Revista de prensa 230113

La Unidad Especial de Casos del Conflicto Armado, de la Fiscalía de Derechos Humanos, acusa a Ríos Montt junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar, como responsables de 15 masacres en el área conocida como Triángulo Ixil. Ayer el Ministerio Público (MP) pidió que ambos sindicados afronten debate por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad.
El Partido Patriota (PP) buscará que se elabore un dictamen para prorrogar las jefaturas de las comisiones de trabajo y así mantener el control de las 15 salas que tiene a su cargo. Entre estas la de Finanzas, Energía y Minas, Comunicaciones y Gobernación. Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, indica que además de la disputa por el control de las comisiones se avecina otro problema, el vencimiento del plazo de las presidencias. Explicó que si las interpelaciones de los ministros de Cultura y Educación no concluyen, y no permiten una nueva elección, el Congreso podría caer en una ilegalidad.
Valentín Gramajo dijo que había sido un error la eliminación de seis departamentos en los que el Partido Patriota (PP) contaba con organización legal y no fueron convocados para participar en las asambleas municipales, ni departamentales, en vísperas del cambio de la Secretaría General, en marzo próximo. En medio de una marea de acusaciones mutuas y suspicacias, miembros del partido amenazan con impugnar la convocatoria publicada el 12 de enero.
Los connacionales que residen en el extranjero, salvo en Estados Unidos, deben viajar a Guatemala para obtener su Documento Personal de Identificación (DPI). El Registro Nacional de las Personas (Renap) no está en capacidad de atender esa demanda.
En su primera aparición pública, luego de que permaneció detenida en Honduras por portación ilegal de armas, la legisladora Lesli Buezo Escoto argumentó ante los medios de comunicación que su captura fue por una falta y no por un delito. Sin embargo, el vocero de la fiscalía de aquella nación, Elvis Guzmán, confirmó que sí es un delito, tipificado en el Código Penal.
OPINIÓN
Mario Roberto Morales nos divierte develando las ficciones que envuelven a las burguesías. Según el columnista, desde la perspectiva aristocrática, los burgueses eran la encarnación de la vulgaridad, pues se asumieron como los grandes advenedizos en un decadente mundo de opulencia derivada de las rentas y el tributo. Los burgueses fueron entonces los primeros nuevos ricos de la modernidad, los primigenioswannabes. Y el ejemplo patético del clasemedierismo posterior. Por lo tanto, en los países latinoamericanos de mayorías indígenas y oligarquías criollas o acriolladas, el superiorismo derivado del dinero viene acompañado de un orgulloso sentido de pedigrí colonial, de ligazón aristocrática y de genealogías legitimadoras, aunque lo que haya venido de España a América en el siglo XVI haya sido la escoria de un país en formación.
Belice modificó su legislación sobre referendos  y puso un mínimo de 60 por ciento de votantes registrados para que la consulta popular de octubre próximo sea válida. Esta modificación dificulta el referendo para Guatemala, ya que resulta complicado lograr ese nivel de participación en Belice. El Gobierno guatemalteco y la Organización de los Estados Americanos (OEA) dialogan con las autoridades de Belice para que den marcha atrás a las reformas.
El Ministerio Público (MP) necesitó ocho horas para presentar su acusación y solicitar al juez primero B de Mayor Riesgo, que los militares retirados José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex director de la Sección de Inteligencia (G-2), enfrenten juicio por genocidio y deberes contra la humanidad. El MP responsabiliza a Ríos Montt de haber ordenado 15 masacres en las que habrían muerto mil 771 indígenas de la etnia ixil. El Ministerio Público señala a Ríos Montt como autor intelectual. José Mauricio Rodríguez habría ejecutado planes operativos y se involucran porque el último informaba de cada operación militar a sus jefes, entre ellos Ríos Montt.
Autoridades indígenas de Nebaj, Quiché, pidieron ayer en vista pública, en la Corte de Constitucionalidad (CC), que se derogue el acuerdo ministerial 244-2011, con el que se autorizó la construcción de dos hidroeléctricas en el lugar sin haber consultado a los pobladores. Los tres reclamos son, primero, la omisión de la CSJ de citar y notificar en ixil; segundo, que el ministro de Energía y Minas de esa época, Alfredo Pokus, omitió la consulta previa en las comunidades ixiles del municipio, en contra de lo establecido en el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo. Y tercero, la publicación en el Diario de Centroamérica del acuerdo ministerial 244-2011 por medio del cual se otorgó la autorización definitiva a Hidroxil S.A, por 50 años.
Durante el año 2012 se registraron 18 mil 989 casos de violencia sexual, incluidos más de dos mil casos de menores de edad, cuyas denuncias se han presentado ante el Ministerio Público. La presidenta en funciones, Roxana Baldetti, dio a conocer dicha información durante la presentación de informes de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), y de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid). En la presentación, la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales, afirmó que no existen reportes de que se embalara una sola muestra de pruebas de violación tomadas en hospitales, pese al convenio entre el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Ministerio público firmado en 2010.
Con el objetivo de fiscalizar al Congreso, un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín presentó el portal www.congresotransparente.org., que recibió el apoyo del presidente del Legislativo, Pedro Muadi. El sitio web incluye el perfil de los diputados y el registro automático de las menciones de estos en blogs, portales y medios de comunicación, así como un espacio para análisis de leyes.
OPINIÓN
En el editorial del día, Prensa Libre comenta acerca del cambio hecho por Belice a su Ley de Referendo, realizado sin el conocimiento de Guatemala ni de la Organización de Estados Americanos (OEA). Califica el ejercicio de la consulta popular como inútil y muy caro. Y a la acción de Belice como una maniobra que también hace inútil el proceso, pidiendo el cumplimiento de condiciones imposibles de cumplir, lo que constituye un apoyo al statu quo. El medio comenta que Guatemala está obligado a llamar a la OEA para que intervenga, acción que puede no tener efecto ya que “las causas tienen que ver con los apoyos y con lo que sea negociado, no con quien tiene la razón”. Finaliza indicando que para los guatemaltecos, el tema Belice no ocupa su atención prioritaria.
OPINIÓN
Francisca Gómez Grijalva no acepta y condena que al 20 de enero del presente año, en Guatemala hayan sido asesinadas en forma violenta 41 mujeres, entre ellas, niñas y adolescentes. Afirma que aunque las autoridades afirman la disminución en los asesinatos, las noticias recientes son muestra de que la saña con la que los criminales asesinan a las féminas va en aumento.  Hace un llamado a que las autoridades de seguridad garanticen bienestar a las mujeres y que establezcan mecanismos para esclarecer los crímenes macabros ante los que son sometidas. Al final, hace un llamado a que todos exijan de las autoridades la implementación de mecanismos efectivos que agilicen las investigaciones porque los procesos en el sistema de justicia son muy lentos
El piloto de un autobús del servicio de transporte público fue asesinado esta mañana por desconocidos cuando se trasladaba en la calzada Roosevelt, que conduce al oeste de la ciudad de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) acusó formalmente ante Miguel Gálvez, juez de Mayor Riesgo, a los ex militares Efraín Ríos Montt y José Rodríguez, de asesinar a una tercera parte de indígenas ixiles, y solicitó enviarlos a juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Más sectores organizados del país se oponen a la Ley de Actualización Tributaria impulsada por el gobierno de Otto Pérez. Ahora se suma el sector del agro y exportadores.
Ayer se inició la interpelación del ministro de Cultura, Carlos Batzín, por parte de la diputada Delia Back, de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder).
OPINIÓN
Rigoberta Menchú considera que cuando se analiza el camino seguido por la justicia en países como Chile y Argentina con relación al juzgamiento de crímenes contra la humanidad, este no deja de verse cuesta arriba. Con toda seguridad el debate en los tribunales y también en la opinión pública ha sido intenso, pero sobre todo argumentado con base en las realidades nacionales y de las coyunturas políticas internacionales.