revista de prensa 121012
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Ocho soldados, de los 12 que iban armados, disparó sus armas. El ente investigador recogió 108 casquillos de calibre 5.56, que corresponden a los fusiles Galil que portaban los miembros de la tropa. Chiroy desobedeció las órdenes de la Policía Nacional Civil (PNC) y abandonó a su tropa, aseguró Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público (MP). Se le ausa de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. Por el momento, la responsabilidad por la muerte de los seis manifestantes no recaerá sobre los mandos superiores. El Escuadrón de Seguridad Ciudadana es dirigido por Pedro Carrera Guerra, Rony Urízar, Roy Clemente De León y De Léon.
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El informe del Ministerio Público (MP) y la captura de los 9 militares implicados en el ataque no tomó por sorpresa a los representantes de los 48 Cantones. Eusebio Hernández, uno de los representantes comentó que con esas detenciones se confirma la versión de los campesinos. Descartaron que vayan a ocurrir bloqueos y dijeron que desconfían de las investigaciones realizadas por las autoridades. Pidieron investigar a los altos mandos.
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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), no existen evidencias de que los participantes de las protestas estuvieran armados, pero sí hay información de que los miembros del Ejército hicieron caso omiso a la recomendación de la Policía Nacional Civil “de no aproximarse al lugar donde se encontraban los manifestantes, debido a que ello provocaría una reacción negativa”.
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“El Ejército debería ser utilizado solo para el combate al narcotráfico”, aseguró el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León. Por esta razón, recomendó que se modifiquen los protocolos de seguridad pues han resultado ineficientes.
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La CICIG consideró que fue “correcta” su decisión de no inmiscuir al Ejército en la disolución de manifestaciones públicas, pero recomendó promover una reforma que prohíba toda participación de militares en asuntos de naturaleza criminal y policial; además, fortalecer a la Policía preventiva y de investigación. Dijo que los militares están entrenados para ganar una guerra con el uso de la fuerza como primer orden.
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Carol Zardetto plantea que la raíz del problema que suscitó la muerte de ocho personas en una protesta, es que la gente resiente la poca capacidad de incidencia que les concede el sistema sobre cuestiones que afectan de manera directa sus vidas, resienten la ausencia de opciones políticas o de negociación. La gente quiere cambios y no encuentra vías pacíficas y razonables para obtenerlos.
OPINIÓN
Juan Luis Font cree que el Gobierno se sometió a la voluntad expresa de quienes adversan las manifestaciones, tomas de edificios y bloqueos de carreteras como medios de protesta (CACIF). Al convertir en una especie de mantra la determinación de no permitir esas acciones, se hizo prisionero de una voluntad ajena, lo cual sin duda lo hace amigo del poder económico y de muchas personas que piden que se ejerza la autoridad, pero lo obliga a asumir unos costos impagables. Quienes lo identifican hoy como un gobierno militar, con prácticas semejantes a las de los años de la guerra, ya no son solo los miembros de la delirante extrema izquierda. ¿Tenía alternativa el Gobierno para eludir esta prisión? La tenía. Meterse de cabeza al diálogo y la negociación, pero no lo hizo.
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El Ministerio Público (MP) sindicó ayer a un coronel y ocho soldados por la muerte de seis campesinos y la desaparición de otro poblador durante el enfrentamiento ocurrido el jueves último en el km 170 de la ruta Interamericana, en donde además resultaron heridas otras 30 personas. La fiscal general Claudia Paz y Paz explicó en conferencia de prensa que los efectivos castrenses son sindicados de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa y lesiones, por la muerte de pobladores de varios cantones de Totonicapán.
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Procuraduría de Derechos Humanos y entidades de las Naciones Unidas reiteran la necesidad de atender demandas sociales. Instan a fortalecer la Policía Nacional Civil. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) “exige a las instancias encargadas de la persecución penal y de la administración de justicia (...) determinar la responsabilidad en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y del Ejército de Guatemala involucradas”.
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Diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso cuestionaron a los ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de la Defensa, Ulises Anzueto, sobre su acción durante la protesta del 4 de octubre último, en la Cumbre de Alaska, Totonicapán. Los funcionarios escucharon la condena del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, por el uso de efectivos del Ejército “para disolver demandas de la población”.
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Por más de ocho horas, cientos de automovilistas y pilotos del transporte pesado y extraurbano quedaron varados desde el kilómetro 298 de la ruta al Atlántico, entre Izabal y Petén. La larga espera de los conductores se debió a que los trabajos que se efectúan en San Carlos, Lívingston, Izabal, para habilitar el paso tras un derrumbe que ocurrió la semana anterior se encuentran paralizados, debido a la falla de una de las máquinas, según explicó Érick Hernández, delegado departamental de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
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Mario Antonio Sandoval cuenta que hace veinte años se cumplió el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a las islas del Caribe. Así comenzó una etapa histórica cuyo efecto más importante fue constituir el inicio de una nueva mezcla étnica de los seres humanos: la del producto del cruce de hombres españoles y, en general, europeos, con las mujeres de las numerosas culturas indígenas del continente, muchas de ellas -como en el caso de los mayas, aztecas e incas- con adelantos culturales mucho más avanzados a los del invasor.
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El presidente Otto Pérez Molina dijo hoy respetar el resultado de las investigaciones acerca de los sucesos trágicos ocurridos en el kilómetro 170 de la cumbre de Alaska, en Nahualá, Sololá, tras la captura de militares involucrados en el enfrentamiento. El mandatario también reiteró su disposición a colaborar en lo que corresponda. "Nosotros vamos a respetar lo que digan las instancias que están encargadas de la investigación, vamos a colaborar con lo que sea necesario, con cualquier reporte, cualquier dato. Somos los primeros interesados que esto no quede en la impunidad".
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Los nueve militares sindicados por el Ministerio Público (MP) como responsables por el delito de "ejecución extrajudicial" de seis campesinos el 4 de agosto durante los disturbios en la cumbre de Alaska, en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana, comparecieron esta tarde ante un juez, en el tribunal B de Mayor Riesgo, quien les informó las razones de su captura. Los militares, entre quienes se incluye una mujer, la soldado Ana Rosa Cervantes, deberán regresar al tribunal mañana para rendir su primera declaración y conocer si el juez los liga a proceso y dicta auto de formal prisión en su contra, por los hechos imputados. Tras ser informados de los cargos, los militares salieron de la Torre de Tribunales y fueron llevados brigada mariscal Mariscal Zabala, bajo custodia policial.
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El Ministerio Público (MP) mantiene una investigación abierta por los sucesos en Totonicapán, porque "hay delitos pendiente de investigar", advirtió hoy en conferencia de prensa la fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien no ofreció detalles al respecto. De acuerdo con algunos de los testimonios aportados por las 150 declaraciones que los fiscales a cargo de la investigación escucharon, los disparos de los soldados fueron hechoa ante el ataque que estos sufrieron a manos de hombres con el rostro cubierto y que amenazaban con quemarlos. También se analiza la participación de líderes políticos de la oposición en soliviantar los ánimos de los pobladores a través de arengas y discursos provocadores.
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El Gobierno analiza el resarcimiento que se dará a las familias de los fallecidos en los sucesos ocurridos el 4 de este mes en la cumbre de Alaska. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, afirma que desde el día de los hechos, y a iniciativa del presidente Otto Pérez, el Ejecutivo estudia la indemnización para los deudos. El titular de la cartera del Interior fue citado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde subrayó que lo ocurrido en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana fue un "hecho fortuito", pues en 338 operativos de desalojo realizados en lo que va del año no hubo problema alguno. Eusebio Hernández, vicepresidente de la asociación de los 48 cantones de Totonicapán, afirmó que el resarcimiento que propondrán al Gobierno es apoyar a los niños huérfanos hasta que cumplan 18 años, y a las viudas darles una pensión vitalicia.
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Crear 1.2 millones de empleos formales, en los próximos 10 años, y que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca al 6.34% es el actual desafío de Guatemala, manifestó Salvador Paiz, presidente de la novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), que se llevó a cabo ayer.
Para lograr lo anterior deben superarse obstáculos como falta de destrezas para un desempeño de calidad en el trabajo, carencia de urbanización en el país, limitaciones de infraestructura básica y costos de la inseguridad, dijo Felipe Bosch, presidente de Fundesa. En el evento, Sergio de la Torre, ministro de Economía, presentó una propuesta para aumentar los ingresos de los guatemaltecos, especialmente en el interior, que consiste en un plan de generación de oportunidades reales para combatir la pobreza y disminuir los índices de desnutrición del país.
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Nueve miembros del Ejército, entre ellos el coronel Juan Chiroy, encargado de la Tropa accionadora del pasado 4 de octubre, fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC), sindicados por ejecución extrajudicial en grado de tentativa. Claudia Paz y Paz, y Arturo Aguilar, Fiscal General y Secretario Privado de Asuntos Estratégicos, del MP, ofrecieron los resultados de la investigación, que sindican a los miembros de las fuerzas castrenses por su participación en la muerte de seis personas.
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Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH) se pronunciaron este día para proseguir con las investigaciones hechas en el Ministerio Público. El representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rindió un informe esta mañana respecto a los sucesos. Estos informes señalan la figura del Estado de ejecución extrajudicial.
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El CACIF está abierto a la posibilidad de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad guatemalteca para alcanzar puntos de encuentro comunes entre ambos partidos. Andrés Castillo, presidente del CACIF manifestó coincidir con el encargado del Sistema de Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel para mejorar las condiciones de diálogo en el país.
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El CACIF pidió una investigación "rápida" e "imparcial" sobre los incidentes que tuvieron lugar en la Cumbre de Alaska la semana pasada. El presidente del CACIF, Andrés Castillo, dijo que es importante que la investigación se realice de manera objetiva y que garantice el proceso.
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El juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez programó para hoy la primera declaración del coronel Juan Chiroy y los 8 soldados del plan de seguridad ciudadana capturados ayer como responsables de las 6 muertes durante el desalojo violento en la Cumbre de Alaska, Sololá.
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) coincidieron ayer en que se violaron los derechos humanos de los pobladores de Totonicapán durante los hechos registrados el 4 de octubre pasado, y solicitaron se modifiquen los protocolos de diálogo y de seguridad del Gobierno.
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Analistas coincidieron ayer en que el Presidente ha perdido credibilidad y que debe ser muy cuidadoso en las declaraciones que dé en el futuro ante cualquier situación, derivado de los acontecimientos ocurridos en el kilómetro 170, cumbre de Alaska, Santa Marìa Ixtahuacán, Sololá, la semana pasada.
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Walter Villatoro, juez décimo de Primera Instancia Penal, ligó ayer a proceso y envió a prisión preventiva a César Augusto Chávez, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, conspiración y asociación ilícita, por el crimen contra siete personas perpetrado el martes último en el caserío Las Escobas, Villa Canales.
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El coordinador de la CNOC hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayude a enjuiciar y castigar a los autores intelectuales y materiales de lo que califican como “matanza”.
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Estuardo Zapeta considera que ayer, durante el Encuentro Nacional de Empresarios, Enade, uno de los discursos que más le llamó mi atención fue el del Presidente del Cacif, Andrés Castillo, quien señaló un paradigma diferente, el cual él ya había enfatizado desde que conoció el énfasis del Encuentro 2012.
