios- le enviará el expediente para que ella cumpla con la resolución. “La CC está en Guatemala para “Defender el orden constitucional de la República de Guatemala”. Es buen momento para recordar que no todo está perdido y que lo que ordena la CC es enmendar algunos asuntos relacionados al debido proceso, pero que no anula todo el debate, sino actos específicos ejecutados dentro del mismo.”