Revista de Prensa 10 de octubre de 2013

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Las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) en el caso de Eduardo Villatoro Cano, quien es acusado de dirigir el asesinato de ocho policías en la Subestación de Salcajá Quetzaltenango, fueron suficientes para ligarlo a proceso y privarlo de libertad por delitos de robo agraviado, asesinato, asociación ilícita y plagio. Villatoro aseguró que la matanza se llevó a cabo porque los policías le habían robado US$740 mil. Los abogados defensores decidieron que no era el mejor momento, por lo que Villatoro no declaró ante el juez.
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Integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso citaron al ministro de Finanzas, Pavel Centeno en relación al tema de los préstamos. El Ministro aseguró que si los diputados no aprueban los créditos antes del 31 de octubre, se perderán porque ya es la tercera ampliación que se solicita a las entidades internacionales. Algunas bancadas explican que antes deben conocerse los cambios a la Ley Electoral, reformas a la Ley de Aduanas y el paquete de Transparencia.
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El accidente de tránsito ocurrido hace un mes en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango dejó como resultado 50 personas fallecidas y 36 gravemente heridas. Bernardo Pineda, subgerente general de Aseguradora La Ceiba explicó que se han pagado Q4.6 millones a los afectados por el accidente y se canceló la indemnización a 40 familiares de las víctimas. Nueve personas perdieron la vida en diferentes hospitales y fueron 41 las que fallecieron en el lugar.
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En relación a la elección de Presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el editorial de elPeriódico explica cómo estas acciones de rotar año con año el liderato de la justicia en Guatemala. Definen esta competencia como desaforada y como un camino en detrimento para la administración del OJ. Lo inadmisible es la politización de las elecciones, pues esto implica que los magistrados obedezcan a consignas político-partidistas, explican.
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Méndez Vides escribe en su columna algunos puntos de vista sobre las normativas para regular el robo de celulares y el efecto que tiene sobre la población. “Solo se necesita la voluntad del Ministerio de Gobernación para desarticular a las bandas organizadas” asegura Vides. También escribe desde la perspectiva policial y cómo podrían utilizar este caso de los celulares para aumentar la corrupción y abusar de su poder. El autor explica que incluso las compañías de celulares aprovecharon para poder encadenar a sus clientes.
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Treinta y siete menores y cinco adultos fueron rescatados esta mañana durante ocho allanamientos que desarrolló la Unidad Contra la Trata de Personas en en la zona 8 capitalina, San Miguel Petapa y Villa Nueva. Las víctimas, en su mayoría mujeres, fueron traídas a la capital bajo engaños, con fines de explotación laboral. Eran obligadas a trabajar desde las 6 horas hasta las 23 horas en tortillerías y abarroterías. Según investigaciones, los ahora detenidos pagaban Q600 mensuales a las víctimas, de ese salario les descontaban el costo del transporte hacia su lugar de trabajo.
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El enojo por el supuesto robo de US$740 mil por parte de integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la subestación de Salcajá, Quetzaltenango, lo llevó a matar a nueve agentes de esa sede policial, afirmó Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano, de 33 años, en una conversación telefónica que fue interceptada por el Ministerio Público (MP). El presunto capo aseguró, en una escucha telefónica del celular 4041-5125, el 5 de julio último, que cerca de Cuatro Caminos los policías le robaron dinero, y para quitarse la cólera tuvo que matarlos. El 13 de junio último, el líder de la estructura criminal llegó en tres automotores con hombres armados a la sede policial —según videos presentados— y mató a ocho policías, y una semana después desmembró al subinspector César Augusto García Cortez.
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Una iniciativa que obligaría a la Contraloría General de Cuentas (CGC) a publicar las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos fue entregada ayer por el Ejecutivo al Congreso, lo que podría poner fin al secretismo de los bienes. Algunos parlamentarios, incluso, ofrecieron el apoyo solo si antes el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti divulgan su declaración de bienes, como había prometido el primero. El secretario privado de la Presidencia, Gustavo Martínez, y la comisionada presidencial para la Transparencia, Verónica Taracena, entregaron la propuesta al presidente del Congreso, Pedro Muadi, al jefe y subjefe del Partido Patriota (PP), Arístides Crespo y José Fernández.
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Prensa Libre comenta las críticas que los encargados de la divulgación de información del gobierno hicieron a los medios por la cobertura de las declaraciones de Roxanna Baldetti en una entrevista radial. “Toda declaración de un funcionario puede convertirse en titular, en noticia, en editorial, columna o caricatura. Quien no desea que ello ocurra tiene en sus manos la simple tarea de ser cuidadoso y pensar antes de hablar. (…) La Prensa es el medio, el mensajero, y entonces no se le debe criticar por el contenido de lo expresado ni por sus consecuencias lamentables.”
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El Ministerio Público (MP) señaló a Eduardo Francisco Villatoro Cano, conocido como “Guayo Cano” de participar en el contingente armado que ingresó a la Subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 13 de junio, en el que fueron asesinados ocho agentes policiales y el secuestro de uno más. Esto fue en la primera declaración del sindicado en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo. Como evidencia se presentó videos captados por dos cámaras de seguridad cercanas a la sede policial, donde se evidencia que el grupo armado descendió de tres vehículos, para ingresar a la Subestación en la que se cometió el crimen y tres minutos después lo abandonan.
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“Esa es la posición que tiene el pueblo de Barillas. Si bien puede haber una mesa de diálogo ya formal, la única condición que se pide es que Hidro Santa Cruz se retire de Barillas”, declaró Ermitaño López, líder comunitario de aquel sitio; luego de la disculpa ofrecida por la hidroeléctrica por los hechos ocurridos en esa comunidad. Además, él dijo que de no detener el proyecto realizarán otras medidas de presión, porque no se trata solo de suspender sino de cancelar definitivamente la licencia otorgada.
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Ayer se registró nuevamente un accidente de bus, el cual dejó a dos personas muertas y dos afectadas, el percance ocurrió en la bajada del kilómetro 12 de Boca del Monte, el transporte sufrió desperfectos mecánicos en una llanta, luego perdió el control y colisionó contra un muro que causó que perdiera el tren delantero, la sobrecarga de usuarios pudo haber sido otro factor que lo provocará. Esto sucede un mes después de la tragedia de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, donde murieron 50 personas.
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Oscar Clemente Marroquín criminales, opina sobre el sistema carcelario del país, que lejos de ser un instrumento para el castigo efectivo y para la regeneración que permita la reinserción social de quienes incurren en delitos, se ha vuelto un lugar desde donde los maleantes pueden continuar cometiendo toda clase de fechorías. Asimismo dice que “un Estado que no puede ni siquiera controlar a los privados de libertad, no puede pretender eficiencia en otros campos de la administración que requieren de mayores habilidades”.
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Con ocasión de estar en el mes del 69 Aniversario de la Revolución de Octubre, Ricardo Rosales Román aborda la desaparición forzada como política de Estado, la cual considera que fue encaminada a eliminar a ciudadanos considerados desafectos, peligrosos u opositores a los gobiernos de turno. Además ser refiere a que parte de estas se encuentran en el Diario Militar, en el que se registró la captura, ejecución extrajudicial y posterior desaparición de los cadáveres de alrededor de 107 militantes, simpatizantes y amigos del Partido de entre los 182 casos ilustrativos publicados.
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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvieron descontar del pago del financiamiento público de 2013 el monto de las multas impuestas a partidos políticos que incurrieron en campaña anticipada. Carlos Girón, auditor del TSE, explicó que este año el pago de la deuda política contiene una variable, ya que el Departamento de Finanzas pidió instrucciones para que se deduzcan las multas. La agrupación política más sancionada fue Unionista, con 37 sanciones, el equivalente a Q36 mil 177; el Partido Patriota recibió una multa de Q25 mil 422 por incurrir en 26 ocasiones en campaña anticipada durante el 2011; Partido Victoria recibió una multa de Q23 mil 466. Otras agrupaciones con multas son Creo, con 12 multas, el Partido Republicano Institucional, PRI, con 8 y Viva con una.
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La organización TulaSalud se hizo acreedora de una donación de Q500 mil por parte de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Esta organización que implementa tecnología que facilita el acceso a la salud y la capacitación constante de quienes ofrecen este servicio ganó la donación al hacerse acreedor del segundo lugar en el programa Apoyando a quienes apoyan. Stephanie Méndez, educadora de Tulasalud, explicó que el proyecto surge porque lamentablemente en Alta Verapaz se cuenta on una de las más altas tasas de mortalidad materna y embarazos en adolescentes, lo cual afecta a miles de mujeres y familias, especialmente del área rural."
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El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, mediador en la mesa de diálogo entre el Gobierno y los pobladores de Santa Cruz, Barillas, afirma que el proceso de conversaciones es necesario "trazar una ruta de diálogo para tomar decisiones". El Procurador insistió que ambas partes tuvieran mesura y opinó que existían posturas muy encontradas en respecto a la hidroeléctrica de parte de la población de Barillas. Nicolás González, presidente de la mancomunidad del Frente del Norte de Huehuetenango, resaltó que como alcaldes de esa área no se oponen a proyectos de desarrollo, pero sí a la forma en que se ha abordado el proyecto hidroeléctrico en Barillas.
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Eduardo Mayora comenta acerca de las mesas de diálogo en Santa Cruz Barillas entre el Gobierno y algunos pobladores, quien los señala de ilegítima. El columnista reclama que el gobierno electo legal y legítimamente no puede dialogar con un grupo de personas que recurren a la violencia y a la extorsión, refiriendo a los habitantes que protestan en Santa Cruz Barillas. Mayora se refiere a que el bien de la mayoría se ve interferido por estos pocos habitantes que se oponen a la hidroeléctrica, y que la oposición pierde de vista los derechos de los habitantes de Camotán o de Morales a contar con el mejor precio posible de energía eléctrica que se les suministre.
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Según Leonel Guerra Saravia, el proyecto del presupuesto 2014 que se presentó en el congreso cuenta con una iniciativa de Q70.5 millardos, este presupuesto contiene una serie de incongruencias que inician con el monto hasta la distribución de los recursos, no hay nada que justifique el aumento y se nota en el mal manejo del presupuesto actual. Guerra hace una crítica fuerte a las instancias que constantemente están creandose, como el gabinete Específico de la Juventud. Señala que los proyectos de presupuesto anuales están hechos con vista de año, sin perspectiva real de largo plazo. Esto, según el columnista, es un error, porque deja muchas incongruencias, y no permite un plan de largo plazo.